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Bascuñana fue ‘cazado’ en un yate en plena efervescencia del caso ‘Novo Carthago’

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¿Qué mejor sitio que un yate de lujo para amarrar ciertos asuntos, sobre todo si son turbios? El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investiga el caso ‘Novo Carthago’ sobre presunta corrupción urbanística, Manuel Abadía, lo tiene muy claro: la clave está en los yates.

El juez afirma en el auto de imputación del delegado del Gobierno en la Región, Joaquín Bascuñana, exconsejero regional de Obras Públicas, que si no imputa en el caso “a otras autoridades políticas de primer nivel” es porque supuestas imágenes captadas en yates han sido borradas. Pero lo que parece claro es que Bascuñana era asiduo a estos paseos en yate.

El instructor de la causa apunta que la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto de construcción de 10.000 viviendas cerca del mar Menor, en un espacio protegido, debió contar con la promesa de las autoridades regionales de que se llevaría a cabo la recalificación urbanística necesaria para hacerlo viable. Y todo urdido en los yates. Qué pena que todas esas imágenes hayan desaparecido.

¿Todas? ElPajarito.es ha encontrado varias en las que se ve a Bacuñana en un yate, ‘El bravo’, que tiene una eslora de 26 metros y está matriculado en Alicante, junto a otras personas, entre ellas el arquitecto Rafael Amat Tudurí (con camisa azul claro en la imagen), director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda con el consejero José Ramón Bustillo y gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), con Federico Trillo como ministro de Defensa, hasta que fue destituido por un escándalo.

Vaya pareja. Los dos se han visto implicados en ‘pelotazos’ urbanísticos del Gobierno regional de Ramón Luis Várcarcel. La imagen que mostramos fue captada el 17 de octubre de 2006 en el puerto de Cartagena, en un momento de plena efervescencia del caso ‘Novo Carthago’, cuando empezaban las primeras investigaciones judiciales, como se explicará con detalle más adelante.

La promesa de dar vía libre al proyecto, dice el juez, debió hacerse en el Gobierno regional murciano y en el Ayuntamiento de Cartagena e incluir la reforma normativa necesaria para posibilitar la ejecución del proyecto. El acuerdo, se lee en el auto del juez, se celebró entre el presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, “y autoridades políticas de primer nivel, como Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena”, diputada en el Congreso por la Región de Murcia, “y otros que no han podido aún ser traídos al proceso porque las imágenes captadas por cámaras instaladas en determinados lugares han sido borradas en aplicación de la Ley de Protección de Datos”.

“Esas cámaras –añade– captaban imágenes cercanas a muelles de atraque de yates, grandes hoteles o edificios oficiales”. Los vídeos fueron borrados al cabo de los tres años que, como plazo máximo, permite la ley dentro de la fase de bloqueo, que restringe su uso durante ese tiempo exclusivamente a jueces y tribunales. Ya hemos visto que alguna imagen ha quedado a salvo.

Abadía señala que cuando inició la investigación, dado el tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, todas las cintas habían sido destruidas por obligación legal. Por ello, concluye, “no ha sido posible traer a todos los que intervinieron tomando el acuerdo de aprobar la urbanización por encima y en contra de las leyes de protección de la naturaleza y del suelo no urbanizable, pues si hubiera accedido antes a la instrucción, los habría llamado a todos como imputados”.

Pero no todo está perdido. De momento, ya han aparecido esas imágenes del yate ‘El Bravo’ del 17 de octubre de 2006. En ese momento el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, era consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte (lo fue entre 2003 y 2007) y meses antes, en marzo de 2006, el Ayuntamiento de Cartagena había aprobado definitivamente el proyecto de ‘Novo Carthago’, pero todavía quedaba mucho por hacer para poder ponerlo en marcha y había aún muchos cabos sueltos. Cundía un cierto nerviosismo, pues Valcárcel tenía que dar explicaciones  en la Asamblea Regional en unos días. ¿Qué mejor que una reunión en un yate para arreglarlo?

Se da la circunstancia de que una parte de los terrenos donde se iba a construir Novo Carthago –unas 40 hectáreas– pertenecían a tres empresarios vascos relacionados con el supuesto cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, y a la Kutxa. Hansa Urbana, no obstante, se los compró precisamente en octubre de 2006. Otra casualidad.

Rifirrafe en la Asamblea tras el paseo en el barco

El 25 de octubre de ese año, una semana después del citado paseo en barco, tuvo lugar un duro rifirrafe sobre este asunto en la Asamblea Regional entre la diputada del PSOE Teresa Rosique y el presidente Valcárcel. Rosique preguntó a Valcárcel qué motivos había tenido el Gobierno regional para proceder a la reclasificación del terreno para convertirlo en urbanizable, teniendo en cuenta que eran suelos de especial protección en el Plan de Ordenación Municipal de Cartagena y también estaban protegidos por la ley específica por ser parte de LIC, ZEPA y ZEPIN. Valcárcel contestó: “No hay más razón que el escrupuloso cumplimiento de la ley y la adaptación a las normas y directrices del litoral. Rosique no quedó satisfecha con la respuesta y le reprochó a Valcárcel que presentó públicamente el proyecto en 2003 antes de iniciar la recalificación urbanística y “ya había dicho, sin que la declaración de impacto ambiental estuviese aprobada, que iba a ser aprobado. Usted tiene que explicar aquí por qué el subdirector de la Consejería de Obras Públicas dictaminó e hizo una propuesta de aprobación definitiva cuando no estaba ni siquiera aprobada la declaración de impacto ambiental, cuando se hizo incluso antes del informe. Tiene que explicar por qué el informe técnico de la Consejería de Obras Públicas era negativo y a pesar de eso aprobaron definitivamente esa recalificación”.

Valcarcel defendió que “el proyecto lo presenta una sociedad que, por cierto, no especula” y tras irse por los cerros de Úbeda dijo que el 13 de octubre del año 2004 se le comunicaron a Hansa Urbana una serie de deficiencias en el proyecto que luego se subsanaron. Y Valcárcel añadió que el 22 de enero de 2005 se publicó la declaración de impacto ambiental, mientras que el visto bueno definitivo se dio el 3 de diciembre de 2005 con la publicación en el BORM.

El fiscal jefe empieza a investigar

Poco después, el 11 noviembre de 2006 trascendió a la prensa regional que el proyecto urbanístico de Novo Carthago llevaba camino de acabar en el mismo sitio que el de Lo Poyo: la mesa del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal. El PSOE anunció que iba a solicitará en la Asamblea Regional una comisión de investigación sobre Novo Carthago por considerar que se trató de “una recalificación a la carta, que ya estaba aprobada antes incluso de iniciar su tramitación”. Rosique expuso además sus dudas por la participación en el proyecto de “empresarios relacionados con la trama marbellí” y subrayó el hecho de que Novo Carthago nació “con la bendición del presidente Valcárcel, que intervino en la presentación del mismo, en junio del 2003, cuando ni siquiera se había iniciado la tramitación de la recalificación del suelo”. Rosique añadió que durante la tramitación de la recalificación “se obviaron dos informes oficiales de Obras Públicas y de Agricultura que planteaban reparos al proyecto y se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar el suelo de interés agrícola existente en la zona”.

El 8 de diciembre de 2006 se supo que el fiscal jefe había abierto oficialmente una investigación y unos días después López Bernal exigió por carta al Ayuntamiento de Cartagena que le remitiera toda la documentación del expediente de Novo Carthago.

Pero no fue hasta junio de 2010 cuando se supo que el Plan Parcial que posibilitó el visto bueno a Novo Carthago fue aprobado por el Ayuntamiento de Cartagena sin que la dirección general de Urbanismo, dependiente de la consejería de Obras Públicas, emitiese el informe que ordena el artículo 140 de la Ley de Suelo. El propio concejal cartagenero del área, Joaquín Segado, admitió que el Plan Parcial se tramitó sin el citado informe "porque se entendió aprobado por silencio administrativo".

Mucho por hablar entre Bascuñana y Amat

Pero volvamos a la reunión en ‘El Bravo’ del 17 de octubre de 2006. Junto a Bascuñana estaba Rafael Amat Tuduri, que era el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda cuando el 30 de julio de 1996 la Consejería de Obras Públicas, entonces dirigida por José Ramón Bustillo y con el ahora diputado nacional Andrés Ayala como secretario general, dio la aprobación definitiva a la recalificación de la finca de Lo Poyo, cuyo proyecto también acabó paralizado por los tribunales por supuesto ‘pelotazo’ urbanístico.

Las denuncias del PSOE sobre el proyecto de Lo Poyo arreciaron precisamente en octubre de 2006 tras la aparición del nombre del arquitecto cartagenero Tomás Amat en los papeles del supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística descubierta en Marbella, Juan Antonio Roca. El entonces secretario de Política Municipal y portavoz de la ejecutiva regional socialista, José Ramón Jara, llamó la atención sobre el hecho de que Tomás Amat es hermano de Rafael Amat, que, como se ha dicho, ocupó un alto cargo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional cuando éste dio luz verde en 1996 a la recalificación de Lo Poyo.

Es decir, el 17 de octubre de 2006 Bascuñana y Amat tenían mucho de qué hablar en el yate y quizá también muchos agujeros que tapar.

Amat, hombre de Trillo, tuvo que dejar en 2001 la gerencia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) por una fuerte polémica. Amat, arquitecto de profesión, ocupó ilegalmente una vivienda militar en cuyo arreglo gastó Defensa 22 millones de pesetas. También contribuyó a la crisis la inspección fiscal que realizó Hacienda y la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite las denuncias interpuestas contra la subasta de 640 viviendas militares desocupadas.

Pero antes de dejar el cargo, Amat descabezó el Invifas, el organismo que gestionaba las 34.000 viviendas propiedad del Ministerio de Defensa, al cesar a los responsables de tres de las cuatro subdirecciones generales con que contaba. Fuentes del Invifas relacionaron la cadena de destituciones con una 'caza de brujas' para silenciar a quienes supuestamente habrían difundido noticias perjudiciales para Amat. Por el contrario, un portavoz del Ministerio de Defensa aseguró que los relevos respondían a “una reestructuración decidida por el director del Invifas para mejorar su gestión”.

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