La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Laura Muñoz, dijo ayer que, dada la situación, "salir al extranjero tiene muchos aspectos positivos", y que "nuestros jóvenes volverán y lo harán mejor formados". Según la portavoz, "los jóvenes no pueden esperar", puesto que "no se puede reducir inmediatamente la tasa de paro juvenil", razón por la cual "tienen que buscar un empleo fuera".

Muñoz defendió una moción en la Asamblea Regional sobre "necesidad de identificar las ventajas y oportunidades laborales que otros países brindan a nuestros jóvenes".

Para Muñoz, "se trata de adecuarnos a la situación", así como que "salir es bueno", y propuso "elevar una propuesta al Gobierno para que se incentive la vuelta de estos jóvenes que ahora se marchan", tales como "que se potencie la contratación de jóvenes que han trabajado fuera", o que "se tenga en cuenta a la hora de una oposición".

El PSOE, por el contrario, presentó una enmienda a la totalidad, en la que la diputada Esther Clavero señala que "el retorno de los jóvenes es difícil porque arraigan en los países de acogida", y por ello plantea "que antes de llegar a esa situación, se creen nuevos escenarios de empleo aquí."

Para José Antonio Pujante, la moción del PP "transmite un cinismo insoportable".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha definido como progresista al defender el derecho a la vida del concebido no nacido en la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010, que previsiblemente presentará el Ejecutivo en las próximas semanas.

En respuesta a la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, quien le advirtió de que ya no está en la etapa de ser "el progre del PP", el ministro de Justicia se definió así en palabras del escritor Miguel Delibes: "No hay nada más progresista que defender la vida".

Con ello, insistió en que el Gobierno no va a limitar ningún derecho de las mujeres en esta reforma, sino que va a reponer los derechos del concebido y no nacido, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, un derecho que el PSOE quitó al aprobar la normativa de aborto de 2010.

"¿Es también retrógrado y está en contra de las mujeres Felipe González que gobernó 13 años con esta ley? ¿Y Zapatero que la mantuvo vigente durante seis?¿Por qué rompieron unilateralmente una solución difícil y que había sido aceptada?¿Por qué en 2010 decidieron que de ese dramático conflicto uno tenía que ser completamente anulado?", preguntó Gallardón a la socialista, un comentario que suscitó la protesta de la diputada del PSOE Ángeles Álvarez desde su escaño, a quien el presidente del Congreso, Jesús Posada, llamó la atención.

Mientras, Elena Valenciano, que le preguntó por las razones que animan al Gobierno a limitar los derechos reproductivos de las mujeres, insistió en cuestionar a Gallardón qué le han hecho las mujeres para que ahora un Gobierno del PP quiera quitarles también la libertad para gobernar sus vidas.

Así, Gallardón insistió en que su reforma no responderá a las presiones ni de 'lobbies', ni de jerarquías eclesiásticas, ni conspiraciones imaginativas, sino que atenderá "única y exclusivamente" a la Constitución. "Lo va a hacer un partido sin complejos, que defiende los derechos de las mujeres y el de la vida", dijo.

Además, subrayó en su intervención que el aborto es un "conflicto dramático" entre los derechos y el proyecto vital de las mujeres y los derechos del concebido y no nacido, que el Tribunal Constitucional ha definido hasta en tres ocasiones –sentencias de 1985, 1996 y 1999–.

"El legislador tiene la obligación de resolver ese conflicto, ya que no puede prevalecer arbitrariamente uno sobre otro y hay que buscar la armonización posible, que cuando no se encuentra, hay que establecer cuál de los dos derechos prevalece, y eso es lo que hizo la ley de 1985, una ley vigente durante 13 años de mandato del Gobierno socialista", insistió el titular de Justicia y principal cartera ministerial que está tramitando la reforma legislativa.

Precisamente, el propio Gallardón justificó el martes en el Senado que él "será el legislador" y no los obispos en la reforma del aborto, tal y como así le critican desde la oposición, al mismo tiempo que avisó de que "tan dogmático es no defender los derechos de la mujer como no defender los del concebido".

Un retroceso de 30 años

Valenciano, en su turno de réplica, insistió en que al aprobar esta futura normativa España va a retroceder 30 años, en lugar de avanzar, y va a dar pie a una de las leyes "más restrictivas" de Occidente, de forma que "los derechos se convertirán en delitos y las mujeres y profesionales que ayude a abortar irán a la cárcel".

En su opinión, está claro que la Conferencia Episcopal Española (CEE) les reclama ciertas deudas contraídas a la cabeza de las manifestaciones –en referencia a las marchas que varios miembros del PP lideraron en contra de la Ley del Aborto en 2010– y dejen ya de usar "demagógicamente" a las menores, "que las mujeres de 16 y 17 años que abortan no llegan al 0,5 por ciento y lo hacen aquellas que viven en hogares violentos y desamparados".

De hecho, reiteró que al reformar esta normativa las mujeres del entorno social y económico del ministro podrán viajar a 20 de los 27 países europeos que tienen una normativa similar a la de España en la materia actualmente y las otras que no tengan recursos económicos interrumpirán de forma voluntaria su embarazo aunque "jugándose la salud, la vida y la cárcel".

"Las leyes restrictivas no reducen el número de abortos", defendió Valenciano, a la vez que ensalzó la presencia en la tribuna del hemiciclo de un grupo de feministas.

El PSOE advirtió la semana pasada que si Mato y Gallardón reformaban la actual normativa de aborto, iban a denunciar el Concordato del Gobierno con la Santa Sede porque esta intención sólo respondía a las presiones que ejercía la Iglesia sobre el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy. Con ello, anunciaron que iban a iniciar una campaña contra esta "contrarreforma" legislativa en todos los parlamentos españoles, empezando por el nacional.

El diputado nacional del PP por Murcia y vocal de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, Teodoro García, ha pedido al Gobierno central que "fomente la implicación de los municipios españoles en experiencias de las 'Smart Cities' ('Ciudades Inteligentes'), basadas en la eficiencia energética y la sostenibilidad, que redunden en un beneficio para la administración pública, las empresas y los ciudadanos".

Así lo expresó el propio García, que hace unos días presentó una Proposición no de Ley para debatir esta cuestión en el pleno de la Comisión de Industria, y que ha mostrado su confianza en que "logremos que se difundan las bondades de este modelo entre las entidades locales y regionales, a través de acciones específicas desde los organismos de la Administración General del Estado".

Según explica, "es un concepto novedoso aplicado a los municipios cuyo objetivo es ofrecer nuevos y mejores servicios basados en la eficiencia energética y la sostenibilidad, ya que hoy día las ciudades consumen el 75% de la energía que se consume en todo el mundo, generando el 80% de los gases de efecto invernadero". "Si tenemos en cuenta que las ciudades ocupan tan sólo el 2% del territorio mundial, debemos pensar que el futuro pasa por hacer más eficientes y eficaces nuestras urbes", subraya.

García señala que estas ciudades "estarán controladas por la tecnología y el uso sostenible de la energía", de ahí la necesidad de "impulsar la creación y desarrollo de espacios urbanos donde la renovación de sus infraestructuras permita desarrollar soluciones para agilizar el trafico, así como la toma de decisiones participativas, los servicios de alumbrado público o la recogida de basuras".

Asimismo, "persigue aprovechar al máximo los recursos públicos derivados de mejorar los procesos propios que ofrece la ciudad, la eficiencia y la gestión, y también fomentar la mayor participación pública, permitiendo habilitar nuevos modelos de negocio a partir de la innovación hacia la que se van las ciudades del futuro", dice.

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, una serie de foros que, bajo el título 'Juntos Salimos', persiguen poner el foco de nuevo en las reformas de Mariano Rajoy para salir de la crisis.

El objetivo del PP es superar el llamado 'caso Bárcenas' que desde mediados de enero, fecha en la que aparecieron las primeras informaciones sobre el pago de presuntos sobres en negro a cargo de su extesorero Luis Bárcenas, ha provocado continuos sobresaltos en las filas 'populares'.

Los últimos diez días han sido más complicados todavía, ya que Bárcenas ha iniciado una ofensiva jurídica contra su antiguo partido, con una demanda por despido improcedente, una denuncia por forzar la puerta del despacho que el extesorero decía tener en Génova, y otra denuncia por maltrato laboral.

En medio de esa 'guerra' abierta entre Bárcenas y el PP, la dirección nacional ha optado por el silencio, huyendo de las preguntas de la prensa. Eso sí, esta semana ha presentado por fin la demanda civil contra el extesorero y el diario El País que anunció hace un mes al publicarse las primeras informaciones sobre una contabilidad opaca en el PP.

Cospedal inaugura este sábado, en la sede del PP, los debates que quiere organizar el partido en las próximas semanas antes de la Convención Nacional que prepara el partido para la primavera.  A este acto asistirán también el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

Con estos foros entre dirigentes nacionales y regionales del PP e invitados expertos en cada materia, el PP pretende que los ciudadanos puedan trasladarles sus preocupaciones. Los encuentros se desarrollarán a nivel nacional y se celebrarán los fines de semana en las distintas Comunidades Autónomas, según informó el partido en un comunicado.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a preguntas de los periodistas sobre el finiquito pactado con el extesorero, resaltó que "todo el mundo sabe" que desde abril de 2010 Luis Bárcenas no realizaba ninguna actividad para el PP y admitió que se acordó realizar una "simulación" en forma de "retribución" con pago en "diferido" y con retención a la Seguridad Social. Cospedal, aunque no lo parezca, es jurista de formación y abogada del Estado en excedencia.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, el mismo día que Bárcenas acudió a la Audiencia Nacional para explicar cómo consiguió amasar 22 millones en Suiza, Cospedal explicó que en abril de 2010 Bárcenas –al que solo citó una vez por su nombre– dejó de encargarse de la tesorería del PP, así como de tener "relación laboral" o "prestar servicio alguno" para el PP.

Cospedal confirmó que esta semana se interpondrán las acciones judiciales del partido, así como las de aquellas personas que forman parte de la dirección del PP que han sido "aludidas" en esos "papeles apócrifos" publicados por el diario El País. Según añadió, se está preparando una "estrategia conjunta" del partido en la que estará el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

Tras justificar que ella presentase hace 10 días una demanda civil en Toledo porque allí está su residencia habitual, insistió en que se están trabajando en esa estrategia conjunta porque las demandas tendrán un contenido "idéntico". "Si son demandas civiles, contra quién y cómo se terminará de saber esta semana", apostilló.

Preguntada entonces si Rajoy no presentará una demanda individual contra Bárcenas, señaló que estudian esa posibilidad, si bien él es partidario de "ir con sus compañeros de partido". Según explicó, "es el presidente del Gobierno, no sólo del PP" y por ello, se analiza con mayor detenimiento "si debe o no llevar a cabo esa actuación judicial". Por eso, insistió en que es algo que "aún no está cerrado".

“Un acuerdo entre partes” que cotiza a la Seguridad Social

Preguntada si los servicios jurídicos del PP avalaron que se siguiera pagando la Seguridad Social a Bárcenas pese a no prestar ya servicios al partido, la secretaria general explicó que los servicios jurídicos del partido entendieron que "como era un acuerdo entre partes" sería "válido". "Por tanto la contestación sería que sí. Hoy, seguramente se hubiera visto distinto", apostilló.

Ante el hecho de si el PP considera legal que, aparte de pagar la Seguridad Social a Bárcenas, se le aplicaran retenciones en el IRPF, Cospedal indicó que se pactó una indemnización prorrateada en mensualidades. "Como se pactó una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social", dijo.

Dicho esto, señaló que si se hubiera querido "ocultar algo", dado que en ese momento gobernaba el PSOE y tenía "acceso a toda la documentación oficial", "no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribución" ni se habría hecho "dándole su parte de cotizaciones sociales". "No había nada que ocultar y por eso se hizo con esa claridad", enfatizó.

“¿Enseñar el finiquito?”

Al ser preguntada si están dispuestos a difundir el finiquito pactado con Bárcenas dentro de la estrategia de transparencia puesta en marcha por la formación, Cospedal se limitó a decir que es "la indemnización que se pactó y la que en su día le correspondía" según los "servicios laborales" del PP.  

Según agregó, después de ese acuerdo para terminar la relación laboral con Bárcenas "se ha tenido conocimiento de muchas cosas" pero ha sido a posteriori.  "Se hubiera actuado de otra forma con Bárcenas si hubiera conocido con anterioridad lo que hemos sabido después", agregó.

La 'número dos' del PP rechazó que haya "controversia" con ese tema ya que es "público y notorio" que no trabajaba para el PP en estos dos años y "todo el mundo lo sabe". "La controversia la tendrán  ustedes –espetó a los periodistas–. Este señor dejó de prestar servicios al PP y dejó de ser tesorero del partido y senador en el 2010. Comprendo que algunos quieren sacarle punta a muchas cosas, pero controversia no hay".

Asimismo, Cospedal señaló que el "esfuerzo" de transparencia que esta realizando el PP es "el mayor" que ha hecho ningún partido político y añadió que su formación todavía está "esperando" a que otros partidos enseñen su contabilidad. En concreto, emplazó al PSOE a que presente la declaración de la renta de Alfredo Pérez Rubalcaba y a que explique las condonaciones de préstamos que a su juicio ha recibido.

La secretaria general del PP puso en valor que la Justicia está "actuando en este caso" y, en  especial destacó la labor de la Fiscalía que, "a diferencia de lo que ocurría en épocas recientes", está actuando con "total neutralidad e imparcialidad". Sobre si es partidaria de que se adopten medidas cautelares a Bárcenas, dijo que cree que "no se debe presionar" a los jueces, que son los que deben tomar las medidas "más adecuadas".

"El PP no acepta chantajes"

Ante la posibilidad de que haya un  intento de chantaje por parte de Bárcenas al PP y al presidente del Gobierno, Cospedal afirmó que "alguien hace un chantaje cuando tiene algo con lo que hacerlo" y resaltó que tanto Rajoy como el partido están "muy tranquilos". "Este partido no acepta chantajes y el presidente del Gobierno no acepta chantajes. Se lo digo con toda tranquilidad, de ninguna manera", aseveró.

Después de que Bárcenas acudiera al notario el pasado mes de diciembre para declarar una lista de donantes y pagos al PP,  Cospedal declinó hacer más comentarios sobre este tema asegurando que habrá que preguntarle al extesorero. "No sé a qué se refiere. Él sabrá sabrá a qué se refiere y, por tanto, no le puedo dar ninguna explicación de eso. Él se la tendrá que dar", afirmó rotunda.

Nadie quiere hacer la auditoría

Sobre las auditorías externas, la secretaria general del PP desveló que aún no han contratado a una auditoria para revisar las cuentas del partido porque las empresas con las que han contactado no quieren realizar auditorías a partidos políticos. "Para que se sepa, porque esto nos está pasando", confesó, y añadió que ella "espera y desea" poder realizar esa auditoría.

Al ser preguntada cómo ha sido el finiquito que el partido ha acordado con el exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, implicado en la trama Gürtel, señaló que "no se ha pactado una indemnización en diferido, sino de una sola vez", si bien no dio más detalles al respecto.

El PP emitió ayer un comunicado en el que explica que hasta diciembre pasado estuvo pagando a su extesorero Luis Bárcenas la indemnización por despido derivada de la decisión de no readmitirle hace dos años y subraya que, al concluir el pago, quedó “saldado y finiquitado” el contrato entre ambas partes.

Esta es la respuesta del Partido Popular a la información que publicó ayer El País en la que se da cuenta del pago de esa cantidad fija a Bárcenas hasta diciembre de 2012.

En su nota, el PP recuerda que en 2010 Bárcenas solicitó la reincorporación a su puesto de trabajo en las oficinas centrales del partido tras finalizar la excedencia forzosa que tenía concedida por su escaño de senador, puesto al que había renunciado, como anteriormente al cargo de tesorero del partido.

En ese momento, el PP decidió no readmitirle y, en virtud del Estatuto de los Trabajadores, se acordó una indemnización por despido improcedente.

Ambas partes acordaron que la indemnización –de 400.000 euros según El País– se pagaría de manera fraccionada con pagos mensuales y que el PP se haría cargo de las cotizaciones sociales correspondientes durante el período de abono del finiquito.

“Con la percepción de esta indemnización –concluye la nota del PP– se consideró saldado y finiquitado por toda clase de conceptos el contrato de trabajo que unía a ambas partes, no realizando el señor Bárcenas ningún trabajo desde aquel momento para el Partido Popular”.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, pronuncia el próximo jueves una conferencia en el ciclo “Smart City. Foro de la Nueva Ciudad”, organizado por Nueva Economía Fórum, en el Hotel Ritz de Madrid. Se encargará de su presentación la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, según fuentes municipales.

De este modo, el primer edil de Murcia, imputado por prevaricación en el caso Umbra, que investiga la corrupción en la expansión urbanística de la zona norte de la ciudad, se toma un respiro e intentará levantar su imagen, muy decaída en los últimos meses y especialmente deteriorada tras el informe del fiscal que le señala como uno de los principales responsables de la trama.  

Cámara hará una exposición sobre la realidad actual de la ciudad, la evolución que ha experimentado en los últimos años, tanto desde el punto de vista social como económico, describiendo la mejora de los servicios, el incremento de las infraestructuras y la modernización del municipio.  

El alcalde también aludirá en este prestigioso foro político a los ejes estratégicos en los que se basará Murcia para garantizar su futuro, con especial referencia a la “ciudad inteligente”. 

Su visión sobre la mejora de la financiación de los ayuntamientos y la necesaria reforma de la administración local son otros temas sobre los que versará la intervención del alcalde. 

Los precedentes más inmediatos de la participación del alcalde en distintos foros tampoco parecen muy halagüeños, ya que tanto en Bogotá como en el último congreso de la Bici, en Sant Cugat, su descripción de Murcia fue más bien, como acertadamente la definió un columnista, una fantasía animada.

El eurodiputado del PP y exministro Jaime Mayor Oreja dijo ayer que España atraviesa una crisis económica, social y política "total", que ha llevado a los ciudadanos a la "desesperanza y la parálisis" y que ha hecho que "parezca que hayamos vuelto a la casilla de salida", en referencia al inicio de la transición.

Mayor Oreja hizo estas declaraciones en su discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad Católica de Murcia (UCAM), pronunciado tras la laudatio realizada por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

El exministro, arropado por su familia y una amplia representación del PP de Murcia, encabezada por el delegado del Gobierno y el alcalde de la capital, Joaquín Bascuñana y Miguel Ángel Cámara, respectivamente, dijo que España se encuentra en una situación comparable al "reverso de la España que supo hacer la transición" porque "no hay dirección a la que ir ni proyecto político común".

Mayor Oreja se lamentó de que esta situación tan difícil haga a los españoles "perder de vista" los éxitos pasados y el sentimiento de unidad y consenso del arranque de la democracia y, tras advertir de que la crisis "avanza día a día", abogó por "generar una cultura común para no caer una y otra vez en los mismos errores".

El nuevo doctor, en su discurso "El valor de la verdad frente al relativismo", culpó al relativismo de la dureza de la crisis, y dijo que es creciente la relativización del derecho a la vida, la familia y el matrimonio, así como del concepto España y de la Constitución de 1978.

"La ilusión, la confianza, la esperanza y la determinación se han tornado en desilusión, desconfianza, desesperanza y parálisis", dijo Mayor Oreja antes de añadir que "la impresión es que hoy la política es una actividad menor, incapaz, carente de empuje, de la que huyen los más capaces, los más generosos y los que están guiados por las mejores intenciones".

Para el nuevo doctor, la crisis española "está poniendo a prueba los cimientos de nuestra vida política y social. Arrastra a las instituciones políticas, sociales y culturales que hasta ahora bien poco considerábamos seguras y merecedoras de nuestra confianza".

Además, insistió en que la gravedad de la situación de España radica en que no es sólo una crisis económica, puesto que cuando ésta llegó "la crisis de fondo estaba ya dentro de nosotros", y subrayó que "nos equivocamos si culpamos a los demás, a las instituciones financieras, a los mercados o a los políticos porque la crisis está en la persona". Por eso, para el político del PP la solución "no podrá venir sólo de reformas institucionales, será necesario que cambiemos de actitud".

Por su parte, José María Aznar alabó la figura de Mayor Oreja y dijo de él que es una de las personas "de las que España puede disponer para encontrar de nuevo su camino". Aznar hizo un llamamiento a la confianza en el futuro de España al afirmar que "el destino de los países no está escrito, nuestro país sigue estando en nuestras manos y entre los nuestros se encuentran los mejores", tras lo que ha advertido de lo "difícil que resulta enderezar el rumbo por lo profundo que la crisis ha llegado a calar en la sociedad".

En ese sentido, aseguró que España ha "perdido buena parte de sus activos sociales, culturales y políticos. Hemos perdido referencias comunes valiosas, incluso nuestra memoria compartida", y consideró necesario "reconstruir desde su base un proyecto nacional real para que nos devuelvan al camino del progreso".

Digna recepción a Aznar

Por la tarde, a su llegada en coche al Casino para presentar el primer tomo de sus memorias, Aznar fue recibido con abucheos y gritos de "asesino", "hijo de puta" y "muérete" por un grupo de jóvenes que la Policía Nacional, en un fuerte despliegue de efectivos ordenado por el delegado Bascuñana, mantuvo alejados del lugar donde tuvo lugar el acto, organizado por el foro Nueva Murcia.

En su perorata, el creador del término Movimiento Vasco de Liberación Nacional dijo que la izquierda española está hoy "tan desarticulada que corre grave riesgo de desaparecer" y que los nacionalismos "se han convertido al secesionismo", por lo que no se puede contar con ellos para recuperar el espíritu de la Transición.

En la conferencia, Aznar señaló que para recuperar los pilares de la transición democrática que llevaron al país al "éxito", además del PP hacen falta "aliados", pero, en este sentido, el panorama en España en estos momentos es "desolador", según sus palabras.

Con los nacionalistas, precisó, "la cuestión es si aceptas o no los chantajes que ponen sobre la mesa, y estamos hablando de la continuidad o no de la nación española, y eso es muy grave, y si se mira a la izquierda, está totalmente desestructurada y solo podría sobrevivir si es capaz de recuperar un discurso nacional articulable y comprometido para realizar ciertos consensos en el futuro".

Solo con la colaboración de estos "socios", explicó, es factible volver a mirar al futuro y no repetir pasados errores que llevaron al enfrentamiento interno en España, y buscar consensos y objetivos compartibles entre los partidos, no los máximos para cada uno de ellos.

Esto "radicaliza gravemente" la vida española y tiene consecuencias "devastadoras", especialmente para la izquierda y los nacionalismos, que para Aznar son imprescindibles también para un gran pacto de pluralidad por la libertad con un Estado descentralizado bien organizado, porque para él la política es "una suma de esfuerzos, el ejercicio de una generosidad inteligente". Se refería quizás a su apoyo a la guerra de Irak y a las mentiras sobre las armas de destrucción masiva (recuerden su “créanme”), así como a la autoría de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que adjudicó a la banda terrorista ETA sin más.

Respecto a ETA, comentó que "no se pueden distinguir sus medios de sus fines, que siguen siendo hoy tan rechazables y responsables de la situación como antes", aunque ahora no utilicen el terror para destruir la nación española porque han comprobado que puede hacerlo desde escaños parlamentarios sin usarlo.

En su opinión, la ilegalización de Batasuna fue la pieza determinante para "la derrota del terror", y la decisión de legalizar este es "enormemente perjudicial y pasará factura a España", pues "una democracia y un Estado no puede admitir en su seno a quien quiere destruirlos".

Por otro lado, afirmó que el atentado que sufrió cuando era líder de la oposición trataba de "frustrar la construcción de una alternativa" de Gobierno en España y reafirmó su "cercanía" con las víctimas del terrorismo, aunque olvidó decir que el primer acercamiento masivo de presos de ETA al País Vasco fue iniciativa suya.

Por último, dijo que tomó la decisión de proponer a Mariano Rajoy como líder del PP cuando él dejó la presidencia del partido pensando en el interés general de España, en cómo podía servir mejor a su país, y cree que la que tomó fue una decisión "correcta".