Cruz Roja Española en la Región de Murcia ha lanzado un mensaje de alerta y ha advertido que ya no le quedan recursos para atender la demanda creciente de personas necesitadas y en situación de exclusión que llegan cada día a sus oficinas de toda la Comunidad Autónoma, por lo que ha hecho un llamamiento a la solidaridad murciana.

La organización humanitaria pide un apoyo "sostenido" por parte de la población murciana, que responde "extraordinariamente" en los episodios graves como inundaciones y terremotos, pero es "menos constante" en situaciones de necesidad "prolongada", por lo que ruega una ayuda continuada.

Así lo hicieron saber el vicepresidente autonómico de Cruz Roja en la Región, Juan Luis Chillón, acompañado del coordinador autonómico de esta institución humanitaria, Juan Antonio Balsalobre, en una rueda de prensa que dieron para dar a conocer los actos previstos en Murcia con motivo del Día Internacional de la Cruz Roja, organización que celebra este año su 150 aniversario.

"Hay más demanda que recursos", lamenta Chillón, quien pide a la sociedad que colabore a través de las cuentas corrientes habilitadas por Cruz Roja y acudiendo a las asambleas locales más cercanas, porque la situación actual "no tiene visos de que se resuelva próximamente". En este sentido, apela a la solidaridad de los murcianos a colaborar no solo con Cruz Roja, sino con otras organizaciones al servicio de los más vulnerables, como Cáritas, que están en la misma situación.

Al ser preguntado por los efectos de las medidas de ajuste llevadas a cabo por la administración pública, Balsalobre afirma que Cruz Roja está "desbordada" por las solicitudes de ayuda, y el perfil del usuario y sus indicadores socioeconómicos "han ido empeorando", de forma que hay "mucha gente desesperada".

Ante esta situación, Chillón lamenta que las subvenciones de la Administración han bajado "muchísimo" y algunos programas, como el de atención y prevención del sida se ha quedado sin recursos, pero Cruz Roja está "intentando mantener su actividad y hacer frente a esta situación a base de más esfuerzo de voluntariado".

Campaña ‘Ahora + que nunca’

El pasado mes de octubre de 2012, Cruz Roja realizó el llamamiento 'Ahora + que nunca', una campaña para alertar a la sociedad del aumento de la población en situación de necesidad como consecuencia de la crisis y recaudar fondos con los que ayudar, a través de donaciones 'en especie' y de dinero.

Solo en el último trimestre de 2012 se incorporaron 4.266 familias en demanda de ayuda, o lo que es lo mismo 11.069 personas. En lo que va de 2013, ya se han sumado 1.900 familias como solicitantes de ayuda, lo que representa 5.254 personas más. Es decir, en siete meses se ha producido una demanda de 16.323 personas, según Chillón.

En este periodo, Cruz Roja ha tenido que invertir todo lo recaudado, entregando los 336.207 euros recolectados, a lo que hay que sumar el material donado por empresas y particulares, como alimentos, vales canjeables por comida, material ortopédico o farmacéutico, entre otras cosas.

En concreto, Cruz Roja ha atendido a los más necesitados en cuestiones como el pago de alquileres; el abono de plazos de hipoteca; recibos de agua y de luz; becas de manutención, alojamientos en hostales; ropa y calzado; productos farmacéuticos, sanitarios y ortopédicos; transporte público y escolar; así como becas de formación y guarderías. Incluso, Cruz Roja ha ayudado pagando un primer sueldo a aquellos que están esperando el cobro de la prestación por desempleo pero todavía no les ha llegado. También entregado pequeños electrodomésticos; ha repartido enseres para bebés como cunas, 'cochecitos' y kits para recién nacidos; o ha repartido ayudas técnicas como sillas de ruedas o muletas para minusválidos.

Durante 2012, Cruz Roja también facilitó un total de 1,7 millones de euros de kilos de alimentos a 62.224 personas a través de la campaña 'Alimentos para la Solidaridad'. Estas provisiones fueron recibidas a través de Fondo Social Europeo y otros donantes espontáneos, tanto de tipo particular como de empresas.

Un 10% de la población

Además de dar respuesta a las demandas de emergencia social originadas por la crisis, Cruz Roja en la Región atendió en 2012 un total de 148.206 personas en situación de vulnerabilidad, una cifra "elevada, teniendo en cuenta que la Comunidad tiene 1,5 millones de habitantes", añade Chillón.

Cruz Roja atendió a estos ciudadanos a través de diferentes programas para la prestación de servicios y ayudas que habitualmente desarrolla esta ONG. Entre los colectivos ayudados se encuentran personas dependientes como discapacitados y mayores mediante programas de teleasistencia o transporte adaptado.

También recibieron ayuda personas que tienen comprometida su salud, mediante el servicio de transporte sanitario, menores tutelados por la Administración, inmigrantes en situación de vulnerabilidad, seropositivos y enfermos de sida, así como trabajadores del sexo, drogodependientes, niños y jóvenes en riesgo social y personas sin trabajo.

Chillón destaca especialmente el Plan de Empleo de Cruz Roja en la Región, dentro de su Programa Operativo 'Lucha contra la Discriminación' 2007-2013 financiado por el Fondo Social Europeo y cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, en el que participaron 2.834 participantes durante 2012.

A pesar de la situación actual de destrucción de empleo, Cruz Roja ha conseguido con este plan la inserción laboral efectiva de 334 personas. Además, esta asociación humanitaria ha realizado labores de apoyo y orientación para el autoempleo, logrando la creación de un total de 24 empresas.

Chillón remarca que estos datos "reflejan el tamaño del problema derivado de la crisis", pero explica que el problema no se limita a las cifras, sino que esas 16.323 personas "tienen rostros e historias de vida, situaciones angustiosas".

Red solidaria creciente

Como "aspecto positivo" en esta situación, Chillón subraya que ha crecido la "red solidaria" de Cruz Roja, lo que ha permitido ayudar a tantas personas a pesar de contar con una capacidad financiera cada vez más limitada. El número de voluntarios de Cruz Roja en la Región ha crecido en 701 personas, con lo que ya son 4.554 los murcianos que ceden de manera desinteresada su tiempo y esfuerzo para llegar a quien más lo necesita.

El número de socios también ha aumentado hasta llegar a 20.929 personas y empresas murcianas que ayudan económicamente para que Cruz Roja pueda llevar a cabo sus proyectos y actividades. Asimismo, también han aumentado los ingresos procedentes de cuestaciones y sorteos.

Día internacional

Chillón recordó que este miércoles se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja, que este año coincide con el 150 aniversario de esta organización humanitaria que, a nivel mundial, ha atendido a más de 160 millones de personas en los últimos diez años en conflictos bélicos y sociales.

El acto conmemorativo a nivel nacional tendrá lugar en Málaga, donde la reina doña Sofía entregará a Cruz Roja de la Región de Murcia un reconocimiento por el programa denominado 'Agendas de Soledad', que consiste en un seguimiento telefónico a personas mayores que no tienen gran relación familiar y les falta apoyo. Voluntarios de Cruz Roja llaman semanalmente a estos mayores por teléfono, les preguntan cómo están y recogen su historia.

Para celebrar el Día Internacional, hoy se van a llevar a cabo actividades en la plaza de Santo Domingo de Murcia a partir de las 12.30 horas, con talleres y charlas para dar a conocer la actividad de Cruz Roja.

Un joven de 23 años del municipio valenciano de Llíria, que fue ingresado el lunes de la semana pasada para ser intervenido de la rodilla derecha en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia, se ha quedado sin la prótesis ortopédica que le habían colocado por no poder hacer frente a su pago, según se ha hecho eco el diario Levante.

Adrián García sufrió una caída practicando montañismo a los 14 años. Con el tiempo, su dolencia aumentó y ya apenas podía hacer ejercicio o caminar con normalidad.

"Era una operación complicada y el doctor solicitó los consejos de un cirujano francés" cuenta la familia al periódico. El martes fue operado con éxito; se despertó en el quirófano con una pieza ortopédica en la rodilla para que la pierna permaneciera recta y no hubiera movimiento que perjudicase su recuperación.

Tras la operación el médico les informó que tendrían que abonar 120 euros por la pieza colocada, una sorpresa que se hizo efectiva dos días después. El jueves apareció en la habitación una empleada de la empresa ortopédica requerida por el hospital y les reclamó 152 euros, comunicándoles que la Consellería –más adelante– les devolvería 122 euros.

Sin embargo, la familia, asfixiada económicamente por una hipoteca de mensualidades que rondan los 1.200 euros, no disponía en esos momentos de la liquidez para hacer frente al pago. "Le dije que no podía pagarlo. Que no tenía ese dinero porque, en realidad, en estos momentos no tengo ni para comer", cuenta María Dolores, madre de Adrián.

Después de abandonar la habitación y recibir la aprobación del médico que había realizado la operación, le fue retirada la prótesis a Adrián y sustituida por yeso. "Es que no me sujeta igual esto, creo que ya se ha desviado", se queja el joven.

¿Copago ortopédico?

El diario levantino informa que la Conselleria de Sanidad les ha asegurado que el caso entra dentro del protocolo oficial: desde 2010, sólo las prótesis internas –las endoprótesis– están incluidas en la Seguridad Social. Las externas han de ser abonadas por el paciente en el momento, teniendo éste derecho a exigir que Sanidad le reembolse una parte del importe, de forma que la aportación del usuario sanitario queda en unos 30 euros. Se trataría, pues, de una especie de copago farmacéutico. Las prótesis, añaden las mismas fuentes, pueden ser colocadas en el hospital o en la ortopedia. Es habitual que las empresas pasen a cobrar las prótesis en el hospital antes de que el paciente reciba el alta.

Según publica el diario valenciano, las empresas ortopédicas arrastran grandes deudas con la Conselleria de Sanidad y se están viendo obligados a refinanciarse para sortear la crisis. Según fuentes del sector, cada vez hay más pacientes que renuncian a ponerse las prótesis prescritas por el médico porque no pueden hacer frente al adelanto del dinero.

El Levante publica que los padres de Adrián han presentado una reclamación a la Atención al Usuario del Hospital. Tuvieron que ser acompañados con el coche de Vicent, un amable vecino del pueblo. "Si nosotros hubiéramos sabido que teníamos que pagar la prótesis, habríamos recurrido a alguien para que nos dejara el dinero con algo de tiempo. Pero no nos lo dijeron hasta que la prótesis estuvo colocada", afirma Adrián, quien propuso –sin éxito– a la empresa ortopédica pagar la prótesis a finales de mes, cuando cobrara.

La última noche, Adrián la pasó con fuertes dolores y calmantes. El joven reconoce que el dolor no le viene por la falta de prótesis. "El dolor está en la cabeza", explica, "la administración ha ordenado retirarme una prótesis, que ya tenía colocada, por cuestiones económicas".

La Universidad de Murcia ha sido una de las ocho administraciones galardonadas con los premios asLan, que reconocen casos de éxito de organismos públicos en la aplicación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Concretamente, ha recibido el primer premio en la categoría de Educación, donde competía con la Universidad de Castilla La Mancha y la UNED, por la plataforma UMUapp!, un servicio que ofrece una solución de comunicaciones (voz, video, chat, escritorio compartido, etc.) y acceso a la información (ficheros compartidos, acceso al directorio corporativo, etc.) desde cualquier dispositivo (smartphone, Windows, Linux y Mac) y desde cualquier conexión (WiFi, 3G).

El jurado ha valorado de los proyectos que contribuyan al ahorro de costes y mejora de la eficiencia, la implementan de modelos cloud y pago por uso y la alineación con la Agenda Digital para Europa.

Los premios se entregaron en el transcurso del Congreso y Expo asLAN.2013 “Cloud&Network Future”, celebrado en Madrid.

Para descargar las aplicaciones y obtener más información: http://www.um.es/atica/umuapp

El diario 'The New York Times' llevó ayer a su portada en un extenso artículo la situación de corrupción en España, en el que afirma que los jueces españoles están investigando actualmente a "cerca de 1.000 políticos, que van desde los alcaldes de pueblos pequeños a exministros del Gobierno".

La información toma como referencia el caso de la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, para repasar otros como el caso Urdangarin, la gestión del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, e incluso nombra al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que dice que ha tenido que enfrentarse a una lista "en la que se registraba que miembros de su partido recibían dinero por debajo de la mesa".

Aunque 'The New York Times' asegura que España "no es en absoluto el más corrupto de Europa", también apunta que "mucho más está por venir". Para el diario, la corrupción en España "es el resultado de una estructura política que pone un enorme poder en manos de las autoridades locales, en donde muchos de ellos pueden otorgar contratos o terrenos con poca o ninguna consulta".

"Durante un almuerzo pueden decidir que vas a hacer con 100 millones de euros", explica al periódico Manuel Villoria, profesor del ciencias políticas de la Universidad Juan Carlos I, y añade que, ante esto, los dirigentes "podían pedir lo que querían". "A menudo no es para ellos, puede ser un apartamento para una hija o para los hijos de una hermana", apunta Villoria.

Además, 'The New York Times' destaca los vínculos de las autoridades regionales y municipales con las cajas de ahorros que, en su opinión, "han creado las condiciones ideales para la corrupción en los años del 'boom' de la construcción".

Al respecto, Villoria explica que, "pronto, otros sectores comenzarán a ocupar el lugar" de la construcción. Así, indica que "el sistema sanitario, que está siendo sometido a la privatización, fácilmente podría tomar este lugar en el futuro, a menos que se realicen cambios".

Reforzar el sistema judicial

El diario estadounidense señala que en España "ya se habla de reformar la financiación de los partidos y las leyes de transparencia, así como el aumento de penas para la corrupción y el fortalecimiento de la independencia de los auditores". Pero, según subraya el periódico, "muchos expertos creen que aún queda mucho por hacer para reforzar el sistema judicial insuficientemente financiado, que permite que muchos casos de corrupción queden sin resolver durante años".

No es la primera vez que 'The New York Times' dedica alguno de sus reportajes a España. En septiembre de 2012 publicaba una serie de fotografías que, según explicaba, retrataban "la austeridad y el hambre" en el país. Además, el pasado mes de marzo, el diario estadounidense criticaba en un artículo el "lujo" de la Semana Santa.

Para el diario, la corrupción "fue aceptada en el sur de Europa como un hecho normal, como una forma de distribuir el botín entre unas pocas personas, en muchos casos, los fiscales". A su juicio, ha sido la llegada de la crisis la que, al "estancar proyectos", acabó "por levantar el velo sobre los funcionarios corruptos, los sobornos, los pagos por favores y otros acuerdos que pocos imaginaban".

"En un momento en que España, Italia, Grecia y Portugal están imponiendo planes de austeridad de reducción del déficit a unos ciudadanos en apuros, estas revelaciones de corrupción política generalizada están avivando un amargo resentimiento, está desestabilizando gobiernos y minando la credibilidad de la clase política en su conjunto", apunta el texto.

En este sentido, el director general adjunto de Transparencia Internacional, Miklos Marschall, declara al diario estadounidense que "la clase política no tiene sentido en el sur de Europa". Según señala, "las instituciones públicas tienen que ser reconstruidas, paso a paso, para que el Gobierno pueda ser un actor creíble". "Este es el principal desafío", indica.

La Audiencia Provincial de Murcia ha anulado la sentencia de un Juzgado de lo Penal que condenó a 18 meses de prisión a un hombre al considerar probado que abusó de la nuera de su pareja sentimental momentos después de decirle que "llevaba cuatro meses sin mantener relaciones sexuales".

La sentencia, que tiene como ponente al magistrado Abdón Díaz, indica que el Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, en su resolución de noviembre de 2011, declaró como hechos probados que éstos ocurrieron el 27 de febrero de 2009 en la vivienda de Alguazas (Murcia) en la que residían la pareja, la nuera –de 16 años de edad– y otras personas.

El acusado, añadía el juez, despertó a la joven "con la excusa de que le programara el mando del televisor y, una vez en el salón, le manifestó que llevaba cuatro meses sin mantener relaciones sexuales, y como aquélla mostró indiferencia y se introdujo en el baño, la siguió y le pidió hablar con ella, por lo que ésta lo acompañó hasta el salón".

Una vez en este lugar, "el acusado, con ánimo de satisfacer su libido, la abrazó, la agarró con fuerza de las muñecas y le dio un beso en la boca, mientras le decía que 'sólo quiero tocarte' y ante la resistencia de la joven forcejeó con ella, logrando efectuarle tocamientos".

El Juzgado consideró que los hechos constituían un delito de agresión sexual, condenando al denunciado a la pena de 18 meses de prisión y al pago de una indemnización de dos mil euros a la víctima por daños morales.

Ahora, la Audiencia Provincial, al estimar el recurso que presentó el acusado, ha revocado la sentencia "al estimar que los hechos denunciados no han sido suficientemente probados".

Para llegar a esa conclusión, el tribunal tiene en cuenta, entre otras circunstancias, que un testigo, amigo de la denunciante, que puso en duda la declaración de ésta, no acudió al juicio, por lo que no pudieron tenerse en cuenta sus manifestaciones.

El abogado José Luis Mazón, que junto a Jaime Ingram representa a la Seguridad Social de Panamá y a víctimas del envenenamiento masivo ocurrido en ese país en 2006, dijo ayer a Efe que la justicia española tuvo una conducta "sangrante y bárbara" al no investigar el caso.

Seis víctimas del envenenamiento y la Caja de Seguro Social (Seguridad Social) panameña han demandado a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) por la muerte de 170 personas, al considerar que la justicia española archivó el caso sin practicar las diligencias necesarias.

El letrado murciano explicó a Efe que los hechos se remontan a 2003 cuando Panamá compró 9.000 kilos de glicerina a la farmacéutica catalana Rasfer Internacional S.A, que les vendió ese componente tras comprarlo a un proveedor chino.

La glicerina, empleada en la elaboración de un jarabe para la tos destinado a pacientes diabéticos, era de tipo industrial y contenía una sustancia venenosa (dietiglenlicol) que provocó numerosos muertos y miles de lesionados por el veneno.

En 2010, tras pasar por un juzgado de Barcelona, el caso llegó a manos de ambos letrados y se presentó una demanda ante la Audiencia Nacional, que fue archivada, según Mazón, porque tanto el juez como el fiscal "no advirtieron responsabilidad" en el Estado ni en los mecanismos de inspección sanitaria.

José Luis Mazón critica que el juez de la Audiencia Nacional no accedió a su pretensión de pedir una comisión rogatoria a China para determinar la composición del pedido de glicerina realizado desde la farmacéutica catalana, y archivó la denuncia "sin, como mínimo, haber apurado la investigación".

Según el letrado, esta misma demanda fue planteada después ante el Tribunal Constitucional, que no la admitió a trámite con el argumento de que "no afectaba a un derecho fundamental".

Por eso, seis víctimas y la Seguridad Social de Panamá confían ahora en que el caso sea tenido en cuenta por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que acaba de notificar a las víctimas la recepción de la demanda y "tiene de uno a dos años de plazo", ha dicho el letrado, para informarles de su admisión a trámite o rechazo.

Si finalmente es admitida a trámite, el Tribunal dispone de otro periodo similar de tiempo para resolver este asunto, que "en España tuvo un proceso judicial injusto porque obvió la investigación referente a China, a pesar de estar hablando de 170 muertes y miles de lesionados", concluye Mazón.

El grupo de investigación Electrónica, Sensores e Instrumentación de la Universidad de Murcia ha colaborado con la empresa lorquina Viva Developments (Vivainnova) en el desarrollo de un comprobador o téster de carga de baterías de vehículos de diferente tipo: automóviles, barcos, motos, etc., que permite llevar a cabo la medición de manera muy sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos previos, y con tanta precisión como otros medios más sofisticados que tienen el mismo objetivo

“Este nuevo comprobador, llamado SlimTester, se basa en la tecnología electrónica impresa, una nueva técnica para el diseño y la fabricación de dispositivos electrónicos mediante la cual, y haciendo uso de la técnicas de las artes gráficas y de los procesos “roll-to-roll”, se depositan tintas, basadas en nanopartículas, sobre materiales flexibles como plásticos, papel ó tejido, lo que permite una elevada tasa de producción dadas la altas velocidades de impresión que se consiguen alcanzar”, según indican los investigadores de la Universidad de Murcia que han participado en el desarrollo de este dispositivo, los profesores Leandro Victoria y Aurelio Arenas.

Basándose en esta tecnología la empresa ha conseguido imprimir el circuito electrónico sobre láminas de plástico, y sobre éste soldar componentes electrónicos convencionales. Esto confiere al producto una serie de características impensables para la electrónica tradicional, como son flexibilidad, delgadez, ligereza de peso, robustez y, sobre todo, bajo coste. En este sentido Vivainnova es la primera empresa en España, y una de las pocas empresas en el mundo, en conseguir aplicar esta tecnología con éxito.

A las ventajas anteriores hay que sumar la rapidez de lectura, la cual se ofrece de manera digital, su impermeabilidad y que no necesita de energía externa. Este dispositivo se encuentra protegido mediante una patente solicitada por la empresa y extendida a nivel internacional y en la que figuran como inventores los investigadores de la Universidad de Murcia anteriormente citados.

Financiación mediante “crowdfunding”

Con el objetivo de conseguir fondos que permitan la producción en serie de este nuevo dispositivo, y dadas las actuales dificultades de acceso a otro tipo de financiación, la empresa murciana ha decidido buscar recursos a través de la iniciativa “crowdfunding”, para lo cual ha lanzado a través del portal indiegogo una campaña de captación de fondos mediante la cual espera poder recaudar el dinero necesario para la producción del téster, a la vez que consigue darle difusión con el objetivo de que posibles empresas o particulares de cualquier parte del mundo se interesen por su distribución comercial.

En definitiva se trata de una tecnología de vanguardia made in Murcia, ejemplo de los beneficios que ofrece la colaboración empresa-universidad y que actualmente puede ser apoyada por cualquier ciudadano gracias al sistema “crowdfunding”.

Concepció Ferrer, adjunta segunda del Defensor del Pueblo de España, ha comunicado, con fecha del pasado 25 de abril, al Colegio Oficial de Trabajo Social informando que "la queja presentada el 22 de marzo ha sido admitida y se han iniciado actuaciones para dar cumplimiento a la Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción (RBI)", según informa el Colegio, que fue quien denunció que el Gobierno regional "se escuda en la falta de un desarrollo reglamentario previsto por la Ley para su incumplimiento".

En opinión del Colegio de Trabajo Social, "la falta de un Reglamento supone un ahorro de, al menos, 100 euros por familia y mes a la Comunidad". Igualmente, "sitúa en una situación de indefensión a las familias que, debiendo obtener respuesta en el plazo legal de dos meses, quedan desatendidas de un año para otro".

Asimismo, los trabajadores sociales denuncian que "con el presupuesto de 2013, el Gobierno regional ni siquiera ha sido capaz de atender a las familias que tenían derecho en 2012". Según datos de la Consejería, "más de 300 familias tendrán que seguir esperando hasta 2014 si el Gobierno regional no rectifica y comienza a cumplir la Ley que dictó en 2007", lamentan.

Por todo ello, el Colegio Oficial celebra que la Defensora del Pueblo "tome cartas en el asunto" y confía en que "facilite el fin de la vulneración de las leyes en el Ejecutivo murciano".