Mañana es el Día Mundial de la Enfermería, pero el sector no parece estar para muchas celebraciones. Los recortes en Sanidad, que están ocasionando despidos masivos en forma de no renovaciones de contratos; el cierre de plantas enteras de hospitales, quirófanos, y consultorios; la falta de material sanitario y su pérdida de calidad; y el consecuente desgaste del estado del bienestar que tantos años ha costado alcanzar, les quitan las ganas de fiesta a cualquiera. Y es que, al parecer, el Gobierno necesita el dinero de la sanidad pública para rescatar a bancos privados derrochadores.
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Por si todo esto pareciera poco, recientemente nos hemos enterado de que una categoría entera de profesionales sanitarios, la asistencia pública domiciliaria (APD), desaparecerá para finales de año. El futuro de sus integrantes, cuanto menos, es incierto: se les exige que renuncien a su estatus de funcionario si quieren mantener sus actuales puestos de trabajo, o los sacarán del Sistema Murciano de Salud; probablemente, a sellar documentos en el sótano de alguna consejería, o cualquier otra tarea tan ingrata como alejada de su verdadera vocación: atender a pacientes enfermos, que es para lo que estudiaron una carrera, aprobaron una oposición y consiguieron adquirir su supuesta plaza de por vida. “Somos funcionarios, y eso es un privilegio; pero nos lo hemos ganado. Las oposiciones que aprobamos estaban abiertas a todos los compañeros. Nadie nos puso a dedo”, comentaba José Nicolás, miembro del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia y APD desde 1993.
La categoría de APD apareció durante la dictadura franquista, para atender a aquellas personas que se encontraban fuera de la Seguridad Social, en el sistema conocido como la beneficencia. Posteriormente, en democracia, se integraron en el sistema sanitario, y siguieron ejerciendo como practicantes, comadronas y médicos rurales. Carlos Pisonero, enfermero de 61 años, y uno de los APD más experimentados de la Región, asegura que el Gobierno actual se comporta como una “dictadura encubierta”, que el fin de todas estas maniobras es la privatización de la sanidad, y propone como medida de ahorro suprimir la Gerencia. “Lo que hace falta son menos señoritos y más braceros”, sentencia.
Por su parte, Juan Crevillén, que ocupa su plaza de APD desde hace 20 años y es miembro de la UGT, asegura que este decreto les condena a una reducción de derechos laborales o la deslocalización y pérdida de complementos económicos. “Estamos estudiando llevar el tema a los tribunales y plantear un recurso de inconstitucionalidad”. Mientras estos profesionales, que puede que alguna vez nos hayan curado una herida, puesto una vacuna, o incluso salvado la vida, deciden qué hacer con su futuro, el resto de la ciudadanía aguarda, algunos más impasibles que otros, cual será la próxima herida que el Gobierno aseste al sistema público sanitario.
