El Pleno del Ayuntamiento de Jumilla mostró ayer su oposición por unanimidad a que se realicen exploraciones en el subsuelo de ese término municipal para extraer gas mediante la técnica de la fractura hidráulica.

El portavoz de Izquierda Unida-Verdes, José Antonio Pérez Martínez, denuncia que los Gobiernos de Murcia y España han autorizado trabajos previos para analizar la posibilidad de obtener gas con esta técnica en varios terrenos de las provincias de Murcia y Albacete.

Según Pérez Martínez, los trabajos afectan a las cuadrículas Aries I, Aries II y Leo, que abarcan el 90 por ciento del término municipal de Jumilla, así como parte de los municipios albaceteños de Hellín, Albatana y Ontur, de Yecla y Calasparra y de Pinoso (Alicante).

Los ediles jumillanos se opusieron al uso de esa técnica porque se realizan a una profundidad de entre 5.000 y 6.000 metros y podría afectar a los acuíferos de la localidad.

Se dará traslado de este acuerdo a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de Murcia y a la dirección general de Industria, Energía y Minas del ministerio de Industria, Energía y Turismo.

También por unanimidad, los grupos municipales han acordado ceder una parcela de 10.929 metros cuadrados al Gobierno de Murcia para que construya un colegio de infantil y primaria en la calle de San Agustín.

Solo con los votos a favor del PP y PSOE, la sesión plenaria acordó pedir al Ejecutivo autonómico que declare a Jumilla ciudad cofrade en reconocimiento a los 600 años de historia de sus desfiles procesionales de Semana Santa.

El pleno también pedirá a la Demarcación de Carreteras de Murcia que dé solución al problema planteado en el kilómetro 82 de la carretera nacional 344 (de Jumilla a Yecla) a la altura del paraje de La Hoya-Torres, ya que actualmente existe una línea continua que impide poder girar a la izquierda, con el consiguiente peligro para vehículos y vecinos de estos parajes agrícolas.

El Ayuntamiento quiere que se construya una isleta o se amplíe un carril para evitar que los vehículos tengan que circular durante varios kilómetros en dirección Yecla y de nuevo regresar por la Nacional 344 tras cambiar de sentido para entrar a esos parajes.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años y tres meses de prisión al ex director de una sucursal de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) que estafó 12.000 euros a una clienta al prometerle un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda a sabiendas de que ello era imposible por sus escasos ingresos como recogedora de fruta.

La sentencia condena no sólo a este ex director, Francisco Miguel L.R., sino, también, a un segundo acusado, Antonio C.J., agente de la propiedad inmobiliaria que participó en las maniobras engañosas, al que se imponen 20 meses de prisión.

La sentencia, que tiene como ponente al magistrado Augusto Morales, señala que los hechos ocurrieron en enero de 2008, cuando Francisco Miguel L.R., que estaba al frente de la sucursal de la citada caja de ahorros ubicada en el barrio de Santa Eulalia, llamó a la denunciante "para insistirle en que se decidiera a comprar el piso". Añade la Audiencia que "le dijo que era una oportunidad, que él le facilitaría la concesión del préstamo hipotecario, y que se presentara en su oficina, lo que ella hizo inmediatamente".

"Una vez en la oficina, dice la sala, el acusado, sin abrir expediente alguno sobre solicitud de préstamo hipotecario ni requerirle documentación alguna, le dijo que tenía que convencer a dos personas de su entorno con cuenta en la CAM para que pidieran un préstamo con cargo a la tarjeta de crédito que su entidad les facilitaría, por importe de 6.000 euros cada uno". Le indicó que esa cantidad "serviría para la entrada del piso que iba a comprar", tras lo cual esta mujer habló con su hermana y un amigo, que se ofrecieron para que se les extendieran esas tarjetas de crédito.

La Audiencia añade que el ex director realizó diversas maniobras que le permitieron extraer los 12.000 euros que sumaban los créditos de las tarjetas y que, junto a la mujer y el otro acusado, se desplazaron a la inmobiliaria que le iba a vender la vivienda.

Una vez en el lugar, la denunciante observó que solo entregaban al promotor 3.000 euros, "y cuando ella pidió un recibo del dinero que acababa de entregar, al ver que en el contrato únicamente constaba que entregaba esa cantidad, en concepto de reserva, los acusados le dieron evasivas, manifestando que se lo darían después, lo que no llegaron a hacer".

La sentencia señala que los 9.000 euros restantes quedaron en la promotora, a la que regresó a los pocos minutos el segundo acusado para recogerlos, procediendo entonces a repartírselos entre ambos. Los magistrados no se creen la afirmación de los denunciados de que ese dinero era el importe de la comisión de Antonio C.J. como agente de la propiedad inmobiliaria.

Dice la sala que hubo engaño suficiente para condenar los hechos como constitutivos de un delito de estafa, entre otras razones, porque la operación se realizó en pocas horas y porque el director de la oficina conocía que la denunciante solo tenía unos ingresos mensuales de alrededor de 700 euros como recogedora de fruta o empleada doméstica.

Comentan los jueces que resultaba por ello imposible que le dieran un préstamo hipotecario, como no se lo concedieron, ni que pudiera afrontar la compra de una vivienda cuyo precio rondaba los 200.000 euros.

La sentencia condena a los acusados, además de a la pena de prisión, al pago de los 12.000 euros estafados, más los intereses de las tarjetas de crédito, que ascienden a casi 2.400 euros, haciendo responsable subsidiaria a la entidad de ahorros, hoy Sabadell-CAM.

El tribunal dice que "dada la gravedad de los hechos" hubiera podido imponer una pena mayor, aunque la ha moderado al tener en cuenta que han transcurrido más de cinco años desde la comisión de los hechos hasta la celebración del juicio.

Finalmente, señala que, a expensas de lo que se pudiera decidir en el trámite de ejecución de sentencia si alcanzase firmeza, cree que Francisco Miguel L.S., "pese a que pudiera ser delincuente primario, sí que merece, a nuestro juicio, el cumplimiento real de la condena".

Medio millar de personas, según sindicatos, se concentraron ayer a las puertas del palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, convocados por UGT, CCOO, Intersindical, CSIF, ANPE, Satse y SIME, integrantes de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos de la Región de Murcia, para manifestar su rechazo a las nuevas medidas de ahorro propuestas por el Gobierno regional, "que no son sino nuevos recortes salariales para los empleados públicos y una vuelta de tuerca más a los derechos salariales que parecen no acabar nunca".

El coordinador del Área Pública de CCOO, Pedro Manuel Vicente, tachó la convocatoria del jueves de la Mesa General "de paripé, una falsa negociación" y aconsejó al Ejecutivo regional "releer el Estatuto de los Trabajadores para entrar a debatir y negociar medidas que afectan a más de 50.000 trabajadores".

A su juicio, lo que hace el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, "por orden o complicidad con Valcárcel", es imponer un conjunto de medidas que van a incidir en la destrucción de empleo, poder adquisitivo y en el deterioro de los servicios públicos".

Vicente lamenta que el Gobierno regional "quiera aprobar ese nuevo Plan de Reequilibrio en un tiempo récord para ponerlo en marcha el 1 de junio, un plan que todas las organizaciones sindicales rechazamos en rotundidad" por lo que les anima a hablar de fraude fiscal, economía sumergida, tipos impositivos para grandes fortunas, depósitos bancarios y transacciones financieras porque "no podemos incidir en medidas que traen más déficit, deuda pública y empobrecimiento del conjunto de la sociedad murciana".

Según Vicente, "con estas medidas no salimos de la crisis, lo que vamos a conseguir es profundizar en ella" y si no cambian la dirección de las políticas económicas regional y estatal "estos tendrían que abandonar sus puestos y dejar paso a otras personas que piensen en la sociedad". También anunció que las organizaciones sindicales abrirán un calendario de movilizaciones, aún por determinar porque "hay alternativa".

De hecho, señaló en base a datos del Ministerio de Hacienda, en los últimos tres años existe un desfase presupuestario de 530 millones de euros en el Capítulo II de la Comunidad, referido a gasto corriente. Así, zanjó, "o cambian la dirección de las políticas o deben abandonar las responsabilidades que están ocupando".

Desde UGT, la secretaria de Organización de la Federación de Servicios Públicos, María José Salazar, añadió que "lo único que está haciendo este cuarto plan de ajuste es adelgazar a la función pública y cada una de las instituciones públicas que existen en la Región".

Lo único que quieren, desde su punto de vista, "es que lleguen a manos privadas, se siga privilegiando a unos pocos y quedemos en un segundo plano". De tal forma, "convencidos de que no vamos a conseguir nada, seguiremos luchando para intentar que la Comunidad deje de maltratar al empleado público".

Desde la Intersindical, su portavoz, Juan Ángel Sánchez, apuntó que esto "es un problema social" porque en ese plan "se plantea una auténtica privatización de servicios, el aumento del copago en dependencia y la reducción del poder adquisitivo del funcionariado de la Región en un 4 por ciento anual".

Según Sánchez, todo ello "repercutirá en el consumo, en las posibilidades reales de reactivación económica y en la pérdida de puestos de trabajo tanto en el Servicio Murciano de Salud como en la administración pública regional y en educación".

Es un problema social, insistió el sindicalista, porque "se recortará en servicios sociales, educativos, sanitarios y en última instancia, se privatizarán esos servicios".

Lamentablemente, enfatizó, "la crisis se está utilizando como excusa para realizar una política de eliminación de lo público en beneficio de las empresas privadas, que, en muchas ocasiones, están relacionadas con personas vinculadas al partido del Gobierno".

El presidente de CSIF Región de Murcia, Juan Miguel López, aprovechó la ocasión para exigir la dimisión del consejero Juan Bernal y de su equipo "por el desastre económico en estos últimos años y por la situación de degradación de los servicios públicos". López lamenta que los empleados públicos "vuelvan" a pagar una crisis que no han fomentado cuando existe "una burbuja de cargos públicos y políticos que están llevando a la degradación de la crisis y la economía regional".

Juan Antonio Blaya, del Sindicato de Enfermería, preguntó a Bernal "cuánto cuesta un muerto en la Sanidad" y aseguró que "la degradación de los servicios sanitarios va a caer en picado y que será el ciudadano quien pague, sobre todo, el pato".

El portavoz del Gobierno murciano, José Ballesta, ha confirmado que la Comunidad está trabajando "con diversos escenarios y previsiones" para el futuro del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, entre los que no descarta que se rescinda el contrato con la actual concesionaria, Aeromur, y vuelva a sacarse a licitación para ser gestionado por AENA u otros operadores privados, entre otras posibilidades.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero del ramo afirmó que la posibilidad de volver a sacar a licitación el aeropuerto "es una sola de las opciones que se contemplan", pero aseguró que "hay más opciones que se pueden contemplar". No obstante, no quiso precisar cuáles son las otras alternativas "por prudencia", hasta que "no se logre concretar la situación final en la que queda la actual concesión".

En el caso de que el Gobierno regional decidiera volver a sacar a concurso el aeropuerto, Ballesta dijo que el pliego especificaría las condiciones que, en su momento, debería asumir la nueva empresa concesionaria.

En este sentido, Ballesta explicó que el interés de las empresas privadas dependerá de las condiciones en las que se haga esa concesión, pero admitió que las prospecciones que se hacen con otras compañías ponen de manifiesto que "existen empresas interesadas en la explotación del aeropuerto".

Al ser preguntado por la posibilidad de que el aeropuerto no quede bajo gestión privada, Ballesta recordó que la Comunidad siempre ha contemplado este aeropuerto como un proyecto de colaboración público-privada. Esto quiere decir que "el aeropuerto es de propiedad pública pero la gestión es privada, por lo que no cuesta ni un euro a los ciudadanos de la Región". Ballesta afirma que el Gobierno murciano quiere seguir manteniendo este principio, y que el aeropuerto "no cueste ni un euro a los murcianos, tal y como ha sucedido hasta ahora".

Las prisas

En este sentido, el Gobierno regional plantea como requisito que cualquiera de las soluciones que se adopten "no tenga ningún coste para la Administración autonómica", y señala que el plazo que maneja la Comunidad es "el mínimo posible" porque la urgencia "es muy elevada".

El plazo para llevar a cabo el proyecto es un elemento a tener en cuenta y, de hecho, el Ejecutivo murciano seleccionará las alternativas en las que la "operatividad" y la puesta en marcha del aeropuerto "se haga lo antes posible".

Asimismo, declaró que el Gobierno regional no contempla una adjudicación directa pero, además, señaló que "no existe la posibilidad de adjudicar el aeropuerto de manera directa a nadie porque es una infraestructura pública y no existe la fórmula jurídica para ello".

El portavoz planteó la posibilidad de que AENA se haga cargo de la gestión del aeropuerto, por lo que sería una empresa pública. No obstante, señaló que "sea de esta manera o sea de otra, la Comunidad Autónoma no correría con los gastos de la operación de ese aeródromo en ningún caso".

En caso de que fuera AENA la entidad que se hiciera cargo del aeropuerto, Ballesta afirmó que la infraestructura se traspasaría "en las mismas condiciones que tiene ahora mismo".

A los tribunales

Ballesta anunció que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio se puso en contacto por escrito hace prácticamente un mes con la concesionaria Aeromur para advertirle de la necesidad de cumplir con determinadas cláusulas recogidas en el contrato y que no ha cumplido, aunque no precisó hace cuánto tiempo se debían de haber ejecutado.

El portavoz se mostró cauteloso y dijo que este proceso se debe llevar a cabo con un "cuidado legal exquisito, con un seguimiento jurídico de todos los pasos que se dan, porque es evidente que muchos de estos temas se resolverán después en los tribunales".

Afirmó que los contactos "son permanentes" con el Ministerio de Fomento y, concretamente, con AENA. Aunque admitió que existen dificultades en todas las conversaciones que se mantienen, garantizó que hay una "voluntad política" de los máximos responsables para que este asunto "se solucione cuanto antes".

En este sentido, puntualizó que las dificultades surgen, más bien, en la parte "técnica y operativa", no sólo "en la económica". Fundamentalmente, explicó que estos condicionantes están en el aeropuerto de San Javier, que es donde está ahora mismo "la cuestión operativa más complicada".

"Son muchos elementos", afirmó Ballesta, quien citó entre ellos "el traslado de personal o de compañías que tienen compromisos adquiridos con un determinado aeropuerto, así como unas instalaciones, entre otras cosas". El portavoz no detalló más variables, pero explicó que la operación es "un poco más complicada" que abrir un aeropuerto nuevo.

En cualquier caso, subrayó que el Gobierno murciano no pretende el cierre del aeropuerto de San Javier, sino que este aeródromo "va a seguir funcionando como un gran aeropuerto militar, donde esté la Academia General del Aire (AGA) y que, incluso, pueda ser operativa para otras unidades del ejército español o ejércitos aliados".

Paralelamente, el Ejecutivo murciano quiere un "gran aeropuerto civil, que sería el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. No pretendemos cerrar ningún aeropuerto", insistió.

Ballesta recalcó que el contrato que la concesionaria firmó en su momento "no incluye en ningún caso la condición de cierre de San Javier para la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de la Región, por lo que nadie puede invocarla".

En relación a la posibilidad de que algunas de las empresas del consorcio Aeromur se estén planteando abandonar el proyecto, Ballesta indicó que se trata de una cuestión "mercantil interna de un grupo de accionistas de una sociedad privada, que también tienen su regulación interna mediante sus acuerdos y escrituras públicas". Por tanto, cree que es algo que la empresa concesionaria tiene que solucionar "internamente".

El portavoz recordó que hubo un concurso público al que se presentaron un conjunto de empresas y fue ganado legítimamente por el consorcio de empresas que formaban Aeromur. Esta concesionaria "firmó un contrato con la Administración regional, que incluye una serie de cláusulas y están obligados a cumplirlas".

Repitió que "el único objetivo" que tiene el Gobierno regional en esta materia es "abrir el aeropuerto", pero descartó que este interés se deba a un "prurito" o a un "compromiso político", sino a que el Ejecutivo regional está "absolutamente convencido de que es una infraestructura esencial y básica para el futuro de la Región".

Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo y exdirector general de Greenpeace España, apoyó con su presencia la presentación de Equo Cartagena y participó de la conferencia-debate “Alternativas desde la Ecología Política”. El acto tuvo lugar este jueves en la Universidad Nacional a Distancia (UNED) en presencia de unas 150 personas. Entre algunos conocedores del proyecto y ciudadanos curiosos por el mismo, Elena Revuelta, coportavoz de la Mesa Regional de Coordinación de Equo Región de Murcia, y López de Uralde arroparon a Antonio Ortiz en la presentación del grupo municipal.

Desde su ámbito, cada uno de los intervinientes desgranó aquellos problemas que afectan a la ciudadanía, analizando los retos que estos representan y ofreciendo alternativas desde el prisma de la ecología política frente al vacío de ideas de los partidos políticos convencionales. Revuelta, que destacó la política continuista del Gobierno regional de PP con apuestas megalómanas e incoherentes como parques de atracciones, aeropuertos sin servicio o macropuertos que revivan al ladrillo, puso además énfasis en el impacto negativo que la política de recortes está teniendo en los servicios públicos de la Región y cómo una gestión diferente basada en el bien común ahorraría sufrimiento innecesario.

Por su parte, Ortiz describió cómo “han sido necesarios dos años de trabajo” para afianzar el grupo municipal de Equo Cartagena, trabajo que considera sólido dado el elevado grado de colaboración que Equo Cartagena ha alcanzado con numerosos movimientos sociales de la comarca. Además, Ortiz apuntó algunas de las deficiencias que ha generado la gestión acumulada durante varios mandatos del PP en la ciudad de Cartagena, generando una polarización entre barrios cuidados y otros casi abandonados. También señaló que las futuras políticas de participación ciudadana que Equo pretende implantar pueden propiciar un desarrollo más coherente y justo que fructifique en una ciudad para todos sus ciudadanos.

Para concluir el evento, Juan López de Uralde repasó la actualidad política, económica y medioambiental del país haciendo hincapié en aquellos problemas que cronifican la situación. Uralde no dudó en señalar la corrupción generalizada “que descubrimos hoy, pero que se ejecutó hace años”, como uno de los principales factores en la crisis que asola el país, indicando criterios de tolerancia cero y transparencia institucional como métodos eficaces para su erradicación. “Habrá que ver lo que descubrimos en el futuro”, apostilló.

Entre sus propuestas para la regeneración económica y medioambiental, Uralde se apoyó en la rotundidad de los datos, con esos 2,7 millones de empleos que la oficina de estudios económicos del Estado dice que se pueden crear en sectores de la economía verde, como la agricultura ecológica y la producción de energías renovables, números y sectores estratégicos a los que ni el presente ni pasados gobiernos han hecho caso alguno. Uralde no duda en señalar que “Europa no está mal, lo que no funcionan son sus gobernantes”.

Tras las dos horas de conferencia-debate, con un extenso turno de preguntas incluido, los representantes mostraron su grado de compromiso con la regeneración de la democracia y las relaciones entre ciudadanos y Estado, comunidades y administraciones locales. Equo pretende ser un actor principal de este necesario proceso con su campaña “Reinicia la Democracia”.

El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, planteó ayer en rueda de prensa un plan de estímulo económico y de creación de empleo para la Región, que incluye ocho estrategias y 75 medidas “para dar respuesta a los problemas más urgentes, y también para reactivar el crecimiento a medio plazo”. El líder socialista compareció junto a la vicesecretaría general, Isabel Casalduero, la secretaria de organizacion, Presentación López  y varios miembros del grupo económico del PSRM,

González Tovar anunció que se trata de un plan abierto “que queremos consensuar y enriquecer con las fuerzas políticas, económicas y sociales de la Región”. El objetivo es que se puedan crear alrededor de 22.000 empleos (en torno al 10% de la cifra de paro actual), con una inversión de 175 millones de euros, pero también dinamizar la economía, ayudar a las pymes y a las empresas familiares, hacer una administración más eficaz, y preservar los servicios públicos básicos, todo ello planteando alternativas a las políticas de recortes del Gobierno regional.

La primera estrategia es la crediticia, para apoyar la búsqueda de financiación de proyectos llegando a acuerdos con las entidades financieras.

La segunda, una estrategia para crear empleo, incluye un plan de choque que permitiría contratar a 12.000 personas (parados de larga duración y de familias con todos sus miembros en paro) durante seis meses, otro plan de empleo para jóvenes (financiado por el BEI dentro de la estrategia de la garantía europea), un programa de primera experiencia laboral para jóvenes y otro de formación.

La tercera estrategia es la del crecimiento regional. En ella se contemplan acciones encaminadas a la apertura exportadora de la Región, a la internacionalización, el apoyo a proyectos innovadores bajo un nuevo modelo de crecimiento basado en la I+D+i, y, en general, la apuesta por la actividad emprendedora.

En cuarto lugar, el PSRM propone una estrategia de formación, dentro de la cual la educación esté basada en la generación de ideas en el marco de un cambio de modelo productivo, con énfasis especial en la apuesta y refuerzo de la ciencia, la investigación y la tecnología murcianas.

En quinto lugar, una estrategia de salud y atención social, cuyos puntos fundamentales son el cumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción para garantizar unos recursos mínimos a quienes carecen de ellos, así como el desarrollo de los planes de inserción laboral, educativa, formativa, social, etc. que contempla y exige la ley. Además, la creación de un fondo contra la pobreza, que refuerce la atención directa, apoye las rentas mínimas de inserción y potencie los servicios de atención social y laboral.

Una estrategia de vivienda al igual que ha hecho la Junta de Andalucía, planteando la expropiación temporal a los bancos por un plazo de tres años, del uso de las viviendas en inminencia de desahucio, en caso de riesgo de exclusión social, o amenaza para la salud física o psíquica de las personas.

La séptima es la estrategia de eficiencia en la Administración, que propugna la transparencia, el gobierno abierto, la colaboración, y busca la eficiencia en la  estructura administrativa con la reducción de altos cargos, un compromiso con el mantenimiento del empleo público, así como de los servicios públicos esenciales.

Finalmente, una nueva estrategia fiscal “donde pongamos un mayor esfuerzo para quienes más tienen o más pueden”, y que incluye impuestos sobre depósitos en entidades bancarias, sobre grandes superficies comerciales, un impuesto medioambiental, sobre el patrimonio, etc.

La peor crisis

El líder socialista hizo hincapié en que la Región de Murcia atraviesa la etapa más larga y profunda de crisis económica de las últimas décadas, que empezó antes en la Región que en otras comunidades españolas. “En 2012 nuestra riqueza regional ha disminuido el 1,7%, mientras que el paro ha crecido un 6,6%. Sigue destruyéndose empleo por encima de la disminución de nuestro PIB. El BBVA avisa en un informe de que la reducción de nuestra riqueza será del 2,1% en 2013, el mayor de España después de la Comunidad Valenciana, lo que nos aleja aún más de la media”, subrayó.

Para González Tovar, esta situación “exige una reacción de los gobiernos regional y nacional”. Así mismo, mostró interés en presentarle el plan al propio presidente Valcárcel en la reunión pendiente de celebrar tras la solicitud la semana pasada por parte del socialista.

El PP, por su parte, reaccionó ayer a la presentación de este plan calificándolo de antiguo, y a sus fórmulas, de “caducas y fracasadas”.

Un inmigrante sobre el que pesa una orden de expulsión por haber sido condenado por la Audiencia Provincial de Almería por un delito de secuestro alegó para evitar la ejecución de dicha medida que tiene suficiente arraigo en España, ya que además de disponer de trabajo tiene un préstamo hipotecario que ha de devolver.

Al recurrir el acuerdo de la Delegación del Gobierno en Murcia ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), el demandante indicó que se encuentra trabajando en nuestro país desde el año 2001 y que está casado, siendo padre de un hijo nacido en territorio español.

Además, expuso que junto con su esposa adquirió una vivienda en la pedanía murciana de Alquerías, "sobre la que pesa una hipoteca" por un préstamo que no han terminado de devolver aún.

La sentencia del TSJ, a la que ha tenido acceso Efe, afirma que la Delegación del Gobierno acordó su expulsión al tener conocimiento de que la Audiencia Provincial de Almería lo había condenado en noviembre de 2008 a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de secuestro y otros.

En un intento de evitar su expulsión, el demandante acudió a los tribunales para pedir que la medida quedara en suspenso hasta que los jueces entraran en el fondo del asunto, pero un Juzgado de lo Contencioso desestimó su petición, por lo que acudió entonces al TSJ.

La Sala ha estimado su recurso y ha paralizado la expulsión al considerar que se ha demostrado que tiene suficiente arraigo en España.

El PSOE solicitó ayer al Ayuntamiento de Lorca que intervenga para frenar la "expansión" del poblado chabolista de "Las Barranquillas", ubicado en las inmediaciones de un grupo de viviendas sociales del paraje de Ramblilla Tejares, ante el aumento de infraviviendas del asentamiento, en el que, junto a adultos, vive una veintena de niños.

El poblado está instalado desde hace años en la parte trasera de las viviendas sociales, junto al colegio "Juan González" y en las inmediaciones del campus universitario de Ciencias de la Salud, y el PSOE ha requerido "una mayor vigilancia policial del entorno" y ha reclamado al consistorio "que vele por la limpieza".

La concejala del PSOE Ana Lario ha solicitado al Ayuntamiento que se controle "la expansión de viviendas ilegales que no cumplen la normativa en materia de salubridad" y ha afirmado que, al menos, en el poblado vive "debajo de plásticos" una decena de familias sin servicios básicos como la electricidad, suministro de agua, alcantarillado o limpieza urbana.

Según ha explicado, los problemas de falta de limpieza en la zona "son flagrantes" y ha afirmado que la proliferación de chabolas ha provocado "que la inseguridad y la marginalidad" se esté apoderando de la zona, ante las quejas de los vecinos.

Lario ha advertido que muchos de los habitantes de esas infraviviendas son familiares de los moradores de las viviendas sociales de Ramblilla de Tejares y ha afirmado que el consistorio "debe velar por corregir esa situación y sobre todo por los niños" que viven allí, aunque también ha confirmado que el ayuntamiento "conoce perfectamente la existencia de ese asentamiento".

"Desde el PSOE no tenemos constancia de que Servicios Sociales haya actuado, aunque habiendo niños creemos que tendrían que intervenir", ha añadido la concejala del PSOE, que ha apostado por el abordaje "integral" de esa situación de marginalidad.

El caso del poblado de "Las Barranquillas" ya fue denunciado en septiembre de 2010 por IU-V que censuró que en la zona se acumulaban decenas de toneladas de basura y que deambulaban todo tipo de animales sin ningún tipo de control sanitario, algunos de ellos destinados al consumo.

Su denuncia sobre la falta de limpieza de un lugar transitado a diario por escolares se sumó entonces a las 140 firmas que registraron ante el ayuntamiento vecinos del Cabezo Casas Blancas, que ya entonces exigieron una intervención urgente de los servicios municipales de Limpieza y Sanidad.