La titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, Isabel Garaizabal, ha citado a declarar como imputado el próximo 18 de junio al exdirector de la madrileña Clínica San Ramón, el doctor Eduardo Vela, por el supuesto robo en este centro sanitario en 1969 de Inés Madrigal cuando era niña.

Vela, colaborador de sor María, la religiosa María Gómez Valbuena, asistente social en la clínica –fallecida este año e imputada en varios casos de niños robados– comparecerá ante la magistrada a raíz de la denuncia presentada por la denunciante, presidenta en la Región de Murcia de la asociación Bebés Robados.

En declaraciones a Efe, Madrigal mostró su deseo de que el doctor Vela pueda arrojar "luz" sobre sus orígenes y aclarar las circunstancias en las que fue separada de su madre biológica, si fue voluntariamente o no.

La denunciante fue "un regalo" del doctor Vela a Inés Pérez, cuyo difunto marido inscribió a la niña el 4 de junio de 1969 en el Registro Civil como si fuera su hija, en lugar de hacer los trámites de adopción, explicó el abogado de la denunciante, Guillermo Peña.

Inés Pérez cuidaba niños en el convento de las Misioneras de Jesús María y José en la localidad madrileña de Los Molinos y, como no podía tener hijos, el sacerdote jesuita Félix Sánchez Blanco la puso en contacto con el doctor Vela.

Vela le dijo a Inés Pérez que le iba a conseguir una criatura de una chica de la alta sociedad que se había quedado embarazada y que seguramente iba a dar al niño en adopción, además de aconsejarle que simulara los síntomas del embarazo. Con posterioridad, el exdirector de la Clínica San Ramón la llamó y le dijo que tenía una niña, asegurándole que él se encargaba de todos los trámites.

Ante la difusión de los casos de bebés robados en los medios de comunicación, Inés Pérez animó a su hija adoptiva a buscar a sus padres biológicos. Por ello, Inés Madrigal presentó una denuncia ante la Fiscalía el 27 de enero de 2011, pero su caso fue archivado y, al año siguiente, acudió a la Asociación Sos Bebés Robados Madrid, que en abril de 2012 interpuso una denuncia en el Juzgado y solicitó una serie de pruebas.

El letrado precisó que Inés Pérez, que ya ha declarado como imputada ante la juez, es "una madre coraje", que ha dado "una lección de valentía" y ha decidido ir "con la verdad por delante", aun a riesgo de su propia seguridad.

La organización de consumidores Facua alerta de que el registro de inquilinos morosos, que se incluye en la reforma del mercado del alquiler aprobada definitivamente este jueves pasado, "podría contradecir la ley de protección de datos" si, tal como se ha dado a conocer, persigue evitar que cualquier propietario vuelva a arrendarles una vivienda.

Según recuerda en un comunicado, dicha ley establece que sólo se podrán ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados, "siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos".

Además, Facua recalca que el propietario de este tipo de registros está obligado a notificar de su inclusión a las personas afectadas y a acreditar en todo momento la existencia de la deuda.

En cualquier caso, la organización considera que se trata de una medida totalmente "desproporcionada" si se tiene en cuenta que los caseros ya están capacitados para exigir numerosas garantías a los inquilinos a través de avales, depósitos y fianzas, e incluso cuentan con la posibilidad de recurrir al desahucio exprés o de exigir judicialmente las rentas impagadas.

Asimismo, Facua concluye pidiendo al Gobierno por qué no se plantea también "un registro de caseros incumplidores o acosadores, en lugar de inclinar siempre la balanza en contra de la parte más débil".

La Universidad de Murcia añadirá al pintor Antonio López a la larga lista de doctores honoris causa de la institución. El Claustro de la Universidad votará y confirmará la decisión en su próxima reunión, que ha sido convocada para el martes que viene. En el orden del día del Claustro también se incluye la ratificación del nombramiento del cantante lírico Plácido Domingo –propuesta que ya se dio a conocer hace unos meses– y del escritor italiano Claudio Magris.

Antonio López está considerado el padre de la escuela hiperrealista y es célebre por su forma detallista y lenta de trabajar. Tarda años en finalizar sus cuadros, en los que retrata la vida cotidiana. López ya es doctor honoris causa de la Universidad de Navarra.

Por otra parte, la Universidad aprobará la concesión de la Medalla de Oro a título póstumo a Antonio Pérez Crespo, que fuera cronista de la Región de Murcia.

"El Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de los sectores de población vulnerables". Es una de las conclusiones recogidas en el último informe anual de Amnistía Internacional, que en el caso de España pone el foco en el acceso a la vivienda como uno de los derechos que se han visto más desprotegidos durante 2012.

En concreto, el informe recoge los casos de desalojos forzosos de La Cañada Real y de 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro, ambos en territorio madrileño. Pero la preocupación de la organización no gubernamental se extiende también a la situación de las miles de personas que han sido desahuciadas durante el pasado año a causa de una legislación "anormal", según señala el director de AI en España, Esteban Beltrán.

"El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional", afirma Beltrán, quien anuncia que Amnistía Internacional llevará a cabo una investigación sobre el derecho a la vivienda en España en los próximos meses.

El principal problema, según señala, es que no existe un marco legal al que los jueces puedan acogerse con respecto al derecho de acceso a la vivienda, sino solamente sobre cuestiones de deuda. "Hay un problema enorme de jurisdicción", dice el director de la ONG, que pide que "se paren todos los desalojos hasta que los afectados tengan el marco legal oportuno para poder defenderse".

Por ello, Amnistía ha anunciado que piensa tomar varias medias al respecto. A largo plazo, tratar de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para cambiar la Constitución y que el acceso a la vivienda sea considerado como un derecho fundamental. A corto y medio plazo, que los tribunales puedan empezar a aplicar un derecho a la vivienda adecuado. A este respecto, Beltrán recuerda que el 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 2010 y por lo tanto vinculante, y que permite a los afectados acudir ante la ONU y otras instancias judiciales para defender su derecho a la vivienda.

"En junio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por que continuaran ejecutándose desalojos forzosos en incumplimiento de las garantías jurídicas internacionales, que incluían un proceso genuino de consulta previa, una indemnización y una alternativa adecuada. El Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera directrices aplicables antes de proceder a un desalojo", cita el informe.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que acudió a la presentación del informe, reivindicó que el derecho a la vivienda no supone sólo el acceso a un bien material, sino que "es condición necesaria para el desarrollo de otros derechos", como el derecho a la salud o a la alimentación. "Si algo sobra en este país en crisis son viviendas vacías. No hay falta de recursos. Se están privando los derechos de las personas para favorecer los intereses especulativos", denunció Colau, que criticó que el Gobierno, frente a la actuación de la ciudadanía, esté "estigmatizando, criminalizando y reprimiendo" a quienes defienden los derechos de las personas.

Tortura, racismo y víctimas de Franco

Además del acceso a la vivienda, el informe se hace eco de otros casos de vulneración de derechos en nuestro país. Entre ellos, destaca "las frecuentes denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por uso excesivo de la fuerza y malos tratos al dispersar las manifestaciones". Amnistía Internacional concluye que, por lo general, "las investigaciones sobre las denuncias no fueron ni exhaustivas ni eficaces; algunas no prosperaron debido a que los policías presuntamente implicados no llevaban placa de identificación en el uniforme en el momento de los hechos", cita textualmente el documento.

Otro apartado destacado en el capítulo que abarca el estado de los derechos humanos en España es el dedicado al racismo y la discriminación, en el que AI recoge varios casos que dan evidencia de que "la comunidad musulmana y otras minorías religiosas siguieron encontrando obstáculos para obtener permisos de apertura de lugares de culto". "La restricción del uso de prendas y símbolos religiosos se mantuvo en algunas escuelas y siguió afectando de manera desproporcionada a las alumnas musulmanas", manifiesta el texto, que también recoge en el apartado de 'personas refugiadas y migrantes' la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular. "Esto no es un recorte, es una violación de los derechos humanos", dijo Beltrán.

Especial atención presta también a los delitos de derecho internacional. Concretamente, Beltrán se refirió a 2012 como el año en que "España cerró la vía judicial a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil" y el informe concluye que la legislación nacional "seguía incumpliendo las obligaciones contraídas" a pesar de que España "había ratificado la Convención de la ONU contra las Desapariciones Forzosas".

Aunque no aparece en el informe, el director de Amnistía Internacional en España subrayó como una preocupación grave que el Gobierno haya firmado un acuerdo con las autoridades chinas en el que se compromete a no inmiscuirse en asuntos internos del país. "Es algo que no se ha dado en ningún otro país de Europa y aquí se ha dicho abiertamente", afirmó.

"Se da una retórica populista en la que el concepto de soberanía se utiliza según los intereses. Las medidas de austeridad se aplican bajo la soberanía de Europa, pero en materia de inmigración se alude a la soberanía nacional", sentenció Beltrán.

El Senado aprobó ayer una moción de Unión del Pueblo Navarro, apoyada y transaccionada por el grupo popular, para que se "contemple" la técnica de fractura hidráulica ("fracking", en inglés) en el proyecto de ley sobre garantía del suministro y competencia en los sistemas eléctricos, en trámite en el Parlamento.

En la iniciativa se defiende también exigir la declaración medioambiental favorable previa y tener en cuenta los informes de organismos internacionales a la hora de incorporar conocimiento experto al futuro marco normativo.

Durante el debate, el senador Javier Yanguas (UPN) defendió la necesidad de que España cuente con una legislación "clara desde el conocimiento" sobre esta técnica, para poder proteger el medio ambiente y dar seguridad jurídica a las inversiones de las industrias extractivas.

El senador popular Vicent Aparici destacó que la propuesta pone condiciones a esta técnica, que ya se practicaba hace 73 años en EEUU, y contra la que, dijo, no se opone ni la Unión Europea ni la Agencia Internacional de la Energía.

Los grupos de izquierda se opusieron a esta moción y los senadores de Entesa y el grupo socialista, Joan Saura y Antonio Arrufat, pidieron una moratoria por considerar que el tema necesita estudiarse a fondo por sus potenciales riesgos sísmicos, medioambientales y para la salud humana.

También el PNV y CIU se sumaron al "no" y criticaron las prisas para sacar una regulación de mínimos sobre un tema que necesita mayor sosiego y conocimiento.

El debate coincidió ayer con la visita al Congreso de los Diputados de los grupos ecologistas que integran la Plataforma contra el "fracking" para reunirse con parlamentarios de izquierdas y explicarles por qué se oponen a esta técnica que consiste en inyectar a presión agua con arena y productos químicos en las rocas para sacar el gas no convencional.

Esta no es la primera vez que el Parlamento español debate sobre lo mismo, y el pasado 14 de febrero, el grupo popular, UPyD y CIU votaron en el Congreso de los Diputados en contra de una iniciativa de Izquierda Plural que pedía su prohibición en España.

Recientemente el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental para incluir a los proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, entre los que deberán de someterse al control ambiental de sus impactos.

El gas de pizarra se encuentra atrapado en estratos o capas de pizarra a mucha profundidad (desde lo 400 hasta los 5.000 metros) y dado que la pizarra tiene una permeabilidad muy baja, el gas está distribuido en pequeños poros o burbujas, muchas veces microscópicas y no conectadas entre sí.

Por ello se hace necesario romper las capas de pizarra para conseguir reunir el gas y que fluya hacia la superficie para ser recogido.

En España existen cerca de 40 prospecciones autorizadas y otras tantas solicitadas para explorar si hay yacimientos de gas no convencional y compensa sacarlos por esta técnica, algo que no ocurriría, en cualquier caso, en menos de dos años.

A pesar de la aconfesionalidad que consagra la Constitución, la Iglesia católica ha mantenido en España a lo largo de la historia una situación de privilegio en materia económica y fiscal o a la hora de imponer su ideología en ámbitos como la familia o la limitación de los derechos civiles. La educación no ha escapado a esa influencia. La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo Gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas. La puntilla la ha puesto el actual ministro de Educación, José Ignacio Wert, que con su polémica reforma educativa ha satisfecho varias de las principales reivindicaciones de la Conferencia Episcopal. 

Si la LOMCE, actualmente en trámite parlamentario, entra en vigor en los términos en los que está redactado el proyecto, la materia de Religión –y su alternativa no excluyente– volverán a contar para la media y para obtener becas. Era algo que no ocurría desde 1990. Y, sin embargo, no es la única concesión a la jerarquía católica presente en la futura ley. También se eliminará la asignatura Educación para la Ciudadanía, considerada por los obispos como un instrumento que utilizaba el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos, y se blindarán los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados por entidades ultracatólicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Además, el proyecto prevé que las autonomías tengan en cuenta la "demanda social" a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. 

Si se observan los datos oficiales del Ministerio de Educación no resulta extraño ese empeño de la Iglesia por dar más presencia a la asignatura de Religión y por dotarla de una alternativa fuerte que le haga menos competencia a la hora de elegir entre ambas, si bien con la LOMCE ya no será necesario porque se podrán cursar las dos. En los últimos diez años la matrícula de esta materia ha bajado diez puntos. En el curso 2000/2001 cursaron Religión en centros públicos el 83,32% de los alumnos de Primaria, el 63,71% de los de Secundaria y el 47,68% de los de Bachillerato. Diez años después, en el curso 2010/2011, ese porcentaje bajó al 72,62%, al 53,21% y al 38,16%, respectivamente. Además, es llamativo el descenso que se produce en Primaria una vez que los alumnos hacen la primera comunión. 

"Las de las aulas fueron las llaves que recibió la Iglesia católica a cambio de las de las arcas en el siglo XIX", resume el hisoriador Ángel Luis López Villaverde, que en su libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata) analiza el papel de las instituciones religiosas en una sociedad laica, la pugna entre dirigentes eclesiásticos y civiles a lo largo de la historia y su influencia en la población. 

Sin embargo, los conciertos con centros de la Iglesia católica se pusieron en marcha mucho después, en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González implantó la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Hubo entonces concesiones a la enseñanza privada católica y se institucionalizó la concertada. Sectores laicistas criticaron al PSOE por sus posiciones demasiados laxas con la Iglesia. Cinco años después, en 1990, con González todavía como jefe del Ejecutivo, se puso en marcha la LOGSE. Bajo esta ley, la asignatura de Religión quedó establecida como optativa para el alumno, pero obligatoria para el centro. Era –en realidad lo sigue siendo hasta que entre vigor la nueva reforma– evaluable, aunque no contaba para la media ni tenía una alternativa fuerte como venían reclamando los obispos. 

4.000 millones de euros anuales para la concertada

Los portavoces eclesiásticos, en una información recogida por Europa Press en febrero de 2012, aseguraron que hay 1,3 millones de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia católica. Además, según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 7 de cada 10 alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado lo hacen en un centro religioso. Colectivos como Europa Laica cifran en 4.000 los millones de euros de dinero público que, cada año, se destinan a los conciertos de la escuela católica. 

Con el PP de vuelta en la Moncloa, la casi nonata LOCE (2002) sí contó con la aprobación total de la Iglesia. Este texto preveía una asignatura de Religión evaluable y que tenía como alternativa una llamada "Hecho religioso". En 1998, con Mariano Rajoy como titular de Educación, el Gobierno metió en nómina del Ministerio de Educación a decenas de miles de profesores de catolicismo seleccionados por los obispos. Europa Laica estima en 610 millones de euros al año el gasto que supone para el Estado el pago de estos docentes. 

Con el regreso del PSOE, la aprobación de la LOE llegó aparejada de una masiva movilización de los sectores más conservadores en las calles de Madrid, en la que participaron varios obispos. Muy beligerante, la jerarquía católica, acompañada por la derecha política y mediática, se esforzó en dar la batalla contra la reforma de la ley del aborto, el matrimonio homosexual y la asignatura Educación para la Ciudadanía, recuerda López Villaverde en su libro. Los obispos promovieron la objeción de conciencia de la citada materia, aunque el Tribunal Supremo se pronunció en contra en 2009. 

Otro de los ejes sobre los cuales han surgido problemas derivados de la educación ha sido la existencia de simbología religiosa en centros educativos públicos y concertados de toda España, tal y como denuncian los colectivos laicistas.

Tres profesoras del colegio marista San José del Parque de Madrid están imputadas en un caso de acoso escolar continuado que, tras sobreseerse en noviembre de 2012, ha sido reabierto hace dos meses.

La madre del menor denunció en mayo de 2010 que su hijo ha sufrido "maltrato físico y psicológico" por parte de sus compañeros desde 2º de Infantil hasta 4º de Primaria y que sus maestras no hacían nada a pesar de conocer la situación. La causa fue archivada, pero un informe psicológico propició que el proceso penal se retomara. El documento, elaborado por el Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo de Madrid por encargo por la familia de la víctima, concluye que el niño "es una auténtica víctima de acoso y violencia escolar" y que los trastornos que presenta "están unívocamente causados por la exposición reiterada a la intimidación, amenazas, violencia y acoso escolar".

El informe, firmado por el psicólogo Iñaki Piñuel Zabala, remarca que "la existencia de una situación de violencia, al estar mantenida en el tiempo en medio de la indefensión, han ocasionado en el menor la aparición de un trastorno de estrés postraumático crónico". Apunta, además, que el niño no tuvo la "debida protección de los adultos que tenían que custodiarle en el ámbito escolar". La madre también aporta dos informes médicos que acreditan que el menor tiene "el tímpano izquierdo perforado" desde 2003. El informe psicológico señala, entre otras vejaciones relatadas por el niño, que "le metieron un palo en el oído provocándole una herida".

La familia decidió denunciar a las profesoras que, según la acusación y el relato que hace el menor al psicólogo, también se reían de la víctima. Las docentes declararon ante el juez que nunca tuvieron "noticia de malos tratos de profesores o de otros chicos" hacia la víctima y que jamás se rieron del niño. "En el colegio hay un protocolo de actuación para los casos de acoso y en este caso no se puso en marcha porque no hubo nada para ello", declaró una de ellas según reza el auto.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, que no llamó a declarar a la víctima, consideró en noviembre de 2012 que no quedaba acreditado que existiera "responsabilidad penal para las profesoras denunciadas respecto a ese trastorno por estrés postraumático infantil" diagnosticado a la víctimas y sobreseyó el caso.

Cuatro meses después, en marzo de este año, la investigación fue reabierta. El juez citó a declarar al niño y al padre y ha encargado un informe del médico forense y otro pericial psicológico y psiquiátrico. El abogado de la familia ha contado a Público que, en función del resultado de estas pruebas periciales, valorará la posibilidad de ampliar la denuncia dada "la responsabilidad civil del centro".

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, considera que no se puede "dejar pasar la oportunidad" que representa la generación de gas mediante fractura hidráulica o "fracking", sin por eso comprometer la conservación medioambiental.

En una entrevista que avanzó ayer el periódico alemán Die Welt y que se difundirá íntegramente hoy, el comisario europeo apunta asimismo que para este mismo año podría estar lista una normativa europea al respecto.

Oettinger advierte frente al "excesivo miedo" con respecto a los peligros derivados del controvertido "fracking", que colectivos ecologistas han criticado ampliamente por la contaminación de las aguas subterráneas con compuestos químicos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. "La protección de las zonas donde hay aguas para consumo humano y aguas subterráneas es absolutamente correcta. A nivel europeo nos vamos a poner con el tema 'fracking' y la protección medioambiental este mismo año", explica.

Oettinger indica que Alemania, donde como en España esta técnica podría tener mucho potencial económico pero levanta los recelos de ecologistas y agricultores, debería comenzar ya a preparar las bases jurídicas para proyectos piloto. "Si permitimos prospecciones de prueba, en unos años sabremos mucho más con certeza (sobre esta tecnología), también sobre los costes", argumentó el comisario de Energía, de origen alemán.

En Alemania la técnica del "fracking", que EEUU ya ha explotado con éxito aunque también con polémica y problemas medioambientales, es muy discutida tanto por los partidos políticos como por la sociedad civil. Sus partidarios destacan su bajo coste y fácil producción, mientras que sus detractores subrayan los vertidos tóxicos en aguas subterráneas, que luego afectan al agua para consumo humano y al medio ambiente.

La propia coalición de Gobierno alemana, de centro-derecha, ha parado un proyecto de ley sobre la fractura hidráulica debido a los disensos internos en la Unión Cristianodemócrata (CDU), la formación de la canciller Angela Merkel.

Mientras EEUU se acerca cada vez más a la independencia energética gracias al "boom" de su creciente industria del "fracking", otros países como Francia han prohibido su empleo por los riesgos medioambientales.

Soria rechaza la moratoria

El ministro de Industria, José Manuel Soria, rechazó ayer la petición de Andalucía de implantar una moratoria a la extracción de gas mediante la fractura hidráulica y, por contra, se ha sumado a la postura del comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, favorable a la técnica.

Al mismo tiempo, el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha solicitado una moratoria a la extracción de gas no convencional mediante la fractura hidráulica, alegando que la técnica presenta problemas de índole ambiental y social.

Soria, que dice no compartir esa propuesta, recordó que desde hace cinco años EEUU se está utilizando esta tecnología para cambiar "su situación de dependencia y vulnerabilidad respecto a las importaciones y, de aquí a unos años, va a ser totalmente independiente".