Mayor transparencia de las instituciones y una verdadera reformulación del sistema bancario fueron las principales propuestas de los economistas José Molina y Rubén Martínez durante la segunda jornada del I Ciclo de Regeneración Política, organizado por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y el Grupo de Estudios de Actualidad (GEA) de la Región de Murcia.

"Ésta no es una crisis inmobiliaria. Los bancos centrales son los responsables y se están equivocando concentrando el sistema bancario sin cambiar los modos de funcionamiento de los bancos. El modelo bancario ideal, con una banca sectorizada por clientes, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo", afirmó Rubén Martínez, jefe del Departamento de Inversiones del Instituto de Crédito de la Región de Murcia.

Martínez aboga por separar la banca comercial de la especializada en inversiones para que no vuelvan a ocurrir escándalos como los de las preferentes y para se reactive el crédito hacia las empresas. "Los préstamos no deben vincularse con la tenencia de avales, sino con la viabilidad del negocio", sentenció.

Por su parte, el exconsejero socialista de Economía y Hacienda de la CARM entre 1983 y 1986, José Molina Molina, expuso la conferencia 'La transparencia económica de las instituciones', según informaron fuentes del citado colegio profesional. Molina, que es miembro del Pacto por la Transparencia de la Región, ha publicado el libro Los Presupuestos Participativos: un modelo para priorizar objetivos y gestionar eficientemente la Administración local.

La mesa redonda tuvo lugar en el Casino y fue moderada por el arquitecto Rafael García Sánchez.

José Antonio Pujante ha sido reelegido coordinador de IU-Verdes de la Región de Murcia de forma unánime por  el Consejo Político Regional en el transcurso de la XII Asamblea de Izquierda Unida-Verdes, celebrada este pasado fin de semana.

Previamente, los delegados aprobaron con el 95,68% de los votos la candidatura al Consejo Político Regional liderada por Pujante, y que presentaba una renovación del 50% de sus miembros y un 20% de jóvenes menores de 31 años.

Tras su reelección, Pujante agradeció la confianza depositada en él por los militantes y aseguró que IU-Verdes "seguirá volcándose con los rostros de la crisis y de la gente que está padeciendo dramas humanos para organizarnos y hacer resistencia frente a los recortes sociales".

El recién reelegido coordinador de IU-Verdes asegura que su organización "está preparada para gobernar", siempre desde la defensa de los servicios públicos y los derechos de las personas, y con la prioridad de estimular la economía y crear empleo.

Pujante señaló que el Consejo Político Regional está conformado por "gente honrada y capacitada" que "cree en lo público frente a los que están gobernando, que no son capaces de gestionar lo público y por eso apuestan por la privatización de los servicios".

También aseguró que IU-Verdes seguirá en contacto permanente con las personas y colectivos que comparten un objetivo común, avanzar hacia un nuevo modelo de región, "siempre desde el respeto a la diversidad" de cada uno.

El seguimiento de la huelga general en el sector de las conservas vegetales en la Región de Murcia estuvo cercano al 95%, “constatándose con el cese de actividad de la mayoría de empresas del sector desde las 0:00 horas de este mismo día, y basándonos en el volumen de trabajo y de empleo que representan las empresas del sector en las que se han secundado el paro de forma rotunda”, según un comunicado de los sindicatos convocantes CCOO y UGT.

Entre estas empresas y grupos empresariales se encuentran Juver, Cofrusa, Halcon Foods, Baby Food, Provicasa, Pérez Escámez, El Mensajero, Fripozo, Grupo Marín Giménez, Grupo Marín Montejano, Sogesol o Conservas Alguazas. En casos como Grupo AMC o Golden Foods, el seguimiento de la huelga por los trabajadores fue parcial aunque significativo, según los sindicatos.

Desde primeras horas de la mañana los trabajadores de estas empresas se reunieron frente a su centro de trabajo, para partir más tarde de forma coordinada a la concentración y manifestación a las que estaban convocados en la capital. La concentración se realizó a mediodíaa frente a Agrupación de Conserveros de Murcia (AGRUPAL), y en la misma participaron, según la fuente, más de un millar trabajadores y trabajadores procedentes de diferentes puntos de la Región.

Los secretarios generales de las federaciones del sector agroalimentario de CCOO y UGT en Murcia, Ángel Soler y Jesús Cámara respectivamente, que habían solicitado a la presidencia de AGRUPAL ser atendidos durante dicha concentración, no fueron finalmente recibidos ni escuchados por ningún representante de la patronal.

Ante el desmerecido desplante –prosigue el comunicado– una numerosa manifestación recorrió varias importantes calles de la ciudad, hasta la sede de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, CROEM, donde sí fueron recibidos por su presidente, Miguel del Toro, a quien transmitieron las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector y el desplante de AGRUPAL.

A su salida, Soler y Cámara se dirigieron a los trabajadores que les esperaban concentrados en la puerta de CROEM informándoles de que los representantes de esta organización de empresarios se han comprometido a mediar en el conflicto y desbloquear la negociación del convenio colectivo, que se encuentra en punto muerto “por la irreflexiva actitud de la patronal del sector”.

El Pleno del Ayuntamiento de Jumilla mostró ayer su oposición por unanimidad a que se realicen exploraciones en el subsuelo de ese término municipal para extraer gas mediante la técnica de la fractura hidráulica.

El portavoz de Izquierda Unida-Verdes, José Antonio Pérez Martínez, denuncia que los Gobiernos de Murcia y España han autorizado trabajos previos para analizar la posibilidad de obtener gas con esta técnica en varios terrenos de las provincias de Murcia y Albacete.

Según Pérez Martínez, los trabajos afectan a las cuadrículas Aries I, Aries II y Leo, que abarcan el 90 por ciento del término municipal de Jumilla, así como parte de los municipios albaceteños de Hellín, Albatana y Ontur, de Yecla y Calasparra y de Pinoso (Alicante).

Los ediles jumillanos se opusieron al uso de esa técnica porque se realizan a una profundidad de entre 5.000 y 6.000 metros y podría afectar a los acuíferos de la localidad.

Se dará traslado de este acuerdo a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de Murcia y a la dirección general de Industria, Energía y Minas del ministerio de Industria, Energía y Turismo.

También por unanimidad, los grupos municipales han acordado ceder una parcela de 10.929 metros cuadrados al Gobierno de Murcia para que construya un colegio de infantil y primaria en la calle de San Agustín.

Solo con los votos a favor del PP y PSOE, la sesión plenaria acordó pedir al Ejecutivo autonómico que declare a Jumilla ciudad cofrade en reconocimiento a los 600 años de historia de sus desfiles procesionales de Semana Santa.

El pleno también pedirá a la Demarcación de Carreteras de Murcia que dé solución al problema planteado en el kilómetro 82 de la carretera nacional 344 (de Jumilla a Yecla) a la altura del paraje de La Hoya-Torres, ya que actualmente existe una línea continua que impide poder girar a la izquierda, con el consiguiente peligro para vehículos y vecinos de estos parajes agrícolas.

El Ayuntamiento quiere que se construya una isleta o se amplíe un carril para evitar que los vehículos tengan que circular durante varios kilómetros en dirección Yecla y de nuevo regresar por la Nacional 344 tras cambiar de sentido para entrar a esos parajes.

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años y tres meses de prisión al ex director de una sucursal de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) que estafó 12.000 euros a una clienta al prometerle un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda a sabiendas de que ello era imposible por sus escasos ingresos como recogedora de fruta.

La sentencia condena no sólo a este ex director, Francisco Miguel L.R., sino, también, a un segundo acusado, Antonio C.J., agente de la propiedad inmobiliaria que participó en las maniobras engañosas, al que se imponen 20 meses de prisión.

La sentencia, que tiene como ponente al magistrado Augusto Morales, señala que los hechos ocurrieron en enero de 2008, cuando Francisco Miguel L.R., que estaba al frente de la sucursal de la citada caja de ahorros ubicada en el barrio de Santa Eulalia, llamó a la denunciante "para insistirle en que se decidiera a comprar el piso". Añade la Audiencia que "le dijo que era una oportunidad, que él le facilitaría la concesión del préstamo hipotecario, y que se presentara en su oficina, lo que ella hizo inmediatamente".

"Una vez en la oficina, dice la sala, el acusado, sin abrir expediente alguno sobre solicitud de préstamo hipotecario ni requerirle documentación alguna, le dijo que tenía que convencer a dos personas de su entorno con cuenta en la CAM para que pidieran un préstamo con cargo a la tarjeta de crédito que su entidad les facilitaría, por importe de 6.000 euros cada uno". Le indicó que esa cantidad "serviría para la entrada del piso que iba a comprar", tras lo cual esta mujer habló con su hermana y un amigo, que se ofrecieron para que se les extendieran esas tarjetas de crédito.

La Audiencia añade que el ex director realizó diversas maniobras que le permitieron extraer los 12.000 euros que sumaban los créditos de las tarjetas y que, junto a la mujer y el otro acusado, se desplazaron a la inmobiliaria que le iba a vender la vivienda.

Una vez en el lugar, la denunciante observó que solo entregaban al promotor 3.000 euros, "y cuando ella pidió un recibo del dinero que acababa de entregar, al ver que en el contrato únicamente constaba que entregaba esa cantidad, en concepto de reserva, los acusados le dieron evasivas, manifestando que se lo darían después, lo que no llegaron a hacer".

La sentencia señala que los 9.000 euros restantes quedaron en la promotora, a la que regresó a los pocos minutos el segundo acusado para recogerlos, procediendo entonces a repartírselos entre ambos. Los magistrados no se creen la afirmación de los denunciados de que ese dinero era el importe de la comisión de Antonio C.J. como agente de la propiedad inmobiliaria.

Dice la sala que hubo engaño suficiente para condenar los hechos como constitutivos de un delito de estafa, entre otras razones, porque la operación se realizó en pocas horas y porque el director de la oficina conocía que la denunciante solo tenía unos ingresos mensuales de alrededor de 700 euros como recogedora de fruta o empleada doméstica.

Comentan los jueces que resultaba por ello imposible que le dieran un préstamo hipotecario, como no se lo concedieron, ni que pudiera afrontar la compra de una vivienda cuyo precio rondaba los 200.000 euros.

La sentencia condena a los acusados, además de a la pena de prisión, al pago de los 12.000 euros estafados, más los intereses de las tarjetas de crédito, que ascienden a casi 2.400 euros, haciendo responsable subsidiaria a la entidad de ahorros, hoy Sabadell-CAM.

El tribunal dice que "dada la gravedad de los hechos" hubiera podido imponer una pena mayor, aunque la ha moderado al tener en cuenta que han transcurrido más de cinco años desde la comisión de los hechos hasta la celebración del juicio.

Finalmente, señala que, a expensas de lo que se pudiera decidir en el trámite de ejecución de sentencia si alcanzase firmeza, cree que Francisco Miguel L.S., "pese a que pudiera ser delincuente primario, sí que merece, a nuestro juicio, el cumplimiento real de la condena".

Medio millar de personas, según sindicatos, se concentraron ayer a las puertas del palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, convocados por UGT, CCOO, Intersindical, CSIF, ANPE, Satse y SIME, integrantes de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos de la Región de Murcia, para manifestar su rechazo a las nuevas medidas de ahorro propuestas por el Gobierno regional, "que no son sino nuevos recortes salariales para los empleados públicos y una vuelta de tuerca más a los derechos salariales que parecen no acabar nunca".

El coordinador del Área Pública de CCOO, Pedro Manuel Vicente, tachó la convocatoria del jueves de la Mesa General "de paripé, una falsa negociación" y aconsejó al Ejecutivo regional "releer el Estatuto de los Trabajadores para entrar a debatir y negociar medidas que afectan a más de 50.000 trabajadores".

A su juicio, lo que hace el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, "por orden o complicidad con Valcárcel", es imponer un conjunto de medidas que van a incidir en la destrucción de empleo, poder adquisitivo y en el deterioro de los servicios públicos".

Vicente lamenta que el Gobierno regional "quiera aprobar ese nuevo Plan de Reequilibrio en un tiempo récord para ponerlo en marcha el 1 de junio, un plan que todas las organizaciones sindicales rechazamos en rotundidad" por lo que les anima a hablar de fraude fiscal, economía sumergida, tipos impositivos para grandes fortunas, depósitos bancarios y transacciones financieras porque "no podemos incidir en medidas que traen más déficit, deuda pública y empobrecimiento del conjunto de la sociedad murciana".

Según Vicente, "con estas medidas no salimos de la crisis, lo que vamos a conseguir es profundizar en ella" y si no cambian la dirección de las políticas económicas regional y estatal "estos tendrían que abandonar sus puestos y dejar paso a otras personas que piensen en la sociedad". También anunció que las organizaciones sindicales abrirán un calendario de movilizaciones, aún por determinar porque "hay alternativa".

De hecho, señaló en base a datos del Ministerio de Hacienda, en los últimos tres años existe un desfase presupuestario de 530 millones de euros en el Capítulo II de la Comunidad, referido a gasto corriente. Así, zanjó, "o cambian la dirección de las políticas o deben abandonar las responsabilidades que están ocupando".

Desde UGT, la secretaria de Organización de la Federación de Servicios Públicos, María José Salazar, añadió que "lo único que está haciendo este cuarto plan de ajuste es adelgazar a la función pública y cada una de las instituciones públicas que existen en la Región".

Lo único que quieren, desde su punto de vista, "es que lleguen a manos privadas, se siga privilegiando a unos pocos y quedemos en un segundo plano". De tal forma, "convencidos de que no vamos a conseguir nada, seguiremos luchando para intentar que la Comunidad deje de maltratar al empleado público".

Desde la Intersindical, su portavoz, Juan Ángel Sánchez, apuntó que esto "es un problema social" porque en ese plan "se plantea una auténtica privatización de servicios, el aumento del copago en dependencia y la reducción del poder adquisitivo del funcionariado de la Región en un 4 por ciento anual".

Según Sánchez, todo ello "repercutirá en el consumo, en las posibilidades reales de reactivación económica y en la pérdida de puestos de trabajo tanto en el Servicio Murciano de Salud como en la administración pública regional y en educación".

Es un problema social, insistió el sindicalista, porque "se recortará en servicios sociales, educativos, sanitarios y en última instancia, se privatizarán esos servicios".

Lamentablemente, enfatizó, "la crisis se está utilizando como excusa para realizar una política de eliminación de lo público en beneficio de las empresas privadas, que, en muchas ocasiones, están relacionadas con personas vinculadas al partido del Gobierno".

El presidente de CSIF Región de Murcia, Juan Miguel López, aprovechó la ocasión para exigir la dimisión del consejero Juan Bernal y de su equipo "por el desastre económico en estos últimos años y por la situación de degradación de los servicios públicos". López lamenta que los empleados públicos "vuelvan" a pagar una crisis que no han fomentado cuando existe "una burbuja de cargos públicos y políticos que están llevando a la degradación de la crisis y la economía regional".

Juan Antonio Blaya, del Sindicato de Enfermería, preguntó a Bernal "cuánto cuesta un muerto en la Sanidad" y aseguró que "la degradación de los servicios sanitarios va a caer en picado y que será el ciudadano quien pague, sobre todo, el pato".

El portavoz del Gobierno murciano, José Ballesta, ha confirmado que la Comunidad está trabajando "con diversos escenarios y previsiones" para el futuro del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, entre los que no descarta que se rescinda el contrato con la actual concesionaria, Aeromur, y vuelva a sacarse a licitación para ser gestionado por AENA u otros operadores privados, entre otras posibilidades.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero del ramo afirmó que la posibilidad de volver a sacar a licitación el aeropuerto "es una sola de las opciones que se contemplan", pero aseguró que "hay más opciones que se pueden contemplar". No obstante, no quiso precisar cuáles son las otras alternativas "por prudencia", hasta que "no se logre concretar la situación final en la que queda la actual concesión".

En el caso de que el Gobierno regional decidiera volver a sacar a concurso el aeropuerto, Ballesta dijo que el pliego especificaría las condiciones que, en su momento, debería asumir la nueva empresa concesionaria.

En este sentido, Ballesta explicó que el interés de las empresas privadas dependerá de las condiciones en las que se haga esa concesión, pero admitió que las prospecciones que se hacen con otras compañías ponen de manifiesto que "existen empresas interesadas en la explotación del aeropuerto".

Al ser preguntado por la posibilidad de que el aeropuerto no quede bajo gestión privada, Ballesta recordó que la Comunidad siempre ha contemplado este aeropuerto como un proyecto de colaboración público-privada. Esto quiere decir que "el aeropuerto es de propiedad pública pero la gestión es privada, por lo que no cuesta ni un euro a los ciudadanos de la Región". Ballesta afirma que el Gobierno murciano quiere seguir manteniendo este principio, y que el aeropuerto "no cueste ni un euro a los murcianos, tal y como ha sucedido hasta ahora".

Las prisas

En este sentido, el Gobierno regional plantea como requisito que cualquiera de las soluciones que se adopten "no tenga ningún coste para la Administración autonómica", y señala que el plazo que maneja la Comunidad es "el mínimo posible" porque la urgencia "es muy elevada".

El plazo para llevar a cabo el proyecto es un elemento a tener en cuenta y, de hecho, el Ejecutivo murciano seleccionará las alternativas en las que la "operatividad" y la puesta en marcha del aeropuerto "se haga lo antes posible".

Asimismo, declaró que el Gobierno regional no contempla una adjudicación directa pero, además, señaló que "no existe la posibilidad de adjudicar el aeropuerto de manera directa a nadie porque es una infraestructura pública y no existe la fórmula jurídica para ello".

El portavoz planteó la posibilidad de que AENA se haga cargo de la gestión del aeropuerto, por lo que sería una empresa pública. No obstante, señaló que "sea de esta manera o sea de otra, la Comunidad Autónoma no correría con los gastos de la operación de ese aeródromo en ningún caso".

En caso de que fuera AENA la entidad que se hiciera cargo del aeropuerto, Ballesta afirmó que la infraestructura se traspasaría "en las mismas condiciones que tiene ahora mismo".

A los tribunales

Ballesta anunció que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio se puso en contacto por escrito hace prácticamente un mes con la concesionaria Aeromur para advertirle de la necesidad de cumplir con determinadas cláusulas recogidas en el contrato y que no ha cumplido, aunque no precisó hace cuánto tiempo se debían de haber ejecutado.

El portavoz se mostró cauteloso y dijo que este proceso se debe llevar a cabo con un "cuidado legal exquisito, con un seguimiento jurídico de todos los pasos que se dan, porque es evidente que muchos de estos temas se resolverán después en los tribunales".

Afirmó que los contactos "son permanentes" con el Ministerio de Fomento y, concretamente, con AENA. Aunque admitió que existen dificultades en todas las conversaciones que se mantienen, garantizó que hay una "voluntad política" de los máximos responsables para que este asunto "se solucione cuanto antes".

En este sentido, puntualizó que las dificultades surgen, más bien, en la parte "técnica y operativa", no sólo "en la económica". Fundamentalmente, explicó que estos condicionantes están en el aeropuerto de San Javier, que es donde está ahora mismo "la cuestión operativa más complicada".

"Son muchos elementos", afirmó Ballesta, quien citó entre ellos "el traslado de personal o de compañías que tienen compromisos adquiridos con un determinado aeropuerto, así como unas instalaciones, entre otras cosas". El portavoz no detalló más variables, pero explicó que la operación es "un poco más complicada" que abrir un aeropuerto nuevo.

En cualquier caso, subrayó que el Gobierno murciano no pretende el cierre del aeropuerto de San Javier, sino que este aeródromo "va a seguir funcionando como un gran aeropuerto militar, donde esté la Academia General del Aire (AGA) y que, incluso, pueda ser operativa para otras unidades del ejército español o ejércitos aliados".

Paralelamente, el Ejecutivo murciano quiere un "gran aeropuerto civil, que sería el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. No pretendemos cerrar ningún aeropuerto", insistió.

Ballesta recalcó que el contrato que la concesionaria firmó en su momento "no incluye en ningún caso la condición de cierre de San Javier para la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de la Región, por lo que nadie puede invocarla".

En relación a la posibilidad de que algunas de las empresas del consorcio Aeromur se estén planteando abandonar el proyecto, Ballesta indicó que se trata de una cuestión "mercantil interna de un grupo de accionistas de una sociedad privada, que también tienen su regulación interna mediante sus acuerdos y escrituras públicas". Por tanto, cree que es algo que la empresa concesionaria tiene que solucionar "internamente".

El portavoz recordó que hubo un concurso público al que se presentaron un conjunto de empresas y fue ganado legítimamente por el consorcio de empresas que formaban Aeromur. Esta concesionaria "firmó un contrato con la Administración regional, que incluye una serie de cláusulas y están obligados a cumplirlas".

Repitió que "el único objetivo" que tiene el Gobierno regional en esta materia es "abrir el aeropuerto", pero descartó que este interés se deba a un "prurito" o a un "compromiso político", sino a que el Ejecutivo regional está "absolutamente convencido de que es una infraestructura esencial y básica para el futuro de la Región".

Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo y exdirector general de Greenpeace España, apoyó con su presencia la presentación de Equo Cartagena y participó de la conferencia-debate “Alternativas desde la Ecología Política”. El acto tuvo lugar este jueves en la Universidad Nacional a Distancia (UNED) en presencia de unas 150 personas. Entre algunos conocedores del proyecto y ciudadanos curiosos por el mismo, Elena Revuelta, coportavoz de la Mesa Regional de Coordinación de Equo Región de Murcia, y López de Uralde arroparon a Antonio Ortiz en la presentación del grupo municipal.

Desde su ámbito, cada uno de los intervinientes desgranó aquellos problemas que afectan a la ciudadanía, analizando los retos que estos representan y ofreciendo alternativas desde el prisma de la ecología política frente al vacío de ideas de los partidos políticos convencionales. Revuelta, que destacó la política continuista del Gobierno regional de PP con apuestas megalómanas e incoherentes como parques de atracciones, aeropuertos sin servicio o macropuertos que revivan al ladrillo, puso además énfasis en el impacto negativo que la política de recortes está teniendo en los servicios públicos de la Región y cómo una gestión diferente basada en el bien común ahorraría sufrimiento innecesario.

Por su parte, Ortiz describió cómo “han sido necesarios dos años de trabajo” para afianzar el grupo municipal de Equo Cartagena, trabajo que considera sólido dado el elevado grado de colaboración que Equo Cartagena ha alcanzado con numerosos movimientos sociales de la comarca. Además, Ortiz apuntó algunas de las deficiencias que ha generado la gestión acumulada durante varios mandatos del PP en la ciudad de Cartagena, generando una polarización entre barrios cuidados y otros casi abandonados. También señaló que las futuras políticas de participación ciudadana que Equo pretende implantar pueden propiciar un desarrollo más coherente y justo que fructifique en una ciudad para todos sus ciudadanos.

Para concluir el evento, Juan López de Uralde repasó la actualidad política, económica y medioambiental del país haciendo hincapié en aquellos problemas que cronifican la situación. Uralde no dudó en señalar la corrupción generalizada “que descubrimos hoy, pero que se ejecutó hace años”, como uno de los principales factores en la crisis que asola el país, indicando criterios de tolerancia cero y transparencia institucional como métodos eficaces para su erradicación. “Habrá que ver lo que descubrimos en el futuro”, apostilló.

Entre sus propuestas para la regeneración económica y medioambiental, Uralde se apoyó en la rotundidad de los datos, con esos 2,7 millones de empleos que la oficina de estudios económicos del Estado dice que se pueden crear en sectores de la economía verde, como la agricultura ecológica y la producción de energías renovables, números y sectores estratégicos a los que ni el presente ni pasados gobiernos han hecho caso alguno. Uralde no duda en señalar que “Europa no está mal, lo que no funcionan son sus gobernantes”.

Tras las dos horas de conferencia-debate, con un extenso turno de preguntas incluido, los representantes mostraron su grado de compromiso con la regeneración de la democracia y las relaciones entre ciudadanos y Estado, comunidades y administraciones locales. Equo pretende ser un actor principal de este necesario proceso con su campaña “Reinicia la Democracia”.