El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, afirmó ayer que el último año, desde que Rajoy promulgara el Real Decreto 16/2012 en el que se recogían medidas de recorte sanitario, “ha sido un año negro para la sanidad”. En su opinión, dicha norma vino a romper el sistema sanitario público tal como estaba configurado en los últimos 27 años, cuando un ministro socialista, Ernest Lluch, aprobó otra ley bien distinta un 25 de abril: la Ley General de Sanidad.
La coincidencia de ambos aniversarios, puesta de manifiesto por González Tovar, señala más la diferencia entre dos sistemas sanitarios completamente diferentes: el socialista, que reformó y modernizó la sanidad, le dio un papel fundamental al Estado en su gestión, y sustituyó la caridad por los derechos sociales vinculando la protección sanitaria a la de ciudadano por el mero hecho de serlo; y el del Partido Popular, que significa un ataque frontal a este sistema, y que acaba con la universalidad, la equidad, la solidaridad y la gratuidad.
El líder del PSRM, para quien “el PP nos lleva a una sanidad excluyente, más cara, y menos eficiente”, afirmó que “todos los recortes y las exclusiones tienen un saldo de vida y de vidas”. Por ello, dedicó unas palabras “a todas las Juanas Vidal que hay en la Región y en España, y que están sufriendo las demoras en sus intervenciones, y la disminución de la calidad de la sanidad pública con unos recortes injustos e injustificados”.
Tovar subrayó que el Real Decreto de hace un año de Rajoy (recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE), ha perjudicado a los mayores de 26 años que no han cotizado antes, ha instaurado el copago de medicamentos para los pensionistas y ha supuesto dificultades en el acceso de una parte del población a los recursos terapéuticos.
“Se ha perjudicado a las personas mayores, a los enfermos crónicos, a quienes padecen enfermedades raras”, insistió el líder socialista, y señaló que asociaciones como las que luchan contra el cáncer y las enfermedades raras, o las que defienden la sanidad pública, advierten de que cerca de un 20% de pensionistas en toda España (50.000 en la Región) han renunciado, por motivos económicos, a comprar alguno de los medicamentos que les han sido prescritos por sus médicos, “lo que es de una gravedad extrema”.
“Los socialistas denunciamos que el Gobierno regional, con el dinero que se está ‘incautando’ a los pensionistas, está pagando su deuda con las farmacias”, añadió González Tovar, ya que la Consejería no ha devuelto a los pensionistas lo que éstos han pagado de más por sus medicamentos desde el mes de septiembre, y que supera ya los 4 millones de euros.
Además de todo esto, el líder socialista señaló que el Real Decreto supuso también que 400 medicamentos fueran retirados de la prestación sanitaria, y que, al pasar al mercado libre, su coste se ha disparado de media un 50%.
En la Región de Murcia, además de todo lo anterior, las medidas de Rajoy y Valcárcel han significado el despido de centenares de profesionales de la Sanidad, el cierre de centros de salud por las tardes, el cierre de urgencias en centros de salud, plantas de hospital cerradas, quirófanos a medio gas o cerrados, listas de espera que se multiplican por cuatro ó por cinco. “Y todo esto es lesivo para la salud, estos recortes matan y se pagan con vida y con vidas”, insistió.
Peores augurios
La diputada regional Teresa Rosique informó que el grupo parlamentario socialista ha presentado diversas solicitudes de información en la Asamblea Regional con el fin de “hacer una evaluación de la aplicación del Real Decreto de Rajoy en la Región de Murcia”. Y advirtió que “aún quedan cosas del Real Decreto por aplicarse, lo que hemos sufrido hasta ahora es sólo una pequeña parte”.
Por otro lado, la diputada sostiene que la Consejería de Sanidad no ha hecho todo lo necesario para ahorrar en gasto farmacéutico. Y puso como ejemplo que el gasto medio por receta en febrero era de 10,99 euros en la Región, mientras que en España de 10,55. “Si multiplicamos esa demasía por los 2,2 millones de recetas que se han prescrito en ese mes, el ahorro sería de un millón de euros, justo lo que la Consejería dice que significa el pago de los pensionistas mensualmente, lo que demuestra que el copago sería innecesario si se gestionara bien”.
“Aún queda por aplicar el castigo del copago en el transporte sanitario no urgente, a los que todavía lo están disfrutando, porque se ha quitado el transporte a todas las personas que no están imposibilitadas”, añadió. “Y con toda seguridad van a aplicar el copago también a las prótesis externas o a los productos dietéticos, que son fundamentales para la supervivencia de enfermos de oncología, las de edad avanzada y los enfermos crónicos”.
“El PP está estudiando qué nuevos servicios sanitarios van a dejar de ser gratuitos. Cuando lo decidan, miles de ciudadanos no podrán acceder a ellos porque no podrán pagárselos”, finalizó Rosique.
