Los médicos y enfermeros de la prisión de Sangonera se encerraron ayer tarde, de manera indefinida, como medida de protesta ante la "discriminación que están sufriendo con el resto de centros penitenciarios", tras la modificación "unilateral" del régimen sanitario presencial, pasando de ofrecer "una asistencia sanitaria las 24 horas a cubrir solamente las mañanas y las tardes, estando el resto del tiempo en régimen de localización".

Dentro de las medidas de "ajuste y recortes" realizadas por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, se trata de una decisión "que afecta exclusivamente a tres centros penitenciarios a partir del mes que viene, ya que el resto mantendrán la atención sanitaria de 24 horas", según informaron fuentes de CCOO en un comunicado.

El sindicato indica que se desconocen los criterios para elegir la prisión de Sangonera, "tratándose de una decisión arbitraria e injusta, que perjudica a los trabajadores y que no garantiza la adecuada atención que necesita la población reclusa".

A su juicio, esta medida "repercutirá negativamente en la atención sanitaria que recibe la población reclusa, así como en el funcionamiento del centro, ya que existe un elevado número de medicaciones controladas para los enfermos mentales que tenemos que no van a poder dispensarse, así como un 30% de las urgencias atendidas, que en promedio corresponden a fines de  semana, cuya atención será mucho más complicada".

Los sindicatos FSP-UGT, CCOO, Sterm-Intersindical y CSI-F han exigido la dimisión o el cese "inmediato" del director general de Función Pública de la Comunidad Autónoma, Enrique Gallego, al que acusan de tener un comportamiento "dictatorial y autoritario", al negarse a negociar en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios e "imponer" sus resoluciones. Gallego es un hombre de confianza del vicepresidente Bernal, como antes lo fue del ex consejero Francisco Marqués, imputado por corrupción.

Para tener una idea del talante de Gallego, cabe decir que el pasado mes de febrero fue condenado por una falta de lesiones por haber golpeado a un extrabajador de la empresa farmacéutica Hefame, en la que Gallego fue, antes de ser nombrado por Bernal, jefe de Recursos Humanos.

Los representantes de Sterm-Intersindical, Vicente Cervantes; de UGT, María José Salazar; el de CSI-F, Ángel López, y el coordinador de Administración autonómica de CCOO, Francisco Saura, anunciaron que estudian medidas legales con sus servicios jurídicos para ponerlas en práctica. Entre los cuatro sindicatos poseen una representación del 90% en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, que negocia y tramita las cuestiones laborales que afectan a aproximadamente 10.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Los cuatro sindicatos se levantaron de la Mesa celebrada el martes al detectar una vez más que el director general, que lleva aproximadamente un año en el cargo, volvía a presentar una actitud "autoritaria y antinegociadora", de "hechos consumados" que "nos devuelve a periodos antidemocráticos".

En la Mesa se quedaron solamente los miembros de la coalición FSES, que está formada por los sindicatos SATSE y ANPE, cuya representatividad "está en tela de juicio y, de hecho, hay una demanda interpuesta contra ellos", según afirmó López.

Saura señaló que se ha llegado a "una situación que no tiene marcha atrás", y lamenta que el director general "ya no es un interlocutor con el que se pueda dialogar", por lo que exige a la Consejería de Economía y Hacienda "que proceda a la destitución y ponga en su lugar a una persona que, como mínimo, tenga un carácter dialogante".

Por su parte, Cervantes también pidió su "cese inmediato y fulminante", al considerar que "está cumpliendo bien un papel que va más allá del estado de excepción normativa, y que se adentra en una dictadura 'de facto', en el que el Estado de Derecho y la seguridad jurídica han pasado a la historia".

El representante de Sterm criticó que el director general "se ríe de las normas y reglas del juego y la arquitectura de negociación colectiva que se ha diseñado en los últimos 30 años". Así, censuró que el Real Decreto aprobado por el Gobierno este verano "nos retrotrae a 1985 y se dinamitan todas las conquistas de garantías sindicales".

Lamentó que el director general, con su "actitud y sus formas" ha "menospreciado a toda la interlocución sindical", al tiempo que le acusa de "traspasar, transgredir y ningunear cualquier marco normativo que garantizara derechos de las personas que prestamos nuestros servicios en la Comunidad Autónoma". Por ello, añade que Gallego "no tiene ninguna credibilidad ni ninguna capacidad de interlocución", por lo que los sindicatos se niegan a "hablar con ese señor" nunca más.

"Una de las grandes 'perlas' que le podemos atribuir a este director general de Función Pública ha sido la campaña sistemática de linchamiento mediático y desprestigio de trabajadores que prestamos servicio en la Comunidad Autónoma", añadió Cervantes.

“El peor con mucha diferencia”

En este sentido, recordó que lleva en la Mesa de Negociación desde 2008 y, desde entonces "han pasado varios directores generales por el cargo". Sin embargo, lamenta que Gallego "es el peor con mucha diferencia". Por ejemplo, señaló que el predecesor de Gallego, aparte de las mesas de negociación, celebraba reuniones de trabajo mensuales con cada una de las organizaciones sindicales, con las que abordaba una agenda y aceptaba propuestas constructivas, de forma que "había un diálogo".

"Ahora lo que hay es 'ordeno y mando'", según Cervantes, quien lamenta que si los sindicatos muestran discrepancias, Gallego "da los asuntos por negociados en cinco minutos".

López afirmó que el asunto "no hay que personalizarlo" en el director general, sino que extiende sus críticas "al equipo que está desarrollando las directrices de la Función Pública murciana", y añade que "también hay responsabilidades en otros cargos intermedios" con actuaciones "que rayan, incluso, lo jurídicamente permisible".

Por su parte, Saura achaca el problema "fundamental" a la "cúpula política del partido que está gobernando desde hace 17 años en la Región de Murcia", en el sentido de que los gestores de Economía y Hacienda "no creen en los servicios públicos y están en otros planteamientos como el desmantelamiento del Estado del bienestar".

Salazar aseveró que no está dispuesta a que "se debilite cada vez más el papel negociador de los sindicatos, y el derecho que nos da la Constitución española" y recordó que un sindicato "está recogido legalmente en la Constitución y en los estatutos de los trabajadores".

Para demostrar la "poda" del "arsenal legislativo", Cervantes puso como ejemplo que del convenio colectivo laboral de la Comunidad "se han suspendido 17 artículos, que suponen quitar derechos laborales y garantías sindicales".

Cervantes afirmó que "hay cosas que deben de contar con la participación sindical" y se tratan en la Mesa de Negociación. Por ello, puntualizó que "si no se cumple el requisito formal de que estemos presentes no se puede dar formalmente por negociado, aunque ni siquiera se llegue a un acuerdo".

Latbus confía en el "diálogo" y la negociación para alcanzar un acuerdo con sus trabajadores que "permita convertir el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una medida transitoria", mientras que el comité de empresa coincide en apostar por el diálogo y, por ejemplo, convertir la extinción de contratos en suspensiones temporales.

El presidente del comité de empresa de Latbus, Francisco Tomás Muñoz, ha mostrado su "decepción" con la empresa, porque ha presentado su propuesta de ejecutar un ERE que afectaría a 94 empleados y una rebaja salarial del 22% para todos los trabajadores, pero aún no ha puesto sobre la mesa los criterios con los que llevaría a cabo los despidos ni los nombres de los empleados.

En este sentido, destaca que Latbus quiere iniciar la negociación, pero el comité se niega hasta que la compañía no presente toda la documentación al Juzgado y la magistrada autorice la apertura del periodo de consulta, es decir, un periodo de 30 días en el que la empresa y el comité están emplazados a alcanzar un acuerdo.

En declaraciones a Europa Press, Muñoz critica que la empresa se ha adelantado en iniciar el periodo de negociación, pero "no ha presentado la documentación necesaria", entre la que debe incluir "el listado de trabajadores a los que quiere extinguir el contrato y los criterios para seleccionarlo".

Por ello, el comité ha decidido "esperar" hasta que la jueza dé el visto bueno al ERE y el descuelgue de contrato que permitiría la rebaja de salarios, de forma que la empresa disponga de toda la documentación para, de esa forma, abordar el periodo de negociación.

Posibles movilizaciones

Los trabajadores fueron convocados el lunes a una asamblea que transcurrió en un ambiente "muy tenso", según Muñoz, y en la que alguno de los empleados llegó a plantear la posibilidad de que la plantilla no acudiera a trabajar a modo de protesta.

Los empleados "están con mucha incertidumbre, sin cobrar parte de agosto y el mes de septiembre entero, y sin saber si van a estar en la lista del ERE", justifica Muñoz, quien añade que el comité no descarta ningún tipo de movilización. No obstante, cree que "no es el momento" de movilizaciones.

El presidente del comité reconoce que si el ERE es legal y es aprobado por la jueza, los empleados "no podrán protestar contra el mismo" mediante una huelga y la consiguiente paralización de los autobuses, que es "la movilización que más impacto tiene, tanto para la empresa como para la administración".

En este sentido, Muñoz considera que la jueza va a dar el visto bueno al plan presentado por la empresa, y advierte que "lo peor que puede pasar es que haya un despido de compañeros, que no tienen la culpa de la situación de la empresa, ni de que la Comunidad quiera salvarla a nuestra costa".

"Si la empresa despide pero cumplen con la ley tendríamos complicado hacer una movilización legal" reconoce Muñoz, quien insiste en que los trabajadores pueden manifestarse, pero no podrían "paralizar los servicios de autobús, que es la medida que más les duele".

Sin embargo, los trabajadores no descartan aprovechar la circunstancia de que están "sin cobrar" para movilizarse y convocar una protesta. Y es que hasta ahora, los trabajadores tienen la sensación de que están "subvencionando" el transporte público con sus sueldos.

El objetivo del comité, en todo caso, es negociar con la empresa con el fin de "evitar las extinciones de contrato", y propone como contrapartida realizar una suspensión temporal del contrato, de forma que los trabajadores se fueran al paro en grupos alternos de 40 ó 50 durante un periodo limitado de un mes en el que no cobrarían el salario, sino sólo la cotización.

Disponibilidad para dialogar

Por su parte, la compañía concesionaria del servicio de transporte público en pedanías de Murcia ha explicado en un comunicado que agradece "la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación demostrada por todos y cada uno de los empleados durante los últimos dos meses"

Latbus anuncia que tiene "la máxima disponibilidad para dialogar con los representantes de los trabajadores y trabajar codo con codo hasta lograr la mejor solución para todos; usuarios, trabajadores y empresa".

La empresa señala que quiere ser la primera "en reconocer que le gustaría que el ERE se convierta en una medida transitoria y poder volver a contar con todos los empleados, lo que sería prueba de que han aumentado los servicios al ciudadano, han vuelto las subvenciones que nos han sido retiradas y hemos abandonado la situación actual".

Con el fin de "avanzar a la máxima velocidad" y evitar así incertidumbre y sufrimientos a los empleados y sus familias, Latbus ha pedido a los miembros del comité de empresa "que dediquen las 24 horas del día a estudiar todas las opciones para que nos podamos sentar a trabajar cuanto antes".

La compañía dice que ha trasladado durante sus recientes encuentros con el comité el "agradecimiento sincero de todos por la profesionalidad demostrada durante los últimos dos meses". "Sabemos que ha sido un periodo especialmente difícil para todos, pero especialmente para quienes estaban de cara al público, aguantando primero la presión propia de la subida del billete, después los vaivenes de las negociaciones, y por último todos los cambios que se han visto introducidos tanto en las líneas y servicios como en los precios del billete".

Latbus quiere trasladar a la opinión pública de Murcia "que todas y cada una de las decisiones adoptadas y por adoptar tienen como finalidad principal la de proteger a una plantilla que es también nuestra familia y por ellos se continúa trabajando para lograr que la empresa sea viable".

Aidmur (Asociación de Interinos de la Región de Murcia) son un grupo de profesores que han decidido plantar cara a la crisis de su sector. Hartos de la actitud de partidos políticos y sindicatos, optaron por crear una plataforma y hacer oír su propia voz. Son unos setecientos afiliados, y rondan los mil simpatizantes, pero se manifiestan en nombre de los cerca de 5.500 interinos que hay en la Región de Murcia, especialmente de los 2.705 que han perdido su puesto de trabajo durante este año.

Como cada lunes desde hace un mes, han decidido ocupar las escaleras de la Consejería de Educación y Empleo, ubicada en la murciana Avenida de La Fama. Visten una camiseta verde con tijeras escolares (símbolo de los recortes en los centros), y portan pitos, altavoces, globos, cacerolas y sartenes, para hacer todo el ruido que puedan. El lema de su pancarta, ‘Escuela sin profesores, escuela sin recursos, educación sin sentido’.

Documentos internos filtrados

Hasta la fecha, sus reivindicaciones se habían centrado en pedir una escuela pública gratuita, universal, y de calidad; al tiempo que solicitaban el fin de las subvenciones a los colegios concertados. Pero este lunes 15 de octubre añadieron a sus demandas la inmediata dimisión del consejero de Educación, Constantino Sotoca, y de su director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía, “por mentirosos”.

El motivo: la filtración de un documento oficial de carácter interno, en el cual se revelaba que la cifra real de docentes que habían dejado de trabajar, en relación al curso anterior, era de 2.705, y no 1.300, como defendían públicamente los interlocutores de la Consejería de Educación. “Se sentaron delante de nosotros, y en nuestra cara, nos mintieron; a nosotros y a toda Murcia (…) hablando de familias; compañeros que están en la puta calle”, comentaba uno de los miembros de Aidmur, megáfono en mano, durante la sentada a las puertas de la Consejería.

El baile de cifras, acerca de la destrucción de puestos de trabajo, había sido uno de los puntos calientes en las tres reuniones que, en el último año, habían mantenido con Sotoca y Buendía. Mientras desde la Consejería se defendía que los asesores manejaban cantidades de poco más de un millar, los miembros de la asociación calculaban más de 2.600, después de contarlos uno por uno. Desde que el documento salió a la luz, Aidmur ha cambiado su discurso, y pasado de llamarlos “incompetentes” a “mentirosos”.

Asamblea apolítica

El origen de la asociación se remonta a principios de 2012, cuando la Consejería anuncia que, en contra de lo pactado, no tiene intención de pagar las vacaciones de verano a los interinos. A esto había que sumarle los recortes salariales que ya sufría el sector. Entonces se organiza la primera reunión, a la que acuden más de 1.000 afectados. Desde entonces no han parado de protestar, ya sea ocupando una oficina del INEM, o montando una clase de 42 alumnos (cifra real que muestra la saturación en las aulas) en la puerta del Corte Inglés. Desde la directiva, formada por Sara Narejos, Manuel Gómez y Ángel Hernández, aseguran que sus concentraciones siempre son pacíficas, y que nunca han tenido ningún incidente.

Aidmur se organiza de forma asamblearia, de tal forma que todos los afiliados tienen voz, y todos los votos tienen el mismo valor. Los portavoces defienden las ideas que son adoptadas por la mayoría, “aunque no estemos totalmente de acuerdo con ellas a título personal”, puntualizan algunos. En sus estatutos se definen como apolíticos y asindicales, lo que les ha ocasionado algún que otro problema con distintas organizaciones de este tipo. “Nos han llegado a acusar de ser tanto de extrema derecha como izquierda”, comenta Hernández. “Lo cierto es que tenemos socios que han militado tanto en IU, PSOE, UPyD, PC como en el PP (…) pero nos une la vocación de ser profesores”.  

Desde el principio, organizaron una ronda de contactos con todos los partidos políticos, para plantearles su situación y demandas; y trataron de coordinar a los seis sindicatos que tienen representación en el sector de la Educación, “lo que resultó un caos y casi acaba como el rosario de la aurora”, puntualiza Ángel. No obstante, conforme las movilizaciones han adquirido fuerza y los otros interlocutores han apreciado que iban en serio, las relaciones con los sindicatos han empezado a ser más fluidas y fructíferas.

Realidad en las aulas

“Para nosotros la enseñanza no es solo un trabajo; es una forma de vida, de entender la educación. Luchamos por la clase de país que queremos”, comentan los portavoces, al tiempo que aseguran que el ERE encubierto que sufre su sector, no es el único problema. Todos recuerdan el curso anterior, cuando todavía trabajaban en centros de educación. Hablan de clases saturadas, donde no hay tizas ni papel higiénico en los cuartos de baño, si no lo traen los alumnos de sus casas. De cómo los niños tenían que renunciar a minutos de clase para limpiar el aula, ya que el centro no se podía permitir pagar a un profesional.

Este año la cosa pinta todavía peor. Hay escolares que no están recibiendo clases porque muchas vacantes están sin sustitución. Los profesores que quedan han visto incrementado su cupo de alumnos y horas lectivas, lo que repercutirá negativamente en el sistema de educación. Según las conclusiones de Aidmur, los maestros no podrán dedicar, ni a los escolares ni a preparar las clases, el tiempo necesario. “180 alumnos suponen 360 padres con los que hablar; 180 exámenes que corregir; otros tantos deberes y cuadernos; y siete horas al día de clase requieren cuatro horas de preparación, sin contar las correcciones, que tenemos que hacer en nuestras casas”, concluye un profesor de matemáticas, a la espera de que lo convoquen para alguna de las plazas de su especialidad sin cubrir.

La empresa de autobuses Latbus anunció ayer un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondrá el despido de 91 conductores y 3 auxiliares mecánicos y de mantenimiento y una bajada del sueldo del 22% a toda la plantilla, medidas a las que la empresa dice verse "abocada para garantizar la viabilidad de las concesiones".

Así lo anunció ayer en un comunicado la concesionaria del transporte público de viajeros por carretera entre Murcia y sus pedanías y localidades como Molina de Segura, Ceutí, Lorquí, Abarán, Ojós, Ulea, Villanueva del Segura, Archena, Blanca, Las Torres de Cotillas, Alguazas, Ricote, San Javier o San Pedro del Pinatar, empresa que hasta el pasado 1 de octubre fue también la encargada del transporte urbano en Murcia capital y que se ocupa de las pedanías.

Esta cifra de despidos supone casi un 20% de la plantilla de la empresa, que ascendía hasta el pasado 30 de septiembre a 590 trabajadores, de los que 114 pasaron el 1 de octubre a la nueva concesionaria del transporte urbano de la ciudad de Murcia, por lo que quedaban 476, informan fuentes de Latbus.

La empresa señala que las causas que la han llevado a adoptar estas medidas son "la retirada de las ayudas del Ayuntamiento de Murcia a los viajeros, el retraso en los cobros y la falta de interés político en buscar soluciones reales". "Que la inmensa mayoría de los murcianos no dispongan de ayudas municipales para el billete de autobús se traduce en drásticos recortes que la concesionaria debe aplicar para compensar el déficit estructural que genera esta decisión política en la prestación del servicio", indica el comunicado.

Según Latbus , la medida se toma en base a "exhaustivos cálculos para determinar la adaptación de los recursos técnicos y humanos necesaria para garantizar la prestación del mejor servicio publico posible en las actuales circunstancias". En esas cuentas incluye también "el desajuste entre la oferta y la demanda, la pérdida de viajeros y el incremento de costes básicos de gasóleo y personal, que han dado lugar al déficit de servicio registrado en la actualidad".

"Las medidas propuestas tienen carácter provisional y persiguen frenar las pérdidas que registra la concesión, mantener un escenario de bonificación del billete que permita incrementar el número de usuarios y garantizar la prestación del servicio", concluye Latbus.

La propuesta de ERE y de reducción del salario por casi una cuarta parte fue anunciada el domingo por la dirección a los trabajadores en una asamblea extraordinaria.

El descuelgue del convenio “supone que la empresa no está obligado a cumplir con el salario base y podría rebajarlo entre un 10 y un 70%”, confirma Muñoz, quien destacó que los trabajadores no descartan “ninguna posibilidad” ante la decisión de la empresa y barajan desde negociar los términos hasta movilizarse en contra de la misma. El presidente del Comité de Empresa, no obstante, advierte que los trabajadores están cansados porque todavía no han cobrado las nóminas de la mitad de agosto y el mes de septiembre en su totalidad. Además, añade que los usuarios “están descontentos porque se han reducido los servicios”, lo que les ha llevado, incluso, a interrumpir el tráfico de algunas líneas.

Los sindicatos SIME, CCOO, UGT, SPLRM-ATABAM y CSIF tiene previsto realizar este jueves la quinta caravana de coches, para protestar por los "brutales" recortes que están sufriendo los empleados públicos municipales tanto por el Gobierno de Mariano Rajoy, como por el Equipo de Gobierno del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara.

Como novedad, durante la realización de esta quinta caravana de coches, que se realizará de 10 a 12.30 horas por el recorrido habitual, se harán cuatro paradas de cinco minutos para llevar a cabo una sonora pitada. En concreto, según ha informado el sindicato SIME en comunicado de prensa, las paradas se efectuarán en la plaza Juan XXIII (Consejería de Agricultura), Ronda de Levante (Consejería de Sanidad), Gran Vía (Delegación de Hacienda) y Glorieta de España (Ayuntamiento de Murcia).

El motivo de estas pitadas es "solidarizarnos con nuestros compañeros de la Comunidad Autónoma, por los que les invitamos a salir y participar con su apoyo en el momento en que se produzcan", agregan las mismas fuentes.

Asimismo, indican, "queremos manifestar que el fin de las caravanas no es perjudicar a los ciudadanos, que al igual que los empleados públicos estamos sufriendo los recortes, sino hacer visible el maltrato al que nos somete este equipo de gobierno".

Por ello, piden disculpas por los problemas que puedan ocasionar a los ciudadanos, aunque "las caravanas las convoca semana tras semana el alcalde Cámara con su política de ataque a los empleados públicos municipales".

El sindicato UGT calificó ayer de "hachazo al empleo" el despido de los 214 trabajadores de la empresa yeclana Granfort, dedicada a la fabricación de muebles y que desde 2008 ha venido reduciendo su plantilla y estructura y ahora, tras un año en concurso de acreedores, entra en proceso de liquidación.

En un comunicado, el sindicato señala que la empresa "no ha aguantado la bajada de ventas", por lo que el comité de empresa de la firma, dedicada a la fabricación de sofás y muebles tapizados, fue informado el pasado viernes del "inminente cierre de la factoría que ha sido el buque insignia de la industria yeclana del mueble".

"Los trabajadores y sus representantes han intentado en todo momento, sobre todo en los últimos cuatro años, evitar el cierre, lo que implicaba reducciones de salario y de jornada, finalizaciones de contratos temporales y expedientes de extinción de empleo", dice UGT.

No obstante, todo ello no ha sido suficiente y, el lunes, la dirección de la empresa comunicó al juzgado de lo mercantil su propuesta de liquidación y el consiguiente despido ordenado de toda su plantilla, añade el sindicato. Por último, recuerda que hace cinco años la plantilla superaba los 500 trabajadores y subraya que también se verá afectado el empleo de las industrias auxiliares de Granfort.

Los trabajadores de GTM –hasta hace poco más de un mes empresa gestora de la televisión pública autonómica 7Región de Murcia– aprobaron un preacuerdo negociado entre el comité de empresa y la dirección, que supone la extinción de 250 contratos, , según el presidente del comité, Alvaro Pintado. El acuerdo incluye una indemnización de 30 días por año trabajado más un complemento.

La aprobación del preacuerdo, alcanzado tras prolongadas negociaciones, se produjo tras una asamblea informativa el pasado jueves, en una votación en la que participaron 201 trabajadores, 168 de los cuales dieron el sí y 33 se mostraron en contra. El despido se hará efectivo el próximo jueves 11 de octubre con la firma del finiquito, según Pintado.

Fuentes sindicales señalan que, entre los profesionales que sobreviven a estos recortes permanece el personal del Ente RTRM (Radiotelevisión de la Región de Murcia), en el que se incluye el contrato del director de la televisión, Oche Cortés; otra media docena de personas integradas en la sociedad anónima TAM (Televisión Autonómica Murcia), entre las que se encuentra contratada la jefa de informativos, Tati García, y los editores de los informativos, contratados en su día “a dedo” para establecer un control profesional dirigido del contenido de los espacios de noticias.

La 7RM lleva más de un mes emitiendo programas enlatados. En el polígono industrial de San Ginés permanece, vacío, un flamante edificio dotado de todo el material y los medios técnicos precisos para hacer funcionar una televisión. Mientras, en el Ente Público trabajan para recuperar los informativos, primer paso de la promesa de Valcárcel de recuperar la televisión autonómica licitando de nuevo la gestión de la misma.

Tres o cuatro meses de informativos por 56.000 euros

Por lo pronto, el Ente RTRM ha alquilado por tres meses y 6.000 euros el equipamiento y los locales de la extinta televisión del diario La Verdad, donde tampoco queda nadie, puesto que, al igual que GTM, dejó de emitir y despidió a todo su personal a principios del pasado verano por las pérdidas que el negocio arrastraba.

Las mismas fuentes señalan que la licitación de los informativos por parte del Ente asciende a un total de 56.000 euros por un periodo de tres meses (prorrogable otro mes). Ello supone la contratación de periodistas, realizadores y técnicos para ese periodo, a razón de 14.000 euros mensuales, cantidad de la cual se espera que la empresa adjudicataria pague las nóminas y encima gane dinero.

Falta por conocerse, para colmo, la cantidad que deberá pagar la Comunidad a la empresa GTM de la indemnización –con toda probabilidad muy sustanciosa– que reclama por rescindir el contrato antes de la fecha pactada. La empresa no parece muy dispuesta a renunciar a sus derechos, a pesar de que durante todos estos años ha obtenido unos beneficios de más de 20 millones de euros sin arriesgar prácticamente nada, como se demuestra en la foto adjunta.

Onda Regional

Entre tanto, el Gobierno regional aún no ha aclarado qué presupuesto destina al Ente RTRM para el año próximo y los siguientes, ni tampoco el personal que quedará en el mismo tras la anunciada fusión de los distintos órganos públicos.

Por otro lado, fuentes sindicales indican que el anunciado recorte presupuestario de la emisora de titularidad autonómica Onda Regional (ORM) será de un 30%, que supondrá la reducción de su plantilla, puesto que la asignación a la radio pública murciana lleva congelada hace años.

La dirección de la emisora está a la espera de comunicar sus planes al nuevo comité de empresa, que saldrá de las elecciones del próximo 11 de octubre.

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