La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) exige el desarrollo normativo de la renta básica de inserción y alerta de que los ajustes presupuestarios que se pondrán en marcha en septiembre provocarán un aumento de la pobreza en Murcia.

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Así lo indicó ayer el presidente de esta organización, Jesús Salmerón, y su tesorero, José Luis Morera, quienes informaron de que un 35,9% de los murcianos se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. En concreto, esta situación afecta a más de 530.000 personas en Murcia, afirmaron, y se ha agudizado sobre todo desde el año 2009, cuando cerca de 109.000 personas se han ido aproximando al nivel de pobreza.

La situación de pobreza se ha agravado en los últimos años ya que, según Morera, las familias murcianas han sufrido una bajada de sus ingresos pero han aumentado sus gastos, sobre todo por la subida del IVA y la factura de la luz y el agua.

También informaron de que el perfil de las personas que acuden a las entidades dedicadas a la ayuda a este colectivo ha cambiado con el paso del tiempo, ya que "ahora vienen personas que antes tenían trabajo y ahora no", recalcaron.

Los representantes de esta organización han asegurado además que desde 2009 ha aumentado un 7,3% la tasa de pobreza en Murcia y que, desde ese año, las políticas sociales de la Región han perdido unos 12 millones de euros procedentes de las administraciones públicas, lo que supone un 75% de reducción.

Por todo ello, exigen, con carácter urgente, la aplicación de la ley de renta básica, pues "8.000 personas deberían ser perceptoras de la renta básica", y que debería haber un presupuesto de 35 o 45 millones de euros para esta prestación. "La renta básica es el último recurso para personas que no pueden percibir otra prestación", añadieron.

Consideran necesario que se haga un esfuerzo más importante por parte de las administraciones públicas, tanto centrales como regionales, para dotar de más recursos "al tercer sector” y piden también el mantenimiento del "compromiso solidario por parte de los ciudadanos", al tiempo que apuestan por exigir un papel "más activo en defensa de los más débiles".

Otra de las peticiones que han realizado desde esta plataforma es la apertura de un diálogo entre todas las administraciones públicas y los agentes sociales para dar respuesta de las necesidades, a corto plazo, de este colectivo: comer, trabajo, vivienda digna y sanidad.

Por último, han exigido la creación de "planes serios que se cumplan realmente" basados en la atención a personas con necesidades, y han criticado que existe "un sistema que reparte muy mal la riqueza".

Han denunciado además la eliminación de programas de fomento del empleo y algunos proyectos destinados a los colectivos con Sida, la integración social de inmigrantes, cuyo presupuesto dependía de la Comunidad Autónoma.

En cuanto al problema de los desahucios, Salmerón ha explicado que sería necesario apostar por "una banca diferente", que se negocie con ellas cómo pagar la hipoteca.