"Un chorizo es una salchicha española que va bien acompañada de una copa de Rioja, [...]. Chorizo es en argot un estafador o tramposo". Así comienza un artículo del prestigioso semanario inglés The Economist sobre el escándalo de los papeles de Bárcenas que supuestamente revelan pagos en dinero negro a la cúpula del PP durante dos décadas.

Titulando "el partido conservador en el Gobierno es sacudido por un dañino escándalo de corrupción", el semanario económico, considerado por algunos como la "la Biblia del liberalismo", explicaba el significado de este embutido a sus lectores justo debajo de una foto de Mariano Rajoy. De ese modo arranca un largo artículo en el que explicaba con todo lujo de detalle lo publicado por los diarios El Mundo y El País y hacía un repaso por la difícil situación que atraviesa el Partido Popular en la actualidad.

Tras la denuncia por parte de CCOO-UNED del impago de las subvenciones por parte de las Administraciones Públicas, correspondientes a los años 2011 y 2012, ayer la Comunidad Autónoma efectuó un ingreso de 276.000 euros a la sede de la UNED en Cartagena, lo que le da un alivio momentáneo.

CCOO denunció a través de un comunicado que a partir del próximo mes de marzo, si no se hacen efectivas las subvenciones que están pendientes de abono correspondientes a 2011 y 2012 y que ascienden a casi 800.000 euros, la UNED de Cartagena no podrá hacer frente a los gastos necesarios para su normal funcionamiento, tanto a las nóminas del personal, el pago a tutores, a los que ya se les adeudan cuatro mensualidades, y el gasto corriente (luz, agua, teléfono, etc.).

“A esta situación se ha llegado por el impago sistemático de las subvenciones que deberían haber hecho efectivas en ejercicios anteriores tanto la Administración regional, como las diversas Administraciones locales que financian las Extensiones de Lorca, Yecla Y Caravaca de la Cruz”, añadía el sindicato.

La deuda de la Comunidad Autónoma de los años 2011 y 2012 asciende a más de 594.000 euros, y la del resto de las administraciones locales, de las que dependen las Extensiones de Lorca, Yecla Y Caravaca de la Cruz, a más de 190.000 euros.

Del presente ejercicio de 2013 solo se han recibido las partes proporcionales de las aportaciones del Ayuntamiento de Cartagena y de la UNED, pero no del resto de las administraciones.

A pesar de los esfuerzos realizados para disminuir el gasto en los dos últimos años, en los que las aportaciones han caído de manera muy considerable, en concreto la de la Comunidad Autónoma ha pasado de 433.000 euros a 160.000 euros, y el presupuesto del Consorcio ha disminuido más de un 24%, el incumplimiento de los compromisos contraídos causará, por falta de liquidez, enormes problemas a los más de 6.100 alumnos matriculados en este Centro Asociado, ya que no se podrá hacer frente no solo a los pagos a tutores y proveedores, ya vencidos, si no a los que se deriven de las nóminas y los suministros necesarios para el normal funcionamiento del Centro Asociado, así como a las Cotizaciones a la Seguridad Social y al pago de los Impuestos retenidos por IRPF.

Ecologistas en Acción considera que el Gobierno regional sufre ahora las consecuencias de su "irresponsable" actitud de incumplimiento de la planificación ambiental y de considerar el medio ambiente "como un freno a las expectativas privadas de negocio", por lo que pide al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que rectifique "y sea lo suficientemente honesto y responsable como para dar un giro radical a su política".

La asociación emitió un comunicado en el que defiende la necesidad de una planificación medioambiental en la región, y no sólo de la planificación que viene impuesta por el cumplimiento de legislación europea, sino también de la normativa regional y nacional.

En dicho comunicado, la organización ecologista recuerda que lleva años exigiendo al Gobierno de Valcárcel que cumpla con la legislación ambiental vigente, alguna incumplida desde hace más de tres lustros, e incluso llevando determinados casos ante el Defensor del Pueblo, el cual ha dado la razón a la organización y un tirón de orejas al Ejecutivo regional, que aún así persiste en sus incumplimientos de la legislación vigente.

Para Ecologistas en Acción la "irresponsable" actitud de Valcárcel con respecto al medio ambiente desde el mismo momento en que asumió el Gobierno regional, le trae ahora estos lodos: "el cabreo de algunos propietarios, empresarios y colegios profesionales que estaban acostumbrados a cumplir con sus expectativas con mínimas cortapisas y aprovechándose de los resquicios e inseguridad jurídica que crea precisamente esa desplanificación ambiental que tiene la región".

A esta actitud "irresponsable" se ha unido otra, apunta la organización, como es "la pedagogía constante del Gobierno regional a través de sus actos, permitiendo y/o promoviendo proyectos aunque afectaran a espacios naturales protegidos, llegando en algunos casos incluso a desproteger territorios por vías inconstitucionales para posibilitar negocios ilegítimos, como en el caso de Marina de Cope".

También, continúa Ecologistas, "se ha alimentado durante años y de forma irresponsable demasiadas expectativas ilegítimas de negocio, posibilitando y hasta promocionando la ilegal práctica del 'teletransporte' utilizando suelo no urbanizable con protección específica, algo que incumple clara y meridianamente la Ley del Suelo, y que sin embargo se ha llegado a recomendar a los ayuntamientos como práctica urbanística en las Directrices del Litoral".

Esta actitud absolutamente irresponsable en la que por un lado se evita la planificación y por otro se lanza el mensaje del "todo vale en aras del negocio", ha alimentado durante más de tres lustros las expectativas de negocio de particulares, especuladores, corruptos, empresas y determinados colegios profesionales, y muy especialmente en materia de especulación urbanística y expansión de regadío industrial intensivo, agrega.

En el centro de la tormenta

La asociación considera que ese caldo de cultivo ha propiciado la "tormenta perfecta" en cuyo centro se encuentra ahora el Ejecutivo murciano, ya que por un lado siente la presión de la Comisión Europea, que va a sancionar económicamente a España por no cumplir los plazos en cuanto a planificación de los espacios Red Natura 2000, y por otro ha de deshacer las expectativas creadas en determinados propietarios, empresas y colegios profesionales, así como de especuladores a los que venía muy bien la ambigüedad de la no planificación y la permisividad institucional.

La asociación ecologista envía también un mensaje a esos propietarios, empresas y colegios profesionales que tanto ruido están haciendo estos días, maximizando hasta rozar el ridículo las supuestamente "terroríficas consecuencias" de una planificación ambiental. Planificación "que precisamente dará una mayor seguridad jurídica a los propietarios y a cualquier empresario e inversor sobre lo que se puede y no se puede hacer legalmente en determinados espacios", indica.

También recuerda que la simple posesión de una propiedad privada "no legitima las expectativas de su propietario de hacer lo que le venga en gana, ni legitiman las expectativas de negocios especulativos de determinadas empresas o inversores".

Advierte que ya existían, y siguen existiendo, leyes de ámbito local, autonómico y estatal, más allá de las normas ambientales, que regulan y limitan los usos de la propiedad privada en base al interés general de todos los ciudadanos. Así, Ecologistas considera pura demagogia que se quiera demonizar, en aras de la propiedad privada y expectativas de negocio privado, una planificación de usos respecto a los valores ambientales.

Por todo ello, la asociación ha pedido "un cambio de rumbo" del Gobierno de Valcárcel, "y que se tome el medio ambiente y su planificación como algo realmente beneficioso para la economía regional", ya que actualmente "podemos comprobar de primera mano cuáles son las consecuencias de la actitud irresponsable que se ha tenido hasta el día de hoy", es decir, "una región con pocas expectativas de recuperación a corto y medio plazo, caótica, con inseguridades jurídicas, demasiados casos de corrupción, negocios especulativos ruinosos, miles de parados sin formación".

Así, Ecologistas exige que no sólo se cumpla con la legislación que viene de Europa, sino que se ponga fecha definitiva al cumplimiento de la legislación regional y nacional, especialmente en lo que atañe a la aprobación definitiva y aplicación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de todos los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia.

También pide la constitución urgente de las juntas rectoras de aquellos que no la tengan, la aprobación definitiva y aplicación de los Planes de Gestión de las especies de fauna silvestre amenazadas, de los de la flora silvestre amenazada, del Plan Forestal Regional, la aprobación definitiva y aplicación del Plan de Residuos Regional y el cumplimiento de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de la Región de Murcia.

Por todo ello, asegura Ecologistas, "Valcárcel debe rectificar la situación precaria de la administración regional con competencias en Medio Ambiente, dotándola de medios económicos y recursos humanos suficientes, además de reforzar su importancia frente a otros sectores del Ejecutivo regional, como Ordenación del Territorio, Industria o Agricultura".

El Supremo ha dado vía libre al juez de instrucción de Nules (Castellón) para que “con absoluta libertad de criterio” pueda abrir juicio oral a Carlos Fabra (expresidente del PP de Castellón) por los delitos que se le imputan, incluido el de cohecho, que había sido excluido por la Audiencia de Castellón.

La Sala de lo Penal del Supremo ha adoptado esta decisión por unanimidad tras admitir los tres recursos de casación presentados por la Abogacía del Estado, el fiscal y la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana contra la decisión de la Audiencia de Castellón de excluir el delito de cohecho en este caso.

Según informó ayer el tribunal en una nota de prensa, el Supremo, tras deliberar toda la mañana, acordó remitir las actuaciones al juez de instrucción número 1 de Nules para que con absoluta libertad de criterio dicte nuevo auto de apertura de juicio oral.

Ese auto debe incluir a “las personas contra las que se abre y los delitos que se les imputan, concretando el tipo de procedimiento y teniendo en cuenta las reglas de conexión delictivas”, dice el Supremo.

En el denominado “caso Fabra” se investigó al expresidente provincial del PP de Castellón Carlos Fabra por delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

La Audiencia de Castellón estimó un recurso de Fabra y descartó el delito de cohecho en esta causa, decisión que ahora revoca el Supremo, que deja libertad para incluirlo en el procesamiento al instructor de la causa.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida a principios de 2012 la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.

Según esa resolución, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.

Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según apuntan las investigaciones judiciales.

Estas investigaciones señalan además que las cantidades supuestamente defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.

Las universidades públicas españolas han visto reducidas las subvenciones en los últimos tres años (sin contar los proyectos de investigación) en torno a un 18%, según los rectores. Este dinero lo pagan las comunidades autónomas. Solo en los cuatro grandes sistemas del país (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana) la bajada ha sido en torno a 700 millones de euros, según los especialistas Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García. Si se extrapola la cifra a toda España y se suman los recortes en investigación, la cifra puede ser mucho más del doble, aseguran.

El presupuesto del Ministerio para las becas generales (las que se conceden a todos los que tengan rentas bajas y cumplan ciertos requisitos de notas) se han mantenido en los dos últimos años. Sin embargo, el resto ha bajado. En el cómputo total la partida se ha reducido en 2013 en 47,8 millones de euros, esto es, un 3,8%, hasta quedarse en 1.222 millones de euros. Respecto a 2011 se habrían perdido un total de 209 millones. ¿Dónde están los recortes? Algunas de las becas de formación para profesores universitarios (se han quedado en la mitad, en 4,9 millones), las de idiomas en el extranjero (bajan un 72%, hasta los 10 millones). La aportación del Ministerio a las becas Erasmus ha bajado un 75% en dos años (en 2013 son 15,2 millones) y las Séneca, reducidas un 35%, se pueden quedar finalmente en nada.

A todos estos recortes se suma la subida del precio de las matrículas en buena parte de las comunidades (incluida Murcia), que puede llegar al 66% de aumento, aunque algunas autonomías lo han subido mucho menos o han congelado los precios (Asturias y Galicia). Ese nuevo mapa es resultado del decreto de recortes en educación aprobado el pasado abril por el Gobierno. En aquel texto también se reorganizaba el trabajo docente para que impartan más horas de clase aquellos profesores que menos investiguen, de tal manera que las plantillas de los campus públicos se han reducido este curso en 3.000 profesionales, calculan los rectores de las universidades.

Reducir el fracaso escolar y aumentar la media de la formación de la sociedad es rentable económicamente. Mientras una persona con estudios universitarios que trabaja como asalariado aporta a las arcas estatales 7.763 euros en impuestos (Seguridad Social e IRPF), un trabajador sin estudios contribuye una tercera parte, 2.780 euros. Los datos se refieren a trabajadores catalanes con nómina (no se contempla a los autónomos) y están recogidos en el estudio 'El coste social y económico del fracaso social’, elaborado por la Fundación Cecot Persona i Treball y la Fundación Privada Institut Industrial i Comercial.

Esta diferencia se explica en que las personas con un nivel formativo más alto acceden a puestos mejor remunerados. Aquellos que cuentan con un título superior tienen una renta neta anual de 13.878 euros (media estatal), mientras que los que no han acabado los estudios básicos, apenas llegan a los 8.550 euros.

Además, el paro castiga mucho más a los sectores de población sin apenas estudios, entre un 30 y un 38%, un porcentaje que se reduce hasta el 13% en el caso de los universitarios y hasta el 5% si se dispone de un doctorado. Esto afecta directamente a la tasa de riesgo de pobreza, que se dispara hasta el 28,9% en el primero de los casos, mientras que cae hasta el 8,7% en los universitarios.

El estudio también revela que reducir el fracaso escolar daría oxígeno a las castigadas balanzas públicas. Cataluña es una de las comunidades más penalizadas por el abandono prematuro de los estudios y el fracaso escolar. En 2011, un 21,8% de alumnos que cursaban ESO no llegó a graduarse y de los que lo hicieron, un 26% no prosiguió sus estudios, un nivel “alarmante” según el informe. La comunidad catalana tiene el objetivo de reducir este último porcentaje hasta el 15%, tal y como marca la Unión Europea. Si así fuera y se recortara a la mitad el fracaso escolar, el Estado podría llegar a recaudar hasta 215 millones adicionales anualmente en concepto de impuestos, según los cálculos realizados en el estudio presentado este martes.

En tanto que el nivel de información es determinante en la situación laboral y las conductas sociales, los investigadores inciden en que las personas con mayor nivel de información no hacen tanto gasto de los servicios sanitarios (tienen mejores hábitos alimentarios) ni requieren tanto de prestaciones laborales o asistenciales. Con todo, el estudio pone el acento en que el fracaso escolar supone un “lastre” para cualquier país y alerta que recortar el gasto en educación “puede tener consecuencias nefastas a largo plazo”.

Seis proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han obtenido una de las becas que anualmente ofrece el Consejo Europeo, dotadas cada una con hasta 2,5 millones de euros, informó ayer este organismo público. Las seis propuestas han sido elegidas junto con 302 más de toda Europa y entre las 2.304 solicitudes recibidas.

En el campo de la biomedicina, el proyecto seleccionado ha sido el de la investigadora Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias, cuyo objetivo es entender las patologías humanas relacionadas con la progresión del cáncer.

Dentro del área de historia, el trabajo de Mercedes García Arenal pretende revisar y analizar las consecuencias sociales y religiosas de los procesos de conversión masiva que se produjeron en los siglos XV y XVI, desde el doble movimiento de integración y asimilación a la estigmatización y expulsión.

Víctor Muñoz, del Centro Nacional de Biotecnología, centrará su investigación en las proteínas que se autoensamblan en sus estructuras tridimensionales flexibles, y Víctor de Lorenzo, del mismo centro, estudiará cómo superar las limitaciones para producir anticuerpos.

Otra de las investigaciones, liderada por Romá Tauer, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, se basa en los efectos de los contaminantes ambientales y del cambio global sobre los genes y el metabolismo.

Por último, el Consejo de Europa financiará el proyecto sobre macroeconomía del investigador del Instituto de Análisis Económico, Albert Marcet.

Las becas tendrán una duración de cinco años.

La sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) destacó ayer que España ha subido tres puestos en 2012 en la clasificación anual con la que la ONG valora la libertad de informar, aunque “no por ello podemos echar las campanas al vuelo” ya que hacia finales del año hubo “retrocesos” con algunas medidas del Gobierno.

Entre ellas se encuentran el cambio en la elección del presidente de la Corporación RTVE al necesitarse ahora la mayoría absoluta en las Cortes, que han supuesto un “paso atrás” en la libertad de prensa en España, según la presidenta de RSF España, Malen Aznarez, en la presentación del Informe Anual 2012 de la Libertad de Información.

A su vez, calificó de “lamentable” que en España no haya todavía una Ley de Transparencia y pidió que en la misma, que ahora se tramita en el Congreso, se incluyan la Casa Real y los partidos políticos.

Aznarez también tachó de “inaceptable e intolerable” la “indecencia” de las ruedas de prensa sin preguntas, que, en su opinión, “no se pueden denominar ruedas de prensa sino que son comparecencias públicas de los políticos de turno que quieren arroparse con una escenografía de periodistas que parezca que realmente realizan una rueda de prensa”.

“Los directores de medios deberían de ponerse de acuerdo para que los periodistas se marcharan de las ruedas de prensa sin preguntas”, opinó.

Por otro lado, recordó que 90 periodistas y 48 internautas fueron asesinados en 2012, y casi 300 encarcelados en todo el mundo, en lo que calificó el “peor año para los periodistas desde 1995”. “Este año ha sido horrible, penoso; un panorama decepcionante para la libertad de prensa”, concluyó.

Por su parte, el director de comunicación y asuntos públicos en Europa para la libertad de expresión de Google, William Echikson, señaló que en España el número de solicitudes a su compañía para retirar información de internet “ha aumentado”, y se ha hecho “invocando el derecho a ser olvidado”.

Pepa Bueno, expresentadora de la segunda edición del telediario de TVE y encargada ayer de realizar la presentación del informe anual, dijo que ir de una mayoría de dos tercios a una mayoría absoluta para la elección del cargo de presidente de la Corporación RTVE le parece una “regresión democrática”.

A su vez, indicó que el hecho de que profesionales con una larga trayectoria vean alterada su carrera profesional “por razones ajenas a su capacidad y trayectoria es lamentable y terrible y no dejaremos de lamentarlo cada vez que ocurra”.