El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, negó en junio –cuando declaró como imputado ante el instructor del caso Umbra de presunta corrupción urbanística– haber tenido trato de favor con la sociedad de Jesús Samper, dueño del Real Murcia, al firmar el convenio para construir el estadio Nueva Condomina y un campo de golf.
La declaración, a la que ahora ha tenido acceso Efe al levantarse el secreto de las diligencias, se extendió también a otro convenio, el firmado para la rehabilitación del casino de Murcia, que, como el anterior, según el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, habría supuesto un perjuicio económico para las arcas públicas municipales, en beneficio de los promotores urbanísticos.
Cámara, que respondió en primer lugar a preguntas del juez, David Castillejos, sobre el convenio con Samper por espacio de casi una hora, señaló que desde 1990 se había suscitado en la ciudad un debate "sobre la necesidad de contar con un nuevo campo de fútbol". La opinión era tan unánime, añadió, que incluso el propio grupo socialista, en 1995, cuando el Ayuntamiento adquirió el viejo estadio, no solo no se opuso a ello, sino que además "dijo que lo había que hacer a partir de entonces era trabajar por la construcción del nuevo".
Cámara comentó en otro momento que en un principio no se había decidido dónde construirlo, aunque sí se había hablado de la posibilidad de hacerlo fuera de la ciudad, ya que la ubicación del hasta entonces existente tenía la ventaja de su cercanía, pero al mismo tiempo el problema de los atascos que generaba los días de partido.
El alcalde reveló que la opción de proyectar el nuevo en la zona donde finalmente se edificó, al norte de Murcia, al otro lado de la A-7, no fue la única que se barajó, porque se estudió la posibilidad de hacerlo también al norte pero más cerca del casco urbano, o en terrenos ubicados en las pedanías de Patiño o Los Garres. Incluso citó, "como anécdota", que recibieron la propuesta de un grupo de empresarios de Molina de Segura, localidad que dista 10 kilómetros de Murcia, que estaban dispuestos a ofrecer terrenos para construir sobre ellos el estadio.
Si al final se decantaron por la que se recogía en el convenio firmado con la sociedad de Samper fue porque la consideraron, según los informes técnicos y legales, positiva.
Al negar cualquier trato de favor hacia Samper, Cámara aseguró como una de las pruebas de ello que al empresario se le exigió la entrega de un aval "para que, ante cualquier vicisitud, las obras llegaran a su final, para lo que hubo que vencer su resistencia, porque no era la fórmula que ellos preferían".
Manifestó que la idea del convenio surgió en 1999 porque hasta entonces las relaciones del Ayuntamiento con el Real Murcia Club de Fútbol se concretaban en convenios periódicos que se iban renovando, y que se aprovechó que aquel año finalizaba el último para hacer uno nuevo.
Fue entonces, añadió, cuando los directivos del Real Murcia plantearon al Ayuntamiento la firma de un acuerdo que diera estabilidad a su financiación y evitara los problemas económicos que de forma periódica sufría el club.
En diciembre de 1999, señaló, el equipo de Samper le presentó a él mismo y al concejal de Deportes, Miguel Cascales, su proyecto, quienes luego lo dieron a conocer a la corporación municipal "y, en principio, los tres grupos políticos, PP, PSOE e IU, lo vieron bien".
La valoración de Fuentes Zorita
Abundando en el tema, Cámara dijo que cuando el texto del convenio llegó al pleno, en mayo de 2001, el portavoz del grupo municipal socialista, el ingeniero José Salvador Fuentes Zorita, declaró que la opción elegida sobre las contraprestaciones que debía dar por Samper era la mejor.
El alcalde discrepó de lo manifestado por el anterior concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, al declarar como testigo en esta misma causa, en la que señaló que fue "ninguneado" en la preparación y tramitación del convenio.
Cámara dijo que cuando Navarro fue informado por el edil de Deportes del contenido del proyecto no se mostró contrario al mismo, para señalar también que tuvo plena información de su tramitación cuando tuvo entrada en los servicios de su competencia en la Gerencia de Urbanismo.
En cuanto a lo mantenido por el fiscal, que ve un perjuicio para el consistorio en la opción elegida para fijar las contraprestaciones por las recalificaciones urbanísticas, Cámara contestó que esa fórmula suponía una mayor edificabilidad, pero a cambio las contraprestaciones que se recibían eran mayores, sobre todo teniendo en cuenta la valoración del nuevo estadio de fútbol.
En otro momento del interrogatorio, comentó que nunca se cuestionó lo que le indicaban los técnicos, al no tener la menor duda sobre su quehacer, de lo que puso como ejemplo al que era entonces secretario general del Ayuntamiento, José Luis Valenzuela, "con más de treinta años de servicio y experto en derecho administrativo de reconocido prestigio", según Cámara.
El casino: las gallinas que entran por las que salen
Cámara también negó en junio que los promotores del convenio para la rehabilitación del casino de la ciudad "ni ganaban ni perdían, ni se perjudicaban ni se veían beneficiados".
Durante cerca de una hora, Cámara respondió a preguntas del juez, David Castillejos, sobre el convenio del casino, del que dijo: "Se trataba de una actuación de interés municipal, y en la que los promotores ni ganaban ni perdían, ni se perjudicaban ni se veían beneficiados, y como encima los técnicos nos aseguraron que era legal, creímos oportuno firmarlo".
Según sus palabras, "el casino, que tiene categoría de monumento, es el más visitado de la ciudad, después de la catedral, y había una demanda social que aconsejaba su rehabilitación, por el estado que presentaba".
"Desde 1990 se había planteado su reconstrucción, pero sólo se habían podido acometer algunos parches –por falta de financiación–, sin emprender la rehabilitación integral que precisaba, porque muchas de sus dependencias estaban cerradas al público por el riesgo que presentaba su uso", añadió en la declaración conocida ahora.
Además, "no había nadie que ofreciera la aportación económica que se precisaba para su rehabilitación, porque estábamos hablando de alrededor de 1.500 millones de las antiguas pesetas" (unos 9 millones de euros) "los que se necesitaban para esa recuperación integral".
Según manifestó, ante esta situación, tanto el presidente del casino, Juan Antonio Megías, como el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena –también imputado en esta causa– le comentaron que había para ello una fórmula legal: que la parte privada del convenio urbanístico asumiera el coste de la rehabilitación del edificio a cambio de no entregar el dinero al que vendría obligada por los terrenos incluidos en el acuerdo.
Al preguntarle el juez si se planteó en alguna ocasión que se costeaba así un inmueble propiedad de una sociedad privada con fondos públicos, Cámara reiteró el aspecto cultural del casino y que, con anterioridad, el 80% de las inversiones hechas en él lo habían sido con ese tipo de fondos, además de recordar la demanda social que clamaba por su rehabilitación.
Otra vez los socialistas
"La rehabilitación en sí no planteó polémica alguna. Esta surgió cuando el PSOE planteó el tema de la valoración de los incrementos de los aprovechamientos urbanísticos", comentó Cámara al juez.
Y en cuanto a financiar con fondos públicos obras en inmuebles privados, respondió que también se había costeado así la restauración de las campanas de la catedral, por considerarlas igualmente patrimonio de la ciudad, además de indicar que se impuso a los rectores del casino que este tendría un uso público y municipal.
La declaración del alcalde, que se prolongó por espacio de unas dos horas sobre los dos convenios, fue grabada en la sala de vistas, en la que tenía enfrente al juez, a su derecha al fiscal y a su izquierda a su defensa. Durante el interrogatorio, en cuyas respuestas hubo mucha firmeza y seguridad a las preguntas del juez, Cámara entregó distintos documentos que respaldaban sus manifestaciones.
