El Código Penal contempla hasta cuatro años de prisión por denegar la asistencia sanitaria a una persona, indistintamente de que sea un ‘sin-papeles’, según declaró Fulgencio Madrid, profesor de Derecho Penal de la UMU. Este hecho choca frontalmente con la normativa del Real Decreto 16/2012, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, el cual niega la asistencia médica a los inmigrantes irregulares y a otros colectivos, a menos que se trate de una urgencia. Esta coyuntura no solo menoscaba los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino que sitúa a los profesionales del sector sanitario en una difícil situación, posicionándolos en el ojo de un huracán compuesto por conflictos éticos y leyes contrapuestas.
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Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó en la mesa redonda organizada por la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, la cual se celebró ayer en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UMU, repleto hasta la bandera. El fin de este colectivo es “defender y proteger los derechos de los usuarios de la sanidad”, y cuenta con unos doscientos socios, y subiendo, según declaró su presidenta, María Teresa Martín.
Otro de los ponentes, Joaquín Ataz, Catedrático de Derecho Civil de la UMU, explicó que los médicos y enfermeros no pueden ampararse en los recortes para eludir pagar una indemnización, si un tribunal considera que no se han realizado las pruebas suficientes al paciente, o si el tratamiento ha sido deficitario. Según su investigación, no ha encontrado ni una sola sentencia que exculpe a las compañías sanitarias privadas por este motivo, e incluso citó un caso en el que el Insalud fue declarado culpable por el suicidio de un paciente, debido a los recortes de personal de un psiquiátrico. Con estos datos sobre la mesa, el jurista se preguntó: “Si de todas formas los españoles tendremos que pagar las indemnizaciones por los recortes, ¿donde está el ahorro?”. Por su parte, Fulgencio Madrid también señaló que la posibilidad de que personas excluidas del sistema sanitario puedan ser focos de epidemias menoscaba el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
La presidenta de Colegios de Médicos, Isabel Montoya, resaltó que el principal problema del sistema sanitario español son las listas de espera, las diferencias regionales y la falta de transparencia, en un discurso disonante con el resto de los ponentes. “Si un paciente viene con una herida infectada, o necesita medicinas para una enfermedad crónica, como un diabético (…) ¿el enfermero debe seguir su conciencia o la ley?”, se preguntó Amelia Corominas, presidenta del Colegio de Enfermeros, mientras citaba algunos párrafos del código deontológico de su profesión, el cual, de obligado cumplimiento, prohíbe explícitamente la discriminación racial. Ante el conflicto de los profesionales, de si hacerle caso a su código deontológico y a su propia ética, o aplicar la normativa del Real Decreto, Corominas propone la objeción de conciencia, y ofreció todo el apoyo y los recursos jurídicos del colegio que preside a todos los enfermeros que decidan ejercer su derecho a desobedecer una ley amoral.
Durante el turno de preguntas, se pudieron ver ciudadanos indignados llamando a la movilización; discapacitados preocupados porque aquellos que tengan menos de un 65% de minusvalía y no hayan cotizado se quedarán fuera de la Seguridad Social; pacientes que reclaman la reapertura de los servicios de urgencias recientemente clausurados (como en el caso de Librilla o Lorca); estudiantes de medicina denunciando el elitista futuro de la profesión debido a los recortes en Educación; y en general, el germen de cultivo de una revolución popular concienciada en recuperar los derechos sociales perdidos.
