La secretaria de Infraestructuras del PSRM, Mª José Lajarín dijo ayer que la apertura de un expediente para rescindir el contrato del aeropuerto con Aeromur “es algo que a estas alturas no sorprende a nadie, porque el Gobierno regional venía dando muestras de que el conflicto con la empresa concesionaria no acabaría bien”. Lajarín pidió a Valcárcel “que dé la cara y no se esconda detrás de sus consejeros para no dar explicaciones ni asumir su responsabilidad”.

“Desde el PSRM y, al margen de otras consideraciones que se harán cuando haya más datos sobre esta cuestión, pedimos al Gobierno de Valcárcel que explique el nivel de compromiso que tiene con las entidades financieras, “para que mientras se dilucidan las responsabilidades de todo este desaguisado, los ciudadanos de esta Región no tengan que pagar las consecuencias y, por supuesto, esos 200 millones del aval; cantidad que para una Comunidad tan castigada como la nuestra, pueden  representar la quiebra total de las arcas públicas”.

Según Lajarín “estamos ante un  tema muy importante, que puede tener graves consecuencias para la Región  y no puede despacharlo de cualquier manera. Lo mínimo que debe de hacer, es ofrecer soluciones reales al caos que ha sembrado con su mala gestión, porque fue un empeño personal, porque él es el presidente y porque es su responsabilidad”, concluyó.

Por su parte, el coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, pidió ayer la dimisión del Ejecutivo regional, empezando por su presidente, al denunciar que "Valcárcel y su gobierno han puesto a la Región a los pies de los caballos al conceder un aval de 200 millones de euros, con renuncia al beneficio de excusión, a la empresa concesionaria  privada Aeromur". Pujante señaló que Valcárcel y su gobierno "han renunciado con ello a proteger los intereses de los murcianos y los ha puesto en grave riesgo."

Según Pujante, "la Comunidad Autónoma podría ser intervenida de forma definitiva por el Estado para gestionar una situación de quiebra si finalmente se ejecuta el aval”. Según el líder de IU-Verdes, "es inconcebible que no haya dinero para una renta básica, que se lleven a cabo durísimos recortes en sanidad, educación y prestaciones sociales y, sin embargo, fluya el maná de recursos para operaciones especulativas enmarcadas en una gran incertidumbre”.

También el coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, reclamó al Gobierno regional "que deje de dar rodeos" y que sea transparente para informar a los ciudadanos sobre lo que ocurre realmente con Corvera. Por eso exigió que "Ramón Luis Valcárcel aclare de una vez" cuál es la situación del aeropuerto después de conocer que el Gobierno regional va a rescindir el contrato con la empresa concesionaria Aeromur.

Sánchez ve en la rescisión del contrato una "operación de imagen" por parte del Gobierno regional y afirma que así "el Gobierno se asegura la coartada para explicar y justificar  otro año  más de retraso en la apertura del aeropuerto", que sería el tiempo mínimo que transcurriría, tras la entrada de una nueva empresa concesionaria. "Es una manera de alargar la situación y no enfrentarse a la realidad", recalcó.

El coordinador de UPyD opina que lo que está ocurriendo con Corvera rebasa ya  lo razonable y que se llevan muchos meses en una situación "de impasse", generando continuas dudas, "aunque lo peor es que la posible ejecución del aval de 200 millones de euros que el Gobierno regional tuvo que conceder "sobrevuela" sobre la dramática situación financiera de la Comunidad Autónoma.

La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha iniciado el expediente para la resolución del contrato del aeropuerto de Corvera, debido a que la concesionaria Aeromur "ha incumplido el contrato al no haber puesto en marcha aún el aeródromo", según han confirmado a Europa Press fuentes de dicho departamento. Se trata de un procedimiento que incluye un plazo de audiencia del contratista para presentar sus alegaciones o lo que pueda estimar conveniente.

Posteriormente, el Gobierno regional tiene que realizar una serie de informes jurídicos, todo ello en un plazo que puede durar unos meses, según explican desde la Consejería.

El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, criticaba el lunes que la empresa concesionaria del aeropuerto internacional de la Región de Murcia quiere que la Comunidad empiece ahora a comprometer un dinero "en virtud de unas pérdidas", pero aseveraba que se trataba de algo que "es ilegal. Y como es ilegal, no se va a hacer".

En su explicación a bote pronto, Valcárcel quiso aclarar que el proyecto "sigue su ritmo" y puntualizaba que el aeropuerto está "prácticamente finalizado en cuanto a su tramitación, para poder abrir" y aseguraba que el Gobierno murciano "va a exigir que se abra", puesto que la Comunidad Autónoma "ha cumplido con su parte".

El pasado viernes en la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz José Ballesta aseguraba que la Comunidad estaba trabajando "con diversos escenarios y previsiones" para el futuro del aeropuerto, entre los que no descartaba que se rescindiera el contrato con la actual concesionaria y volviera a sacarse a licitación para ser gestionado por AENA u otros operadores privados, entre otras posibilidades.

En el caso de que el Gobierno regional decidiera volver a sacar a concurso el aeropuerto, Ballesta explicó que el pliego especificaría las condiciones que, en su momento, debería asumir la nueva empresa concesionaria.

La empresa Aeropuertos de la Región de Murcia SA, propietaria de la marca Aeromur, concesionaria de la flamante y aún inédita infraestructura aérea de Corvera, está en situación legal de extinguida tras su disolución voluntaria desde el pasado 31 de diciembre de 2012, según consta en las anotaciones del Registro Mercantil de Murcia (Tomo 2660, Folio 156, Sección 8, H MU 37152, I/A 19). Como liquidador de la sociedad figura Alfonso Rosique Ros.

Como últimos actos registrales de la empresa, se inscribieron el 20 de diciembre de 2012, los ceses o dimisiones del liquidador Alfonso Rosique Ros; de los consejeros Santos Montoro Muñoz, Francisco Hernández Vicente, Tomás Fuertes Fernández, José Fuertes Fernández, Juan Carlos López Verdejo, Antonio Cabot Cucurell, Antonio Ballester López, Alfonso Rosique Ros, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Antonio Lorente del Prisco, Luis Fernando del Rivero y Asensio; del presidente Santos Montoro Muñoz; de los consejeros delegados mancomunados Alfonso Rosique Ros, Tomás Fuertes Fernández, Juan Carlos López Verdejo, Antonio Cabot Cucurell y Antonio Ballester López; del secretario, Alfonso Rosique Ros; del consejero delegado mancomunado Santos Montoro Muñoz; y de los consejeros Tinser Cartera SL y María Montoro Zulueta.

El mismo día 20 de diciembre de 2012 se inscribió también el nombramiento del liquidador, Alfonso Rosique Ros, así como la disolución voluntaria y la extinción de la sociedad.

Todos estos movimientos societarios están recogidos como actos inscritos en el número 249 (páginas 58819-58820) del Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha lunes 31 de diciembre de 2012.

Las primeras deserciones en el seno de la empresa se produjeron mucho antes de llegar la disolución de la sociedad. Carlos Egea Krauel, entonces presidente de Cajamurcia, no debió ver muy claro el negocio y dejó su cargo de consejero ya el 3 de marzo de 2009. El cese de Francisco Javier Guillamón Álvarez –que había sido presidente del Consejo Territorial de la CAM– como consejero, consejero delegado mancomunado y miembro de la comisión ejecutiva se hizo efectivo el 4 de junio de 2010. 

El papel del liquidador (1)

La disolución de la sociedad abre el periodo de liquidación, durante este periodo la sociedad mantiene todavía su personalidad jurídica, pero se deberá añadir a su denominación la expresión “en liquidación”. Durante el periodo que dure la liquidación, en caso de convocatoria de juntas generales de socios, se continuará aplicando las normas previstas. Si se produce una junta general, en ella los liquidadores darán cuenta de la marcha de la liquidación para que se acuerde lo que convenga al interés común.

Con la apertura del período de liquidación cesarán en su cargo los administradores, que ven extinguido su poder de representación. Si fueran requeridos deberán prestar su colaboración en las operaciones de liquidación.

Los liquidadores, que salvo que se acuerde lo contrario, serán quienes fueran administradores al tiempo de la disolución, asumen las funciones establecidas por ley, velando por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los socios. Serán de aplicación para los liquidadores las normas establecidas para los administradores. Ejercerán su cargo por tiempo indefinido hasta que completen su labor o sean sustituidos.

El poder de representación de los liquidadores corresponde individualmente a cada liquidador y se extiende a todas aquellas operaciones necesarias para la liquidación de la sociedad. Entiéndase entre ellas el comparecer en juicio representando a la sociedad, concertar transacciones y arbitrajes, etc.

Las operaciones de liquidación

Las operaciones que deberán llevarse acabo durante el tiempo que dure la liquidación son las siguientes:

— En el plazo de tres meses desde la apertura de la liquidación los liquidadores realizarán un inventario y un balance de la sociedad, deberá hacerse en referencia al día en el que se disuelve la sociedad.

– A los liquidadores corresponde concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad.
– Les corresponde también cobrar los créditos sociales y pagar las deudas sociales.
– Deberán llevar la contabilidad de la sociedad, así como llevar y custodiar los libros, la documentación y la correspondencia.
– Deberán enajenar los bienes sociales.
– Deberán informar a los socios y acreedores del estado de la liquidación.
– Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, los liquidadores presentarán a la junta general, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad y un informe pormenorizado que permitan apreciar con exactitud el estado de la liquidación.
– Si no se ha concluido la liquidación en tres años, cualquier socio puede solicitar al juez de lo mercantil del domicilio de la sociedad la separación de los liquidadores, que se acordará si existe causa justificada.

Balance final de liquidación

Concluidas las operaciones de liquidación se someterá a la aprobación de la junta general:

– Un balance final.
– Un informe completo sobre las operaciones de liquidación.
– Un proyecto de división entre los socios del activo restante.
– Este acuerdo se puede impugnar por los socios que no hubieran votado a favor en el plazo de dos meses a contar desde su aprobación.

La división del patrimonio social

La división del patrimonio resultante se practicará con arreglo a las normas que se hubiesen establecido en los estatutos, si no se hubiera hecho, se estará a las fijadas por la junta general.

Los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de liquidación a los socios sin haber satisfecho primero a los acreedores del importe de sus créditos.

La cuota de liquidación que corresponde a cada socio es proporcional a su participación en el capital social, salvo que los estatutos sociales indiquen lo contrario. Salvo acuerdo en contrario se tiene derecho a percibir en dinero la cuota resultante de la liquidación.

El pago final se realizará cuando haya transcurrido el plazo para impugnar el balance final de liquidación sin que nadie lo haya hecho, a partir de ese momento se procederá al pago de la cuota de liquidación de los socios. Si existen créditos no vencidos se asegurará previamente su pago.

Si alguna de las cuotas no es reclamada en el término de noventa días desde el acuerdo del pago, se consignará en la caja General de Depósitos, a disposición de sus legítimos dueños.

La extinción de la sociedad

Los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad, que ha de contener las siguientes manifestaciones:

1. Que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación del balance final sin que se hayan producido impugnaciones.
2. Que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos.
3. Que se han satisfecho a los socios las respectivas cuotas de liquidación.

En esta escritura pública, además de lo anterior, se deberá adjuntar el balance final de la liquidación y la relación de los socios, donde conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación que ha correspondido a cada uno.

Esta escritura pública se inscribirá en el Registro Mercantil, donde se transcribirá la misma y se expresará que quedan cancelados todos los asientos relativos a la sociedad.

Los liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y los documentos de la sociedad, además, serán responsables  ante los socios y los acreedores por los perjuicios causados con dolo o culpa en el ejercicio de su cargo.

Activo y pasivo sobrevenido

Si aparecen bienes sociales después de la liquidación, los liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios, convertido en dinero, la cuota adicional que les corresponda. Para ello dispone de un plazo de seis meses o de lo contrario podrán ser reclamado ante el juez.

Si lo que aparecen son deudas sociales no satisfechas, responden los socios, de forma solidaria, hasta el límite de su cuota de liquidación, además de la responsabilidad que hayan podido tener los liquidadores en la aparición de dichas deudas.

Para el cumplimiento de cualquier requisito formal, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida, aún con posterioridad a la cancelación registral de ésta.

http://www.alhambranet.info

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, descarta que el aeropuerto internacional de la Región de Murcia pueda entrar en servicio antes del verano. No obstante aseguró, en declaraciones a Onda Regional, que será una realidad, y dijo que el Gobierno regional está trabajando para tratar de evitar nuevas demoras.

"Ahora mismo decir una fecha es precipitado", lo que está claro es que "no va a estar para el verano" y que "se está trabajando con verdadero ahínco para que la demora de apertura no exista más".

San Javier-Praga

En contraste, el aeropuerto de Murcia-San Javier recibió ayer el primer vuelo de la nueva ruta con Praga, que opera Quality Tours con frecuencia semanal, cada lunes con un vuelo de llegada y otro de salida hasta el 17 de junio.

El avión, un Boeing 737-800, aterrizó con 189 pasajeros alrededor de las 11.50 horas, bajo un arco de agua lanzado por dos camiones de bomberos del aeropuerto. De esta manera, se dio cumplimiento a la tradición aeronáutica de 'bautizar' los vuelos inaugurales.

El pasaje fue recibido con flores y un dossier promocional con información turística de la comarca del Mar Menor y del aeropuerto.

Quality Tours es el principal operador checo especializado en turismo senior y prevé que 1.700 pasajeros utilicen esta ruta.

El aeropuerto de San Javier cuenta en la actualidad con 19 destinos: Belfast, Birmingham, Bournemouth, Bristol, Bruselas-Charleroi, Dublin, East Midlands, Edimburgo, Glasgow, Liverpool, Londres-Luton, Londres-Stansted, Londres-Gatwick, Madrid-Barajas, Newcastle, Oslo, Praga, Manchester y Leeds) operados por siete compañías (Ryanair, Jet2.com, Easyjet, JetairFly, Air Nostrum, Norwegian, y Quality Tours.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, respectivamente, se han mostrado sorprendidos por las declaraciones del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, quien señaló que la sociedad concesionaria del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, Aeromur, "podría abrir" las instalaciones si "quisiera", pero que se niega alegando "problemas de tráfico, de rentabilidad económica, y que no está resuelto el cierre del aeropuerto de San Javier".

Bueno y Jiménez consieran que el aeropuerto de Corvera es una infraestructura en la que "se ha perdido la coherencia y hasta los papeles" porque "no tiene ningún sentido la contradicción que se mantiene sobre que la empresa concesionaria puede ya empezar a operar y por otra que el mismo consejero manifieste la inexistencia todavía de unos permisos absolutamente necesarios".

Se planteó "vital" para la Región de Murcia "y hubiera servido para remontar la situación económica" pero "parece que de pronto no es objeto de atención política por parte del Gobierno regional cuando lo ha sido hasta fechas muy recientes y el problema se sitúa exclusivamente en la concesionaria".

Es verdad, dijo el secretario general de CCOO, que Aeromur tiene responsabilidades, "pero a nadie se le escapa en esta Región el trabajo permanente que se ha llevado desde la Consejería pertinente para ponerlo en marcha". "Los problemas siguen estando ahí", señaló, "y ya se alertó que estaban en la construcción, en la ordenación del tráfico y en los permisos", algo que se tiene que solucionar entre administraciones y empresa, por lo que le sorprende que el Gobierno regional "se desvincule de la solución a ese problema".

Un problema, según Bueno, que "puede revertir negativamente en el conjunto de la ciudadanía si la se demanda la ejecución del aval de 200 millones de euros que ha prestado la Comunidad". Esto, dijo, "sería un absoluto desastre para esta Comunidad".

Los sindicatos exigen a la Comunidad "coherencia" y "solución" a un problema, que, en su opinión, "se está enquistando" y "puede costar mucho dinero al conjunto de los murcianos".

El consejero de Obras Públicas de Murcia, Antonio Sevilla, dijo ayer que la concesionaria del aeropuerto de Corvera, Aeromur, "podría abrirlo ya si quisiera, ya que cuenta con todos los permisos necesarios", pero para hacerlo, según dijo, la empresa reclama el cierre del aeródromo de San Javier.

Sevilla explicó que Aeromur, liderada por Sacyr e integrada por BMN, SabadellCAM, Infucapital, Inprisma, Cementos Lacruz y Montoro e Hijos, alega problemas de tráfico y rentabilidad económica para no abrir el aeropuerto. Además, según comentó, la concesionaria también exige el cierre de San Javier, "cuando en el contrato que se firmó, desde el principio, se estipulaba que se abriría sin cerrar San Javier".

Con respecto a la posible ejecución de los 200 millones de euros con los que el Gobierno autonómico avaló a la empresa Aeromur para que pudiera terminar las obras del aeropuerto de Corvera, Sevilla dijo que la concesionaria no ha dejado de pagar en ningún momento, ya que acordó un fondo de reserva con las entidades financieras de dos millones de euros, "por si en algún momento no pudiese pagar".

"Espero que antes de que se termine ese fondo de reserva la empresa concesionaria abra el aeropuerto", dijo el consejero, quien añadió que la Administración regional ya ha requerido verbalmente a Aeromur que abra el aeropuerto, y que, si no lo hace, no se descartan sanciones administrativas.

Contradicciones

La secretaria de Infraestructuras del PSRM, María José Lajarín, pidió al consejero Sevilla “que nos aclare a los ciudadanos si la concesionaria del aeropuerto de Corvera está pagando, porque cada uno dice una cosa diferente”. “Y que nos diga también con claridad si se le está exigiendo formalmente a Aeromur la apertura del aeropuerto”, añadió.

Para Lajarín, las declaraciones del consejero cuando afirma que “Aeromur podría abrir si quisiera” son sorprendentes, pues da a entender que la concesionaria puede poner en marcha el aeropuerto a su antojo. “Si esto es así, y las cosas no han cambiado, ¿no debe de ser el Gobierno Regional el que le exija que lo haga?”, preguntó.

En su opinión, si es cierto que la empresa no tiene interés en abrir, como da a entender el consejero, el Gobierno regional debería  recordarle a Aeromur que es titular de una concesión pública con unas obligaciones que hay que cumplir.

“Los ciudadanos necesitamos saber si el procedimiento –que el propio Sevilla se ha encargado de explicar– se está respetando, no nos basta con que diga que la Comunidad les conmina a abrir cuanto antes, hace falta que nos explique cómo lo está haciendo, por qué medios, con qué contundencia, y si le va a imponer una sanción en caso de que no cumpla”, insistió la responsable socialista.

María José Lajarín recordó una vez más que Valcárcel, empeñado personalmente en el aeropuerto, afirmó en su día que no iba a costarnos “ni un euro” a los murcianos. “Pues bien, luchen ustedes por que los murcianos no tengamos que pagar los 200 millones de euros del aval concedido”, finalizó.

La secretaria de Infraestructuras y Movilidad del PSRM, María José Lajarín, pidió ayer al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que explique a los ciudadanos "si es verdad que piensa asumir el préstamo que avaló a la concesionaria del aeropuerto de Corvera". Lajarín considera que el presidente Valcárcel "está obligado a dar explicaciones sobre las gestiones que se estén realizando por los consejeros encargados".

En su opinión, "no es aceptable que, ante el riesgo de que los murcianos tengamos que sacar de nuestros bolsillos la friolera de 200 millones de euros, además de los más de 60 millones que ya se han invertido en accesos, el presidente y sus consejeros den la callada por respuesta".

"Ya no se puede retrasar más que el Gobierno regional afronte su responsabilidad y dé la cara. Para eso le han votado la mayoría de los murcianos, para que gestione de manera eficaz y vele por los intereses de la Región. Por respeto a todos los ciudadanos, debería contarnos la verdad sobre lo que está pasando", dijo.

La dirigente socialista recordó que, en junio de 2012, en el Debate sobre el Estado de la Región, Valcárcel "declaró que el nuevo aeropuerto era un sueño que se ha puesto en marcha y que, aunque quedaban algunas cuestiones por ultimar, se abriría en octubre de 2012". Lamentablemente, "la realidad vuelve a poner sobre la mesa las mentiras de Valcárcel y de su Gobierno".

"Transparencia y valentía, esto es lo que el PSOE exige al presidente de la Comunidad, los ciudadanos tienen derecho a saber si van a tener que sufrir más recortes para pagar lo que parece ser otro juguete roto de Valcárcel", concluyó.

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, dijo ayer que "nos encontramos en un contexto donde los aeropuertos tienen muy mala fama, al igual que lo tienen los parques temáticos, los resort y otros desarrollos, y por una generalización se trata todos por igual".

Cruz, que salió al paso de una información que publica el diario El País referida a que el aeropuerto de Corvera "lleva un año terminado y sin vuelos", quiso aclarar que "el problema del aeródromo de Corvera no es el de los aviones, es una tramitación compleja y hasta que no se abra no se sabrá si el problema son los aviones, que evidentemente no lo son".

Considera, por tanto, que "todo contribuye" a dañar la imagen de la Región en la medida en que "lo que es una marca o una realidad se construye con todas las voces y opiniones y no es algo que esté dado 'a priori'".

Por ello, el consejero manifestó que "tenemos que intentar con los hechos y el trabajo refutar todas esas opiniones y llevar el aeropuerto a su realidad, que es lo que sucederá en breve".

"Simplemente por el hecho de que cuando se abra se cierre el de San Javier, que tiene 1,2 millones de pasajeros en 2012, no vamos a tener el mismo problema que aeropuertos como el de Castellón o el de Ciudad Real", puntualizó Cruz, quien insistió en que "todo va bien y se van solventando los problemas".

Al hilo, destacó que "es una cuestión de Gobierno en la que el presidente Valcárcel está a la cabeza y en la que se está dejando la piel y todo va por el buen camino". "Tenemos que estar confiados, es posible que otros elementos de la economía o de la política no transmitan tanta confianza, pero éste va por buen camino", reiteró.