La misteriosa desaparición durante casi una semana –que fuentes oficiosas atribuyeron a una gripe– de Juan Bernal, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, se desveló ayer como la intención de retener la mala noticia del incumplimiento del objetivo del déficit, un dato largamente anunciado por el Gobierno regional, celosamente ocultado varias semanas y que está aún pendiente de ratificar –si no corregir y aumentar– por el Ministerio de Economía.

La Comunidad Autónoma cerró sus cuentas de 2012 con un déficit del 2,9% del PIB, unos 800 millones de euros, casi el doble del objetivo del 1,5% marcado por el Gobierno para ese año, lo que hará que se tengan que poner en marcha medidas de ajuste por valor de entre 200 y 250 millones.

El dato fue revelado ayer por Bernal, quien hizo hincapié en "el enorme esfuerzo" realizado por el Ejecutivo en la contención del gasto, que supuso un ahorro de 450 millones, aunque matizó que los esfuerzos deberán continuar en 2013 con nuevos ajustes.

Bernal, quien admitió que "estos datos son provisionales, ya que tienen que ser ratificados por el Ministerio de Economía en unos diez días, informó de que en 2011 la cifra de déficit se situaba en el 4,48% (1.261 millones), con lo que la reducción ha sido del 36,64%.

Entre las causas del incumplimiento del déficit, Bernal citó, entre ellas, la reducción de los ingresos previstos en 368 millones, debido, entre otras cosas, a que el plan de venta de Inmuebles sólo ha recaudado 139 millones, y a que los ingresos por el sistema de financiación autonómica "supusieron una diferencia con la media nacional de 252 millones". El vicepresidente pasó por alto que la previsión de ingresos también es responsabilidad suya, y que su reflejo presupuestario no fue precisamente realista.

Para 2012 se contempló que los ingresos alcanzarían los 3.822 millones de euros, pero sólo se consiguieron 3.454 (368 menos), entre otros por la previsión de venta de inmuebles, que se estableció en 156 millones de euros y que, finalmente, solo contabilizan los que se están negociando, que alcanzaron los 17 millones de euros y los alquileres de amarres de barcos.

Por contra, los gastos se han ajustado, lanzando un saldo negativo de 36 millones de euros (4.343 frente a los 4.307 previstos).

Con respecto a los nuevos ajustes que la Administración regional deberá hacer, Bernal explicó que "habrá que revisar el plan de ajuste para adaptarlo a las nuevas circunstancias", y, aunque no precisó medidas concretas, señaló que el objetivo es mantener la prestación de servicios públicos con un menor coste, y "en eso hay todavía recorrido". Poseedor del don de la obviedad, el consejero dijo que las áreas que se llevan la mayor parte del gasto presupuestario son sanidad y educación, lo cual da a entender que los recortes serán aún mayores en esas consejerías.

A juicio del consejero murciano, el incumplimiento del objetivo de déficit no debiera llevar consigo una penalización por parte de la Administración central en forma de retirada de las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del Plan de Pago a Proveedores.

Que dé explicaciones

El PSOE pidió ayer mismo al consejero Bernal que comparezca ante la Asamblea Regional de manera "urgente" para explicar las consecuencias que tendrá el incumplimiento del objetivo de déficit. El responsable de Economía del grupo socialista en el Parlamento regional, Alfonso Navarro, hizo esa petición, que ya había reiterado hasta en tres ocasiones, tras conocer que Murcia cerró el ejercicio 2012 con un déficit del 2,9%, unos 800 millones de euros, casi el doble del objetivo marcado por el Gobierno central, del 1'5%.

El diputado socialista subraya que para cumplir con el objetivo de déficit marcado para este año 2013, del 0,7% del PIB regional, la Comunidad tendría que llevar a cabo un recorte de unos 616 millones de euros. Por ello, considera que "no cabe dilación" para que el consejero acuda a la Cámara a dar explicaciones sobre el incumplimiento y las consecuencias que tendrá para los ciudadanos de la región.

Que dimita

El coordinador regional de IU-V, José Antonio Pujante, pidió la dimisión de Bernal por cargar a la ciudadanía con medidas "muy dolorosas" de recorte social para reducir el déficit público que finalmente no han logrado cumplir con el objetivo marcado.

Pujante lamenta que, como había previsto su partido, "las medidas de recorte puro y duro" no han servido para cumplir con el objetivo de déficit y han llevado a "una espiral recesiva" que solo ha servido para generar menos ingresos públicos y para "tener menos capacidad para afrontar la crisis".

En su opinión, los datos del déficit autonómico de 2012 aportados por Bernal muestran que el Ejecutivo "ha fracasado rotunda y estrepitosamente" con sus políticas. En ese sentido, considera que esas cifras de déficit serían "asumibles" si no se hubieran impulsado duros recortes sociales y se hubieran obtenido más ingresos sociales para favorecer la actividad económica.

Por el contrario, los recortes en el gasto social aplicados por el Gobierno autonómico se han traducido en una contracción de la actividad económica que ha repercutido en el consumo y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, y ha conllevado "sufrimiento y pobreza".

IU-V apuesta por llevar a cabo un "ahorro inteligente" y "selectivo" que no afecte a las políticas sociales y por poner en marcha una política fiscal progresiva para que paguen más quienes más tienen y más ganan. Además, exige al Gobierno regional una actitud "más exigente" con el central para pedirle que flexibilice el objetivo de déficit para la Comunidad y la compense por el "agravio comparativo que sufre por el sistema de financiación.

“Incapaz de controlar”

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, critica al Gobierno regional por "no ser capaz de controlar la cifra de déficit de la Comunidad y expresa su preocupación por la "gran incertidumbre" que ahora se abre para los ciudadanos de la Región. Sánchez afirmado que el dato supone un "fracaso absoluto" para el Gobierno de Valcárcel, aunque subraya que desde UPyD "nunca tuvimos confianza en que se pudiese alcanzar el 1,5% señalado por Montoro".

En este sentido, Sánchez considera que "es lamentable la forma cómo se han hecho los presupuestos de la Comunidad para 2013, porque es insólito que sólo un mes y medio después haya que hacer una enmienda para rebajar los gastos en más del 5%". Para Sánchez, "este desfase del déficit es un claro síntoma de la ausencia de realismo y previsión con los que el Gobierno regional ha hecho los presupuestos y los planes de ajuste".

El lado bueno

La portavoz del PP regional, Laura Muñoz, afirma que la Región "ha logrado reducir el déficit, por primera vez, por debajo del 3% y en un período de crisis económica profunda, lo que supone una bajada del 36,64% respecto al déficit de 2011, por lo que debemos valorar este avance pese a estar condicionados por la financiación autonómica".

Aunque reconoce que "es un dato alejado del previsto", considera que la ciudadanía tiene que saber que el Gobierno regional "ha realizado un importante esfuerzo en la contención del gasto, suponiendo un ahorro de 450 millones de euros, y que han sido los ingresos los que han condicionado este déficit, pues el actual sistema de financiación autonómica hace que Murcia reciba 252 millones de euros menos que la media nacional para hacer frente a sus gastos".

Según explica, "han sido muy serios los sacrificios de los murcianos para salir de la crisis y muchas las medidas adoptadas en diversos sectores", como la función pública, sanidad o la Administración, como la reducción de gabinetes o de sueldos de altos cargos. "Está claro que no son los datos de déficit que nos gustaría tener, pero estos esfuerzos verán su recompensa en breve plazo porque estamos en la senda correcta", subraya Muñoz.

La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha convocado las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior, así como las pruebas para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la Región de Murcia.

La realización de estas pruebas permite a todas las personas que no tengan los requisitos académicos de acceso al sistema de Formación Profesional, optar a una plaza en alguno de los ciclos formativos que ofrece la Consejería. Y en el caso de la prueba para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, las personas que la superen podrán proseguir sus estudios de Bachillerato o de Formación Profesional en alguno de los ciclos de grado medio.

Los interesados podrán presentar su solicitud de inscripción hasta el próximo día 4 de marzo a través de Internet en la dirección https://apliedu.murciaeduca.es, accediendo al enlace de Convocatorias.

En concreto, podrán inscribirse en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio quienes tengan como mínimo 17 años o los cumplan durante el año 2013, y no posean los requisitos académicos de acceso a dichos estudios. En la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, será requisito tener como mínimo 19 años o cumplirlos durante el año 2013, y no poseer los requisitos académicos de acceso a dichos estudios.

Aquellos que quieran acceder a las pruebas para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria deberán tener al menos 18 años cumplidos a la finalización del plazo de inscripción de las mismas.

Toda la información relativa al procedimiento de inscripción, extractos informativos, calendario, contenidos de referencia, o exámenes de convocatorias anteriores, relativas a estas pruebas, se puede descargar desde la página web de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, www.carm.es/cefe (enlace de Áreas Temáticas “Formación Profesional” y de “Educación de Personas Adultas”) o desde la web de formación profesional de la Comunidad, www.llegarasalto.com.

En el mes de junio

Las pruebas de acceso a ciclos formativos se realizarán en la segunda quincena del mes de junio. La prueba de grado medio se dividirá en tres partes: sociolingüística, matemática y científico-técnica, y la de grado superior en dos: una parte común con ejercicios de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera, una segunda parte específica donde se deberán elegir dos materias de las tres propuestas según la opción por la que se presente el aspirante, y de acuerdo a las tres vías de acceso posibles a las distintas familias profesionales.

La convocatoria de pruebas para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria recoge la realización de dos convocatorias. Una de ellas se celebrará en la segunda quincena de junio y la otra se desarrollará durante la primera quincena de septiembre de 2013. En ambos casos, la prueba se dividirá en tres ámbitos: comunicación, social y científico-tecnológico.

Los aspirantes inscritos podrán presentarse a la prueba de septiembre sin haberse presentado a la de junio. Asimismo, los aspirantes que se presenten en junio y que no superen algún ámbito del examen también podrán presentarse en septiembre para conseguir el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

En su quinto mandato consecutivo, otro escándalo del pasado acompaña la gestión del alcalde Cámara. De la confirmación de su atolondramiento da fe que el mismo fiscal del caso Umbra que le interrogó sobre los convenios urbanísticos de la zona norte se permitió apercibirle sobre la titularidad del Teatro Circo, que seguía a nombre de la empresa que realizó las obras de su restauración mientras se programaban actos culturales del Ayuntamiento. El despiste del alcalde lo ha aprovechado la Agencia Tributaria para ejercer sus funciones mediante un implacable embargo. La pérdida patrimonial para el municipio está estimada en 8,3 millones de euros, a la que habrá que añadir la cantidad que resulte cuando la Justicia resuelva, o no, el caso Umbra que ahora se instruye.

Para terciar en el marrón, el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, Cosme Ruiz, emitió ayer un comunicado manifestando que el Teatro Circo "es una propiedad municipal a todos los efectos".

Ruiz hizo estas declaraciones en referencia a la información publicada por La Verdad, que apunta a que el Ayuntamiento no ha reclamado la titularidad del Teatro Circo en el Registro de la Propiedad, por lo que sigue siendo propiedad de una compañía inmobiliaria y el inmueble ha sido embargado por la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda.

Municipal y espeso

El edil explica que el inmueble fue recepcionado por el Ayuntamiento de Murcia en abril de 2011, tal y como consta en la correspondiente acta de entrega de posesión. Ese documento permitió su inclusión en el inventario municipal, acto necesario antes de su apertura al público, a raíz de lo cual se inició el procedimiento de inscripción registral.

Ruiz añade que el embargo preventivo se realizó en octubre de 2012 y que, por ello, los Servicios Jurídicos municipales interpondrán una tercería de dominio para hacer valer el derecho de propiedad sobre el teatro y que se levante ese embargo. Asimismo, recuerda que existe la posibilidad legal de que la empresa proceda a levantarlo.

A todos los efectos legales, por tanto, Ruiz asegura que el inmueble "es propiedad municipal y, en ningún caso, el Ayuntamiento de Murcia lo recepcionó con cargas en 2011".  O sea, otro asunto a los juzgados.

Rebote socialista

El portavoz del grupo municipal socialista, Pedro López, considera inadmisible que el alcalde Cámara haya permitido que el Teatro Circo haya sido embargado por 8,3 millones de euros por la Agencia Tributaria al no haber sido escriturado por el Ayuntamiento, a pesar de las advertencias del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, a Cámara durante sus declaraciones como imputado en el caso Umbra el pasado mes de junio. A juicio de López, lo más grave es que el fiscal le advirtiera y que meses después se ejecute el embargo, sin que durante todo este tiempo Cámara haya hecho nada por resolverlo.

Según López, ayer fue otro día más de malas noticias que confirman que la mala gestión de Cámara, desbordado por su imputación desde junio pasado, está provocando que el Ayuntamiento haga aguas por todas partes y que nadie asuma ninguna responsabilidad”, lamenta.

Una situación clara de desgobierno –prosigue el portavoz socialista– a la que Cámara debería poner fin con su dimisión inmediata, porque su gestión está claramente cuestionada. “Queda más que confirmado que a lo largo de estos años se han firmado convenios alegremente que después no se han controlado y que están generando graves perjuicios al patrimonio de todos los murcianos debido a la desidia de un Gobierno local sin rumbo, cuyo máximo responsable está claramente pendiente de otras cuestiones”.

López destaca que lo peor de todo es que lo ocurrido con el Teatro Circo no es un hecho aislado o un despiste puntual, “si tenemos en cuenta otras cuestiones como el aparcamiento de la Vieja Condomina (explotado por el Real Murcia desde el 2006 a pesar de ser de titularidad municipal); el convenio con Intersa sobre el JC1 o la titularidad de la plaza de la Hortícola, por citar algunos ejemplos que desde el grupo socialista hemos venido alertando”.

Responsabilidades políticas

La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, calificó ayer de "muy grave" el embargo del Teatro Circo al mantenerse la propiedad en manos de una de las promotoras que firmaron el correspondiente convenio urbanístico. Herguedas anunció que su grupo exigirá que se depuren las responsabilidades que hayan podido cometerse por el incumplimiento de la obligación de inscribir este bien en el registro correspondiente, lo que ha provocado una pérdida patrimonial de 8,3 millones para el municipio.

Asimismo, exige al alcalde que explique las acciones que realizó para garantizar el bien municipal tras conocer a través del fiscal que el Teatro Circo seguía aún a nombre de los promotores y además existía un embargo municipal.

Inaudito

El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, requirió por escrito al concejal Cosme Ruiz para que "realice un estudio exhaustivo que determine la titularidad del patrimonio del Consistorio, con objeto de comprobar su adecuado registro".  Asimismo, indica, "si tiene constancia de otros casos similares y qué medidas se han tomado para evitar que vuelvan a producirse hechos como este".

Tras calificar de "inaudito" que el Teatro Circo "no tenga debidamente registrada su propiedad a nombre del Consistorio y que además tenga un problema de embargo", señaló que "no es un hecho aislado, como se ha podido comprobar con el complejo JC1 o con el aparcamiento del antiguo estadio de 'La Condomina'".

Para el concejal de la formación magenta, este hecho "exige explicaciones de cómo se ha llegado a esta situación y de qué manera se ha gestionado este registro”, para “saber si esta situación ocasiona un perjuicio económico para las arcas del Ayuntamiento y por extensión a los bolsillos de todos los murcianos".

Incluido probablemente Juan Bernal entre ellos, cerca de la mitad de los economistas murcianos (47,9%) cree que en los próximos seis meses bajará la demanda de consumo por parte de los hogares, y algo más de siete de cada diez hacen un pronóstico similar para la compra de viviendas. Esta es una de las conclusiones del 13 barómetro de la economía murciana elaborado por este colegio profesional a partir de encuestas a sus colegiados en los meses de diciembre y enero.

Según estos expertos, la situación de las familias está más deteriorada que la de las empresas a consecuencia de la elevada tasa de paro y el creciente número de hogares con todos sus miembros en desempleo.

El barómetro muestra, en una escala del 1 al 5, que la situación de las familias de la Región en cuanto a ahorro, salarios o endeudamiento es ocho décimas inferior al 2, en tanto que ese índice se eleva al 2,06% si se refiere al momento en el que se encuentran las empresas, en cuanto a resultados, rentabilidad o deuda.

En relación a las expectativas de crecimiento de la economía por sectores productivos, en una escala de cero a diez se observa que solo en tres de los sectores se supera el cinco, una puntuación que representa "crecimiento nulo".

Los sectores productivos sobre los que recaen unas ligeras expectativas de crecimiento son aquellos en los que tradicionalmente la región presenta fortalezas endógenas, como industria agroalimentaria (5,49); agricultura (5,46) y turismo, ocio y hostelería (5,20).

Por otro lado, destaca el sector construcción y urbanismo como el menos valorado pues la puntuación media ha sido de un 1,86 sobre 10, indicativo de que se espera que continúe el proceso de ajuste en este sector.

En cuanto a las fortalezas de la economía regional, los expertos destacan claramente por encima del resto, con un 60,4% de apoyos, el sector agroalimentario, el turismo residencial y las energías renovables, mientras que para casi la mitad de ellos también es significativa la competitividad de Murcia en determinados productos y, para casi cuatro de cada diez, la innovación y técnica en la industria agrolimentaria.

Sobre las debilidades, los encuestados inciden en el paro (56,7%), la escasa inversión en I+D+i (49,3%) y las informaciones sobre corrupción y tratos de favor (39,6%).

La adjudicación de un contrato de más de 4,3 millones de euros, por parte de la Comunidad Autónoma, a la empresa del actual director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, Eduardo Linares, vulneró las leyes de incompatibilidades, al igual que lo hizo el propio alto cargo. La adjudicación se produjo poco tiempo después del nombramiento como director general de Linares y cuando éste todavía figuraba como apoderado de la empresa que se hizo con los servicios: Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas (COTA) SA.

El director general vulneró el artículo 9 de la Ley del Estatuto Regional de la Actividad Pública, que establece que los altos cargos deben tener una dedicación absoluta y excluyente. En concreto, indica textualmente que la “dedicación de un alto cargo es incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena”. Asimismo, dicho artículo agrega que “tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de las mismas, ni cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada”.

Sin embargo, Linares simultaneó los cargos de director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones y de apoderado de la empresa COTA durante un par de meses.

También se conculcó el artículo 10 de dicha ley, que establece que el ejercicio de un alto cargo es incompatible con actividades privadas, como “el desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o ayudas del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

Por otra parte, se vulneró también la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En concreto, en el artículo 11 se indica que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley, como es el caso de Linares, “no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado”. Linares era el apoderado de una empresa del sector de telecomunicaciones mientras que ocupaba el puesto de director de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones.

Además, el artículo 12 de la ley deja claro que el personal al servicio de las Administraciones Públicas no podrá ejercer actividades como “el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público”.

También se prohíbe el desempeño de “cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas”.

No se permite tampoco “la pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado”.

En definitiva, Linares vulneró varios artículos de las leyes de incompatibilidades, tanto de ambito regional como la estatal.

• La Comunidad adjudicó a la empresa del director general Linares un contrato de 4,3 millones

El sindicato CCOO ve con preocupación “la ambigüedad calculada” del consejero de Educación respecto de si los componentes de los tribunales de oposiciones al Cuerpo de Maestros estarán afectados por las restricciones presupuestarias recogidas en las disposiciones adicionales 21ª.3. y 23ª de la Ley de Presupuestos de la Región para 2013.

Las mencionadas adicionales establecen que durante el año 2013 no se abonarán horas extraordinarias ni indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados de selección de personal, como son los tribunales de oposición. Solo de manera extraordinaria, a propuesta de la Consejería de Hacienda y por acuerdo del Consejo de Gobierno podrían alterarse estas disposiciones.

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que tanto el plazo de solicitar voluntariamente formar parte de dichos tribunales de oposición como el de solicitar ser excluido de los listados de funcionarios que pueden ser designados para formar parte de los mismos con carácter forzoso está próximo a cumplirse (termina el 27 de febrero), sin que quienes pueden acogerse a una u otra posibilidad sepan si se va a producir el pago de las asistencias.

CCOO expresa su preocupación, además, por lo que puede ocurrir este verano si se aplicasen las disposiciones arriba citadas de la Ley de Presupuestos y los tribunales sólo pudieran realizar su labor durante la jornada ordinaria de sus componentes. Esto llevaría a tener que utilizar casi el doble de sesiones que en convocatorias anteriores, retrasaría el resultado de las oposiciones hasta finales de julio e impediría configurar las listas de interinos y realizar los actos de adjudicación de vacantes propios del mes de julio.

CCOO teme que impedir la normal configuración de la lista de interinos sea el auténtico interés de la Consejería de Educación y rechaza este nuevo recorte de derechos laborales y salariales que afectará a cientos de funcionarios (cinco por tribunal y un tribunal por cada 70 opositores) en unas oposiciones en la que se prevé que participen más de 12.000 aspirantes.

Palabra de Buendía

Por su parte, el director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía, aseguró ayer que la Consejería de Educación “garantizará el pago a los miembros del tribunal que participen en las oposiciones de 2013”, y recordó que “tal y como establece la normativa, se podrá autorizar, con carácter excepcional, por acuerdo de Consejo de Gobierno y a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda”. 

“Se trata de una tarea excepcional la que realizan los docentes que forman parte de los tribunales, por lo que plantearemos la autorización para que su funcionamiento sea similar al de convocatorias anteriores, como bien conoce CCOO y el resto de sindicatos a los que hemos informado claramente de esta cuestión”.

Medio centenar de personas se concentraron ayer a las puertas de la Ciudad de Justicia de Murcia para solidarizarse con Alan, un chico de 16 años y nacionalidad colombiana que ha sido juzgado por un delito de atentado contra la autoridad y una falta de lesiones.

Según la versión de la Policía, Alan, tras insultar a los agentes y tirarles piedras, golpeó la moto de uno de los agentes tirándolo al suelo. Estos hechos acontecieron durante una manifestación el 29 septiembre de 2012. Según la versión de Alan, fue atropellado por una moto de la Policía durante aquella manifestación. Después fue golpeado brutalmente por varios agentes, y llevado a comisaría sin permitirle recibir asistencia sanitaria, ni informarle de sus derechos, sin poder hablar con un abogado… o tan siquiera con sus padres.

Alan asegura que la Policía lo amenazó con devolverlo a su país natal (Colombia), con que otro preso abusaría sexualmente de él, o con no poder recibir asistencia médica hasta que no realizara una declaración favorable a la Policía, diciendo que todas las lesiones que había recibido eran fruto de un accidente y no de los golpes ocasionados por los agentes. Como consecuencia de estos hechos, Alan presentó un parte de lesiones con erosiones en la cara, contusiones en el torso y en la pierna derecha fractura múltiple.

Según informa José Mateos, el abogado del menor, durante el transcurso del juicio, celebrado a puerta cerrada, el fiscal de Menores cambió la petición que realizaba contra Alan, modificando la pena de nueve meses y medio de internamiento carcelario por siete meses de libertad vigilada. De forma paralela, un Juzgado de Instrucción de Murcia está investigando la denuncia interpuesta por Alan contra los policías que le golpearon por detención ilegal, torturas y omisión de socorro.

Aidmur (Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia) califica de “vergonzante” que las tasas a aplicar a los opositores sean de 69,32 euros frente a los 32,16 euros de 2009, en lo que supone un incremento del 115% respecto a la convocatoria anterior, y que han sido aprobadas mediante la orden de 5 de febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2013.

“Ya ha quedado claro que el consejero de Educación convoca unas oposiciones, que son ridículas en cuanto al número de plazas ofertadas, con el único fin de recaudar obscenamente, esquilmando a los aspirantes a dichas oposiciones, en un claro ejercicio recaudatorio realizado porque el Gobierno del que forma parte ha fracasado en su objetivo de contención del déficit”, señala Aidmur.

La asociación asegura que “nos entristece e indigna que hayan pensado en hacer rapiña sobre un colectivo que sufre el desempleo y la precarización absoluta de sus condiciones de trabajo”.

Según Aidmur, una vez más Sotoca demuestra su indiferencia y falta de sensibilidad hacia la ciudadanía, especialmente en la actual situación de crisis económica, imponiendo unas tasas abusivas, y con un claro fin recaudatorio.

Aidmur exige públicamente que Sotoca comparezca y explique a la opinión pública, que paga su sueldo, tres cuestiones fundamentales:

La primera, ¿por qué convoca oposiciones con la postura contraria de la Mesa Sectorial de Educación y de todas las organizaciones que representamos al profesorado?

Segunda, ¿por qué hemos tenido que esperar al mes de febrero para que se apruebe dicha convocatoria, perjudicando gravemente a los aspirantes, que no han tenido el tiempo necesario para preparar con seriedad las pruebas, y que por otro lado aún no se conocen cómo van a ser?

Tercera, ¿por qué se incrementan las tasas en un 115%?, ¿cuál es la justificación de dicho incremento? Y otra cuestión añadida importante: ¿la recaudación va a revertir en la educación pública?, ¿va a servir para contratar a más profesores?, ¿va a haber más becas para libros, para comedores, para transporte escolar?, ¿va a servir para pagar el dinero que se le debe a los centros educativos, que no tienen dinero ni para tizas o folios?

“La ciudadanía de la Región de Murcia merece que sus responsables políticos expliquen en qué gastan el dinero recaudado, y así lo exigimos”, agrega Aidmur.