La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en que el Ejecutivo seguirá adelante con las reformas y avanzó la puesta en marcha de una central de compras única para los suministros de toda la administración general del Estado. En su intervención en el campus de verano de la Fundación FAES en Navacerrada, avanzó además que "en estos días" iniciará su tramitación una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que introducirá "profundos cambios" en la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos.
Dijo que la reforma institucional debe ser "a todos los niveles" y apelaó a las autonomías a "reforzar los esfuerzos" para cumplir con la senda de estabilidad y a "analizar sus propias estructuras" para evitar las duplicidades en los servicios que se prestan a los ciudadanos.
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La vicepresidenta destacó el consenso alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit, "un proceso de ajuste generalizado al que debe darse un nuevo impulso".
Reclamó asimismo a autonomías y ayuntamientos que sigan el proceso de reducción del sector público empresarial del Gobierno –"que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas", indicó– porque "la inmensa mayoría" de las 4.000 empresas públicas existentes depende de estas administraciones.
Respecto al sistema central de compras, explicó que estará encargado de celebrar los contratos y "obtener precios razonables" para toda la administración general del Estado. Añadió que la unificación de la gestión de compras emprendida en algunos ministerios ya ha supuesto "grandes ahorros", especialmente en el de Defensa. Se refirió además al plan de gestión inmobiliaria integral del patrimonio del Estado que, en cuatro meses, ha permitido ahorrar 17,5 millones de euros a la administración del Estado.
Sáenz de Santamaría insistió en la necesidad de clarificar las competencias entre las distintas administraciones y así dijo que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se pondrá en marcha "en estos días". Esta reforma garantizará que los pequeños municipios puedan prestar "servicios públicos adecuados a precios razonables".
Sueldos de alcaldes y concejales
La ley de Transparencia establecerá además el número de concejales y los baremos de los salarios que percibirán, así como los de los alcaldes, que serán públicos al igual que los de los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración.
Las reformas, aseveró, "no son una opción política, son la condición indispensable para acabar con los desequilibrios estructurales" que tiene España. Recordó que se basan en tres pilares: consolidación fiscal, reestructuración del sistema financiero y reformas para lograr competitividad, de cara al objetivo de volver al crecimiento económico y la creación de empleo.
A estas reformas, sumó la del sistema educativo y la del marco regulatorio, para que existan "menos y mejores leyes", simplificando la normativa existente en los tres niveles de la administración y avanzando hacia la liberalización de muchos sectores. En ese sentido, avanzó que se ha creado un grupo de trabajo en la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios para aprobar una ley reguladora de la unidad de mercado, en la que tendrán que trabajar todos los departamentos del Ejecutivo.
Su objetivo, dijo, será una mayor simplificación de los procedimientos en todas las administraciones para ir a "un sistema de licencia única y de reconocimiento mutuo de los permisos y licencias que las distintas administraciones otorgan entre sí".
