El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley por el que se reforma el sistema de renovación de RTVE y se permite que el presidente de la corporación pueda ser elegido por mayoría absoluta en caso de que no se alcance un consenso suficiente como para llegar a la mayoría cualificada de dos tercios del Congreso que exige la actual Ley de Radio y Televisión Pública, según avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta señaló que el Ejecutivo ha decidido adoptar esta medida ante la situación de "bloqueo" en que se encuentra la renovación de la cúpula de RTVE, que ha llevado a "problemas muy graves en la gestión de RTVE", en un momento en que "la televisión está llamada a hacer un esfuerzo de austeridad", en referencia al ajuste de 204 millones de euros aprobado por el Ejecutivo.

En este sentido, indicó que, tras la dimisión del expresidente de RTVE Alberto Oliart en julio de 2011, el Consejo de Administración de la corporación "no tiene posibilidad de presentar ni aprobar sus cuentas anuales", lo que ha provocado que la corporación tenga "serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste" impuesto por el Ministerio de Hacienda dentro del plan de estabilidad.

Sáenz de Santamaría quiso "disipar las dudas y preocupaciones" planteadas desde algunos partidos sobre la reforma legal, y subrayó que la elección de la cúpula de RTVE seguirá siendo "parlamentaria", ya que el presidente de la corporación será elegido en una primera votación, en caso de que haya un consenso de dos tercios del Congreso, o en una segunda votación, con mayoría absoluta, si no existe ese consenso.  

El Real Decreto Ley aprobado reduce el número de miembros del Consejo de Administración de RTVE de los 12 contemplados en la actual ley a nueve miembros, incluido el presidente. Asimismo, se disminuye el sueldo que cobran los consejeros de RTVE, que actualmente supera los 110.000 euros, según Sáenz de Santamaría, y que a partir de ahora sólo "cobrarán dietas por su asistencia al consejo".

“Golpe institucional”, según el PSOE

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acusó al Gobierno de perpetrar un "golpe institucional" al reformar por decreto ley el sistema de renovación del Consejo de RTVE y de "inventarse" un "bloqueo" en las negociaciones con el PSOE para cambiar el "modelo" de televisión. Después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, haya justificado la medida por el "bloqueo" en que se encuentra la renovación del Consejo de RTVE, la 'número dos' del PSOE replicó que "no hay ningún bloqueo" y que los 'populares' "se lo inventan para cambiar el modelo de televisión" y además "por decreto".

Con esta decisión, para nombrar al próximo presidente de RTVE bastarán los votos del grupo popular en el Congreso. "Golpe de mano del Gobierno. Volvemos atrás", resumió Valenciano.

Por su parte, el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, también en 'Twitter', tachó la decisión de "absoluta vergüenza" y denunció que el Gobierno vuelve con ella "al control político de radio y televisión pública". "Recortes, recortes, recortes y más recortes con el PP y, ahora televisión publica manipulada para que no tengamos información", escribió otra diputada socialista, la miembro de la Mesa del Congreso Carmela Silva.

Críticas sindicales

La secretaria general de CCOO en RTVE, Dolores Arocha, criticó la reforma del sistema de renovación de RTVE para que el presidente sea elegido por mayoría absoluta, al entender que supondrá "un modelo presidencialista controlado" por el Gobierno. Arocha dijo a Europa Press que la aprobación de esta medida responde a "un plan diseñado" por el Ejecutivo desde hace varios meses, con el objetivo de nombrar un presidente "por su cuenta".

"Es lo que quieren pero es un error, porque están arrebatando al Parlamento –y por lo tanto a la ciudadanía– las decisiones sobre esta empresa pública", resaltó. En este sentido, alertó sobre la reducción de consejeros –de los doce actuales a nueve–, que supondrá que se "consolide un modelo presidencialista". "El Gobierno no quiere que se vigilen ni se miren los contratos, es un error", afirmó.