El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, que visitó ayer la ciudad de Lorca, mostró su decepción “22 meses después de los terremotos” por la situación que vive el municipio, “con 4.000 expedientes todavía sin resolver por culpa de la Administración regional”, en contraste con “los siete meses de trabajo bien hecho cuando gobernaba el PSOE en España”.

González Tovar comprobó de primera mano que “Lorca aún no levanta el vuelo, porque siguen muchas personas esperando respuestas y ayudas”. Denunció que la Comisión Mixta no se reúne semanalmente, como debería hacerlo según el Real Decreto para Lorca, sino que lo hace una vez al mes, “y este mes sólo ha resuelto 14 expedientes”.

El líder socialista pidió una prórroga de las ayudas que se concedieron de 24 meses para alquiler de viviendas “a todas las personas que lo necesiten”. En este sentido, recordó que la diputada nacional María González Veracruz, que también visitó Lorca el pasado sábado, presentará una iniciativa en este sentido en el Congreso de los Diputados “para atender situaciones de necesidad y emergencia”.

Tovar se mostró también muy decepcionado “por la poca transparencia del Gobierno local de Francisco Jódar, al que insistentemente se le ha solicitado información de las indemnizaciones del Consorcio sobre los edificios públicos de Lorca, sin que a día de hoy la haya facilitado”. “Tampoco hay transparencia sobre el Plan Lorca. Ahora, casi dos años después de los terremotos, nos dice el alcalde que no pueden decirnos nada, ni hacerlo público, porque necesitan autorización del Gobierno de la nación”.

Tovar se refirió también a las ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI): “Queremos saber de dónde va a salir la cofinanciación que va unida a esas ayudas y a qué proyectos irán destinadas”.

Tovar no quiso pasar por alto el asunto del cargo de la Comisionada para Lorca, Inmaculada García, “un cargo que se inventaron dotado de un sueldo muy alto para una persona que ni tiene presencia en la ciudad, ni aporta ni soluciona nada. Otro gasto inútil, que ahonda en la incapacidad de los gobiernos local y regional”.

Finalmente, el líder socialista explicó que el pasado sábado se reunió con los afectados por las inundaciones, “que nos hablaron de lo abandonados que están por la Administración”.

El ingeniero Domingo Peñalver, uno de los imputados en el presunto caso de corrupción urbanística de Librilla, se ha acogido ahora a su derecho a no declarar al ser preguntado por el juez instructor sobre la entrega de comisiones ilegales al exalcalde José Martínez y al exconcejal Pedro Martínez.

Peñalver mostró así una actitud bien distinta a la de su primera declaración, en noviembre de 2008, cuando mantuvo que entregó dinero a estos dos políticos y al gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, José Andrés Cortés, a cambio de la adjudicación de obras municipales a su empresa, Acadi.

En este nuevo interrogatorio, Peñalver declaró que "no iba a responder a ninguna cuestión relativa a la entrega de comisiones o a la confección de facturas falsas".

En su primera declaración, este imputado no sólo reveló que hizo entrega de las dádivas, sino que incluso señaló lugares y momentos concretos en los que se realizaron. Entonces, incluso comentó que llegó un momento en que se negó a ir a Librilla porque el exalcalde y el exconcejal "le estaban esperando para pedirle dinero de forma canina".

Por otra parte, ayer corrigió o matizó otras manifestaciones vertidas en su primera declaración judicial, según se recoge también en el acta, a la que ha tenido acceso Efe. Así, al preguntarle el magistrado, Andrés Carrillo, si mantenía lo que dijo en su anterior comparecencia, en la que aseguró que a la hora de concurrir a los concursos públicos preparaba no sólo las propuestas de su empresa, sino, también, las de las demás participantes, que habrían actuado de meras comparsas, según la investigación, respondió que "fue un error" decir eso.

Comentó igualmente que no solo no preparó las ofertas económicas de las otras sociedades en los concursos que fueron adjudicados a Acadi, sino que, "de hecho, ni sabía que se iban a presentar esas otras empresas".

Peñalver puso en duda su firma en varios de los documentos que le fueron expuestos por el juez, para comentar que alguna vez la misma fue falsificada por su socio en Acadi, el también imputado José Luis Cano, fallecido hace años cuando se dirigía a una cita con su abogado para preparar la defensa. Y añadió que para evitar esa falsificación, llegó un momento en que decidió poner su nombre junto a la firma.

El acto recoge, por otro lado, que al ser preguntado respecto a si no le extrañó ver que la de su empresa siempre era la oferta más baja, manifestó que "lo normal era que no se presentaran otras empresas, porque la única que podía hacer esos contratos era Acadi".

Hacia el final del interrogatorio volvió a acogerse a su derecho a no declarar para evitar contestar a dos preguntas del fiscal que trataba de saber si mantenía lo dicho en una ocasión anterior de que Cano se llevaba el 30% de lo facturado por las adjudicaciones y de que él mismo se concertó con empresas para que le hicieran facturas falsas.

Al serle concedida la palabra declaró que agradecía "la oportunidad de haber podido aclarar estas cosas, que quiso hacerlo en el año 2009, pero no tuvo la oportunidad".

El alcalde de Murcia, Miguel Angel Cámara, acompañado por la concejal de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, presentó ayer la nueva flota de 105 vehículos que se utilizará en el servicio de parques y jardines por la empresa STV, que presta este servicio desde principios de año. Ni el alcalde ni la concejal hicieron público el gasto que supone al Ayuntamiento la adquisición de esos vehículos. Tampoco explicaron por qué han dejado fuera de la operación a Comarth, la fábrica murciana de coches eléctricos, cuyos vehículos han adquirido ya servicios de correos de España y de otros países, como Francia.

La incorporación de estos vehículos responsables con el medio ambiente permitirá ahorrar anualmente 51.500 de CO2 a la atmósfera, principal causa de efecto invernadero, y 41.760 litros de combustibles fósiles, según el Consistorio, que se revela como un lince para estos cálculos.

Además, propiciará una disminución de la contaminación acústica en un 100% con los eléctricos y de un 50% con los de gas, al tiempo que se reducirá un 100% la emisión de partículas, eliminando la mayor fuente generadora de problemas respiratorios en las ciudades. Por último, se suprimirá la emisión de NOX a la atmósfera y en un 70% con los vehículos de gas, principal causa de lluvia ácida.

De esta forma, y por primera vez, los automóviles, furgonetas, camiones y motocicletas empleados en este contrato se adaptan totalmente a los cánones de la movilidad sostenible.

Según el propagandístico comunicado municipal, el mantenimiento de los parques y jardines, que en los últimos años había prestado una especial atención para implantar los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, da un paso más ahora con el uso de vehículos híbridos, eléctricos y de gas licuado. En total, Murcia dispone de 2,4 millones de metros cuadrados de zonas verdes y 45.000 árboles en alineación.

En concreto, prestarán servicio 4 Toyota Auris Híbridos, 4 Renault Twizy eléctricos, 30 Piaggio Porter eléctricos, 30 Piaggio Porter eléctricos de gas licuado, 8 Piaggio de gas licuado, 18 furgonetas Volkswagen Caddy de gas licuado, 7 camiones Mercedes Sprinter de gas licuado y 4 triciclos eléctricos smartwork.

No se trata del primer servicio municipal que adopta esta medida de respeto al medio ambiente, ya que la flota de 'vehículos verdes' (híbridos, eléctricos o de gas licuado) funciona hace meses en la limpieza viaria y recogida de residuos o la totalidad de la flota de los autobuses de la nueva concesionaria del transporte público urbano.

El presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, insistió ayer en que la Administración regional elaborará un plan de ajuste que no ponga en riesgo el estado del bienestar. Valcárcel –que acabará siendo recordado como El Cansino– hizo estas declaraciones al ser preguntado por el plan de ajustes en una rueda de prensa que ofreció con motivo de la firma del Pacto Regional por la Economía Social 2013-2015.

El presidente murciano recordó que el miércoles ya anunció que el plan estará listo en abril, y será "pactado y consensuado en la mayor medida de las posibilidades". Avanzó que habrá que elaborar un plan de reajuste "en el que no se ponga en riesgo esto que ya vengo oyendo desde 2010 que se pone en riesgo, pero los hospitales siguen atendiendo a la gente y los colegios siguen recibiendo alumnos", ratificó.

El II Pacto Regional por la Economía Social tendrá un presupuesto abierto que, inicialmente, asciende a 4 millones de euros. Durante la presentación de este acuerdo, a la que asistieron los presidentes de Fecamur, Francisco López; Fecoam, Santiago Martínez; Amusal, José Francisco Ballester, y Ucomur, Juan Antonio Pedreño, además del consejero de Trabajo, Constantino Sotoca, Valcárcel destacó que el pacto incluye 48 medidas destinadas a la creación y consolidación de empresas, o fomento de la formación y del asociacionismo.

Este pacto, según Valcárcel, contará con un presupuesto mínimo de cuatro millones de euros, al que se sumarán partidas de otros organismos públicos como el INFO, todavía por determinar, pero "suficientes para la ejecución de las medidas que incluye", dijo el presidente de Murcia .

Así, se ofrecerá orientación para la creación de empresas; subvenciones para la creación de empleo estable, para el incremento de capital social y para la cooperación entre micropymes, al tiempo que se apoyará el uso de nuevas tecnologías y el autoempleo.

Además, este acuerdo, que todos los firmantes valoraron positivamente por la cuenta que les trae, pretende, según explicó Valcárcel, "ganar la batalla en los mercados internacionales" para incrementar la competitividad de las empresas del sector, al que en los últimos 17 años se han destinado alrededor de 130 millones de euros. "Este sector es útil y necesario, ya que cuenta con 2.100 empresas y 22.000 socios en la Región", indicó el presidente de Murcia.

En este sentido, el presidente de Ucomur dijo que el pasado ejercicio, "en plena crisis", se crearon en la comunidad 82 cooperativas, y añadió que existen ya más de 150 nuevas empresas de economía social en la Región, lo que hace que " Murcia sea la cuarta región en creación de este tipo de negocios".

Por su parte, su homólogo de Fecoam, Santiago Martínez, destacó "la sintonía" con la Administración en la elaboración de este pacto, que calificó de "muy importante", ya que "el futuro está en el autoempleo" y este acuerdo aporta "estabilidad y recursos al sector".

Los delegados sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación –CCOO, STERM-Intersindical, ANPE, SIDI y UGT– se encerraron ayer en el sótano de la Consejería de Educación, Formación y Empleo como protesta por la "intransigencia" de la Administración regional, que se ha "negado" a debatir y estudiar las propuestas sindicales sobre las oposiciones docentes de este verano y a aprobar la prórroga del acuerdo de interinos.

Así lo hizo saber el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, quien critica que la Consejería quiere "imponer" sus tesis y "eliminar las listas de interinos siguiendo instrucciones políticas de partido".

Vicente explica que los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han sido convocados a una reunión con el director general de Recursos Humanos de la Comunidad, Joaquín Buendía, y las formaciones han acudido a presentar sus propuestas "con lealtad".

Sin embargo, critican que el director general, en vez de seguir el orden del día del encuentro, ha emplazado a los sindicatos a una futura comisión de seguimiento y, al parecer, "se ha levantado de la mesa", provocando la indignación de los representantes sindicales, que se han encerrado en la Consejería.

A su juicio, la Consejería ha demostrado con su reacción al rechazo sindical a avalar sus posiciones políticas que "la única y exclusiva finalidad de esta convocatoria es acabar con el Acuerdo de Interinos, con la estabilidad laboral de este colectivo profesional y aumentar la incertidumbre y la precariedad en el sector educativo".

CCOO ,que ha dejado en todo momento "clara su posición contraria a la limitación de la tasa de reposición, al recorte de plantillas docentes y a la ridícula oferta de empleo de este año", ha participado en las sesiones del Grupo de Trabajo buscando "mejorar la propuesta inicial de Orden de Convocatoria que hizo la Consejería".

Afirma que lo ha hecho "con transparencia, coherencia y buscando la mejor defensa de los trabajadores y trabajadoras a los que representa", y lo ha hecho también "a pesar de las maneras utilizadas por la Consejería, con reuniones convocadas sin documentación previa y con propuestas únicamente verbales, así como de su estrategia negociadora, ya que propone situaciones extremas para luego ceder en ellas sin afectar a la médula del objeto de negociación".

Los delegados sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación criticaron la orden que recibió la Policía Nacional de desalojarles antes de las 16.00 horas de ayer si no habían abandonado antes la Consejería de Educación, Formación y Empleo, donde se encontraban encerrados como protesta a la "intransigencia" de la Administración regional.

Nuevo pacto de interinos

El director general de Recursos Humanos de Educación, Joaquín Buendía, ha transmitido a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación su disposición a "evaluar y negociar" siempre un nuevo pacto de interinos, pero "no a prorrogar indefinidamente el actual, como ellos pretenden".

En este sentido, ha recordado que este pacto "permite que los interinos sigan trabajando en un lugar preferente en la lista, independientemente de la nota que obtengan en la oposición, incluso con un cero". Buendía ha respondido de esta forma a los delegados sindicales con representación en la Mesa Sectorial.

Buendía ha remarcado que es "absolutamente falso" que la Consejería no quiera debatir o negociar la convocatoria de oposiciones, y apunta a que fueron las propias organizaciones sindicales las que rechazaron el miércoles "el trabajo de semanas de negociación".

La presión ejercida por el encierro realizado ayer ha llevado al Consejero a mantener una reunión con STERM-Intersindical y el resto de organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial. En ella ha planteado por primera vez que la Consejería no está dispuesta a prorrogar el actual acuerdo de interinos más allá del curso próximo. Asimismo ha manifestado que va a plantear a lo largo del mes de marzo un nuevo modelo de reorganización de listas, así como del resto de elementos que componen el actual acuerdo de interinos para su implantación a partir del curso 2014-2015.

Ante esta situación, STERM-Intersindical llama a participar en todas aquellas movilizaciones y asambleas unitarias que se convoquen en los próximos días.

Apoyo del PSOE y de IU-Verdes

Por su parte, la secretaria de Educación y Cultura del PSRM, Choni Ludeña, ha manifestado el apoyo y la solidaridad del Partido Socialista de la Región de Murcia con los representantes de los trabajadores y con los interinos encerrados en la Consejería de Educación.

Ludeña instó al consejero Sotoca a que "asuma su responsabilidad y tome cartas en el asunto de forma inmediata". En su opinión, Sotoca está demostrando, con su falta de implicación y de diálogo, su incapacidad para gestionar la Educación en nuestra Comunidad Autónoma.

"No se puede estar jugando durante meses y meses, precisamente en estos momentos de incertidumbre que atraviesa la Región, con tantas personas docentes y sus familias", añadió, según informaron fuentes del PSRM en un comunicado.

Por su parte, el coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho que la decisión de la Consejería de no prorrogar el acuerdo de docentes interinos supone terminar con la estabilidad profesional de este colectivo y es el paso previo a más despidos.

Pujante, que ha expresado su "total respaldo" a los interinos, indica que el hecho de que no se prorrogue el acuerdo es además "una forma de iniciar un segundo expediente de regulación de empleo" después del despido de 2.000 interinos en junio del pasado año.

A su juicio, la razón por la que la Consejería ha tomado esa decisión es que el Gobierno regional va a llevar a cabo nuevos recortes en los servicios públicos. Por tanto, ha añadido, "no es problema de gestión del acuerdo", sino una "herramienta" para aplicar más ajustes.

Basándose en informaciones publicadas hace dos semanas por Elpajarito.es, el abogado murciano Diego de Ramón ha remitido un escrito al fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, para que la Fiscalía Anticorrupción investigue los hechos denunciados por este periódico, según publicó ayer el blog murciaconfidencial.

Aquellas informaciones, basadas en datos del Registro Mercantil, daban cuenta de que Eduardo Linares, director general de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, simultaneó durante un par de meses su condición de cargo público con la de apoderado de la empresa COTA SA, beneficiaria de un contrato de la Comunidad por más de 4,3 millones de euros.

El letrado incluye en su denuncia a José Daniel Martín, como director que era en ese momento de Televisión Autonómica de Murcia, empresa que adjudicó el contrato de transporte de señal de televisión digital terrestre.

En su denuncia, en base al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al amparo de los artículos 3, siguientes y 19 de la Ley 50/1981 sobre competencias del Ministerio Fiscal,  el letrado murciano relata que el susodicho José Daniel adjudicó el citado contrato a Eduardo en las mencionadas circunstancias.
De Ramón estima en su denuncia que este hecho conlleva la vulneración de las leyes de incompatibilidad de altos cargos, artículo 9 en concordancia con el artículo 10 y 11 de la Ley del Estatuto Regional de la Actividad Pública.

Para el letrado, "la posible presunta infracción penal sería el tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal en relación con la prevaricación del artículo 404 de dicho código punitivo, aparte de otras interpretaciones ampliatorias que puedan sacarse como consecuencia del expediente de contratación entre las partes intervinientes (...)".

Finalmente solicita que la Fiscalía Anticorrupción investigue para determinar todas aquellas personas físicas y jurídicas de las que pudiera derivarse responsabilidad alguna en la comisión de los hechos denunciados y se ordene lo pertinente en orden a la comprobación de la identidad de las personas de las que pudiera deducirse responsabilidad penal y se incoen las acciones legales oportunas para el esclarecimiento de los mismos.

A tal efecto, De Ramón desea saber cuando se dio de alta y de baja Linares como apoderado de COTA SA en el Registro Mercantil de Murcia; y solicitar del mismo cuál es la aportación de capital de la Comunidad Autónoma a Televisión Autonómica de Murcia SA y qué ente administrativo aporta dicho capital; que ésta y COTA SA aporten el expediente de contratación entre ambas por importe de 4.365.000 euros y se tome declaración a ambos contratantes como personas físicas y representantes de Televisión Autonómica de Murcia SA y COTA SA.

Y también que se solicite el correspondiente dictamen de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma sobre la Ley Regional de Incompatibilidades en los cargos públicos, sus prohibiciones y penalizaciones existentes, y sobre el sistema de contratación de una empresa participada con dinero público aunque sea sociedad anónima.

Todas las organizaciones sindicales han rechazado en la Mesa Sectorial de Educación del 6 de marzo de 2013 la propuesta de borrador de convocatoria de oposiciones de maestros. La Consejería de Educación ha manifestado que, al no existir acuerdo, se publicará la orden de convocatoria que el Consejo de Gobierno de la CARM estime conveniente con independencia de lo tratado en los diferentes grupos de trabajo. Los sindicatos y la Consejería de Educación se han enzarzado en un rifirrafe por esta cuestión.

Las reacciones de los sindicatos no se han hecho esperar. CCOO rechazó en el mes de diciembre la convocatoria de oposiciones con un número de plazas, 200, tan reducido como insuficiente para satisfacer las necesidades del sistema educativo murciano. CCOO expuso en aquel momento su opinión de que esta convocatoria decidida por el Gobierno regional obedece a un impulso político partidista procedente de las instancias centrales del PP y al interés por parte de la Administración de desmarcarse del Acuerdo de Interinos del año 2006.
CCOO lamenta la decisión de la Consejería de no utilizar las mejoras y puntos de encuentro alcanzados en las reuniones del Grupo de Trabajo y de llevar a Consejo de Gobierno un texto unilateral y desconocido para la parte social de la Mesa de negociación.

Para STERM-Intersindical, la convocatoria de proceso selectivo para el cuerpo de maestros que el Gobierno regional pretende aprobar con la oposición de todas las organizaciones sindicales constituye una dejación del mandato otorgado por la ciudadanía de la Región Murciana de defender sus intereses.

“Tras cuatro años sin convocar oposiciones en infantil y primaria, el exiguo número de plazas ofertadas no hace sino confirmar la caída libre de la educación murciana, que ha visto en los últimos años como desaparecían 2.000 puestos docentes. De esta manera se sigue a pies juntillas la teoría apoyada por el ministro Wert de la escasa importancia que tiene la inversión educativa en el mantenimiento de un sistema educativo de calidad”, añade el sindicato.

ANPE critica que la Consejería no ha entrado a negociar los aspectos fundamentales de la orden de convocatoria planteados unánimemente por las organizaciones sindicales. Aspectos de la orden como el Baremo de Méritos, Ordenación de las listas de interinos y habilitaciones de interinos, de vital importancia para el colectivo, no han sufrido cambios con respecto a la propuesta inicial de la Consejería.

“Ante esta situación la Consejería de Educación propondrá al Consejo de Gobierno la propuesta que estime conveniente pudiendo no tener en cuenta aspectos previamente negociados en los distintos grupos de trabajo. Por ello todo lo hablado hasta ahora queda en el aire”, añade el sindicato.

El director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía, aseguró ayer que los sindicatos han rechazado completamente la Orden que regula la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros, en la Mesa Sectorial de Educación celebrada en la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Buendía criticó la postura de las organizaciones sindicales, con las que “llevamos más de tres semanas negociando y buscando el máximo consenso”. Un consenso que “de forma premeditada no se iba a alcanzar por parte de los sindicatos”, y que, a juicio del director general, “ha provocado que los aspirantes al proceso selectivo no dispongan aún de una convocatoria definida”.

El director general lamentó que las organizaciones sindicales “hayan invalidado toda la negociación y los acuerdos alcanzados en estas últimas semanas, durante las cuales se habían introducido múltiples modificaciones”.

La presencia de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente al número 82 de la calle Torres de Cotillas, en Javalí Nuevo, evitó el tercer intento de desahucio de una familia con tres hijos afectada en un procedimiento de embargo. A la hora señalada para proceder al desalojo, ningún miembro de la comisión judicial se ha personado en la casa, aunque los miembros de la plataforma han permanecido rodeando la vivienda hasta pasadas las dos de la tarde.

Los integrantes de la plataforma desplegaron una pancarta frente al inmueble en la que se podía leer "contra el terrorismo bancario" y "por una vivenda digna", para denunciar el intento de desahucio de esta familia que adeuda a un prestamista privado una suma de 100.000 euros.

El vecino del inmueble, Antonio Ortega, explicó en la puerta de su vivienda que ha intentado abonar la deuda con el prestamista. "Fue una hipoteca que suscribió mi suegro que vive en una propiedad contigua aunque la escritura abarca las dos casas". Ortega lamenta que el acreedor no les haya dado opción a saldar la deuda contraída, "desde un primer momento nos han dado largas porque su verdadera intención era quedarse con la propiedad".

En la vivienda viven los tres hijos del matrimonio de 20, 17 y 8 años de edad. Por su parte, Paco Morote, miembro de la Plataforma, afirmó que la legislación actual en materia de desahucios "es injusta y propicia en casos como éste que son del todo disparatados".

Poco después de las dos de la tarde, los integrantes de la PAH pusieron fin a la concentración al comprobar que los encargados de ejecutar el desahucio optaron por no presentarse en esta ocasión.