El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, considera que no se puede "dejar pasar la oportunidad" que representa la generación de gas mediante fractura hidráulica o "fracking", sin por eso comprometer la conservación medioambiental.

En una entrevista que avanzó ayer el periódico alemán Die Welt y que se difundirá íntegramente hoy, el comisario europeo apunta asimismo que para este mismo año podría estar lista una normativa europea al respecto.

Oettinger advierte frente al "excesivo miedo" con respecto a los peligros derivados del controvertido "fracking", que colectivos ecologistas han criticado ampliamente por la contaminación de las aguas subterráneas con compuestos químicos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. "La protección de las zonas donde hay aguas para consumo humano y aguas subterráneas es absolutamente correcta. A nivel europeo nos vamos a poner con el tema 'fracking' y la protección medioambiental este mismo año", explica.

Oettinger indica que Alemania, donde como en España esta técnica podría tener mucho potencial económico pero levanta los recelos de ecologistas y agricultores, debería comenzar ya a preparar las bases jurídicas para proyectos piloto. "Si permitimos prospecciones de prueba, en unos años sabremos mucho más con certeza (sobre esta tecnología), también sobre los costes", argumentó el comisario de Energía, de origen alemán.

En Alemania la técnica del "fracking", que EEUU ya ha explotado con éxito aunque también con polémica y problemas medioambientales, es muy discutida tanto por los partidos políticos como por la sociedad civil. Sus partidarios destacan su bajo coste y fácil producción, mientras que sus detractores subrayan los vertidos tóxicos en aguas subterráneas, que luego afectan al agua para consumo humano y al medio ambiente.

La propia coalición de Gobierno alemana, de centro-derecha, ha parado un proyecto de ley sobre la fractura hidráulica debido a los disensos internos en la Unión Cristianodemócrata (CDU), la formación de la canciller Angela Merkel.

Mientras EEUU se acerca cada vez más a la independencia energética gracias al "boom" de su creciente industria del "fracking", otros países como Francia han prohibido su empleo por los riesgos medioambientales.

Soria rechaza la moratoria

El ministro de Industria, José Manuel Soria, rechazó ayer la petición de Andalucía de implantar una moratoria a la extracción de gas mediante la fractura hidráulica y, por contra, se ha sumado a la postura del comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, favorable a la técnica.

Al mismo tiempo, el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha solicitado una moratoria a la extracción de gas no convencional mediante la fractura hidráulica, alegando que la técnica presenta problemas de índole ambiental y social.

Soria, que dice no compartir esa propuesta, recordó que desde hace cinco años EEUU se está utilizando esta tecnología para cambiar "su situación de dependencia y vulnerabilidad respecto a las importaciones y, de aquí a unos años, va a ser totalmente independiente".

Un estudio realizado por tres profesores de Geografía de la Universidad de Murcia sobre las inundaciones sufridas en los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras en septiembre de 2012 y que causaron varios muertos y cuantiosos daños materiales, aconseja moderar la extracción de arena y evitar la invasión de los cauces.

El trabajo de los profesores Encarnación Gil Meseguer, Alfredo Pérez Morales y José María Gómez Espín propone también, en la lucha contra las avenidas, revisar el trazado de la vía del ferrocarril desde La Hoya de Lorca a Águilas por Almendricos.

Igualmente, demanda la necesidad de contar con ayudas del Gobierno central y de la Unión Europea "para atender obras de urgencia tendentes a reponer las infraestructuras de riego y las redes de abastecimiento y saneamiento y para reparar los caminos afectados.

Otra recomendación se concreta en la conveniencia de restablecer la red de boqueras de las ramblas de la zona, "pero guiándolas a estanques de tormenta; en este caso, embalses de riego –que pueden utilizar las comunidades de regantes–, contribuyendo así a paliar situaciones de escasez de agua y a una mejor ordenación del territorio".

Este trabajo de investigación aparece publicado en el último número de la revista Papeles de Geografía, que edita la Universidad de Murcia.

Greenpeace presentará una queja ante la Unión Europea para que evalúe si la Ley de Costas viola un conjunto de directivas comunitarias. Se trata, entre otras, de las directivas sobre hábitats, la relativa a la conservación de aves silvestres y la de evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente.

En declaraciones a Efe, la responsable de campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha explicado que la acción del jueves de ocho activistas que intentaron encaramarse al tejado del Congreso de los Diputados pretendía llamar la atención sobre "la barbaridad" que implica la Ley de Costas.

Los ocho activistas detenidos fueron puestos en libertad esa misma noche por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, aunque deberán comparecer mensualmente en el tribunal. A pesar de que no se les atribuye ningún delito, sí se ha pedido a la Cámara Baja que informe si los activistas alteraron el funcionamiento del hemiciclo.

Los detenidos quedaron en libertad sobre las 23.30 horas, explicó Pilar Marcos, que junto a otra veintena de personas esperaron la salida de sus compañeros de la Audiencia Nacional.

Según Marcos, la reforma de la Ley de Costas de 1988 dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales que había ganado la Administración, lo que puede provocar muchas reclamaciones e indemnizaciones a aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la ley.

También supondrá un "montón de dinero" la realización de los nuevos deslindes de dominio público o la construcción de "un muro", tal y como viene reflejado en una enmienda aprobada ayer sobre cambio climático.

Las principales organizaciones ecologistas españolas condenaron unánimemente la reforma de la Ley de Costas aprobada ayer en el Congreso por considerarla un retroceso en la protección medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un proceso claro de privatización de las costas.

Los grupos ecologistas Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Oceana y el partido verde Equo ratificaron su rechazo total a la reforma que cambiará de la Ley de Costas de 1988 y que ayer pasó su último examen parlamentario. Así lo indicaron a Efeverde:

Greenpeace: La ley se ha hecho para desproteger el litoral y el medioambiente y favorecer los intereses de las empresas constructoras, además de dar por bueno los años de barbaridades urbanística en el litoral.

WWF: La reforma significa un retroceso de 40 años en la protección del litoral y la pérdida de ecosistemas marinos muy sensibles, además de permitir un "boom" en el desarrollo futuro urbanístico de la costa que nunca volverá a ser lo que conocemos hoy.

Ecologistas en Acción: La reforma es el mayor varapalo medioambiental desde que existe el Ministerio de Medio Ambiente. El Partido Popular ha conseguido que el Ministerio sea la cabeza de la destrucción de las costas española y el titular de la cartera, Miguel Arias Cañete, pasará a la historia como el ministro que más daño ha hecho al medio ambiente desde la existencia de la democracia.

Equo: El Gobierno ha convertido la Ley de Costas del año 1988 en un queso grüyere lleno de agujeros que permite la privatización frente a la protección pública del litoral.

SEO/Birdlife: La ley de costas da alas a la privatización del litoral y se están alargando las concesiones para evitar expropiar propiedades que vulneraban dicha ley. Asimismo se alude a una nueva estrategia para luchar contra el cambio climático que es más retórica que real.

Oceana: Reducir la protección de la costa, acercando el desarrollo urbanístico hasta casi tocar el agua, es un error que la antigua ley prevenía y que ahora se pretende cometer. Esta nueva ley es un retroceso legislativo que demuestra una total ignorancia sobre la dinámica del litoral y falta de visión económica a largo plazo. Además, se destruirán ecosistemas costeros que son únicos y que en algunos casos albergan a especies endémicas, es un sinsentido que ya ha sucedido en el pasado y que ahora se permitirá legalmente.

Cañete se defiende

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer que con la reforma de la Ley de Costas, se establecen instrumentos más potentes "para evitar las barbaridades urbanísticas" que se hicieron al amparo de la norma de 1988, con ejemplos como el hotel El Algarrobico.

La ley que se aprobó ayer en la Cámara Baja –con el voto favorable del PP y la abstención de CiU– es un texto "muy trabajado que garantiza la conservación del litoral" y no privatiza la costa, dijo el ministro a la salida del Congreso y tras asistir al debate de esta reforma dentro del hemiciclo.

El ministro, que expresó su satisfacción por la aprobación de la norma, destacó que el nuevo texto da seguridad jurídica a todos los que de buena fe habían adquirido sus casas antes de 1988 y que "se enfrentaban a un panorama de demolición masiva de viviendas, de industrias y de establecimientos hoteleros".

Según el ministro, los que critican la ley no la han leído en su integridad, porque se aumenta la protección de la costa y se establecen instrumentos más potentes "para evitar las barbaridades urbanísticas" que se hicieron al amparo de la anterior ley, con ejemplos tan claros como el Hotel de El Algarrobico, ubicado en el parque natural de Cabo de Gata (Almería). Asimismo, explicó, resuelve casos como el de Formentera, que tendrá un trato especial, por sus características morfológicas.

Otro objetivo fundamental, añadió, es proteger el litoral con deslindes claros que van a figurar en la web del Ministerio y se van a incorporar al Registro de la Propiedad.

La reforma, estacó Cañete, mantiene siempre las mismas distancias de protección del litoral y evita nuevas construcciones, pero no va a demoler aquellas que se hicieron antes de 1988 al amparo de una legislación que lo permitía, porque si no tendrían que desaparecer más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral.

El ministro concluyó que es falso el argumento de que se quiera privatizar la costa, que no va a haber ninguna privatización, "y que cuando se quiere mentir se descalifica el que miente y los que dicen que se privatiza faltan a la verdad".

El grupo del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia mostró ayer su oposición al desarrollo de prácticas de extracción de gas en la Región de Murcia a través del denominado "fracking", y exigió al Gobierno autonómico que tome medidas para evitar esas prácticas.

La propuesta fue defendida por el diputado Jesús Navarro, que recordó que el "fracking" o "fracturación hidráulica" es una técnica "no convencional para extraer gas natural de yacimientos no convencionales" que emplea agua a presión mezclada con arena y diversos productos químicos para provocar rupturas en rocas que permitan la extracción del gas natural.

En la Región de Murcia, señaló, hay actualmente cuatro proyectos abiertos en relación con esa técnica, los más recientes, los expedientes de exploración aprobados por la Consejería de Medio Ambiente para permitir explorar los posibles yacimientos en las zonas de Cieza y Calasparra y de Jumilla, Cehegín y Moratalla por parte de la multinacional norteamericana Oil and Gas Capital.

La posibilidad de que durante la exploración se lleven a cabo perforaciones con esa técnica, lamentó, podría tener enormes repercusiones negativas, dado que la técnica presenta múltiples peligros ambientales por los más de 260 productos químicos que se emplean.

Navarro denuncia el "oscurantismo" y la "opacidad y desregulación" en relación con esos productos, algunos de ellos altamente tóxicos e incluso cancerígenos y que pueden contaminar acuíferos y aguas subterráneas y superficiales de los ríos, afectando a las zonas de cultivos agrícolas y a su producción, según indicó.

Además, se ha detectado la emisión de numerosos gases como el benceno a la atmósfera, al margen de las grandes cantidades de agua que consume la técnica (entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos por cada uno de los cientos de pozos que se precisan para las extracciones).

Por otra parte, indicó, en países como Reino Unido, donde se aplica este sistema, ya se han denunciado movimientos sísmicos de más de 3 grados en la escala Richter provocados por el "fracking".

Por último, recordó que países como Francia o los Países Bajos, y comunidades autónomas como Aragón, Asturias o Cantabria, han prohibido expresamente el uso de esa técnica, y pidió a la Región de Murcia que se sume a esa prohibición.

El diputado de IU-V, José Antonio Pujante, apoyó la iniciativa ya que su grupo presentó también una iniciativa similar para su debate en pleno en la que alertaba de los riesgos de esta técnica. Pujante coincide en subrayar los efectos negativos como la contaminación de acuíferos, el uso de productos químicos y ácidos que contaminan los suelos, la provocación de microseísmos y la posibilidad de escapes de gas que forman dióxido de carbono.

Guillamón al rescate

La propuesta, no obstante, no salió adelante, ya que no contó con el apoyo del grupo popular, con mayoría absoluta en la Cámara y cuyo diputado Juan Guillamón insistió en que la autorización regional que existe actualmente es para llevar a cabo meras exploraciones y estudios, lo que no significa necesariamente que se vayan a realizar las perforaciones.

El diputado minimiza los riesgos de esta técnica argumentando que en Estados Unidos se desarrolla desde hace 40 años, con más de 200.000 pozos ejecutados y solo "problemas anecdóticos". Las perforaciones, indica, se hacen a profundidades de más de 3.000 metros, zonas donde no llegan los acuíferos ni las aguas aptas para el riego o el consumo, mientras que los productos químicos empleados en su mayoría están autorizados para uso doméstico.

En cuanto a los riesgos sísmicos de la técnica, indica, los movimientos registrados no han superado los 3 grados, lo que supone que no se perciben por los ciudadanos, un riesgo menor que el que suponen, por ejemplo, las minas de carbón.

Por el contrario, encontrar yacimientos de hidrocarburos ayudaría a España a disminuir su dependencia energética exterior, ya que en la actualidad se exporta el 85% de esa energía, lo que supone un gasto de 55.000 millones de euros anuales, un 4% del PIB, y conllevaría la creación de empleo y un impulso para la economía nacional y regional.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha reconocido que antes era "un derrochador de agua", hasta que el presidente del Gobierno le hizo "ministro encargado del agua en España", de modo que ahora incluso prefiere ducharse "con agua fría, antes de consumir medio litro más".

Durante su participación en la presentación en España de la iniciativa de la Comisaría Europea de Acción por el Clima 'El Mundo que quieres con el clima que quieres', el ministro subrayó que su departamento ha cambiado "radicalmente" las políticas de cambio climático y de reducción de emisiones de CO2 "con mucho esfuerzo y con mucha ilusión".

Así, dijo que ahora se centran en el fomento de la reducción de emisiones fomentando proyectos nacionales frente a la política del Gobierno anterior que, "para cumplir con (el protocolo de) Kioto, se compraban derechos de emisión pagando cifras astronómicas".

Además, defendió que, pese a la moratoria de las primas a las renovables, España es uno de los países líderes de la Unión Europea en esta materia. Sin embargo, dijo que el mercado energético y la participación en este de las energías renovables debe "ser sostenible" y dijo que "no se pueden dar primas indefinidamente para desarrollar un sector hasta que sea prohibitivo e insostenible para los ciudadanos".

Por ello, cree que es mejor concienciar al consumidor en el ahorro energético, al tiempo que considera que las primas deberán ser las que los presupuestos públicos puedan pagar, en un contexto de restricciones presupuestarias".

"El Gobierno apuesta por las renovables", insistió y, concretamente, expresó su preferencia por la biomasa y la cogeneración, al tiempo que añadió que en España comienza a haber "muchos proyectos" de energías renovables que "ya no piden primas".

Igualmente, alentó a realizar pequeñas acciones en el día a día con las que se puede reducir el consumo energético. Arias Cañete recordó, por ejemplo, que bajar un grado centígrado el termostato de la calefacción rebaja el consumo en un 7%.

Ecologistas en Acción ha alertado de que la reforma de la Ley de Costas impulsada por el actual Gobierno facilita la ocupación en torno a los paseos marítimos. La reforma, que se debate hoy en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, prevé, según afirma esta organización en una nota de prensa, desafectar los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos.

Esto es así, añaden, porque la disposición adicional tercera reza que la línea exterior de los paseos marítimos construidos por la administración general del Estado o por otras administraciones públicas se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar.

Con ello, apunta Ecologistas en Acción, se disponen a facilitar la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos, permitiendo otra nueva oleada de edificación. A su juicio, el Proyecto de Ley facilita la culminación de la ocupación de este porcentaje de litoral, ya que, se contempla la posibilidad de que los ayuntamientos soliciten desarrollos urbanísticos de la zonas de servidumbre de protección del litoral en sus últimos 80 metros.

En dicha nota de prensa, la organización recuerda que, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en la actualidad el 75% de la costa está urbanizada o declarada urbanizable.

El proyecto educativo Escuela de Reciclaje ha llegado al colegio Jesuitinas, de Murcia, con el objetivo de que los alumnos puedan conocer el proceso de reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos y sus beneficios medioambientales.

La Concejal de Educación, María Dolores Sánchez, ha visitado el aula móvil Escuela de Reciclaje, que está organizada por las asociaciones Ambilamp, Recyclia, Tragamóvil y Ecopilas. Se podrá visitar hasta hoy y está previsto que 450 alumnos y 25 profesores de Jesuitinas la conozcan estos días. 

Este proyecto, que es itinerante, llegará a 130 centros de toda España durante este curso escolar, con 25.000 alumnos; del total, 20 centros educativos son de Murcia, con más de 2.200 visitas de alumnos y profesores de la Región. 

La Escuela de Reciclaje es un aula móvil de 120 m2 integrada dentro de un camión. En el interior del vehículo, los visitantes disponen de material audiovisual, pantallas táctiles, proyecciones de vídeos y una película con animación 3D. Los estudiantes pueden conocer de cerca cómo reciclar bombillas, pilas, móviles, ordenadores, juguetes o pequeños electrodomésticos.

Además, la formación proporcionada en el aula móvil se complementa con otros dos proyectos educativos: Train the Trainer –dirigido a docentes que trasmitirán la información a sus alumnos y contribuirán de esta manera a su concienciación medioambiental– y E-learning, a partir del cual se proporciona material a profesores y escolares para que éstos amplíen sus conocimientos sobre reciclaje. 

La Escuela de Reciclaje inició su andadura en noviembre de 2011 y por el momento más de 40.000 alumnos y más de 1.400 docentes de 10 Comunidades Autónomas –Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, La Rioja y Murcia– han visitado el aula móvil. Al finalizar el curso 2013-2014, 400.000 alumnos y 18.900 profesores habrán conocido este proyecto.

Este proyecto educativo está organizado por Ambilamp –Asociación para el Reciclaje de Lámparas y Luminarias–, que recoge bombillas de bajo consumo, fluorescentes, lámparas de descarga, leds retrofit y luminarias; Tragamóvil, creado para la recogida de teléfono móviles; Ecopilas, sistema Integrado para la recogida de pilas portátiles y baterías; y la Plataforma Recyclia, que engloba a las dos anteriores.

En 2012 Ambilamp ha recogido y gestionado el transporte para su reciclaje de 2.246 toneladas de bombillas de ahorro y tubos fluorescentes en toda España. Tragamóvil ha recogido y gestionado el transporte para su reciclaje de 461.844 kilos de móviles en todo el país; y Ecopilas ha recogido y gestionado el transporte para su reciclaje de 3.006.674 kilos de pilas en toda España.