Mie19062013

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Sociedad

El pintor Antonio López será nombrado doctor Honoris Causa de la UMU

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La Universidad de Murcia añadirá al pintor Antonio López a la larga lista de doctores honoris causa de la institución. El Claustro de la Universidad votará y confirmará la decisión en su próxima reunión, que ha sido convocada para el martes que viene. En el orden del día del Claustro también se incluye la ratificación del nombramiento del cantante lírico Plácido Domingo –propuesta que ya se dio a conocer hace unos meses– y del escritor italiano Claudio Magris.

Antonio López está considerado el padre de la escuela hiperrealista y es célebre por su forma detallista y lenta de trabajar. Tarda años en finalizar sus cuadros, en los que retrata la vida cotidiana. López ya es doctor honoris causa de la Universidad de Navarra.

Por otra parte, la Universidad aprobará la concesión de la Medalla de Oro a título póstumo a Antonio Pérez Crespo, que fuera cronista de la Región de Murcia.

Amnistía Internacional denuncia la desprotección en el derecho a la vivienda

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"El Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de los sectores de población vulnerables". Es una de las conclusiones recogidas en el último informe anual de Amnistía Internacional, que en el caso de España pone el foco en el acceso a la vivienda como uno de los derechos que se han visto más desprotegidos durante 2012.

En concreto, el informe recoge los casos de desalojos forzosos de La Cañada Real y de 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro, ambos en territorio madrileño. Pero la preocupación de la organización no gubernamental se extiende también a la situación de las miles de personas que han sido desahuciadas durante el pasado año a causa de una legislación "anormal", según señala el director de AI en España, Esteban Beltrán.

"El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional", afirma Beltrán, quien anuncia que Amnistía Internacional llevará a cabo una investigación sobre el derecho a la vivienda en España en los próximos meses.

El principal problema, según señala, es que no existe un marco legal al que los jueces puedan acogerse con respecto al derecho de acceso a la vivienda, sino solamente sobre cuestiones de deuda. "Hay un problema enorme de jurisdicción", dice el director de la ONG, que pide que "se paren todos los desalojos hasta que los afectados tengan el marco legal oportuno para poder defenderse".

Por ello, Amnistía ha anunciado que piensa tomar varias medias al respecto. A largo plazo, tratar de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para cambiar la Constitución y que el acceso a la vivienda sea considerado como un derecho fundamental. A corto y medio plazo, que los tribunales puedan empezar a aplicar un derecho a la vivienda adecuado. A este respecto, Beltrán recuerda que el 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 2010 y por lo tanto vinculante, y que permite a los afectados acudir ante la ONU y otras instancias judiciales para defender su derecho a la vivienda.

"En junio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por que continuaran ejecutándose desalojos forzosos en incumplimiento de las garantías jurídicas internacionales, que incluían un proceso genuino de consulta previa, una indemnización y una alternativa adecuada. El Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera directrices aplicables antes de proceder a un desalojo", cita el informe.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que acudió a la presentación del informe, reivindicó que el derecho a la vivienda no supone sólo el acceso a un bien material, sino que "es condición necesaria para el desarrollo de otros derechos", como el derecho a la salud o a la alimentación. "Si algo sobra en este país en crisis son viviendas vacías. No hay falta de recursos. Se están privando los derechos de las personas para favorecer los intereses especulativos", denunció Colau, que criticó que el Gobierno, frente a la actuación de la ciudadanía, esté "estigmatizando, criminalizando y reprimiendo" a quienes defienden los derechos de las personas.

Tortura, racismo y víctimas de Franco

Además del acceso a la vivienda, el informe se hace eco de otros casos de vulneración de derechos en nuestro país. Entre ellos, destaca "las frecuentes denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por uso excesivo de la fuerza y malos tratos al dispersar las manifestaciones". Amnistía Internacional concluye que, por lo general, "las investigaciones sobre las denuncias no fueron ni exhaustivas ni eficaces; algunas no prosperaron debido a que los policías presuntamente implicados no llevaban placa de identificación en el uniforme en el momento de los hechos", cita textualmente el documento.

Otro apartado destacado en el capítulo que abarca el estado de los derechos humanos en España es el dedicado al racismo y la discriminación, en el que AI recoge varios casos que dan evidencia de que "la comunidad musulmana y otras minorías religiosas siguieron encontrando obstáculos para obtener permisos de apertura de lugares de culto". "La restricción del uso de prendas y símbolos religiosos se mantuvo en algunas escuelas y siguió afectando de manera desproporcionada a las alumnas musulmanas", manifiesta el texto, que también recoge en el apartado de 'personas refugiadas y migrantes' la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular. "Esto no es un recorte, es una violación de los derechos humanos", dijo Beltrán.

Especial atención presta también a los delitos de derecho internacional. Concretamente, Beltrán se refirió a 2012 como el año en que "España cerró la vía judicial a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil" y el informe concluye que la legislación nacional "seguía incumpliendo las obligaciones contraídas" a pesar de que España "había ratificado la Convención de la ONU contra las Desapariciones Forzosas".

Aunque no aparece en el informe, el director de Amnistía Internacional en España subrayó como una preocupación grave que el Gobierno haya firmado un acuerdo con las autoridades chinas en el que se compromete a no inmiscuirse en asuntos internos del país. "Es algo que no se ha dado en ningún otro país de Europa y aquí se ha dicho abiertamente", afirmó.

"Se da una retórica populista en la que el concepto de soberanía se utiliza según los intereses. Las medidas de austeridad se aplican bajo la soberanía de Europa, pero en materia de inmigración se alude a la soberanía nacional", sentenció Beltrán.

Incluyen el ‘fracking’ en la ley sobre energía que tramita el Senado

El Senado aprobó ayer una moción de Unión del Pueblo Navarro, apoyada y transaccionada por el grupo popular, para que se "contemple" la técnica de fractura hidráulica ("fracking", en inglés) en el proyecto de ley sobre garantía del suministro y competencia en los sistemas eléctricos, en trámite en el Parlamento.

En la iniciativa se defiende también exigir la declaración medioambiental favorable previa y tener en cuenta los informes de organismos internacionales a la hora de incorporar conocimiento experto al futuro marco normativo.

Durante el debate, el senador Javier Yanguas (UPN) defendió la necesidad de que España cuente con una legislación "clara desde el conocimiento" sobre esta técnica, para poder proteger el medio ambiente y dar seguridad jurídica a las inversiones de las industrias extractivas.

El senador popular Vicent Aparici destacó que la propuesta pone condiciones a esta técnica, que ya se practicaba hace 73 años en EEUU, y contra la que, dijo, no se opone ni la Unión Europea ni la Agencia Internacional de la Energía.

Los grupos de izquierda se opusieron a esta moción y los senadores de Entesa y el grupo socialista, Joan Saura y Antonio Arrufat, pidieron una moratoria por considerar que el tema necesita estudiarse a fondo por sus potenciales riesgos sísmicos, medioambientales y para la salud humana.

También el PNV y CIU se sumaron al "no" y criticaron las prisas para sacar una regulación de mínimos sobre un tema que necesita mayor sosiego y conocimiento.

El debate coincidió ayer con la visita al Congreso de los Diputados de los grupos ecologistas que integran la Plataforma contra el "fracking" para reunirse con parlamentarios de izquierdas y explicarles por qué se oponen a esta técnica que consiste en inyectar a presión agua con arena y productos químicos en las rocas para sacar el gas no convencional.

Esta no es la primera vez que el Parlamento español debate sobre lo mismo, y el pasado 14 de febrero, el grupo popular, UPyD y CIU votaron en el Congreso de los Diputados en contra de una iniciativa de Izquierda Plural que pedía su prohibición en España.

Recientemente el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental para incluir a los proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, entre los que deberán de someterse al control ambiental de sus impactos.

El gas de pizarra se encuentra atrapado en estratos o capas de pizarra a mucha profundidad (desde lo 400 hasta los 5.000 metros) y dado que la pizarra tiene una permeabilidad muy baja, el gas está distribuido en pequeños poros o burbujas, muchas veces microscópicas y no conectadas entre sí.

Por ello se hace necesario romper las capas de pizarra para conseguir reunir el gas y que fluya hacia la superficie para ser recogido.

En España existen cerca de 40 prospecciones autorizadas y otras tantas solicitadas para explorar si hay yacimientos de gas no convencional y compensa sacarlos por esta técnica, algo que no ocurriría, en cualquier caso, en menos de dos años.

La demanda de Religión ha caído en picado en los centros públicos

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A pesar de la aconfesionalidad que consagra la Constitución, la Iglesia católica ha mantenido en España a lo largo de la historia una situación de privilegio en materia económica y fiscal o a la hora de imponer su ideología en ámbitos como la familia o la limitación de los derechos civiles. La educación no ha escapado a esa influencia. La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo Gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas. La puntilla la ha puesto el actual ministro de Educación, José Ignacio Wert, que con su polémica reforma educativa ha satisfecho varias de las principales reivindicaciones de la Conferencia Episcopal. 

Si la LOMCE, actualmente en trámite parlamentario, entra en vigor en los términos en los que está redactado el proyecto, la materia de Religión –y su alternativa no excluyente– volverán a contar para la media y para obtener becas. Era algo que no ocurría desde 1990. Y, sin embargo, no es la única concesión a la jerarquía católica presente en la futura ley. También se eliminará la asignatura Educación para la Ciudadanía, considerada por los obispos como un instrumento que utilizaba el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos, y se blindarán los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados por entidades ultracatólicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Además, el proyecto prevé que las autonomías tengan en cuenta la "demanda social" a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. 

Si se observan los datos oficiales del Ministerio de Educación no resulta extraño ese empeño de la Iglesia por dar más presencia a la asignatura de Religión y por dotarla de una alternativa fuerte que le haga menos competencia a la hora de elegir entre ambas, si bien con la LOMCE ya no será necesario porque se podrán cursar las dos. En los últimos diez años la matrícula de esta materia ha bajado diez puntos. En el curso 2000/2001 cursaron Religión en centros públicos el 83,32% de los alumnos de Primaria, el 63,71% de los de Secundaria y el 47,68% de los de Bachillerato. Diez años después, en el curso 2010/2011, ese porcentaje bajó al 72,62%, al 53,21% y al 38,16%, respectivamente. Además, es llamativo el descenso que se produce en Primaria una vez que los alumnos hacen la primera comunión. 

"Las de las aulas fueron las llaves que recibió la Iglesia católica a cambio de las de las arcas en el siglo XIX", resume el hisoriador Ángel Luis López Villaverde, que en su libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata) analiza el papel de las instituciones religiosas en una sociedad laica, la pugna entre dirigentes eclesiásticos y civiles a lo largo de la historia y su influencia en la población. 

Sin embargo, los conciertos con centros de la Iglesia católica se pusieron en marcha mucho después, en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González implantó la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Hubo entonces concesiones a la enseñanza privada católica y se institucionalizó la concertada. Sectores laicistas criticaron al PSOE por sus posiciones demasiados laxas con la Iglesia. Cinco años después, en 1990, con González todavía como jefe del Ejecutivo, se puso en marcha la LOGSE. Bajo esta ley, la asignatura de Religión quedó establecida como optativa para el alumno, pero obligatoria para el centro. Era –en realidad lo sigue siendo hasta que entre vigor la nueva reforma– evaluable, aunque no contaba para la media ni tenía una alternativa fuerte como venían reclamando los obispos. 

4.000 millones de euros anuales para la concertada

Los portavoces eclesiásticos, en una información recogida por Europa Press en febrero de 2012, aseguraron que hay 1,3 millones de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia católica. Además, según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 7 de cada 10 alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado lo hacen en un centro religioso. Colectivos como Europa Laica cifran en 4.000 los millones de euros de dinero público que, cada año, se destinan a los conciertos de la escuela católica. 

Con el PP de vuelta en la Moncloa, la casi nonata LOCE (2002) sí contó con la aprobación total de la Iglesia. Este texto preveía una asignatura de Religión evaluable y que tenía como alternativa una llamada "Hecho religioso". En 1998, con Mariano Rajoy como titular de Educación, el Gobierno metió en nómina del Ministerio de Educación a decenas de miles de profesores de catolicismo seleccionados por los obispos. Europa Laica estima en 610 millones de euros al año el gasto que supone para el Estado el pago de estos docentes. 

Con el regreso del PSOE, la aprobación de la LOE llegó aparejada de una masiva movilización de los sectores más conservadores en las calles de Madrid, en la que participaron varios obispos. Muy beligerante, la jerarquía católica, acompañada por la derecha política y mediática, se esforzó en dar la batalla contra la reforma de la ley del aborto, el matrimonio homosexual y la asignatura Educación para la Ciudadanía, recuerda López Villaverde en su libro. Los obispos promovieron la objeción de conciencia de la citada materia, aunque el Tribunal Supremo se pronunció en contra en 2009. 

Otro de los ejes sobre los cuales han surgido problemas derivados de la educación ha sido la existencia de simbología religiosa en centros educativos públicos y concertados de toda España, tal y como denuncian los colectivos laicistas.

Tres profesoras de un colegio marista de Madrid, imputadas por acoso escolar

Tres profesoras del colegio marista San José del Parque de Madrid están imputadas en un caso de acoso escolar continuado que, tras sobreseerse en noviembre de 2012, ha sido reabierto hace dos meses.

La madre del menor denunció en mayo de 2010 que su hijo ha sufrido "maltrato físico y psicológico" por parte de sus compañeros desde 2º de Infantil hasta 4º de Primaria y que sus maestras no hacían nada a pesar de conocer la situación. La causa fue archivada, pero un informe psicológico propició que el proceso penal se retomara. El documento, elaborado por el Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo de Madrid por encargo por la familia de la víctima, concluye que el niño "es una auténtica víctima de acoso y violencia escolar" y que los trastornos que presenta "están unívocamente causados por la exposición reiterada a la intimidación, amenazas, violencia y acoso escolar".

El informe, firmado por el psicólogo Iñaki Piñuel Zabala, remarca que "la existencia de una situación de violencia, al estar mantenida en el tiempo en medio de la indefensión, han ocasionado en el menor la aparición de un trastorno de estrés postraumático crónico". Apunta, además, que el niño no tuvo la "debida protección de los adultos que tenían que custodiarle en el ámbito escolar". La madre también aporta dos informes médicos que acreditan que el menor tiene "el tímpano izquierdo perforado" desde 2003. El informe psicológico señala, entre otras vejaciones relatadas por el niño, que "le metieron un palo en el oído provocándole una herida".

La familia decidió denunciar a las profesoras que, según la acusación y el relato que hace el menor al psicólogo, también se reían de la víctima. Las docentes declararon ante el juez que nunca tuvieron "noticia de malos tratos de profesores o de otros chicos" hacia la víctima y que jamás se rieron del niño. "En el colegio hay un protocolo de actuación para los casos de acoso y en este caso no se puso en marcha porque no hubo nada para ello", declaró una de ellas según reza el auto.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, que no llamó a declarar a la víctima, consideró en noviembre de 2012 que no quedaba acreditado que existiera "responsabilidad penal para las profesoras denunciadas respecto a ese trastorno por estrés postraumático infantil" diagnosticado a la víctimas y sobreseyó el caso.

Cuatro meses después, en marzo de este año, la investigación fue reabierta. El juez citó a declarar al niño y al padre y ha encargado un informe del médico forense y otro pericial psicológico y psiquiátrico. El abogado de la familia ha contado a Público que, en función del resultado de estas pruebas periciales, valorará la posibilidad de ampliar la denuncia dada "la responsabilidad civil del centro".

Bruselas empieza a mostrarse favorable al ‘fracking’ en Europa

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, considera que no se puede "dejar pasar la oportunidad" que representa la generación de gas mediante fractura hidráulica o "fracking", sin por eso comprometer la conservación medioambiental.

En una entrevista que avanzó ayer el periódico alemán Die Welt y que se difundirá íntegramente hoy, el comisario europeo apunta asimismo que para este mismo año podría estar lista una normativa europea al respecto.

Oettinger advierte frente al "excesivo miedo" con respecto a los peligros derivados del controvertido "fracking", que colectivos ecologistas han criticado ampliamente por la contaminación de las aguas subterráneas con compuestos químicos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. "La protección de las zonas donde hay aguas para consumo humano y aguas subterráneas es absolutamente correcta. A nivel europeo nos vamos a poner con el tema 'fracking' y la protección medioambiental este mismo año", explica.

Oettinger indica que Alemania, donde como en España esta técnica podría tener mucho potencial económico pero levanta los recelos de ecologistas y agricultores, debería comenzar ya a preparar las bases jurídicas para proyectos piloto. "Si permitimos prospecciones de prueba, en unos años sabremos mucho más con certeza (sobre esta tecnología), también sobre los costes", argumentó el comisario de Energía, de origen alemán.

En Alemania la técnica del "fracking", que EEUU ya ha explotado con éxito aunque también con polémica y problemas medioambientales, es muy discutida tanto por los partidos políticos como por la sociedad civil. Sus partidarios destacan su bajo coste y fácil producción, mientras que sus detractores subrayan los vertidos tóxicos en aguas subterráneas, que luego afectan al agua para consumo humano y al medio ambiente.

La propia coalición de Gobierno alemana, de centro-derecha, ha parado un proyecto de ley sobre la fractura hidráulica debido a los disensos internos en la Unión Cristianodemócrata (CDU), la formación de la canciller Angela Merkel.

Mientras EEUU se acerca cada vez más a la independencia energética gracias al "boom" de su creciente industria del "fracking", otros países como Francia han prohibido su empleo por los riesgos medioambientales.

Soria rechaza la moratoria

El ministro de Industria, José Manuel Soria, rechazó ayer la petición de Andalucía de implantar una moratoria a la extracción de gas mediante la fractura hidráulica y, por contra, se ha sumado a la postura del comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, favorable a la técnica.

Al mismo tiempo, el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha solicitado una moratoria a la extracción de gas no convencional mediante la fractura hidráulica, alegando que la técnica presenta problemas de índole ambiental y social.

Soria, que dice no compartir esa propuesta, recordó que desde hace cinco años EEUU se está utilizando esta tecnología para cambiar "su situación de dependencia y vulnerabilidad respecto a las importaciones y, de aquí a unos años, va a ser totalmente independiente".

Reclaman que las ayudas públicas se paguen como máximo en tres meses

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El PSOE reclamó ayer a los gobiernos de España y Murcia que den "prioridad absoluta" al pago de las ayudas a los damnificados por los terremotos de Lorca, regulando un plazo máximo de tres meses para abonar el dinero a los afectados cuyos expedientes de solicitud de ayuda pública hayan sido aprobados.

La concejala del PSOE Marisol Sánchez dijo que este es uno de los contenidos del "plan urgente" que defiende su partido para paliar "el drama humano" que dos años después siguen viviendo los damnificados de los seísmos de 2011.

Este plan defiende "medidas alternativas" a las propuestas por el Plan Lorca + que fue presentado a principios de mes por las tres administraciones para reflotar el municipio con previsiones de inversión pública por 533 millones de euros para el periodo 2013-2020.

Sánchez dijo que con el Plan Lorca + "no se resuelve lo principal, que es el drama humano de la gente" y cifra en 5.000 damnificados los que continúan desplazados de sus hogares tras los seísmos "mientras las ayudas llegan con cuentagotas", un retraso que "roza lo indecente".

El plan alternativo del PSOE también persigue que se establezca una dotación económica pública para dotar de financiación la demolición de inmuebles en ruina técnica o económica.

Las universidades públicas acercan la I+D a las empresas de la Región

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La Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han firmado un convenio con el Colegio de Economistas de la Región por el que las instituciones docentes ofrecen a las empresas su oferta científico-tecnológica.

Según explica el promotor del acuerdo, el profesor Antonio Montes, las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de ambas universidades utilizarán el canal de los despachos profesionales del Colegio de Economistas para acercar la I+D+i que se hace en la Universidad de Murcia y la UPCT a las necesidades empresariales.

El convenio permitirá realizar investigaciones conjuntas de interés para el desarrollo económico regional, así como promocionar el espíritu emprendedor entre el alumnado y los titulados universitarios, sin olvidar el desarrollo de acciones que impulsen la competitividad de las empresas.

Durante el acto de la firma, celebrado en la sede del Rectorado de la Universidad de Murcia, el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, dijo que se trata de un convenio necesario para el desarrollo económico y social de la Región y para que las pymes conozcan la investigación de las universidades y la apliquen a sus negocios.

En su intervención, el rector de la UPCT, José Antonio Franco, que destaca el esfuerzo que se hace desde las universidades para transmitir la investigación al sector empresarial, definió el acuerdo firmado como una “iniciativa excelente que crea una estructura interface para acercar los dos mundos”.

Para finalizar, el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, resaltó el papel de los colegios profesionales como expresión de la sociedad civil y la importancia de iniciativas como ésta que “incentiven la actividad económica y el surgimiento de nuevas empresas”.

Enrique de Castro: “Los pobres están siendo el negocio de la Iglesia”

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A Enrique de Castro le han llamado en los últimos treinta años desde 'cura rojo' a 'cura okupa' pasando por otros adjetivos como anarquista o el cura de los desfavorecidos. A él, según reconoce, le trae sin cuidado el calificativo que siga a su condición de cura. "Eso es cosa de la prensa", afirma. Sí reconoce, sin embargo, sentirse molesto por no haber leído nunca otros adjetivos como el cura cristiano o el cura de los Evangelios. "Me llaman rojo aunque no tengo claro si soy de izquierdas. Lo que tengo claro es que sí soy del Evangelio y esto es más izquierdoso que nada. Jesús fue el primer anarquista", explica Enrique, el sacerdote que en 2007 situó a la pequeña parroquia de San Carlos Borromeo (Vallecas) en el centro del huracán informativo tras su enfrentamiento con el cardenal Rouco Varela.

Quizá él aún no lo tenga claro, pero su posicionamiento a favor del matrimonio homosexual, su rechazo a calificar de asesinato el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, su férrea defensa del preservativo o de la abolición del celibato le han llevado a ser todo un referente moral e ideológico entre los movimientos cristianos de base y los no tan cristianos. Porque Enrique cuando habla, y habla mucho, no deja indiferente a nadie. No busca levantar polémicas. No es su estilo, dice, pero sus palabras levantan ampollas en una jerarquía eclesiástica no acostumbrada a recibir críticas de entre los suyos.

Mantener el chiringuito

"No se puede servir a dios y al dinero y aquí se está sirviendo permanentemente a dios y al dinero. La lucha por la justicia la convierten en limosna para mantener el chiringuito. Es decir, los pobres están siendo un negocio para la Iglesia", denuncia Enrique, que asegura, en declaraciones a Público, que nunca antes se había hecho tanto negocio con el mundo de los pobres como ahora. "Se están quitando niños a familias pobres para venderlos y hay grandes organizaciones, como muchas ONG, que viven para ayudar a los pobres pero el 80% de sus gastos se van en personal y estructuras propias", añade.

No obstante, si algo caracteriza a Enrique no son sus palabras, por muy polémicas que sean, sino sus acciones. Su vida ha estado dedicada plenamente a la lucha en favor de los marginados de la sociedad: drogadictos, gitanos, presos, desahuciados, inmigrantes... Sin prejuicios, sin etiquetas y sin dogmas. Es precisamente esta lucha diaria de Enrique de Castro, y de la gente que lo rodea, el núcleo central del libro de Marçal Serrats: Así en la tierra. Enrique de Castro y la iglesia de los que no se callan, que fue presentado el jueves en Madrid.

"El primer día que fui a casa de Enrique le dije que quería escribir un libro sobre él y me contestó: 'Si vienes a escribir sobre mi ya te puedes ir. Si quieres escribir sobre todos nosotros, bienvenido'", explica Serrats. Así, la obra de Serrats, redactor de Hora 25 (Cadena Ser), trascendió la figura de Enrique para convertirse en el relato del Madrid profundo de los años de la transición, de los duros años ochenta y de una crisis económica que para muchos es consustancial a su propia existencia.

Es la historia de las calles sin asfaltar, las casas sin cemento, las familias rotas, las agujas de ida y vuelta y de las largas noches en la puerta de una comisaria. Así como es la historia de otro tipo de Iglesia, la que no se resigna a reducir la fe a la simple lectura de las escrituras sin traducción al mundo real ni capacidad crítica. La iglesia de los pobres frente a la del poder. Enrique, de hecho, no pierde oportunidad de recodar que Jesucristo renunció al poder y situó a las personas por encima de las leyes y de la propia religión. 

En este punto cuando entra en juego el Vaticano en su argumentación. Enrique ha reconocido en repetidas ocasiones que no entiende ni su existencia ni su status de Estado. "Sólo miraré con agrado el Vaticano el día que vea que el Papa se marcha de allí, lo cierra y se va a vivir a las chabolas", ha repetido Enrique en más de una ocasión, quien asegura que es "demasiado pronto" para emitir un juicio correcto del nuevo papa Francisco. "Al menos se ha quitado los zapatos rojos", ironiza.

Amenazas, palizas y rebajas

A Enrique de Castro lo han amenazado de muerte por su forma de entender la eucaristía e, incluso, los propios chavales que ha acogido en su casa lo han amenazado en busca de unos duros para una nueva dosis de heroína. Lo han apalizado, detenido y llevado preso. Pero nadie ha conseguido hacerle callar. Ni siquiera el paso de los años, las arrugas o el cansancio acumulado. Su voz continúa alzándose contra las injusticas. Como la que cometió el arzobispado de Madrid en 2007 cuando amenazó a este sacerdote con cerrar la parroquia de San Carlos de Borromeo.

"Sólo miraré con agrado el Vaticano el día que vea que el Papa se marcha de allí y se va a vivir a chabolas"Es en este punto donde arranca el relato de Sarrats. El punto en el que Castro, tras varias décadas de lucha contra la marginación, situó a su parroquia en el mapa tras su conflicto con la jerarquía eclesiástica. El Obispado consideró entonces que la liturgia y la catequesis que allí se impartía no eran "eclesialmente homologables". Tras la amenaza de cierre, finalmente, el conflicto se resolvió rebajando la categoría de San Carlos Borromeo de parroquia a centro pastoral.

Un genocidio

Si hay una batalla que ha tenido que librar Enrique por encima de todas las demás, esa ha sido la de la lucha contra la drogadicción y el apoyo a las víctimas y familiares. De la noche a la mañana una nueva sustancia llamada heroína conquistó el barrio y se llevó por delante a dos generaciones enteras de chavales, que sin apenas información, pasaron de comprar hachís en la esquina de casa a consumir caballo por el mismo precio.

"No hay continuidad entre la generación de chavales de los 80 y los del 2000. Han desaparecido la mayoría. Una juventud luchadora, fuerte y brava, los atontaron y los mataron", dice. A la hora de buscar algunos de los responsables Enrique dirige la mirada hacia los policías y, sobre todo, los políticos. Considera que las drogas se convirtió en las primeras grandes entrada de dinero en sus bolsillos a condición de que ellos hicieran la vista gorda.

Por eso, a Enrique no le extraña nada ver fotos como la de Feijóo. "Recorrí las Rias Baixas con gente de allí en enero del 80. Entrabas a un hotel y no había prácticamente clientes pero sí mucho personal. Estos lugares se utilizaban para el blanqueo de dinero. Así que no me puedo extrañar de la foto de Feijóo y lo digo sin saber nada de Feijóo ni de sus relaciones personales. Todo el mundo del lugar sabe que no se ha hecho nada", explica.

Pero las razones económicas no son las únicas a las que alude Enrique. "Ningún gobierno sea del PSOE o del PP le ha interesado una lucha real contra la drogadicción. Al gobierno le viene muy bien una juventud dormida. Las madres hablan de un genocidio y nosotros estamos de acuerdo", sentencia.