El Gobierno asumirá todas las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma y derogará la normativa anterior al respecto, con lo que recupera las competencias sobre la materia. La decisión, afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responde al "principio de unidad de cuenca", establecido en 2011 por el Tribunal Constitucional.

A raíz de la sentencia del alto tribunal, el anterior Ejecutivo socialista aprobó un decreto ley que permitía a las CCAA asumir competencias de gestión del dominio púbico hidráulico en las cuencas que pertenecían a distintas comunidades. Con ello, "se les posibilitaba asumir funciones de policía (fundamentalmente sancionadoras)" en sus respectivos territorios. La potestad sancionadora y de ordenación en las confederaciones hidrográficas "ha sido siempre una competencia del Estado, tanto es así que el propio Constitucional lo puso de manifiesto como consecuencia del recurso de algunos estatutos de autonomía" ante el mismo. Las sanciones oscilarán entre las leves –multa de hasta 10.000 euros– y las muy graves –de entre 500.000 y hasta un millón de euros–.

El Gobierno popular, según Saénz de Santamaría, cree que el agua es un recurso escaso y "un dominio público de todos los españoles", de ahí que el Estado recupere esta potestad en las cuencas intercomunitarias. Con ello, "se evitarán duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en algo tan importante como es el régimen sancionador en el mal uso del agua".

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En consecuencia, se deroga la normativa anterior y será el Estado el que "íntegramente" se ocupe de ello.

La decisión anunciada ayer se enmarca dentro de un real decreto ley de medidas sobre política medioambiental, que también modifica las leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de Residuos y Suelos Contaminados, y que contempla medidas sobre regulación del agua subterránea. Sobre este último punto, la nueva normativa añade condiciones específicas para mejorar la situación del Alto Guadiana evitando un deterioro del acuífero y "permitiendo la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas".

Según la vicepresidenta, el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado "en plena coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha" para abordar el mejor sistema de racionalizar los aprovechamientos hídricos en la zona de las Tablas de Daimiel. Tras recordar la actual situación de sequía, ha razonado que "había que trabajar con urgencia y rapidez para encontrar fórmulas que eviten sobreexplotaciones de esos acuíferos que causaran deterioro a la zona".

El real decreto ley incorpora un nuevo procedimiento que permite a los usuarios, a cambio de poder transferir sus derechos, acogerse a una reducción del volumen que pueden usar. A través de fórmulas concesionales se podrá transferir a terceros ese aprovechamiento, pero a cambio de ceder una parte del mismo, "con lo que se logra un equilibro mucho más sostenible en la explotación" de las Tablas de Daimiel, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Los regantes aplauden

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) aplaudió la derogación de la disposición de la Ley de Aguas que permitía a las autonomías asumir el dominio público hidráulico y, con ello, la "invasión de competencias autonómicas en materia de aguas ya es historia". Así lo afirmó su presidente, Andrés del Campo, quien recordó que con esta determinación se cumplen ya todos los requisitos de legalidad vigente, "zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración central en la gestión de las cuencas intercomunitarias".

En su opinión, este "paso decidido" representa una defensa "férrea" de los principios de unidad de gestión y cuenca "reconocidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) y en la Constitución" y se garantiza que la coordinación y el reparto de los recursos hídricos "se lleve a cabo teniendo en cuenta el interés general y no sobre la base de criterios políticos y localistas". Del Campo confía en que "la vulneración de competencias estatales" que en su opinión realizaban algunas comunidades autónomas "no vuelvan a repetirse en el tiempo".

Fenacore agrupa a 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas, el 50% del regadío nacional.

“Un atentado”, según los ecologistas

Las principales organizaciones ecologistas lamentaron la aprobación del Real Decreto Ley en materia de medio ambiente y advierten de que se trata de un "atentado" del Gobierno que supone un retroceso en materia de protección ambiental. En un comunicado conjunto, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, SEO BirdLife y Amigos de la Tierra denuncian que este cambio en la legislación supone "una burla a la transparencia y participación pública".

Los ecologistas consideran que el modo en el que se ha aprobado el Real Decreto-Ley, que modifica la legislación actual sobre agua, residuos y otras materias, contradice las declaraciones del ministro Arias Cañete, sobre "su voluntad de apertura y diálogo con todas las partes interesadas". Señalan que el decreto establece mecanismos para la venta directa de agua entre particulares del Plan Especial del Alto Guadiana, lo que según estas organizaciones puede incrementar la presión sobre un acuífero ya sobrexplotado.

En cuanto al tratamiento de residuos, destacan que se elimina el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que "incentivaba" a los ciudadanos con unas tasas de reciclado a la hora de devolver los envases de determinadas bebidas. En el comunicado explican que estas medidas suponen la renuncia a reducir los 68 millones de euros que cuesta a las Administraciones la incineración y vertido de residuos reciclables y a recuperar 65 millones de euros en materias primas no recicladas. También se renuncia, a su juicio, a la posibilidad de crear 14.000 puestos en el marco de la SDDR. En cuanto a los espacios naturales protegidos, las organizaciones ecologistas esperan que se cumpla la normativa existente.