Sab25052013

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Región

Viudes, Valcárcel y Sevilla exponen sus cuentos de la lechera

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Viudes, anunció ayer que en 2017 se podría poner la primera piedra de la ampliación del puerto de contenedores de El Gorguel y que en 2020-2021 estaría en marcha, cuando más necesario será esta infraestructura.

Viudes, que hizo estas declaraciones antes de participar en la jornada "Presente y futuro de la Región" que organizó la cadena SER en Murcia con motivo de su 80 aniversario, indicó que la idea de ese nuevo puerto surgió ante la constatación del aumento del tráfico marítimo de contenedores.

Al respecto, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que inauguró esta jornada, apuntó que ese puerto moverá en 2020 entre 1,5 y 2 millones de contenedores, de los que hasta el 20% serán para el transporte intermodal, siendo Cartagena y Murcia las principales plataformas logísticas de la Región.

Valcárcel también destacó el papel del Corredor Mediterráneo Algeciras-Ucrania, del que cinco autonomías están implicadas con la mitad de la población española y que aportan la mitad del PIB estatal y el 60% de las exportaciones a la UE y el 65% del tráfico portuario.

Los puertos mediterráneos ganarán hasta cinco días con el mercado asiático respecto a los de la fachada atlántica, siendo además puentes de unión con el norte de África, por lo que ese nuevo puerto supondría un impulso al sector logístico con inmediata repercusión en el empleo y la economía.

"La demanda de esas infraestructuras es superior a la oferta" y en 2020 estarán colmatados los puertos que hacen tráfico de contenedores, auguró Viudes.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental se encuentra en proceso de alegaciones que terminarán en junio, tras lo que comenzará la redacción de la memoria ambiental y mas tarde el proyecto constructivo, que deberá someterse a información pública y calificación ambiental, de ahí que se retrasen las obras a 2017.

Preguntado por el accidente marítimo ocurrido en el puerto de Génova, Viudes respondió que en el puerto de Cartagena "una cosa así es prácticamente imposible que se pueda producir" y que en los 178 años que lleva en el cargo sólo se produjeron dos incidentes, uno de un barco contra el dique de la Curra en el que el dique apenas sufrió daños y otro en el que encalló un buque en Cala Cortina sin que se produjeran desgracias personales.

Al menos tres personas murieron y varios se encuentran desaparecidas en un accidente de un barco en el puerto de la ciudad italiana norteña de Génova.

Por otra parte, y respecto al aeropuerto de Corvera, el consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, ha recordado que ha pedido comparecer en la Asamblea para hablar de este asunto y que aún cuando está terminada la obra, al igual que en el caso de una central nuclear, "al día siguiente de estar construida no se pone en marcha y pasa un tiempo porque es una instalación que hay que certificar de acuerdo a todos los procedimientos de operatividad".+

"Hemos querido, entendiendo que era la solución adecuada, sincronizar el cierre del aeropuerto de San Javier" con la apertura de Corvera, comentó a los periodistas antes de participar en las jornadas de la SER.

En cuanto a la afección de la crisis en la apertura, señaló que los problemas económicos los tiene no sólo la administración del Estado, sino las autonómicas y las empresas, y ello supone una dificultad de acceso a la financiación y es "una condición de contorno y de gran peso" con la que se cuenta en la apertura de esta infraestructura al igual que en la de cualquier otra infraestructura.

De la comparación del caso de Corvera con el de Castellón, indicó que en este último antes de operar no tenía ningún pasajero y, en cambio, Corvera al cierre de San Javier arrancará con una situación situación de demanda que pasará de un aeropuerto al otro.

"Murcia, con todos los respetos, es una población mas grande que lo es Castellón, es la séptima en población y eso tiene unas implicaciones de una demanda que Castellón no puede tener", agregó.

Concentración ante Cajamurcia en contra de los despidos

Varias decenas de empleados del grupo Banco Mare Nostrum se concentraron ayer tarde ante la sede de los servicios centrales de Cajamurcia, en la Gran Vía de Murcia, para protestar contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el grupo bancario va a llevar a cabo y que prevé, al menos, el despido de 200 trabajadores solamente en la entidad murciana.

El grupo BMN, que engloba a Cajamurcia, CajaGranada, SaNostra y Caixa Penedés, en su tercera reestructuración, quiere recortar 1.163 puestos de trabajo a través de despidos baratos y forzosos, utilizando la reforma laboral y recortando el salario a los que continúen trabajando, según los sindicatos.

Este es ya el tercer proceso de reestructuración que sufre el Grupo BMN, tras dos EREs y los recortes de salario que ha sufrido la plantilla en los últimos tres años, que han mermado sus ingresos en más del 15%.

Los siete sindicatos presentes en BMN están en pleno proceso de negociación con BMN y el FROB (que nacionalizó BMN en un 65%), para minimizar los recortes pretendidos por la dirección.

La Marcha contra el Paro acaba su periplo ante la Asamblea Regional

La segunda Marcha contra el Paro, la Precariedad y los Recortes que desde el pasado 27 de abril recorría la Región de Murcia llegó ayer a su última parada, Cartagena, donde se congregó ante la Asamblea Regional para pedir empleo, la renta básica de inserción y la paralización de los desahucios.

La marcha, organizada por la Marea por el Empleo y la Dignidad Social con el apoyo de diversas plataformas ciudadanas de la Región,  partió el 27 de abril en dos columnas desde Yecla y Moratalla que se unieron el 1 de mayo en Murcia, donde participaron en la manifestación del día de los trabajadores.

Desde entonces, han recorrido en seis días 122 kilómetros, los últimos 16 ayer, cuando en torno a las 11 horas unas 250 personas emprendieron la caminata desde La Unión hasta Alumbres y, posteriormente, unas 500 personas se encaminaron hacia Cartagena, donde llegaron a la plaza de la Isla pasadas las 19 horas.

Allí fueron recibidos con aplausos por miembros y simpatizantes de diversos colectivos, como Democracia Real Ya, las plataformas de Afectados por la Hipoteca y Pro Empleo de Cartagena o la Coordinadora Social de Cartagena y Comarca (CSCC), que agrupa a una veintena de organizaciones sociales de la ciudad portuaria.

La marcha partió en manifestación por toda la ciudad (paseo de Alfonso XII, calle Real, plaza de España y vuelta al paseo de Alfonso XIII) hasta llegar a la Asamblea Regional, punto elegido para finalizar estas jornadas reivindicativas por ser el lugar "donde están los políticos, que hasta ahora no han escuchado las reivindicaciones y son los que pueden tomar medidas contra el paro y la precariedad", según explicó a Efe Candi Marín Lozano, una de las activistas de la Marea por el Empleo y la Dignidad Social.

Las principales reivindicaciones del colectivo, indicó, pasan por exigir la puesta en marcha de "planes comarcales de empleo que saquen a los parados de la situación de exclusión social", así como la garantía de ofrecer una renta básica con la que los parados puedan hacer frente a la "situación de emergencia en la que se encuentran".

La marea exige también otras medidas, como la paralización de los desahucios unida a los alquileres sociales y la dación en pago retroactiva, la creación de un banco público de alimentos, el impulso de trabajos "dignos y con derechos", la defensa del sector público, el rescate "a las personas, no a los bancos", y el impulso de una "economía social y alternativa al servicio de la ciudadanía y del bien común".

Marín recordó que la marcha ha celebrado asambleas en todos los puntos de la Región por los que ha pasado, por lo que la movilización social no cesará hasta que se cumplan sus objetivos.

Desde la CSCC, Diego Zaplana informó también de que una delegación de miembros y activistas de la marcha tratará de reunirse hoy con los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional y también con el presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, para trasladarles esas peticiones aprovechando la celebración de las sesiones plenarias de la semana.

A su llegada a Cartagena, además de los citados colectivos sociales, a la marcha se unieron también algunos representantes políticos, como los concejales de IU-V Cayetano Jaime Moltó y María Rosa Mateo, así como los secretarios comarcales de CCOO y UGT, Juan Pedro Martínez y Fulgencio Andreu, respectivamente.

Andreu subrayó que esta movilización incorpora las demandas que los sindicatos han hecho durante los últimos meses, por lo que su organización mantiene una "afinidad total" con sus objetivos, y exigió a las administraciones que den solución lo antes posible a la dramática situación que atraviesan miles de personas en la Región.

En la misma línea, Martínez destacó que el apoyo a esta iniciativa es más importante que nunca, especialmente en Cartagena, donde el desempleo registrado subió en abril a pesar de la bajada generalizada que hubo en España.

Morillas se queja de trato desigual entre Cámara y la exalcaldesa de Lorquí

El exdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia Pedro Morillas, uno de los imputados en el presunto caso de corrupción urbanística en Murcia conocido por caso Umbra, ha acusado al fiscal de tener un trato distinto cuando el alcalde es del PP que cuando lo es del PSOE.

Esta consideración se contiene en el escrito presentado en el juzgado que tramita la causa sobre presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad, en el que rechaza la petición hecha por el fiscal Anticorrupción para que sea ampliada la imputación que ya pesa sobre Morillas por prevaricación a los delitos contra la ordenación del territorio y fraude.

Morillas, que defiende su honorabilidad e inocencia y se queja del daño que le ha causado verse envuelto en este caso a instancias del fiscal, dice que este "nada acredita, nada prueba, ni siquiera indicio; se limita a especular, a conjeturar".

El recurso indica que no ha recibido "ni un euro" de Jesús Samper, propietario del Real Murcia y también imputado en esta causa por el convenio de Nueva Condomina, que, según el ministerio fiscal, habría supuesto importantes beneficios para este por la edificabilidad que se asignaba a los terrenos de su propiedad.

"El acuerdo municipal de aprobación del convenio en lo relativo a la cláusula de cuantificación del 10%  de aprovechamiento –señala el recurrente– se basaba en una serie de argumentos, razones y justificaciones técnico-jurídicas que hacen que, aunque posteriormente fuese declarada no ajustada a derecho, tenga que excluirse, forzosamente, la prevaricación".

Indica también Morillas que "los datos de edificabilidad del plan (urbanístico) parcial de Nueva Condomina son correctos y ajustados a derecho; esta tesis fue declarada así por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en 2006".

El apelante no se explica "cómo habiéndose aprobado el convenio y el plan parcial con los votos a favor de la totalidad de los concejales de los grupos del PP y del PSOE, todos ellos con pleno conocimiento de su contenido y, en concreto, de los datos de edificabilidad, se dirija la imputación solo contra el señor alcalde (Miguel Ángel Cámara) y la concejal de Urbanismo" (Pilar Megía), ambos del PP.

"El señor Morillas –dice el recurso–, en relación con Samper y en relación con el asunto de Nueva Condomina, no ha recibido beneficio económico alguno, ni de otro tipo; lo único que ha tenido es trabajo y disgustos".

Recuerda en otro momento de su escrito que ha sido director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia desde 1986 hasta 2004, "nueve años con Gobierno local del PSOE y nueve años con Gobierno del Partido Popular, y durante todo ese tiempo ha mantenido su independencia funcionarial celosamente".

Morillas recoge igualmente lo que considera que es un trato desigual por parte del fiscal al juzgar la actuación de un alcalde del PP, como es el caso del de Murcia, Miguel Ángel Cámara, también imputado, y una alcaldesa del Ayuntamiento de Lorquí, del PSOE, Resurrección García.

"Para el fiscal –comenta–, en Lorquí aprobar proyectos de reparcelación sin entrega del 10% de aprovechamiento, sin más, y no recuperar posteriormente este porcentaje que queda en manos de los propietarios del suelo no es delito; pero, en cambio, sí lo hay en Murcia en el caso de Nueva Condomina".

Se refiere así al decreto de archivo acordado por la fiscalía en las diligencias informativas que abrió en 2006 contra la exalcaldesa de aquel municipio al entender que no había materia penal.

"Son principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico la equidad y la igualdad en la aplicación de las normas –asegura–, por lo que en este sentido resulta inexplicable el distinto proceder de la fiscalía respecto a asuntos de similar naturaleza en el caso de Lorquí y en el de Nueva Condomina en Murcia".

El escrito finaliza pidiendo al juez que desestime la ampliación de imputaciones solicitada, además de reiterar la petición de archivo de actuaciones que ya formuló en un anterior recurso.

La Comunidad denegó en 2012 la mitad de las solicitudes de renta básica

El PSOE denunció ayer que la Consejería murciana de Sanidad denegó en 2012 cerca de la mitad de solicitudes recibidas para cobrar la Renta Básica de Inserción (RBI), y lamentó que el número de beneficiarios de esas ayudas en la Región de Murcia es "cinco veces inferior" a la media nacional.

La responsable de Sanidad y Política Social del grupo socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Teresa Rosique, presentó ayer esos datos en base a la información aportada por la Consejería en respuesta a una pregunta escrita del grupo sobre ese asunto.

En concreto, en 2012 la Comunidad Autónoma recibió 3.533 solicitudes de RBI, de las que se desestimaron 1.748 y se concedieron 490, mientras que otras 844 se han resuelto favorablemente en los primeros meses de 2013, y 451 están aún pendientes de resolver.

Para Rosique, es "más que preocupante" que la Consejería denegara cerca de la mitad de las solicitudes, ya que estas pasan un proceso previo en los servicios sociales de los ayuntamientos a los que pertenecen las familias solicitantes, que estudian su petición y la formulan a la Comunidad Autónoma una vez que comprueban que se cumplen todos los requisitos que exige la ley.

La diputada socialista critica también la lentitud de la Administración regional a la hora de tramitar estas ayudas, ya que en 2012 se resolvieron "menos del 14% de las solicitudes" presentadas a pesar de que la ley de Renta Básica establece un plazo máximo de dos meses, dado que estas ayudas están dirigidas a personas sin los recursos básicos para subsistir.

Otro problema añadido en 2013, indica, es que la Consejería ha indicado que en lo que va de año se ha agotado ya la partida de 5 millones de euros destinada a esas ayudas, una partida que "se niega a ampliar" a pesar de que la ley de Presupuestos Regionales ofrece esa posibilidad y de que la ley de Renta Básica "obliga a presupuestar el dinero necesario para garantizar unos recursos mínimos a todas las personas que carecen de ellos".

Tampoco cumple con esa norma el Gobierno regional en lo referente a la cuantía de las prestaciones, que está fijada en un mínimo del 75% del IPREM, mientras que los beneficiarios murcianos reciben unos 100 euros menos, según Rosique.

Por último, la diputada ha denunciado que el número de beneficiarios de la RBI en la región es "cinco veces inferior al de la media nacional" a pesar de que los índices de pobreza de la comunidad alcanzan el 30% , diez puntos por encima de la media de España y "muy lejos del 17% que se marcó como objetivo el Plan Estratégico de la Región de Murcia".

Las autoridades marean a los afectados por los seísmos con más papeleo

El vestíbulo del Ayuntamiento de Lorca registró ayer, desde primera hora de la mañana, largas colas de damnificados por los terremotos, realojados en régimen de alquiler, a los que las administraciones han vuelto a solicitar la documentación ya presentada para percibir los atrasos en las ayudas que tienen aprobadas y aún no percibidas.

Los damnificados recibieron el lunes por la tarde en sus teléfonos móviles mensajes de texto en los que se les emplazaba a volver a presentar los recibos que acrediten que se encuentran realojados en régimen de alquiler y los documentos que confirmen que sus ayudas para el pago de esa renta han sido aprobados por la Comisión Mixta.

En la mayor parte de los casos, indicaron los propios afectados, solo han recibido las ayudas correspondientes al primer cuatrimestre de alquiler, aunque la mayoría lleva dos años en viviendas de realojo por el derribo de las suyas o por daños causados por los seísmos que están en vías de reparación.

Muchos de ellos han sido perceptores de anticipos reintegrables de la Mesa Solidaria con los que pagar las rentas de alquiler mientras no reciben la ayuda pública y otros están haciendo frente a los pagos con recursos propios.

El concejal de IU-V Pedro Sosa considera "una vergüenza" esta nueva petición de documentación y afirma que demuestra la "inoperancia y falta de eficacia en la gestión" del Ayuntamiento de Lorca y de la Comisión Mixta.

"Otra vez se vuelve a molestar a los damnificados, diciéndoles que ha desaparecido la documentación que presentaron en su día, que se ha perdido", dijo Sosa, que afirma que la sociedad lorquina "ya está cansada" de trabas burocráticas.

Por este motivo ayer volvió a reclamar "la dimisión, por vergüenza" de la concejala de Gestión para la Recuperación de Lorca tras los Terremotos, Saturnina Martínez, al tiempo que censuró que los damnificados "no hayan recibido ningún tipo de explicación" sobre los motivos de la nueva aportación de documentos más allá de que "se han perdido" los anteriormente entregados a la Administración.

“Deficiencias de información”

Tras el follón ocasionado, el Gobierno regional emitió un comunicado diciendo que ha detectado "deficiencias de información" en más del 85% de los 1.073 expedientes de solicitud de ayuda al alquiler que ya ha estudiado la Comisión Mixta y que bloquean el pago del dinero a los afectados.

La directora general de Territorio y Vivienda, Yolanda Muñoz, dijo que "ante las deficiencias de información detectadas en más del 85% de expedientes" la Comunidad Autónoma recuerda a los beneficiarios de las ayudas que tienen que cumplimentar toda la documentación exigida para materializar los pagos.

Para ello su departamento se dirigió el lunes, vía mensaje de telefonía móvil, a los beneficiarios de las ayudas de alquiler por realojo para "enviar un recordatorio a aquellos afectados que no hayan entregado los recibos y contratos de alquiler necesarios para la concesión de dicha ayuda".

Según dijo, "es intención del Gobierno regional y del resto de componentes de la Comisión Mixta proceder al pago inmediato de las ayudas a la que tienen derecho los beneficiarios de estas subvenciones al alquiler".

Yolanda Muñoz insistió en que "la mayoría de los expedientes de ayudas al alquiler estudiados por la Comisión Mixta han presentado numerosos reparos que requieren su subsanación, por lo que hemos decidido dirigirnos de una manera directa a los afectados", mediante el envío de "sms". La titular de Vivienda señaló que, durante todo el proceso administrativo, la Comunidad está siendo "muy cuidadosa" para evitar que se cierren expedientes de ayuda por falta de la documentación que nos exige la ley.

65% de expedientes denegados

Por su parte, el portavoz de la Asamblea de Vecinos Afectados por el Terremoto de Lorca, Juan Carlos Segura, lamenta que, dos años después de los seísmos, la Comisión Mixta "solo ha resuelto 13.500 de los 17.000 expedientes presentados en su día" y, de ellos, solo ha dado ayuda a 6.238", por lo que ha denegado "el 65%  del total".

Además, critica que la Comisión Mixta ha resuelto expedientes por un montante total de 51,3 millones de euros, aproximadamente, de los cuales sólo se han pagado 28 millones de euros, y cabe recordar que estas ayudas están destinadas a la reconstrucción o reparación de viviendas, así como el pago de alquileres, la reactivación del comercio y la reposición de enseres.

Estas ayudas fueron aprobadas por la Comisión Mixta, que está constituida por las tres administraciones: la nacional, la autonómica y la local, y su misión es gestionar los expedientes de ayuda que solicitaron los ciudadanos de Lorca con motivo de los terremotos. Desde su creación ya se han celebrado 25 reuniones, precisa Segura.

En este sentido, considera "normal y justo" que la Administración no haya aprobado algunos expedientes de damnificados que tenían un buen seguro privado contratado y recibieron una cantidad "superior y suficiente" por parte del Consorcio de Compensación de la que hubieran recibido del Gobierno.

Sin embargo, cree que esto no justifica todos los expedientes denegados. Así, explica que el último Real Decreto de ayudas aprobado es "muy deficiente", porque muchos damnificados "no reunían la condición de beneficiarios de las ayudas" a pesar de tener las casas demolidas. Se trata, por ejemplo, de personas que "tenían una segunda vivienda cedida a sus padres o que no tenían un contrato de alquiler".

La Administración planteó aprobar un plan estatal de vivienda para ayudar a los cesionarios en precario y segunda vivienda, así como profesionales en precario, entre otras cosas, pero Segura asevera que "no existe a día de hoy". Los vecinos esperaban una línea de ayuda para aliviar la reconstrucción de algunas comunidades de propietarios, pero asegura que el asunto se encuentra "paralizado".

Conviene precisar que el Consorcio de Compensación de Seguros pagó 450 millones de euros para reparar las 44.000 viviendas que se vieron afectadas por los terremotos, pero Segura recuerda que estos fondos se originan con el dinero de los seguros abonados, y no son de origen público, aunque la Administración "quiera apropiárselos".

Ayudas pendientes de pago

Segura explica que hay cerca de 7,5 millones de euros pendientes de pago en concepto de 1.073 ayudas al alquiler, establecidas por el último Real Decreto como apoyo a los vecinos que están fuera de su residencia habitual. Estas ayudas "están ya comprometidas y se corresponden a expedientes ya resueltos".

Recuerda que los vecinos están en muchos casos en situación de paro, haciendo frente al pago de las hipotecas que tenían contraídas de los edificios que actualmente tienen en el suelo, y pagando también las cuotas de alquiler de los inmuebles que actualmente ocupan.

En el mejor de los casos, explica que los vecinos recibieron sólo cuatro meses de alquiler, cuando ya hace dos años del terremoto, pero en la mayoría de los casos "no se ha recibido ni un euro". Segura precisa que el montante a percibir varía en función del inmueble o los metros de la nueva casa, pero el límite máximo eran 500 euros.

"A pesar de todas las propagandas institucionales que van apareciendo de lo bien que va la reconstrucción", Segura explica que los números "cantan": de cerca de 1.450 viviendas que hay que reconstruir, "actualmente están en reconstrucción 390, es decir, aproximadamente un 30%".

El problema, añade, es que las ayudas que se prometieron para reconstruir las viviendas y para que Lorca volviera a la normalidad son la Ley general de subvenciones y las bases reguladoras de los tres reales decretos que han aprobado. Todo ello ha supuesto "un enredo de documentos y trámites burocráticos".

Al ser preguntado por el cambio de Gobierno en España, Segura señala que cualquier pronunciamiento que haga la Asamblea de Afectados en este sentido se puede interpretar de forma política. De todas formas, critica que "tanto unos como otros se han ido culpando mutuamente y lo cierto y verdad es que no han ofrecido respuestas, ni unos, ni otros".

Además, explica que en los primeros reales decretos se detectaron unas deficiencias y, tras el cambio de Gobierno, se ha publicado otro Real Decreto que "tampoco ha dado respuesta a una serie de cuestiones". Por ejemplo, critica que, con el cambio de Gobierno, el último Real Decreto publicado especificó que el Plan Lorca, cifrado en 450 millones de euros en inversiones, "iba a ser una realidad" y sería publicado antes de que concluyera 2012, pero esta promesa "ha sido incumplida, ha sido un engaño y todavía no se sabe nada".

El Real Decreto también hablaba de la denominada 'sustitución forzosa' para los vecinos que no quisieran reconstruir, pero Segura remarca que después se ha tenido que desarrollar la normativa "y aún está en proceso de desarrollo".

Segura también arremete contra la Comisionada para la reconstrucción de Lorca, Inmaculada García, con rango de secretaria de Estado y que "no se hace visible para nada en el día a día en los problemas de la población", a pesar de "estar en todas las fotos de recuperación de edificios o de patrimonio".

Segura recuerda también que, como consecuencia de los terremotos, hubo 110 inmuebles inhabitables que quedaron fuera de los gastos de emergencia, porque la Delegación del Gobierno "fijó una fecha límite a partir de la cual ya no se financiarían más demoliciones con cargo a esos fondos".

Se trata de inmuebles que, en un principio, no fueron catalogados en ruina y que, posteriormente, sus daños se han agravado hasta el punto de no poder repararse. Por tanto, los gastos de demolición están corriendo a cargo de los vecinos, algo que Segura considera "injusto", dado que el motivo de los daños es el mismo que aquellos beneficiados por las ayudas. "A esto todavía no se ha dado solución", lamenta.

Segura añade que hay una serie de infraestructuras dañadas competencia de la Administración regional, como los institutos. "Parece que dos años después sólo se haya puesto en marcha hace dos meses la reconstrucción del IES Ros Giner, pero no había nadie trabajando. Ahora sí parece que hay obreros allí".

Por contra, manifiesta que el IES Ramón Arcas "todavía no está en marcha", y recuerda que solo estos dos centros educativos representan un tercio del alumnado de enseñanza secundaria, es decir, más de 1.200 alumnos que están actualmente desplazados en otros centros.

Por su parte, los IES San Juan Bosco y el Príncipe de Asturias sufrieron importantes daños, y "ahora, dos años después, parece que los van a reparar con dos partidas específicas".

También permanece cerrado el Conservatorio de Música, que tenía 400 alumnos y ahora "están reubicados en un colegio", al tiempo que se encuentra sin abrir el Teatro Guerra, el complejo deportivo Europa, el Centro de Salud de Sutullena o el centro de la tercera edad.

La Asamblea de Vecinos Afectados por el Terremoto de Lorca tiene previsto realizar una concentración de protesta este viernes, 10 de mayo, a las 20.30 horas, en la plaza Calderón, en la que aprovecharán para informar de los temas que "quedan por solucionar".

Lázaro Mellado, de nuevo ante el juez por insultar a dos vecinas

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El letrado defensor del alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, que fue juzgado ayer por una falta de injurias, desmintió tanto el contenido de la denuncia presentada por dos vecinas de la localidad como por dos agentes de la Policía Local que confirmaron su contenido al declarar como testigos.

Según consta en la denuncia, el incidente se produjo el 9 de septiembre de 2012 en la puerta de un colegio a la hora de la entrada de los alumnos, cuando Mellado las habría insultado al pasar junto a ellas, lo que habría sido presenciado por los agentes.

Las denunciantes, al declarar ayer en el juicio, cambiaron la fecha y dijeron que fue el día 10, al informarse de que el 9 era domingo y de que, por tanto, no había clase, como apuntó el letrado de la defensa, Manuel Martínez Ripoll.

Asimismo, el letrado aportó los cuadrantes de los servicios fijados para los policías locales el día 10, en los que, según dijo, a la hora en la que los testigos aseguran que estaban en este colegio regulando el tráfico, realmente tenían que estar en otro. Ante las preguntas del abogado, uno de ellos ha apuntado que estaban allí porque les habían cambiado el servicio.

La defensa del alcalde expuso en su informe las contradicciones observadas en las declaraciones de los policías, ya que mientras uno situaba el incidente hacia las 9:05 horas, el otro la fijaba una media hora después.

La acusación particular ha pedido sendas penas de multa por dos faltas de injurias, mientras que la defensa ha interesado la absolución.

La Comunidad pedirá a los bancos que revisen las cláusulas suelo

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La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, va a instar a las entidades financieras ubicadas en la Región a que revisen los préstamos hipotecarios que contengan las llamadas 'cláusulas suelo'.

El titular del departamento, José Ballesta, explicó ayer que "dentro de la política de esta Consejería de protección y defensa del consumidor, hemos considerado oportuno pedir que se estudien las condiciones de este tipo de hipotecas para evitar cualquier abuso que afecte a los derechos de los usuarios".

Según un comunicado del Gobierno murciano, el consejero también destacó "la importancia de la participación social en la toma de decisiones y que la sociedad civil se reactive ante problemas que en estos momentos angustia a los ciudadanos".

Ayer se reunió el Consejo Asesor Regional de Consumo, en el que además de la Administración regional se encuentran representados el sector empresarial, así como las principales organizaciones de consumidores y usuarios de la Región. En esta ocasión, además de acudir las asociaciones Thader Consumo y UCE, miembros de pleno derecho del Consejo Asesor, desde la Consejería se ha querido ampliar esta representación con el fin de escuchar a las asociaciones que están en contacto directo con los consumidores. Así, a la reunión también acudieron las asociaciones Unae, Consumur, Acua Euroconsumo, Adicae Murcia y Ausbanc Consumo.

Durante la reunión, la Consejería ha realizado diversas propuestas como la de poner a disposición del consumidor un servicio específico de información y asesoramiento en esta materia, incorporar todo el procedimiento y las cláusulas de los contratos bancarios que pueden considerarse abusivas a un sitio web accesible a los ciudadanos, y realizar campañas informativas y preventivas.

Además, desde la Administración se va a requerir a las entidades de crédito para la revisión de este tipo de hipotecas con el fin de que procedan a eliminar las 'cláusulas suelo' en aquellos casos en los que ésta no se haya acordado de forma transparente con el consumidor.

El consejero informó de que las propuestas fueron aceptadas por unanimidad por las organizaciones convocadas. Al respecto José Ballesta comentó que "lo que sí es indudable es que estos contratos de cláusulas suelo deben someterse a la legislación general de protección de los consumidores y por tanto no pueden ser abusivas ni puede haber falta de transparencia".

IU denuncia la incapacidad de Palacios para gestionar las listas de espera

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IU-Verdes de la Región de Murcia denunció ayer que el Servicio Murciano de Salud (SMS) está permitiendo que no se cumplan los horarios establecidos en los servicios sanitarios, lo que está causando un aumento de personas en lista de espera.

La formación de izquierdas señaló que el Gobierno regional "miente con los recortes en sanidad" al permitir que profesionales de servicios como radiología o quirófanos salgan o entren fuera del horario establecido y vuelvan por las tardes a realizar peonadas.

Esto supone un incremento de las listas de espera y además un perjuicio para los profesionales que trabajan en planta, que sí cumplen con el horario impuesto por la Consejería de Sanidad.

La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, "no sabe gestionar la Consejería y miente cuando nos vendió la idea de que si se ajustaban los horarios de los profesionales se acabarían las listas de espera y no solamente no ha acabado con éstas sino que han aumentado y se está fomentando las peonadas".
Por tanto, el gasto es mayor para la ciudadanía, añade IU-Verdes, tras volver a exigir la dimisión de Palacios por "no saber gestionar la salud de todos los murcianos y murcianas".