Los alcaldes de Torre Pacheco y Fuente Álamo, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, irán presumiblemente a juicio por varios delitos en el marco de las investigaciones que se iniciaron en 2008 de presunta corrupción urbanística, al entender el juez que existen indicios de criminalidad.

En concreto, Conesa, junto con Facundo Armero, irían a juicio por un posible cohecho al recibir un sobre con 12.000 euros de éste. Mientras, el alcalde de Torre Pacheco sería juzgado por supuesta prevaricación y fraude, en términos globales.

El Ministerio Fiscal comunicó su escrito de calificación provisional el pasado 8 de febrero, junto con el auto, que está fechado el 6 de febrero, en el que acusa a García Madrid de delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias, por los que le pide 49 meses de cárcel y 43 años de inhabilitación, según fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press.

Además, el fiscal pide para Conesa 18 meses de prisión e inhabilitación de cuatro años y seis meses por el delito de cohecho. Para Facundo Armero la pena es la misma que para Conesa, aunque en este caso sin inhabilitación.

Según ha podido saber Europa Press, el terreno urbano que era municipal "lo permutaron por un terreno rústico privado, lo que supuso un perjuicio económico para el Consistorio con esa operación de 3,5 millones de euros" para favorecer a la empresa Polaris.

Esta actuación se enmarca en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, en la denominada operación 'Camelot', por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.

El regidor de Torre Pacheco fue detenido y permaneció en prisión por este caso, mientras que la alcaldesa de Fuente Álamo fue puesta en libertad con cargos tras declarar ante el jugado por presuntas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, participará este viernes en un almuerzo coloquio del Foro Nueva Murcia –que coordina el diputado regional del PP José Antonio Ruiz Vivo y de paso se lleva un sobresueldo– con el que se cerrará el primer ciclo de conferencias que organiza de forma periódica esta organización sin ánimo de lucro.

Según fuentes del Foro Nueva Murcia, el fiscal general disertará sobre "Presente, pasado y futuro del Ministerio Fiscal" ante unos 200 invitados asistentes en representación de los sectores político, social y económico de la Región.

Eduardo Torres-Dulce ejerce como fiscal general del Estado desde diciembre de 2011, tras haber sido fiscal de Sala del Tribunal Supremo, jefe de la Sección de lo Penal, vocal del Consejo Fiscal y Fiscal de Sala ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, ha sido profesor de Derecho Penal en el CEU Luis Vives y ha ejercido la docencia en el Instituto de Empresa, ICADE, la Universidad Pontificia de Salamanca, el Centro de Estudios Jurídicos y en el Curso Practicum de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

El dueño del Club Real Murcia, Jesús Samper, uno de los imputados en el conocido caso Umbra, de presunta corrupción urbanística, replicó al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que “nadie puede pensar que los promotores y propietarios del suelo van regalando estadios de más de 51,5 millones de euros por mera liberalidad, a cambio de nada”. Este comentario se recoge en el escrito que Samper presentó en el Juzgado de Instrucción que investiga los hechos para adherirse al recurso que interpuso otro de los imputados, el jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Pedro Morillas, pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones seguidas contra él.

Jesús Samper discrepaba así de la opinión del fiscal, que siempre ha mantenido que en el convenio urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de Murcia y la sociedad propiedad de aquél para la construcción del estadio Nueva Condomina en las afueras de la ciudad se renunciaba a la cesión por el promotor del 10% del aprovechamiento de los terrenos.

La Fiscalía, en un criterio que cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), sostiene que la entrega de ese porcentaje de aprovechamiento urbanístico era irrenunciable, con independencia de que la empresa de Samper asumiera la construcción del nuevo estadio y lo cediera luego a la ciudad. En su misiva, el dueño del Real Murcia recuerda que el convenio fue aprobado por el pleno municipal, “con todos los votos favorables de los dos grandes partidos, tanto el del gobierno como el que lidera la oposición, y con el voto contrario de los dos únicos concejales de Izquierda Unida”.

Comenta también que como el fiscal considera que dos técnicos del Ayuntamiento son cooperadores necesarios en la comisión del delito de prevaricación administrativa al poner a la firma de los concejales el texto del acuerdo, también debió pedir la imputación de estos últimos. “Los técnicos municipales solo podrían ser cooperadores necesarios o inductores si se mantiene que los 26 ediles que aprobaron el convenio lo hicieron dolosamente, a sabiendas de su arbitrariedad, lo que nunca ha mantenido el ministerio fiscal”, comenta.

El escrito dice, asimismo, que “es relevante recordar a Su Señoría el ya disparatado argumento –cuando no gravemente irrespetuoso– con que el fiscal ha venido justificando hasta ahora el que no haya solicitado la imputación de los referidos concejales”. “Consta, efectivamente, en los autos el escrito donde señala que no son responsables de la aprobación del convenio porque los políticos, en general, votan en los plenos sin saber lo que aprueban y sin leer los informes”, recoge Samper.

El escrito presentado en el Juzgado de Instrucción dice en otro apartado que los concejales de los dos principales partidos presentes en el Ayuntamiento de Murcia “pensaron, en conciencia, que el referido 10% ya estaba contraprestado por el muy superior valor del estadio y por otros equipamientos que se obligaba a ceder, incluso garantizándolo con un aval bancario”. “Que el Tribunal Superior de Justicia haya dicho que esas dotaciones no contraprestaban el 10% al considerar que tienen la naturaleza jurídica de una donación, es muy respetable, y así se ha cumplido”, comenta Samper. Para, acto seguido, agregar que “seguimos pensando, con todo respeto, que yerra en este punto, porque nadie puede pensar que los promotores y propietarios del suelo van regalando estadios de más de 51,5 millones de euros por mera liberalidad, a cambio de nada”. “Si, como está acreditado, ese supuesto 'regalo' vale claramente más que la diferencia del 10% del aprovechamiento que se debe ceder, parece lógico pensar que ese porcentaje ya está debidamente contraprestado”, señala.

El escrito indica que “convertir esa discusión, estrictamente jurídica, en un delito de prevaricación constituye, a todas luces, un exceso”, por lo que acaba adhiriéndose al recurso presentado por Morillas en defensa del sobreseimiento, a lo que se opone el fiscal.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia mantiene la manifestación del próximo sábado, 16 de febrero, en Murcia y Cartagena, en la que reivindicarán el derecho a la vivienda, a pesar de que el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una moratoria para los desahucios y la dación en pago. El recorrido de la movilización, que ha sido debidamente anunciada a la Delegación del Gobierno (aunque ésta no se ha pronunciado, por lo que probablemente se produzca una respuesta afirmativa por omisión), pasará por la puerta de las principales sucursales bancarias de la capital murciana.

La Plataforma ha advertido que la admisión a trámite de la ILP no quiere decir que el proyecto vaya a ser aprobado íntegramente, sino que una comisión parlamentaria formada por diputados se van a encargar ahora de su negociación y "pueden introducir mejoras o modificarla hasta desnaturalizarla".

Así lo hicieron saber en rueda de prensa el portavoz de la PAH de la Región de Murcia, Paco Morote; el sacerdote y miembro de la Plataforma Joaquín Sánchez; la abogada de la organización, Ana Martínez; y dos de las afectadas, Carmen Ruiz y María Fernández.

Los miembros de la Plataforma se mostraron "sorprendidos" por el cambio de postura del PP, que en principio no iba a admitir a trámite la ILP, y reconocieron que no se lo esperaban, pero consideran que "no podían hacer otra cosa", al tratarse de un proyecto "justo, democrático y lógico".

En concreto, defienden que la iniciativa es justa "porque evita los abusos que llevan emparejados el terrorismo financiero", y es democrática porque "está avalada por 1,4 millones de españoles que firmaron a favor de la misma".

En este sentido, advirtieron que van a seguir "muy pendientes" de cómo progresa su trámite en el Congreso, "fiscalizando" la labor de los diputados. Consideran, a este respecto, que las únicas medidas que pueden hacer "justicia" son las recogidas en la ILP.

Respecto a los suicidios acometidos esta semana por personas que iban a ser desahuciadas, los portavoces de la PAH consideran que son asesinatos cuyos cómplices son todos aquellos que participan en el “terrorismo financiero”.

La PAH es una organización sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de respaldo gubernamental que se dedica a asesorar a las familias que se enfrentan al drama de perder su casa, y a paralizar desahucios con resistencia pasiva y pacífica frente a las viviendas que van a ser embargadas. Ya llevan más de 100 desahucios detenidos en la Región.

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, calificó de "vil" la valoración que los técnicos del Ayuntamiento de Murcia hicieron de los terrenos incluidos en uno de los convenios firmados por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, uno de los imputados en el conocido por "caso Umbra", sobre presunta corrupción urbanística.

El contenido del interrogatorio, al que ha tenido acceso Efe, ha sido conocido ahora al levantarse el secreto que pesaba sobre gran parte de las actuaciones judiciales, y el vídeo que recoge el interrogatorio permite apreciar que durante el mismo se vivieron varios momentos de tensión.

El comentario de Lozano se produjo cuando preguntaba sobre la valoración de los terrenos incluidos en el convenio urbanístico suscrito para la rehabilitación integral del Casino de Murcia, que aquél considera que estaba muy por debajo de su valor real.

El adjetivo empleado por el fiscal fue objeto de protesta por parte de la defensa de Cámara, que lo consideró inapropiado. El fiscal no sólo no lo retiró, sino que añadió que "no había que ser muy listo" para saber que el precio en la zona, en la expansión norte de la ciudad, era muy superior al fijado, de 120 euros el metro cuadrado".

El alcalde contestó que a ningún concejal "le llamó la atención" cuando se dio el visto bueno al convenio, cuyo importe total ascendía a 10,2 millones de euros.

Lozano le preguntó si tampoco llamó su atención "el contenido del convenio urbanístico, que recoge un trozo de terreno aquí, un churrito alargado por el otro lado...; ¿no le extrañó la delimitación que se hacía del sector?".

El alcalde contestó que "todo estaba hecho por los técnicos, por arquitectos, por lo que no nos planteó duda alguna".

En un momento del interrogatorio, que se prolongó por espacio de cinco horas y que había dado comienzo con las cuestiones relativas a otro de los convenios investigados, el de Nueva Condomina, Cámara llegó a comentar que "uno puede equivocarse, pero lo que parece raro es que todos lo hayan hecho mal", que fue replicado por el representante del Ministerio Público con el comentario de "esa es la gran pregunta".

Si te veo no me acuerdo

El interrogatorio lo había iniciado el juez instructor, el magistrado David Castillejos, quien le preguntó si tenía alguna relación con el también imputado Higinio Pérez Mateos, considerado por el fiscal como uno de los presuntos especuladores con operaciones inmobiliarias junto al igualmente imputado y exgerente de Urbanismo Alberto Guerra.

Cámara aseguró que no tenía amistad con él y que desconocía la relación que unía a ambos, ya que nadie le había comentado nada al respecto. "Sobre Alberto Guerra no tenía dato alguno que me hiciera desconfiar de él, y nunca me dijo que tuviera relaciones con Pérez Mateos, ni negocios en común, ni ninguna historia".

Según el fiscal, esa vinculación de Guerra y Pérez Mateos, supuestamente, beneficiaba a ambos, al aprovecharse el primero de su cargo y el segundo de su amistad con él para las operaciones inmobiliarias.

El juez le preguntó en otro momento si confiaba en Joaquín Peñalver, que fue jefe de Planeamiento municipal y también imputado, a lo que respondió que "hasta que estuvo en su puesto, sí, porque no tenía ningún elemento, ninguna cuestión, que me hiciera desconfiar de él, porque si lo hubiera tenido, habríamos actuado".

Castillejos le interrogó también acerca de la partida de 700.000 euros que figuraba en el convenio para "imprevistos", y que le parecía "exagerada, muy elevada", a lo que respondió que "la propuesta del acuerdo nos vino informada positivamente por los técnicos, y sin desglose", por lo que no podían conocer ese dato concreto.

En cualquier caso, aseguró, "todas las partidas debían tener su contraprestación en obras, y si no, no se pagarían; el objetivo municipal era claro en ese sentido, y siempre actuamos dentro de los parámetros de legalidad".

Y siguen cobrando dinero público

Al respecto, el portavoz del grupo municipal socialista, Pedro López, dijo ayer que "una sociedad democrática no puede aceptar que políticos imputados sigan permaneciendo en sus cargos y cobrando dinero público", refiriéndose al alcalde de Murcia y a otros altos funcionarios que, en estos momentos, trabajan para el Ayuntamiento y cobran de él, además del ex edil de Urbanismo, Fernando Berberena, que también recibe un sueldo de esta administración local, recordó.

López asegura que el convenio Nueva Condomina "es la madre de todos los convenios y que Cámara aún no ha asumido su responsabilidad política desde que este asunto estalló, ni en relación al grave perjuicio económico (350 millones de euros, según los informes periciales) que estas decisiones, avaladas por el PP, han causado al patrimonio de todos los ciudadanos"; y por no haber abierto un expediente informativo sobre las actuaciones llevadas a cabo por funcionarios imputados que aún trabajan en este Ayuntamiento y que siguen cobrando un sueldo público, agregó.

"Cámara tiene la obligación moral de asumir responsabilidades y poner luz sobre temas claves que están generando desconfianza a los ciudadanos porque podrían ser actuaciones delictivas", señaló López, quien volvió a exigirle que abandone sus responsabilidades como alcalde de Murcia hasta que la justicia no tenga un dictamen definitivo "porque su actuación está claramente en entredicho y esto no va a parar".

"Cámara se siente acorralado, con los tiempos que corren, la sociedad ya no tolera ni una más a los políticos, y menos, como en este caso, cuando el alcalde de la séptima ciudad de España está señalado judicialmente y cuando, hasta el momento, no ha hecho nada para clarificar las actuaciones de altos funcionarios y ex concejales imputados que aún trabajan y reciben una nómina de esta institución", finalizó López.

Un senderista lorquino descubrió una columna miliaria romana de la época del emperador Octavio Augusto con más de dos mil años de antigüedad, situada en el cauce del río Guadalentín, cerca del yacimiento romano de La Quintilla. El pasado martes 5 de febrero, el ciudadano Luis de La Puente Vinuesa se puso en contacto con el Museo Arqueológico Municipal para alertar sobre la aparición de un elemento semienterrado en el camino que transcurre por el cauce del río Guadalentín en dirección hacia La Parroquia.

De inmediato, los técnicos del Museo se desplazaron hasta el lugar para comprobar el hallazgo, dictaminando que se trata de una columna miliaria de la antigua Vía Augusta, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Se trata de una columna miliaria de piedra de 270 centímetros de altura. Se encuentra en un buen estado de conservación, mejor al de resto de columnas romanas halladas en el término municipal de Lorca. La columna incluye una inscripción en latín en seis líneas que permite datarla. En concreto, en ella aparece el nombre del emperador Octavio Augusto, los cargos que ostentaba en el momento de ordenar su realización y la distancia en miles de pasos desde Eliocroca hasta Carthago Nova.

El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, indicó que la columna está fechada en el año 8 antes de Cristo, por lo que tiene 2.021 años de antigüedad. Formaría parte de manera original de la Vía Augusta, el camino romano más importante y largo que discurría desde los Pirineos hasta Cádiz bordeando las costas mediterráneas de la Península Ibérica, y que pasaba por el Valle del Guadalentín.

Esta columna descubierta guarda grandes similitudes con el miliario de Augusto que se encontraba en la esquina de la Plaza de San Vicente y que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico. Según el alcalde, la columna descubierta y la del Museo serían consecuentes en el trazado de la Vía Augusta. El viajero se encontraría primero la de San Vicente para que la siguiente indicación fuera la columna ahora hallada.

De las cinco columnas miliarias descubiertas en el municipio de Lorca, esta es la más antigua junto a la de San Vicente, la que en mejor estado ha sido hallada y la más grande.

Su descubrimiento está íntimamente relacionado con las inundaciones del pasado 28 de septiembre, ya que los profundos arrastres de aguas durante aquella jornada horadaron el cauce del río dejando al descubierto la base de la columna, lo que ha permitido localizarla y rescatarla.

"La historia ha salido a nuestro paso en forma de miliario para decirnos más sobre lo que fue esta ciudad hace nada menos que dos milenios. La antigua Eliocroca reclama su lugar gracias a una columna oculta durante más de veinte siglos, que hablará a los lorquinos del siglo XXI, añade el Consistorio.

Jódar opina que "Lorca sigue deparándonos sorpresas agradables que nos permiten conocer más sobre el riquísimo recorrido histórico de las tierras que ahora habitamos, y solo en lo poco que llevamos de milenio ya hemos confirmado la presencia judía a través de la sinagoga y la judería del Castillo, el palacio árabe sobre el que se asienta el Santuario de la Virgen de las Huertas, y ahora esta columna de la época de Augusto que constituye un momento estelar en los descubrimientos sobre la cultura romana".

El Gobierno regional presentará “esta misma semana” los datos de déficit de cierre de 2012, estando ahora mismo en el “trabajo técnico, de revisión”, según dijo ayer el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien confirmó que “no se cumplirá el objetivo” –el 1,5% del PIB–, como ya adelantó el Colegio de Economistas ni más ni menos que el pasado mes de junio, con gran cabreo del propio Bernal.

No obstante, Bernal aseguró que “este año el déficit representará una disminución importante con respecto al año pasado”, tras lo que pasó a la propaganda y destacó que Murcia “ha dado un paso importante en la reconducción de su camino de lucha contra el déficit”.

“Este año se tendrá que seguir en este camino y de acuerdo con los números, a lo mejor tendremos que plantear o replantear alguna cuestión, pero creo que vamos a seguir en la línea en la que estamos de contención de gastos, disminución de lo que podamos prescindir, revisar nuestra estructura administrativa y política y mantener servicios públicos con la mayor eficacia y el menor coste”, puntualizó Bernal, para después añadir que “es a lo que nos obliga la crisis”.

El objetivo, dijo, “es mantener los servicios públicos con los menores costes”, dejando claro que el Gobierno regional está “haciendo los deberes”. No obstante, pidió a la sociedad murciana “que comprenda que tenemos un déficit excesivo y hay que reconducirlo, ir hacia un camino donde nuestras cuentas sean más equilibradas”, sin achacar la responsabilidad de ese déficit excesivo a quienes han gestionado la Comunidad.

Es este, según dijo, “un reto social, el que la sociedad tiene que tener unos servicios públicos que pueda pagar”. Lo que se pretende es “reconducir la estructura administrativa hacia una situación sostenible”, subrayó Bernal, quien se delató añadiendo que “nadie tiene en la mente ahora mismo la privatización ni nada de ese tipo”. “No tenemos que empezar a sudar antes de empezar a correr”, enfatizó Bernal, quien se refirió al “camino marcado, el Plan de Reequilibrio del pasado año”, aunque advirtió que “no hay prevista ninguna medida preocupante desagradable en estos momentos”. Entre líneas se puede colegir que el Gobierno hará los recortes que quiera “en otros momentos”.

Tras puntualizar que [el déficit] es un dato que se tiene que calcular “con rigor y precisión”, subrayó que el Ministerio “hace una serie de ajustes que son verdaderamente complicados y con los cuales estamos de acuerdo en algunos y en otros podemos no estar de acuerdo”.

Bernal expresó su preocupación porque “debe de haber un tratamiento homogéneo en toda España” en este sentido y lamenta que haya “diferentes formas de contabilizar, lo que hace que los datos no sean comparables”. De hecho, Bernal comentó que hay comunidades que, por su propio sistema contable, “tienen organismos autónomos que permitan contabilizar de una forma que no es la que tenemos en Murcia”, cuyo nivel de transparencia, dijo, es “enorme”. [Risas]

“La venda antes de la herida”

El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, dijo ayer que el consejero Bernal "se pone la venda antes de la herida" al afirmar que la Comunidad no cumplirá con el objetivo del déficit previsto por el Ejecutivo central.  Pujante critica que Bernal "no se atreva a dar datos" sobre el déficit como han hecho otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, denuncia el "fracaso" de las políticas económicas del PP y exige la dimisión de Bernal.

La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur) ha organizado el evento ‘Interino Style’, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero, a las 18.00 horas en la Plaza de Santo Domingo de Murcia.

El evento consistirá en un flash-mob, según ha explicado la asociación en comunicado, con un doble objetivo. Por un lado, mostrar su desacuerdo con la reforma educativa promovida por el ministro Wert a través de la LOMCE, y por otro, protestar contra la “precaria” situación del colectivo docente interino y los recortes que afectan a la Educación Pública.

“Será un acto con el que pretendemos sensibilizar e informar a la ciudadanía de los efectos devastadores de las políticas de recortes en educación, y finalizará con la lectura de un manifiesto en favor de una Escuela Pública de calidad, y por la dignidad del trabajo de los docentes”, indica Aidmur.

La asociaciones añade que “queremos expresar con este acto que los recortes en educación suponen hipotecar el futuro de las generaciones venideras y supondrá un mayor impedimento para salir de una difícil situación económica, agravada por un clima intolerable de sospecha de corrupción generalizada que amenaza con destruir las instituciones democráticas y la convivencia pacífica de nuestro país”.