El grupo municipal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia ha presentado una moción al pleno del próximo jueves para que la Corporación inste a la Comunidad Autónoma a seguir el ejemplo de Andalucía a través de la elaboración de instrumentos legales como el decreto ley para la defensa de la función social de la vivienda.

El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, defiende la necesidad de impulsar este decreto en la Región frente a medidas que "no van a la raíz del problema", como la coordinación de fondos de ayuda social a familias en riesgo de exclusión social y desahucio que ha puesto en marcha el consistorio murciano.

"El PP silencia el problema para no atenderlo", señala Tornel, que opina que "la estrategia de los fondos sociales no responde a la usurpación de un derecho constitucional porque no hablamos de familias empobrecidas sino estafadas por quienes eluden sus responsabilidades a la hora de atender las necesidades básicas de la ciudadanía”.

El concejal expresa su sorpresa ante las instrucciones del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, a la concejala de Bienestar Social, Maruja Pelegrín, para que coordine estos fondos de ayuda social y se pregunta "a qué se dedicaba hasta ahora" esta edil. “Para los bancos se pone en marcha el rescate con fondos públicos. Para los desahuciados, se crean fondos sociales de ayuda. Nadie puede aceptar esta humillación”, apostilla.

Tornel asegura, asimismo, que "las medidas que ahora quiere descubrir Cámara, como la mediación municipal en las ejecuciones hipotecarias, el asesoramiento a los afectados o el alquiler social, han sido rechazadas por su partido en varios plenos municipales cuando las propuso IU-Verdes.

Hizo también hincapié en que en los años de crecimiento económico el Ayuntamiento "renunció a hacer vivienda pública", y que las parcelas municipales para este fin "se han vuelto a vender a los promotores y se ha renunciado a promover vivienda pública".  La administración, en su opinión, "ha hecho dejación de funciones a costa de los derechos ciudadanos y ahora pretende aliviar sus tragedias con ayudas sociales".

El diputado de IU Alberto Garzón, de visita en Murcia, dijo ayer que si el Ejecutivo autonómico rechaza la propuesta de la formación de extrapolar el decreto andaluz antidesahucios a la Región “volverá a ponerse del lado de los bancos”, que son “los que utilizan las viviendas para seguir especulando”.

Garzón indica que el decreto andaluz demuestra que hay posibilidades en el marco autonómico para “aliviar” el problema de los desahucios, que es “un drama transversal” y no puede ser concebido como una “cuestión partidista”.

En este sentido, asegura que no entiende por qué el PP critica el decreto, ya que el objetivo final de este es atajar un problema de gran magnitud social y concebir la vivienda  como derecho y no como un “mero fin especulativo”.

El diputado de IU manifestó su “oposición y repulsa” al rechazo de la ILP contra los desahucios por parte del Gobierno, a quien acusa de “legislar para una minoría de la población” y para la banca en lugar de para la mayoría social. A esto, sumó los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre los 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España, que contrastó con la cifra de los 500 desahucios que se producen diariamente en el país.

Afirmó que la actitud del Ejecutivo al “enterrar” la ILP solo puede entenderse como el “inicio” de nuevas movilizaciones en las que IU estará “luchando” junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones sociales.

Bárcenas y la lista Falciani

Sobre la negativa del Gobierno a responder a una pregunta formulada por la Izquierda Plural para dar a conocer si el extesorero del PP Luis Bárcenas figuraba en la lista Falciani, Garzón criticó que el Ejecutivo rechace hacer ese ejercicio de transparencia. Y recordó que tanto el Gobierno actual del PP, como el anterior del PSOE, disponen de la lista y “saben perfectamente si Bárcenas está o no” en la misma. “Parece que Bárcenas está chantajeando y extorsionando al PP”, lo que hace levantar sospechas acerca de “lo que tiene todavía que guardar de información”, dijo Garzón. A su juicio, estas actitudes “son más propias de organizaciones clientelistas y mafiosas que de un partido que da soporte al Gobierno”.

Declive del bipartidismo

Preguntado sobre la ruptura del bipartidismo a la que hacen referencia algunas encuestas, el diputado de IU destacó la tendencia “al declive rápido y acelerado” de los dos grandes partidos, a los que acusa de impulsar “los mismos procesos económicos que han desembocado en esta crisis brutal”.

“Hay ciertas encuestas que apuntan que esa ruptura –del bipartidismo– beneficia en cierta medida a IU, lo que es un signo de lo que ya se ha visto en otros países como Grecia”. La fractura del PSOE es consecuencia, entre otras cosas, de que ese partido “intenta beneficiar a la izquierda y a la derecha”, señaló Garzón.

En cuanto al nacimiento de más formaciones políticas, entiende que “es un elemento positivo para la democracia”, aunque insistió en que IU “en cualquier caso, mantiene la necesidad de acudir a las ideas, al programa, más allá de las siglas”.

Resistencia y transformación del sistema

El parlamentario de la formación de izquierdas también sostiene que “vamos a vivir un proceso muy radical de cambio” y que, aunque el resultado de este no se puede predecir, tendrá especial incidencia en las elecciones europeas del próximo año.

Tras exigir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, Garzón censura el “empeño” del PP por ahondar en unas políticas económicas que conducen a incrementar “la miseria, la desigualdad, la pobreza y la frustración ciudadana y desconfianza ante el sistema político”.

Además, recordó que uno de los objetivos incluidos en el programa de IU es crear un bloque político y social que aglutine a “toda la gente de izquierda que esté dispuesta a la resistencia frente a los programas de austeridad e iniciar un proceso de transformación del sistema económico y político”.

Hizo hincapié además en que IU, como organización política y movimiento social, está presente en las instituciones públicas y en la calle, frente a PP y PSOE, que son “más monolíticos y siempre están respondiendo a los intereses de la banca”.

Si la semana pasada, antes de conocerse la cifra del déficit, José Antonio Pujante aconsejaba a Juan Bernal que se cortase la mano antes de recortar en educación y sanidad, este viernes, el coordinador regional de IU-Verdes se explayó también con el consejero de Economía, que "tiene la cara como un frontón, muy dura, y da exactamente igual lo que se le diga porque rebota y no hace ningún tipo de mella".

En su escalada verbal, Pujante comentó en rueda de prensa que Bernal comparecerá la próxima semana en la Asamblea para hablar sobre el déficit, un hecho que el dirigente de la federación de izquierdas valora porque "en ese sentido da la cara".

"Le recordaré lo que dijo a propósito del objetivo de déficit, que se cumpliría, y que yo le aseguré que no se iba a cumplir, que era imposible porque con los recortes lo que único que se conseguiría es todo lo contrario", ya que "el problema no es el gasto público, son los ingresos, y hasta que no le entre en la cabeza a Bernal, que va a ser difícil, no se resolverá el problema".

Además, Pujante anunció la presentación de una moción para que el Gobierno regional se dirija al de la nación con el fin de que "dé por bueno" el déficit de la Región teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa y las altas cifras de paro y pobreza, las catástrofes naturales del terremoto de Lorca y las inundaciones en el valle del Guadalentín y la deuda histórica. "Yo no soy partidario de que se reduzca el déficit a costa del sufrimiento y el suicidio de murcianos y murcianas", apostilló.

También exigió a Bernal que "vaya y delante de Montoro le ponga la deuda histórica en lugar de pelearse por una décima arriba o abajo con respecto a algo que ha sido un fracaso" y al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que "no vaya a Dublín a pedir que se flexibilice el objetivo de déficit, sino que se lo exija directamente a Rajoy".
Pujante criticó también que Valcárcel dijera que el déficit se iba a cumplir "y luego sale y dice que no, que él sabía que no se iba a cumplir", tras lo que volvió a reclamar la dimisión del presidente y de Bernal, a los que calificó de "personas totalmente incompetentes y perniciosas".

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, anunció ayer que esta semana presentarán una querella en la Audiencia Nacional contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta así como contra Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo por los presuntos pagos irregulares en el PP.

La querella criminal, que IU presentará ante el decanato de la Audiencia Nacional como acusación popular, según explicó Lara en rueda de prensa, se dirigirá también contra ocho directivos de constructoras que presuntamente donaron diversas cantidades al PP y contra el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, imputado en el “caso Gürtel”, a quienes acusa de hasta once delitos.

IU pide que se investigue a los directivos de las empresas que, según los “papeles de Bárcenas” publicados, hicieron pagos al PP entre 2003 y 2008, y a los responsables del partido que presuntamente pudieron recibir cobros ilegales, algunos de los cuales eran ministros cuando se produjeron dichos pagos.

Los hechos que recoge la querella pudieron ser constitutivos, según IU, de los delitos de falsedad y apropiación ilícita de fondos electorales, alteración del precio en concursos y subastas publicas, blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, fraude, encubrimiento y asociación ilícita.

Lara explicó que la cantidad cuantificada de esos supuestos pagos ronda los seis millones de euros en los cobros de empresas, y también en los pagos reflejados en los apuntes contables de los supuestos “papeles de Bárcenas”.

El coordinador federal de IU recordó que Rato, Acebes y Trillo –exvicesecretario, ex secretario general y exresponsable jurídico del PP, respectivamente–, eran ministros cuando se produjeron algunos de esos presuntos pagos y, por tanto, existía la incompatibilidad de recibir recursos que no fueran los propios de su labor en el Ministerio.

Según IU, también pudo haberse producido competencia desleal entre empresas en la adjudicación de obras, ya que “si ha habido empresas que han conseguido adjudicaciones en función de que han hecho pagos al PP han competido deslealmente con otras honestas que no han hecho nunca pagos para tener adjudicaciones”, dijo Lara.

Por ello, además de a los políticos corruptos que puedan tener responsabilidades, IU cree que hay que señalar también a las “empresas corruptoras”, a cuyo servicio pueden haberse puesto los intereses del Estado. Así, pide que se investigue también a José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que habría pagado alrededor de 1.200.000 euros; Manuel Contreras Caro de Azvi, que donó, según lo publicado, 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir (OHL), que habría donado más de medio millón de euros, al igual que Luis del Rivero Asensio, de Sacyr Vallehermoso.

La querella también apunta a Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), que afirma pudo pagar al PP entre 250.000 y 300.000 euros, la misma cantidad que Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa); José Mayor Oreja (FCC), a cuyo nombre figuran entregas de al menos 170.000 euros en los papeles publicados, y Antonio Vilella (grupo Rubau), que supuestamente pagó 100.000 euros.

Cayo Lara considera que además puede haberse producido una “competencia ilícita electoral” por parte del PP con respecto al resto de fuerzas políticas en distintos comicios electorales “porque –dijo– si ha competido teniendo recursos ilícitos eso se llama también competencia ilegítima” y “podría haber ganado algún proceso electoral con recursos que la ley no le permitía”.

En su opinión, estas actividades han podido favorecer que se produzca la “mayor estafa inmobiliaria” de la democracia española y afecta a la credibilidad de la justicia mientras existan casos que “siguen muriendo en los tribunales”.

Aunque los hechos que recoge la querella se remontan a 1990, la acusación se formula por los pagos registrados desde 2003 a 2008, que serían a los que no afectaría una posible prescripción.

La decisión de presentar esta querella se adoptó el domingo en la reunión de la Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, y la firman también Ecologistas en Acción, la plataforma Justicia y Sociedad, y la Asociación Libre de Abogados (ALA).

El diputado de IU Gaspar Llamazares dijo ayer en Murcia que el Gobierno central trata de convertir el derecho al acceso a la sanidad pública en el "negocio" de "unos pocos amiguetes del PP". Para Llamazares, "es necesario defender el sistema sanitario porque vivimos un asalto a la sanidad pública por parte del Gobierno de Rajoy y también de las comunidades autónomas que aceptan los recortes del presidente".

Según el diputado, la pretensión del PP es reducir el gasto sanitario para que la sanidad pública se transforme en un sistema "de pago parcial y de seguro", lo que significa "volver 30 años atrás" y conlleva un empeoramiento del servicio. "Este asalto es además oscuro porque sobre él se ciernen sospechas de que el Gobierno y sus amiguetes tengan interés en la privatización del sistema", sostuvo el parlamentario de IU, quien hizo también hincapié en que la política sanitaria del PP "se merece la censura social y electoral, que ya las está teniendo", y recordó que los modelos sanitarios privatizados de Gran Bretaña y Holanda han supuesto dos puntos más del Producto Interior Bruto de esos países.

En relación al Debate del Estado de la Nación, que tendrá lugar esta semana, Llamazares dijo que "da la impresión de que el PP se presenta para hacer un balance, un balance catastrófico en términos de empleo, depresión económica y desmantelamiento del estado del bienestar". "A esto se une un rastro de corrupción que el Gobierno no ha logrado despejar. Un Gobierno que solo aspira a ir tirando, a que poco a poco se vayan diluyendo acusaciones que se ciernen sobre ese partido y a que la Unión Europea nos dé un respiro para poder salir de la crisis".

Preguntado sobre las alternativas de IU frente a la crisis, Llamazares insistió en que "con una parte de lo que ha aflorado por la amnistía fiscal se evitarían los recortes, se reactivaría la economía y mantendría la sanidad y la educación públicas". Por tanto, añadió, "hay margen de maniobra, otra cosa es que se quiera hacer".

Respecto a la ministra de Sanidad, Ana Mato, dijo que "políticamente es un peso muerto de la historia y solo tienen que decidir cuál será el momento que dimita o que sea destituida", tras lo que añadió que "desde el punto de vista de la credibilidad" la ministra "está bajo mínimos".

Una estación provisional pasa a ser definitiva

Llamazares también mostró su "escepticismo" sobre el anuncio de la llegada del AVE a la Región de Murcia en 2014, y aseguró que "no hay calendario creíble, solo una fecha fetiche que es 2014".

En cuanto al soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia, el diputado  de IU declaró que, por su experiencia, la construcción de una estación provisional se convertirá en definitiva, como ha ocurrido en León y Gijón, y apostó por el soterramiento para superar la "fractura urbana".

Por otro lado, dijo que el caso Nóos "se acerca cada vez más al corazón de la Casa Real" y que "estamos ante un hecho gravísimo". "La corrupción se extiende por todas las instituciones del Estado desgraciadamente, no está generalizada pero parece estar institucionalizada, y en este sentido los datos más recientes apuntan a una cercanía de esa corrupción a la Casa Real y sus administradores". Llamazares apuesta por una mayor transparencia en las cuentas de la Casa Real y considera imprescindible que la ley de transparencia incluya a la Jefatura del Estado.

El diputado de Izquierda Plural en el Congreso, Ricardo Sixto, dio ayer a conocer que "se están haciendo estudios para la privatización de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla" y que, si finalmente se lleva a cabo la privatización, "esto supondrá de manera directa un incremento del recibo del agua". Además, denunció "presiones en el Ministerio de Agricultura para hincar el diente al negocio del agua", como ha podido saber "por los propios trabajadores de la Mancomunidad".

El diputado de Izquierda plural hizo estas declaraciones en rueda de prensa, durante una reunión de trabajo con miembros de la Mancomunidad, que tuvo lugar en la Asamblea Regional de Murcia, donde acompañado por el diputado regional José Antonio Pujante y la diputada en la Comunidad Valenciana Esther López, ofrecieron conjuntamente su apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea 'El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público!'.

Según Sixto, "Aguas de Barcelona está entre las empresas" que están ejerciendo esa presión, y quiso expresar todo su apoyo a la Mancomunidad, pues "lleva ochenta años haciendo una labor ejemplar en Murcia y Alicante". También criticó el hecho de que "ahora se quiere que pase a la empresa privada para enjugar las pérdidas de las desaladoras".

Por su parte, Esther López señaló que se instarán "mociones en los ayuntamientos a quienes les afecte este hecho en la Comunidad Valenciana", así como que "allí se hará la misma campaña que en Murcia por coherencia", contra "la perspectiva neoliberal del PP" y a favor "de que el agua tenga un coste accesible".

Para el diputado regional de IU-V, José Antonio Pujante, "ante las oscuras pretensiones de privatización", se van a proponer iniciativas institucionales "en el Congreso de los Diputados, la Asamblea Regional de Murcia y las Cortes Valencianas, para evitar que se privatice la gestión de la Mancomunidad". Pujante dijo que "vamos a entregar hoy mismo, en la sede de la Mancomunidad en Cartagena, un escrito en defensa de su carácter público", para que así "se conozca la posición que mantenemos".

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, dijo ayer que su partido se ha descolgado del pacto global anticorrupción planteado por el Gobierno porque no quiere entrar en el "jueguecito" de "lavar la cara" al PP. De hecho, ya registró ayer mismo su propio catálogo con medidas anticorrupción en el Congreso, que es, a su juicio, donde debe debatirse la "sistemática" corrupción política y empresarial que sufre España "y no de espaldas" a la sociedad.

En rueda de prensa, Lara informó de que el pasado miércoles recibió una llamada de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que es la encargada de buscar apoyos entre los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo para combatir esta lacra que, según sus palabras, es un "cáncer" para la democracia.

Sin embargo, el líder de IU dejó claro que la federación de izquierdas no va a respaldar en esto al PP, que ha planteado este pacto anticorrupción a raíz del estallido del 'caso Bárcenas' y después de anunciar que va a someter sus cuentas a una auditoría interna y a otra externa.

"Que a estas alturas no nos cuenten milongas", exclamó Lara, antes de criticar que tanto PP como PSOE salgan ahora como adalides contra la corrupción cuando, destacó, son sus "responsables" por no haber legislado hasta ahora para erradicarla, por haber contribuido a incrementarla "al calor de la burbuja inmobiliaria" y por haber desarrollado un modelo de financiación de partidos que no es ni "público" ni "transparente".

"Cada palo que aguante su vela"

A su juicio, la corrupción es ya de por sí un tema de suficiente enjundia como para que el debate en torno a las medidas que habrían que tomarse para acabar con estas prácticas tenga lugar en el Parlamento, "y no en una mesa camilla". "Y que cada palo aguante su vela", apostilló.

En este sentido, y preguntado sobre si IU está exento de los casos de corrupción que se han registrado en España, Lara respondió que "alguno habrá" pero, eso sí, presumió de "actuar" en cuanto aparece, y puso como ejemplo el caso "puntual" que afectó a su alcalde del municipio malagueño de Casares.

Es más, dijo que cuando hace dos años el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, informó de que había 700 casos de corrupción en España y que 20 correspondían a IU, ya Lara le envió una misiva para que le diera cuenta de cuáles eran y aún está a la espera de tener una respuesta.

Lara no negó que haya habido en sus filas "cuatro casos puntuales" de prevaricación, un delito que quiso diferenciar de la corrupción "con mayúsculas", e insistió en que en cuanto IU tiene conocimiento de este tipo de comportamientos actúa. "Actuamos, y si no lo hacemos es porque no lo sabemos", remachó.

Pleno monográfico

Durante su comparecencia, el también presidente de la Izquierda Plural en el Congreso explicó algunas de las 41 medidas que su grupo parlamentario ha incluido en una proposición no de ley que registró ayer lunes y que espera que tenga buena acogida por el resto de fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario.

Además de la celebración de un pleno monográfico sobre la corrupción con el objetivo de alcanzar una serie de compromisos concretos para poner fin a esta práctica, Lara propone, entre otras cuestiones, la obligación de que los diputados tránsfugas devuelvan su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos o la reforma del actual régimen de aforamiento de diputados y senadores.

Pero también plantea ampliar los tipos penales y endurecer las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y los corruptores, permitiendo penas de inhabilitación de hasta 30 años, establecer procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos, reforzar la Agencia Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC), la Fiscalía Anticorrupción o las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades autónomas.

Más controles y cambios

De igual forma, sugiere una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, una regulación de los salarios de todos los cargos públicos y de los obsequios o invitaciones que éstos reciben y la creación de una oficina de regulación del Registro de Intereses de los diputados, miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración.

Otras de las iniciativas por las que aboga IU pasan por reforzar el Tribunal de Cuentas, la reglamentación de los 'lobbies', por la reforma de la Ley Electoral vigente para, entre otras cosas, limitar el volumen de propaganda electoral, y por modificar la Ley de Financiación de Partidos Políticos para prohibir las donaciones a las formaciones, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos por parte de empresas contratadas en el momento de la donación o con anterioridad, por las administraciones públicas, organismos y empresas públicas.

El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, dijo ayer en rueda de prensa que con las "promesas de grandes proyectos" del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ocurre "algo similar" al pronóstico sobre el fin del mundo del calendario maya, "y es que nunca se cumplen".

Pujante indicó que los proyectos del PP "se desmoronan de manera irreversible como hemos podido constatar con la sentencia del Tribunal Supremo que echa abajo el 'telepelotazo' –en referencia al teletransporte–, y que muchos ayuntamientos gobernados por PP y PSOE llevaron a cabo sin ningún tipo de escrúpulos".

Recordó también la sentencia del Tribunal Constitucional que imposibilita la urbanización de Marina de Cope, lo que ha supuesto, a su juicio, "un golpe en toda regla a un proyecto estrella de Valcárcel", y criticó la construcción de la autopista AP7, "una infraestructura fracasada por la que apostó el PP y que no paralizó el PSOE".

Sobre esta última, señaló que es "uno de los grandes fiascos que se han producido en la Región de Murcia", y recordó que "es deficitaria y ha necesitado de préstamos por parte del Estado".

Agradeció a "una parte del PSOE que haya contribuido a que el Constitucional se pronuncie mediante la presentación del recurso, pero ha habido otra parte que ha ido en la dirección contraria, con evidentes contradicciones que yo mismo padecí como concejal del Ayuntamiento de Lorca".

Mentiras por sistema

En referencia a la situación económica y social de la Región de Murcia, Pujante apuntó que "está peor que a principio del año", ya que "hay más paro, más exclusión social y más pobreza, hay colas en locales de Cáritas y en parroquias para recoger alimentos, y familias que buscan en los contenedores de basura".

A su juicio, la política de recortes del PP "ha conseguido el efecto contrario" y han dado como resultado "más paro, más pobreza, un deterioro de los servicios públicos esenciales como son la sanidad, la educación, las políticas sociales, y además, el déficit se incrementa y no se va a cumplir el objetivo fijado ni la reducción de la deuda".

"Han mentido de manera sistemática y contundente, han engañado a la ciudadanía cuando anunciaron que no iban a subir los impuestos porque han incrementado tasas y precios públicos, también la fiscalidad, afectando a las rentas más bajas", añadió, tras afirmar que la política económica del Gobierno regional "ha sido un rotundo fracaso".
Asimismo, denunció que "reivindicaciones históricas del PP cuando gobernaba el PSOE se han diluido, por el ejemplo el sistema de financiación autonómica, ya no se plantea ese cambio más allá de una reclamación retórica para aparentar que no se incurre en contradicción, pero la exigencia al Gobierno de Zapatero ya no se hace con la misma contundencia".

Al respecto, explicó que con el pago de la deuda histórica serían innecesarios los recortes "y sin embargo, se mira para otro lado", y exigió a Valcárcel su dimisión porque "ha fracasado en todo" y la sentencia sobre el proyecto de Marina de Cope "es un motivo más para presentar ipso facto su dimisión".

"Basta ya de políticas de recortes. Hace falta plantear una política económica que ante una situación de ruina social en la Región de Murcia impulse la inversión pública y garantice la protección de los sectores sociales más desfavorecidos", agregó el dirigente de la federación de izquierdas, tras desear que el próximo año esté marcado por la "lucha y la exigencia" contra unas políticas "suicidas".