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Retiran una prótesis de 152 euros a un joven que no podía pagarla

Un joven de 23 años del municipio valenciano de Llíria, que fue ingresado el lunes de la semana pasada para ser intervenido de la rodilla derecha en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia, se ha quedado sin la prótesis ortopédica que le habían colocado por no poder hacer frente a su pago, según se ha hecho eco el diario Levante.

Adrián García sufrió una caída practicando montañismo a los 14 años. Con el tiempo, su dolencia aumentó y ya apenas podía hacer ejercicio o caminar con normalidad.

"Era una operación complicada y el doctor solicitó los consejos de un cirujano francés" cuenta la familia al periódico. El martes fue operado con éxito; se despertó en el quirófano con una pieza ortopédica en la rodilla para que la pierna permaneciera recta y no hubiera movimiento que perjudicase su recuperación.

Tras la operación el médico les informó que tendrían que abonar 120 euros por la pieza colocada, una sorpresa que se hizo efectiva dos días después. El jueves apareció en la habitación una empleada de la empresa ortopédica requerida por el hospital y les reclamó 152 euros, comunicándoles que la Consellería –más adelante– les devolvería 122 euros.

Sin embargo, la familia, asfixiada económicamente por una hipoteca de mensualidades que rondan los 1.200 euros, no disponía en esos momentos de la liquidez para hacer frente al pago. "Le dije que no podía pagarlo. Que no tenía ese dinero porque, en realidad, en estos momentos no tengo ni para comer", cuenta María Dolores, madre de Adrián.

Después de abandonar la habitación y recibir la aprobación del médico que había realizado la operación, le fue retirada la prótesis a Adrián y sustituida por yeso. "Es que no me sujeta igual esto, creo que ya se ha desviado", se queja el joven.

¿Copago ortopédico?

El diario levantino informa que la Conselleria de Sanidad les ha asegurado que el caso entra dentro del protocolo oficial: desde 2010, sólo las prótesis internas –las endoprótesis– están incluidas en la Seguridad Social. Las externas han de ser abonadas por el paciente en el momento, teniendo éste derecho a exigir que Sanidad le reembolse una parte del importe, de forma que la aportación del usuario sanitario queda en unos 30 euros. Se trataría, pues, de una especie de copago farmacéutico. Las prótesis, añaden las mismas fuentes, pueden ser colocadas en el hospital o en la ortopedia. Es habitual que las empresas pasen a cobrar las prótesis en el hospital antes de que el paciente reciba el alta.

Según publica el diario valenciano, las empresas ortopédicas arrastran grandes deudas con la Conselleria de Sanidad y se están viendo obligados a refinanciarse para sortear la crisis. Según fuentes del sector, cada vez hay más pacientes que renuncian a ponerse las prótesis prescritas por el médico porque no pueden hacer frente al adelanto del dinero.

El Levante publica que los padres de Adrián han presentado una reclamación a la Atención al Usuario del Hospital. Tuvieron que ser acompañados con el coche de Vicent, un amable vecino del pueblo. "Si nosotros hubiéramos sabido que teníamos que pagar la prótesis, habríamos recurrido a alguien para que nos dejara el dinero con algo de tiempo. Pero no nos lo dijeron hasta que la prótesis estuvo colocada", afirma Adrián, quien propuso –sin éxito– a la empresa ortopédica pagar la prótesis a finales de mes, cuando cobrara.

La última noche, Adrián la pasó con fuertes dolores y calmantes. El joven reconoce que el dolor no le viene por la falta de prótesis. "El dolor está en la cabeza", explica, "la administración ha ordenado retirarme una prótesis, que ya tenía colocada, por cuestiones económicas".

Nueva técnica para recolocar al bebé en los “partos de nalgas”

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El hospital Santa Lucía de Cartagena ha comenzado a implantar una nueva técnica para facilitar los partos vaginales en los casos en los que el bebé está mal posicionado, que permite recolocar al feto y evitar complicaciones e incluso la realización de cesáreas.

La técnica, denominada "versión cefálica externa" (VCE), que ya se aplica con éxito en otros hospitales españoles, puede realizarse a partir de la semana 37 de embarazo cuando el bebé está colocado "de nalgas", una postura más desfavorable para el parto natural que cuando es la cabeza la primera parte de su cuerpo en salir del vientre.

Según explica en un comunicado la responsable del área de Paritorio del hospital, Rocío López, la técnica es un "procedimiento manual" por el que, mediante masajes especiales en el abdomen y controlando en todo momento la postura del bebé a través de una ecografía, los facultativos cambian su postura para que sea la cabeza y no los pies o la pelvis del bebé la que ocupe la zona más próxima a la vagina de la madre.

El procedimiento "cuenta con un porcentaje muy alto de éxito" en los hospitales en los que ya se lleva a cabo, y en el 99% de los casos no entraña riesgo alguno para el bebé ni requiere el ingreso hospitalario de la madre, que puede someterse al tratamiento varias veces si la primera no da el resultado buscado.

En los denominados "partos de nalgas", en los que el bebé no está colocado adecuadamente para que su cabeza sea la primera parte en salir del vientre de la madre (entre el 4 y el 5% del total), lo más habitual es programar cesáreas, más agresivas y con mayor periodo de recuperación que los partos vaginales.

La Facultad de Óptica de la UMU realiza revisiones visuales en colegios

La Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad de Murcia está efectuando desde el mes de marzo revisiones oculares en centros escolares del municipio de Murcia para detectar posibles defectos de la visión susceptibles de ser tratados con gafas.

Hasta el momento se han llevado a cabo exámenes en 1.600 niños de los colegios Maristas Fuensanta y San Pablo.

Las revisiones se realizan en colaboración con el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia y en las mismas participan estudiantes del máster universitario en Optometría Clínica y del último curso del Grado en Óptica y Optometría.

La cifra de médicos que salen fuera de España a buscar empleo se cuadruplica

Un total de 4.000 médicos se encontraban buscando empleo a finales de 2012 y un total de 2.405 especialistas habían solicitado un certificado de idoneidad a la Organización Médica Colegial para salir fuera de España a buscar trabajo.

Esta cifra multiplica por cuatro el número de certificados solicitados en 2008 (675), cuando comenzó la recesión y casi multiplica por dos el número de médicos que buscaban trabajo fuera de España en 2011 (1.380), como consecuencia de la crisis económica y la ausencia de convocatorias de oferta de empleo público.

Además, según datos de la Seguridad Social, en el último año se han dado de baja en el sector de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales un total de 173.605 personas. 

Para dar respuesta a esta situación y evitar desperdiciar el coste humano, en conocimiento, y económico que supone la formación de estos profesionales, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha diseñado el programa JobMir, una aplicación on line, dirigida a este colectivo, en la que se pretende ofrecer salidas profesionales y nichos de empleo sanitario fuera del Sistema Nacional de Salud, así como en el extranjero.

El programa JobMir buscará ofertas en ámbitos como la sanidad militar, médico de cruceros, marina mercante, médico deportivo, médico de empresas, prestación de servicios, régimen de cooperativa, la cooperación internacional, la docencia universitaria, así como ofertas en el extranjero, tanto en la sanidad pública como la privada.

La situación de crisis económica y la ausencia de convocatorias de oferta de empleo público está provocando también una situación de abuso laboral sobre el personal de formación MIR, según ha podido comprobar CSI-F en el primer balance de su programa Asesor MIR, una aplicación on line en la que se trata de dar respuesta a dudas y cuestiones legales que afectan a este colectivo.

Los datos de 2012 demuestran un incumplimiento sistemático del Estatuto fundamentalmente en cuestiones como: exceso de guardias y jornada de trabajo, incompatibilidades, impago de retribuciones (paga extra de Navidad) y guardias, modificaciones del contrato, incumplimiento de rotaciones o quejas por los exámenes.

Por otra parte, las cuestiones que más dudas han suscitado entre el personal de formación son: ofertas de empleo público, ofertas de trabajo en el extranjero, plazas de profesor en la Universidad, cursos de formación, conciliación de la vida laboral o los perfiles de las convocatorias.

Palacios resucita las peonadas derivándolas a la concertada

La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha reclamado la comparecencia de la consejera Mª Ángeles Palacios en la Asamblea Regional para que explique la planificación de la Consejería en el tema de las peonadas.

Rosique pide a Palacios "transparencia y rigor" en este tema y ante las declaraciones de la directora general de Asistencia Sanitaria, Magina Blázquez, quien habló sobre las intenciones del Servicio Murciano de Salud de derivar la realización de peonadas por las tardes a centros concertados.

"La consejera de Sanidad tiene que abordar con claridad este tema y le recordamos que en la auditoria realizada al SMS se advertía, por parte de la Intervención General, que las peonadas carecían de regulación, de criterios homogéneos y sólo pueden aplicarse como cauce excepcional y debidamente justificadas", señala.

En opinión de la diputada, la consejera debe dar explicaciones sobre la justificación de esta medida, especificando la capacidad quirúrgica y la imposibilidad de hacer frente al cumplimiento de los plazos máximos para las listas de espera, establecidos en el Decreto que los regula en jornada ordinaria.

Asimismo, "debe precisar por qué en caso de necesitar la realización de estas peonadas hay que acudir a centros concertados, en lugar de efectuarse en hospitales públicos", indica Rosique, quien agrega que "no podemos entender las razones que llevan a la Consejería a plantearse la vía del concierto cuando tiene instalaciones públicas y hospitales infrautilizados como el Rosell y Los Arcos".

Según la socialista, la consejera debe justificar mediante una memoria económica el coste de esta medida. Así, recuerda que la Consejería de Sanidad gastó entre 2009 y 2011 más de 44 millones de euros en peonadas y las listas de espera quirúrgicas "lejos de mejorar han empeorado".

Un paso más hacia la privatización

El miembro del área de sanidad de IU-Verdes de la Región de Murcia, Francisco Muñoz, dijo ayer que el desvío de operaciones quirúrgicas a centros sanitarios concertados es "un paso más" hacia la privatización del servicio sanitario.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) utilizará los quirófanos de hospitales concertados para que los cirujanos de la sanidad pública puedan realizar horas extraordinarias por las tardes, las denominadas 'peonadas', para operar patologías no complejas, según informó ayer La Verdad.

En este sentido, Muñoz dijo que la directora general de Asistencia Sanitaria, Magina Blázquez, "falta a la verdad al asegurar que esta medida pretende ahorrar, cuando no hay datos sobre el coste real de estos servicios ya que todavía no se ha cuantificado".

"Esta medida tiene un fin claro, la privatización del servicio", apostilla Muñoz, tras tildar de "lamentable" que "el PP use a los más débiles para hacer pagar las privatizaciones".

Por otro lado, indica que el copago a pensionistas "no ha sido devuelto tal y como el decreto ley que lo regula así lo exige, la consejera de Sanidad está incumpliendo lo acordado y está haciendo que la nueva financiación del servicio venga a través de los pensionistas".

Los inmigrantes felicitan a los ‘sin papeles’ del País Vasco

Diferentes asociaciones de inmigrantes han pedido a Gobierno y al resto de las comunidades autónomas que vuelvan a prestar atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de permitir al País Vasco atender a este colectivo.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación Rumiñahui, Vladimir Paspuel, dio "la enhorabuena" a todos los inmigrantes de Euskadi por esta "buena noticia", al tiempo que hizo un llamamiento al resto de comunidades autónomas para actuar "conforme al derecho" con el fin de que "todos los inmigrantes tengan cobertura sanitaria".

"No se trata de ganar o perder, sino de atender a aquellas personas que han perdido la tarjeta sanitaria por una medida que el Gobierno tomó para ahorrar", aseguró Paspuel, quien pidió "sensibilidad" al Ejecutivo porque, en su opinión, "los derechos a la atención son universales".

Desde la Plataforma de asociaciones inmigrantes en Madrid –integradas por Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), Coordinadora de inmigrantes (KOIN) y el sindicato STEM, entre otras– también realizaron "un potente llamado a que en el más breve plazo, se permita que todos los inmigrantes y españoles, que están marginados del sistema público de salud, puedan volver a tener las prestaciones, independientes de su situación administrativa".

Por ello, piden volver "a un sistema público de atención universal de calidad y sin copagos de ninguna especie". En cualquier caso, aseguran que la decisión "es un regalo" que coincide con el Día Internacional del Inmigrante, que se celebró ayer en todo el mundo.

Mientras, el responsable de la Asociación de Amigos del Pueblo Africano Karibu, Antonio Freijo, aseguró que la decisión del TC supone "una llamada de atención", lo que, a su juicio, pone "en valor la protección humanitaria de las personas". En su opinión, el fallo valora "la asistencia sanitaria de las personas por encima de lo económico", una cuestión que califica de "elemental" para evitar su "desprotección total".

"El TC dice que, al margen de la documentación, hay una atención de protección humanitaria que es básica, que es el derecho a la vida y a la asistencia sanitaria", dijo. En cualquier caso, indicó que la medida es "un parche" pero "es la vía que hay que seguir", por lo que insistió en "ir más lejos" para hacer extensible la atención sanitaria "hacia todas aquellas personas que no tienen empadronamiento ni identificación personal". "Creía que esto era tan disparatado que no se iba a llegar, pero veo actitudes muy firmes", lamentó.

Las ONG: el fallo obliga en toda España

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Intermón Oxfam y Red Acoge expresaron su satisfacción con la decisión del Tribunal Constitucional, al tiempo que aseguran que el fallo "implica la obligación de garantizar el derecho a la salud" a este colectivo en todo el territorio nacional.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de la CEAR, Estrella Galán, insiste en que "todas las personas tienen derecho a la salud y nadie puede ser excluido", una cuestión que "debe prevalecer sobre el supuesto beneficio económico" y no es negociable, "con o sin crisis".

Además, lamenta que se haya utilizado a los inmigrantes en situación irregular "como cabeza de turco por el gasto desmesurado que suponen a la sanidad, algo que no es real". Por todo ello, hizo un llamamiento al resto de comunidades autónomas y al Gobierno para que se vuelva a prestar la atención sanitaria a este colectivo porque, a su juicio, "queda mucho por hacer".

Por su parte, el director general de Intermón Oxfam, José María Vera, celebró que el fallo del Alto Tribunal "aboga por mantener la cobertura universal y de calidad, independientemente de la situación de las personas". Vera también denunció que los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los inmigrantes irregulares, paguen por el "derecho universal" que supone la asistencia sanitaria, por lo que pide al Gobierno que dé "marcha atrás" en este sentido, "sin excluir ningún tipo de enfermedad".

Por último, la directora de Red Acoge, Mónica García, ha valorado que la decisión del TC "dé rango al derecho de la salud" por lo que insta al Ejecutivo a "recapacitar" sobre este tipo de medidas. En la misma línea, desde Andalucía Acoge señalan que el fallo implica "una visión constructiva del derecho a la salud", al tiempo que recuerdan a todas las administraciones "su deber con el derecho a la vida y a la integridad física y moral de todos los ciudadanos".

El PP, como quien oye llover

El responsable del PP en Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, aseguró ayer que el auto del Constitucional "no pone en cuestión" la decisión del Gobierno de Rajoy en relación con la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. "El auto del TC sencillamente no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Levanta cautelarmente la suspensión hasta que se produzca una sentencia definitiva", recalcó.

"Esto no deroga la normativa de carácter nacional", dijo el dirigente del PP, que subrayó que "no se pone en cuestión la competencia de la medida" del Ejecutivo sino que da "capacidad" al Gobierno vasco "hasta que exista una sentencia definitiva" por parte del Tribunal Constitucional.

Palacios da por bueno el recorte en la detección del cáncer de colon

La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, dio ayer como irreversible la decisión de limitar el programa de detección del cáncer de colon y recto a las personas de entre 68 y 69 años. A preguntas de los periodistas, paradójicamente la consejera justificó la limitación –que la Organización Mundial de la Salud recomienda a partir de los 50 años– en la ampliación del programa a todas las áreas de salud de la Región.

Según Palacios, la decisión se basa en los resultados de los últimos cribados entre la población de riesgo –que, en palabras de la consejera, se encuentra precisamente entre los 68 y 69 años–, aunque en el fondo de la presunta ampliación subyace el recorte del programa, a pesar de que las pruebas diagnósticas son económicas.

Expertos consultados al respecto por Elpajarito.es –un cirujano especialista y un médico de atención primaria– consideran un despropósito la modificación del programa, y más aún so pretexto de su ampliación, como defiende Palacios. Según los médicos, las pruebas de detección del cáncer de colon y recto son tan sencillas como un análisis de heces y una analítica común de sangre como primera fase del proceso de detección.

Por el contrario, los gastos que genera un cáncer de este tipo son infinitamente mayores, ya que incluyen la cirugía abierta, que incluye el ingreso hospitalario durante un buen puñado de días, sesiones de quimioterápia  y el uso obligado de bolsas o pañales por la colostomía. Además, el pronóstico para el paciente es muy incierto.

Las declaraciones de la consejera se produjeron poco después de descubrir el grupo escultórico San Juan de Dios en la puerta principal del Hospital General Universitario Reina Sofía, que ayer recuperó uno de sus símbolos más representativos.

La obra del escultor Bernabé Gil Riquelme estuvo ubicada durante más de cuarenta años en este enclave hasta la demolición del antiguo Hospital General Universitario, cuando se decidió su traslado y cesión temporal al Ayuntamiento de Molina de Segura, de donde era natural el artista. A partir de ahora puede contemplarse frente a la fachada principal del centro.

El conjunto fue reconocido con el Premio Salzillo, que en 1951 le otorgó la Diputación Provincial de Murcia. Alejada del prototipo barroco, el grupo está compuesto por tres figuras en piedra amarilla de las canteras murcianas, con unas proporciones de 251x134 centímetros que responden casi a los cánones clásicos.

La elección del motivo escultórico no es aleatoria, sino que está ligado a la vinculación de la orden hospitalaria de San Juan de Dios con la historia del hospital, ya que en 1617, bajo el reinado de Felipe III, pasó el hospital de Murcia a los Hermanos de San Juan de Dios. El hospital fue conocido durante mucho tiempo bajo esa denominación.

Piden a Palacios que no recorte en la detección del cáncer de colon

El presidente de la Asociación en defensa de la sanidad pública y médico de familia, José Antonio Sánchez, pidió ayer a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, que no reduzca el programa de cribado del cáncer de colon y recto sólo a 68-69 años en vez de comenzar a los 50 como se hacía antes.

Se da la paradoja que en el presupuesto se propone la extensión del programa a dos nuevas áreas más de salud, con lo que el programa abarcaría en 2013 a cinco del total de nueve áreas de salud de la Región, añade.

A su juicio, la Consejería "improvisa con diferentes alternativas, que se apartan de lo aprobado en el Plan de Salud vigente, y sin que se base en ningún documento de carácter técnico".

El cáncer de colon es el primer tumor maligno en incidencia y el segundo en mortalidad y es un tumor que se puede curar en el 90% de los casos si se detecta en estadios precoces, y esto justifica los programas de cribado poblacional como el que se encuentra ya implantado en las áreas de salud de la Región números 1 (Murcia Oeste), 6 (Vega Media del Segura) y 9 (Vega Alta del Segura), concluye.

El Servicio Murciano de Salud echará de menos al Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, José Pablo Ruiz Abellán, recuerda al Servicio Murciano de Salud (SMS) que está obligado a cumplir las disposiciones relativas al impulso de oficio del procedimiento, así como a resolver de manera expresa el procedimiento de responsabilidad patrimonial instado por la queja de una ciudadana.

Además, aconseja a la Consejería de Sanidad y Política Social que solicite a la Inspección General la realización de una inspección con la finalidad de vigilar, supervisar y controlar el correcto funcionamiento del Servicio de Inspección de Prestaciones Sanitarias.

Según una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, en mayo de 2011 una ciudadana presenta una queja ante esta Defensoría cuyo objeto es la resolución, por parte del Servicio Murciano de Salud, de un expediente de responsabilidad patrimonial cuya tramitación está paralizada por la falta de emisión del preceptivo informe técnico valorativo por parte del Servicio de Inspección Técnica de la Consejería.

En su escrito de queja, la reclamante relata que ese expediente tiene su origen en el fallecimiento de su marido como consecuencia de lo que considera una presunta mala praxis profesional en la operación de extracción de balón gástrico que se le practicó en el Hospital Morales Meseguer de Murcia.

Según expone la ciudadana, en marzo de 2007, presentó escrito de reclamación patrimonial ante la Consejería de Sanidad por el fallecimiento de su esposo. Transcurridos seis meses, la administración le comunicó que se abría periodo de prueba y que se procedía a solicitar la emisión del informe correspondiente a la inspección médica.

Desde entonces, añade la interesada en su queja, en numerosas ocasiones, se ha interesado por el estado del expediente obteniendo siempre la misma respuesta que "el expediente está pendiente de informe de la inspección médica".

Por lo que concluyó solicitando la intervención del Defensor del Pueblo "para que el expediente administrativo deje de estar paralizado y reanude su trámite para obtener una respuesta de la Administración en un sentido y otro, y, en caso de denegarse su reclamación, poder acudir a los tribunales de justicia".

En junio de 2011, esta Defensoría requirió a la Consejería de Sanidad y Política Social para que informase sobre la queja planteada, en concreto sobre los motivos de la falta de contestación a la reclamación presentada por la interesada.

La falta de respuesta de la Consejería a este requerimiento de información en el plazo legalmente habilitado al efecto, hizo preciso que esta Defensoría realizase sucesivos requerimientos dirigidos a esa administración, conminándola a la remisión del preceptivo informe, y recordándole el deber legal de colaboración de las administraciones públicas en las investigaciones llevadas a cabo por esta Institución.

Finalmente, en noviembre del año pasado se recibe en esta Defensoría informe suscrito por el director gerente del Servicio Murciano de Salud en el que comunica que se dictó resolución de admisión a trámite de la reclamación patrimonial en abril de 2007, que se solicitó copia de la historia clínica del paciente e informe de los facultativos que le asistieron a la Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Hospital Universitario Morales Meseguer y Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

Después, en septiembre de 2007, se contestó a la reclamante sobre las pruebas por ella propuestas, y en febrero de 2008, se remitió el expediente al Jefe de Servicio de Inspección de Prestaciones Sanitarias, órgano dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo, solicitando informe valorativo de la reclamación.

Según explica la Administración regional, en septiembre de 2009, se reunió la comisión de seguimiento del seguro a efectos de tratar, entre otras, la reclamación de la mujer, y en dicha reunión la compañía aseguradora del Servicio Murciano de Salud aportó dictamen valorativo de la reclamación que se incorporó al expediente, y se remitió a Inspección Médica para su conocimiento en octubre de 2009.

Tirón de orejas

Ante todo ello, el Defensor del Pueblo recuerda a la Consejería de Sanidad la adecuación de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones y efectiva materialización de los derechos de los ciudadanos reconocidos en el ordenamiento jurídico.

Por tanto, señala el Defensor, si la dilación del informe es consecuencia de la falta de recursos humanos en el mencionado servicio, debe ser la propia Consejería de Sanidad la que atienda dichas necesidades, o en caso de existir una negligencia en la actuación de los técnicos competentes, inste el correspondiente expediente informativo. Todo ello "con la finalidad de no dilatar el procedimiento de manera indefinida en el tiempo por motivos imputables a la Administración", subraya Ruiz Abellán en la resolución.

Finalmente, y ante las reiteradas quejas referentes a las dilaciones en la emisión de informes por parte del Servicio de Inspección de Prestaciones Asistenciales, considera conveniente que la Consejería dirigida por María Ángeles Palacios solicite a la Inspección General dependiente de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en su calidad de órgano de control interno de la Administración regional, la realización de una inspección para "vigilar, supervisar y controlar el correcto funcionamiento del mismo".