Los conciertos de las clínicas privadas con la sanidad pública descendieron el pasado año un 15%, en tanto que el precio abonado también se redujo un 9%. Estos son algunos de los resultados de la encuesta realizada por la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) entre sus asociados sobre la situación de los conciertos con la Administración, dada a conocer ayer en un comunicado.

El 70% de los centros sanitarios privados tiene algún tipo de concierto con la sanidad pública. El 62% conciertan las listas de espera, y el 51%, pruebas diagnósticas. En el primer caso, Aragón, Galicia, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana se sitúan por encima de la media, en tanto que en pruebas diagnósticas esta última autonomía y Madrid encabezan el ránking.

La federación considera la reducción de concertación "especialmente preocupante" si se tiene en cuenta el peso que tienen los conciertos en la facturación total de los centros (ha pasado del 20% de los ingresos en 2011 al 27% el pasado año).

Esta circunstancia, junto con los elevados periodos de pago de las administraciones y la deuda que soportan los centros privados, "han llevado a situaciones de elevado riesgo financiero", asegura la FNCP.

Para hacer frente, la mayoría de los centros han optado por reestructurar su modelo de negocio mediante la apuesta por otro tipo de fórmulas como la contratación con aseguradoras sanitarias privadas o la potenciación de nuevos modelos de negocio como el turismo sanitario.

Valoriza, la empresa concesionaria del servicio de limpieza del hospital de la Arrixaca, amenaza con despedir de inmediato a 53 trabajadores si la plantilla no acepta una notable rebaja de salarios y un buen número de suspensiones de contratos, según fuentes sindicales.

“Cualquiera de las dos opciones implica poner en riesgo la salud de los pacientes al ser totalmente imposible garantizar la limpieza del hospital y la ausencia de infecciones con medios materiales y humanos de los que hoy tenemos”, según el comunicado de la sección sindical de CGT en Valoriza.

La misma fuente achaca esta situación al hecho de que “la Consejería de Sanidad aceptó conceder el servicio de limpieza a una empresa que ofrecía un presupuesto aún menor que el ofrecido por la empresa adjudicataria en 2006. De este modo estaba claro desde el principio que la empresa no podía mantener una calidad mínima con dicho presupuesto, y al elegirla la Consejería optó conscientemente por poner en riesgo la salud de los pacientes”.

Trabajadores del servicio de limpieza de la Arrixaca realizaron el miércoles una concentración frente a la dirección del hospital “contra esta situación inaceptable tanto para los trabajadores como para las personas usuarias del hospital”.

El PSOE denunció ayer que la Consejería murciana de Sanidad denegó en 2012 cerca de la mitad de solicitudes recibidas para cobrar la Renta Básica de Inserción (RBI), y lamentó que el número de beneficiarios de esas ayudas en la Región de Murcia es "cinco veces inferior" a la media nacional.

La responsable de Sanidad y Política Social del grupo socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Teresa Rosique, presentó ayer esos datos en base a la información aportada por la Consejería en respuesta a una pregunta escrita del grupo sobre ese asunto.

En concreto, en 2012 la Comunidad Autónoma recibió 3.533 solicitudes de RBI, de las que se desestimaron 1.748 y se concedieron 490, mientras que otras 844 se han resuelto favorablemente en los primeros meses de 2013, y 451 están aún pendientes de resolver.

Para Rosique, es "más que preocupante" que la Consejería denegara cerca de la mitad de las solicitudes, ya que estas pasan un proceso previo en los servicios sociales de los ayuntamientos a los que pertenecen las familias solicitantes, que estudian su petición y la formulan a la Comunidad Autónoma una vez que comprueban que se cumplen todos los requisitos que exige la ley.

La diputada socialista critica también la lentitud de la Administración regional a la hora de tramitar estas ayudas, ya que en 2012 se resolvieron "menos del 14% de las solicitudes" presentadas a pesar de que la ley de Renta Básica establece un plazo máximo de dos meses, dado que estas ayudas están dirigidas a personas sin los recursos básicos para subsistir.

Otro problema añadido en 2013, indica, es que la Consejería ha indicado que en lo que va de año se ha agotado ya la partida de 5 millones de euros destinada a esas ayudas, una partida que "se niega a ampliar" a pesar de que la ley de Presupuestos Regionales ofrece esa posibilidad y de que la ley de Renta Básica "obliga a presupuestar el dinero necesario para garantizar unos recursos mínimos a todas las personas que carecen de ellos".

Tampoco cumple con esa norma el Gobierno regional en lo referente a la cuantía de las prestaciones, que está fijada en un mínimo del 75% del IPREM, mientras que los beneficiarios murcianos reciben unos 100 euros menos, según Rosique.

Por último, la diputada ha denunciado que el número de beneficiarios de la RBI en la región es "cinco veces inferior al de la media nacional" a pesar de que los índices de pobreza de la comunidad alcanzan el 30% , diez puntos por encima de la media de España y "muy lejos del 17% que se marcó como objetivo el Plan Estratégico de la Región de Murcia".

IU-Verdes de la Región de Murcia denunció ayer que el Servicio Murciano de Salud (SMS) está permitiendo que no se cumplan los horarios establecidos en los servicios sanitarios, lo que está causando un aumento de personas en lista de espera.

La formación de izquierdas señaló que el Gobierno regional "miente con los recortes en sanidad" al permitir que profesionales de servicios como radiología o quirófanos salgan o entren fuera del horario establecido y vuelvan por las tardes a realizar peonadas.

Esto supone un incremento de las listas de espera y además un perjuicio para los profesionales que trabajan en planta, que sí cumplen con el horario impuesto por la Consejería de Sanidad.

La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, "no sabe gestionar la Consejería y miente cuando nos vendió la idea de que si se ajustaban los horarios de los profesionales se acabarían las listas de espera y no solamente no ha acabado con éstas sino que han aumentado y se está fomentando las peonadas".
Por tanto, el gasto es mayor para la ciudadanía, añade IU-Verdes, tras volver a exigir la dimisión de Palacios por "no saber gestionar la salud de todos los murcianos y murcianas".

El grupo del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia denunció ayer que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en el área de salud II (Cartagena) se han multiplicado por cinco en el último año, y se han doblado en el caso del acceso a la primera consulta del especialista.

La responsable de Sanidad del grupo, Teresa Rosique, hizo estas afirmaciones tomando como referencia los datos publicados por el Servicio Murciano de Salud (SMS), que demuestran que el área sanitaria de Cartagena registra mayor número de pacientes que superan los tiempos máximos de espera para intervenciones quirúrgicas que la media regional.

Según el decreto 25/2006, el tiempo máximo de espera para una operación debe ser de 150 días, si bien el cómputo se hace a partir de 180 días, un plazo que a 31 de diciembre de 2012 superaban 1.132 personas en esa área de salud (a finales de 2011 la cifra era de 185 pacientes), y 186 más aún no tenían fecha para su intervención.

Rosique indica que esas cifras suponen que las listas de espera se han multiplicado por 5,5 y el dato sería aún peor si el cómputo se hiciera a partir de los 150 días que establece la ley.

El empeoramiento de las listas de espera en la comarca de Cartagena afecta también al acceso a la primera consulta de los especialistas, cuyo tiempo máximo de espera está fijado en 50 días por el decreto de 2006. Según los datos de SMS, a 31 de diciembre de 2012 superaban los 61 días de espera para ese servicio un total de 7.327 pacientes, mientras que a final de 2011 la cifra era de 5.773.

Además, el SMS recoge las personas que superaban los 90 días de espera para el acceso al especialista, que eran 5.685, más del doble que las que había a finales de 2011, cuando las cifras eran de 2.684.

En el caso del área de salud VIII, que abarca los municipios de Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, Rosique indica que también se han duplicado las esperas para intervenciones quirúrgicas y para acceso a la primera consulta del especialista en el último año.

Así, a finales de 2012 había 130 pacientes que superaban los tiempos máximos de espera para intervenciones quirúrgicas frente a los 62 que había en 2011, y 7.793 personas esperaban el acceso al especialistas, frente a los 4.365 de finales de 2011.

Para Rosique, estos aumentos en las listas de espera son "consecuencia directa de los recortes en Sanidad", por lo que son "responsabilidad exclusiva del Gobierno regional", al que ha pedido que de una solución "inmediata" a esta situación "inadmisible e insostenible durante más tiempo".

IU-Verdes denunció ayer que el Gobierno regional suprimió las ayudas a pacientes sometidos a tratamiento de oxigenoterapia domiciliaria con controlador argumentado este recorte en los excesivos gastos de electricidad que conlleva la terapia.

El responsable de Sanidad de IU-Verdes, Francisco Muñoz, recuerda que la ayuda era de 14,60 euros al mes y que estos enfermos tienen que usar un equipo conectado a la red eléctrica durante unas 16 horas al día.

“El ansia del PP por recortar la sanidad pública murciana y fomentar la privatización se ha demostrado con la eliminación de estas ayudas, destinadas a pacientes que en su mayoría son mayores o jubilados”.

Muñoz destaca que este recorte se suma al copago farmacéutico o al que se espera en transporte sanitario o prestación ortoprotésica.

Asimismo, critica que el Servicio Murciano de Salud (SMS) siga pagando el alquiler del edificio que alberga los servicios centrales del SMS, "teniendo inmuebles desaprovechados como es el caso del edificio de la calle Pinares".

La Asociación Defensor del Paciente ha remitido un escrito al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, en el que solicita que investigue la asistencia que ha recibido una paciente, Juana Vidal, intervenida de urgencia en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia por un aneurisma cerebral, tras haber pasado alrededor de nueve meses en lista de espera.

En un comunicado de prensa, fuentes de esta asociación han denunciado "la situación de gravedad" de esta paciente, "sobrevenida presuntamente por una lista de espera excesiva, ya que la patología que padecía era de urgencia intervenir, es decir lo que en justicia se llama 'perdida de oportunidad' de sanar o mejorar".

Por ello, esta organización ha solicitado a la Fiscalía su intervención "para que esto no vuelva a suceder, ya que nadie debe exponer la salud y la vida de los pacientes, teniéndolos en una espera que agrave su situación o ponga en peligro su vida".

A esta denuncia se sumó también ayer IU-Verdes de la Región de Murcia, que asegura que de confirmarse que el estado en que se encuentra Juana Vidal es fruto de la demora en las listas de espera, exigirá la dimisión del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, por "incompetencia". En este sentido, califica de "inaceptable" que más de 3.800 personas superen en las listas de espera el tope legal de 150 días de espera para ser operadas.

Ana Vidal sufrió una hemorragia el pasado jueves y tuvo que ser intervenida de urgencia de un aneurisma cerebral diagnosticado nueve meses antes, y desde entonces, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del citado centro hospitalario, con pronóstico muy grave, aunque estable.

En un comunicado emitido por la Consejería, Palacios informó el domingo de la apertura de una investigación interna en el Servicio Murciano de Salud para conocer con detalle la asistencia que ha recibido Vidal.

Para la consejera, "dada la complejidad de este caso, se ha abierto una investigación para conocer con detalle la asistencia que recibió la paciente desde su diagnóstico y su entrada en lista de espera hasta la intervención de urgencia".

La consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios, dijo ayer que Murcia es "la única comunidad que tiene central de compras" y que "no es una tarea fácil", y anunció

que "ahora vamos a empezar a trabajar en tener una central de compras para fármacos hospitalarios en 2013". Palacios indicó que "la central de compras supone un 20% de ahorro sobre el coste que suponía antes".

Palacios, que compareció en la Asamblea Regional –con 18 meses de retraso– para informar sobre la aplicación del principio activo en la prescripción de medicamentos y creación de una central de compras, así como reducción de pruebas diagnósticas, indicó respecto al principio activo que "lo principal es que los pacientes estén bien tratados", y de igual forma dijo que ha habido que "hablar con los profesionales de los centros de salud", puesto que hay "pacientes polimedicados" y hay que ver "caso por caso".

Respecto a la historia clínica digital, Palacios dijo que "ahora se puede consultar desde cualquier punto asistencial", y que gracias a ella, "no tendrán que repetirse las pruebas diagnósticas".

Por su parte, la diputada socialista Teresa Rosique le recordó a la consejera que comparece "con un retraso de año y medio", y que la aplicación del principio activo hubiera supuesto "un ahorro de 80 millones de euros desde las transferencias".  De igual forma, subrayó que "la consejera se bajó del caballo en 2011 obligada por un Real Decreto del Gobierno de España", y le recordó que a día de hoy "seguimos estando por encima en el precio medio por receta".

Más pruebas diagnósticas en la privada

El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, denunció que el Gobierno regional apuesta por una "intensificación" de los conciertos para la realización de pruebas diagnósticas en detrimento de la sanidad pública.

Pujante indicó que si bien la Consejería de Sanidad ha optado por la compra centralizada de material sanitario, algo demandado por IU-Verdes, "sigue persistiendo una mala gestión y una posición de ventaja hacia el sector privado".

En su opinión, hay pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas que deberían realizar los hospitales públicos y que son derivadas "de manera abusiva" hacia centros sanitarios de carácter privado. "Por tanto, hay un margen amplio para mejorar la gestión y la calidad y obtener mejores resultados", agregó.