El Gobierno de la Comunidad Valenciana se ha adelantado a las previsiones doctrinarias de ‘ley Wert’ y ha incluido en la formación del profesorado un curso titulado: “Apariciones y milagros de Nuestra Señora”. Esta elevación de la Virgen a categoría didáctica y formativa como si fuera una disciplina científica, sorprendió al pedagogo y diputado socialista por Valencia Federico Buyolo, quien dirigió dos preguntas por escrito al ministro “españolizador”, también conocido como “el ministro del taper”.

La primera rezaba: “¿Tiene previsto el Ministerio ampliar este tipo de cursos a otros santos y santas que también tengan milagros importantes para la mejora de la calidad educativa de nuestro país?” Y la segunda interesaba: “¿Tiene el Ministerio previsto ampliar la oferta a todas las Comunidades?” La lógica de la primera se explica por la existencia de santos tan célebres y celebrados como, pongamos por caso, Isidro labrador, al que se atribuye el milagro de la holganza, pues mientras dormía la siesta los bueyes araban solos unos surcos tan rectos y perfectos que sin ninguna duda los boyeros eran ángeles. Y la segunda se explica porque España es el país de María Santísima y las diez mil vírgenes de agosto sin distinción autonómica.

Las preguntas formuladas por Buyolo el 30 de enero del corriente no han sido contestadas con demasiada precisión por el departamento de José Ignacio Wert, lo que permite suponer que al amparo de la LOMCE y con la Religión puntuando como las Matemáticas y el Inglés pronto cundirá el ejemplo. No obstante, la respuesta de Educación es muy significativa porque reconoce que la autoridad educativa –la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana en este caso, de la que es titular María José Catalá– “acredita el curso para que tenga validez”.

Luego de recordar que entre las competencias autonómicas en materia educativa “se encuentra el reconocimiento, la acreditación y el registro de la formación del profesorado y de los inspectores de educación, así como la promoción y el establecimiento de acuerdos de colaboración con las Administraciones Públicas, Universidades y otras instituciones o entidades para la formación permanente del profesorado”, el Ministerio puntualiza que el curso de formación de los profesores sobre los milagros y apariciones de la Virgen “está organizado y, por tanto, pagado por el Arzobispado”. Las autoridades educativas “lo ofrecen” junto con otras materias y “acreditan” su validez.

Con ello el ministro Wert y la consejera Catalá quieren dejar claro que no quitan el dinero ni los comedores escolares para favorecer la formación religiosa de los profesores según los dictados del arzobispo Osoro Sierra, por lo demás diplomado en Magisterio y licenciado en Matemáticas; ellos sólo “certifican” la validez de estos cursos. Si después, debido a la ley de la causalidad (toda causa produce un efecto), hay escolares a los que se les aparece la Virgen, no quedará más remedio que investigar el fenómeno. Otra cosa es que en un futuro, como ya hizo monseñor Cámara hace 90 años cuando era obispo de Salamanca, donde tiene una estatua, las autoridades educativas, siempre de acuerdo con los arzobispos, decidan prohibir los milagros.

La Fiscalía ha decretado incoar diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el PSPV-PSOE sobre posibles falsos testimonios en la comisión parlamentaria que investigó el accidente de Metrovalencia de 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y hubo 47 heridos graves.

El PSPV entregó en el Tribunal Superior de Justicia valenciano un escrito dirigido al fiscal en el que pedía una nueva investigación, acompañado de una grabación del programa televisivo Salvados de La Sexta sobre el accidente y las actas de la comisión de investigación, que empezó el 17 julio y concluyó el 4 de agosto de 2006. Asimismo, los socialistas valencianos aportaron una copia del argumentario, con las preguntas y las respuestas, que elaboró la empresa de comunicación H&M Sanchis para que lo utilizaran los comparecientes de Metrovalencia en la comisión parlamentaria de investigación.

El decreto de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana da por recibida la denuncia de la diputada del PSPV Ana Barceló e indica que procede "incoar diligencias de investigación penal" y "remitir lo recibido a la Fiscalía Provincial de Valencia para que actúe en consecuencia", ya que no hay ningún aforado entre los que podrían haber formulado falso testimonio.

La diputada indica, con los documentos aportados a la Fiscalía, que en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes creada tras el accidente de Metrovalencia "es posible que testigos que testificaron ante ella hayan faltado a la realidad inducidos por otros", se afirma en el decreto. El decreto firmado por el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, indica que la diputada no cita a ninguna persona concreta, "aunque se aporta documentación".

Fuentes del ministerio público han indicado que la documentación llegó a última hora del lunes a la Fiscalía Provincial, que aún no se ha pronunciado. En este órgano existe una denuncia de la entidad Cercle Obert sobre el mismo asunto, que podría acumularse.

Las pruebas

El PSPV presentó el pasado 6 de mayo una denuncia a la Fiscalía en la que aseguraba aportar "nuevas pruebas" y pedía la apertura de una investigación por si en la Comisión de las Corts Valencianes sobre el siniestro se pudo incurrir por parte de algunos comparecientes en un presunto delito de falso testimonio. La presidenta del grupo parlamentario socialista en la cámara valenciana, Ana Barceló, y el diputado autonómico Francesc Signes, fueron quienes entregaron la documentación.

Barceló explicó en el momento de la presentación del escrito que consideran que pudo producirse un delito de falso testimonio de acuerdo a la modificación del artículo 502 del Código Penal, que podría estar penado con entre seis meses y un año de prisión y recordó que cuando se citó a las personas que intervinieron en la Comisión de las Corts acerca del metro se advertía de la obligación de decir la verdad.

"La Comunidad garantiza que ningún profesor que suspenda las oposiciones impartirá clases". Con esta "falsa" premisa –como la califican los sindicatos–, el Ejecutivo que preside Ignacio González informó, vía Twitter, durante el transcurso de la huelga general de Educación, de que el Consejo de Gobierno había aprobado la nueva regulación de las listas de interinos. 

El decreto, impulsado por la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, modifica los baremos de contratación de profesores en las escuelas públicas. En la nueva reordenación, la experiencia y los méritos adquiridos durante años de trabajo quedan relegados a un segundo plano, mientras que la nota obtenida en el examen de oposición contará un 80%.

Además, sólo "se tendrá en cuenta la nota de la última oposición y la anterior", informa el Gobierno regional en un comunicado. Por ello, los sindicatos CCOO y UGT denuncian que el decreto esconde "un ERE encubierto en el sistema público de Educación".

"Para empezar, parten de una falsa premisa porque todo el mundo que está ahora mismo en las listas ha aprobado ya la oposición", reclama la secretaria general de FREM-CCOO, Isabel Galvín. "Y, aproximadamente el 70% de los que ocupan esas listas son gente con experiencia, por lo que todo apunta a una más que previsible rotatividad de las listas para que la Consejería no tenga que pagar antigüedad y pueda cuadrar sus cuentas", añade. 

En la misma línea se manifiesta también Emilia Sánchez, responsable de interinos de FETE-UGT Madrid. "Teniendo en cuenta que casi el 80% de las listas de interinos están llenas de profesores con experiencia y/o que han aprobado las oposiciones en años anteriores, podemos estimar que unas 8.000 personas se irán a la calle", calcula. "Eso, sumado a los casi 7.000 que ya se han quedado sin trabajo en los últimos años, supondrá un auténtico ERE del sistema de educación pública", añade.

Por todo ello, los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, ANPE, CSIF, UGT Y STEM) han convocado una huelga de profesores interinos que tendrá lugar los próximos 14, 16, 21, 22 y 23 de mayo.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha anunciado que el próximo 17 de mayo presentará el proyecto para la implantación de una nueva sede en la localidad de Sant Joan d'Alacant (Alicante), en la cual, y en base a sus previsiones, cerca de 600 alumnos comenzarán sus clases en 2014.

Así lo explicaron el secretario general de la UCAM, José Alarcón, y el alcalde del municipio alicantino, Manuel Aracil, quienes comparecieron para dar a conocer las modificaciones experimentadas en el calendario de presentación de la actuación, según informó en un comunicado el consistorio alicantino.

Aracil y Alarcón indicaron que los cambios "que se han venido sucediendo" se deben "tan sólo a la dificultad de cuadrar" las agendas de las diferentes partes implicadas. Igualmente, ambos convocaron a los medios de comunicación al evento, fijado "definitivamente" para el próximo 17 de mayo, a las 18.30 horas, en la antigua Residencia de Tiempo Libre de la población.

En cuanto a esta ubicación, el secretario general de la UCAM resaltó que la "estratégica situación" de las citadas instalaciones, próximas a la autovía, y con "muchas" posibilidades de comunicación, ha sido "clave" a la hora de decidir la localización de la nueve sede.

Además, añadió que la próxima semana se hará llegar a la Generalitat valenciana el proyecto educativo y el anteproyecto de infraestructuras, "esperando una respuesta positiva.

Alarcón también adelantó que las previsiones de alumnado "que se manejan" para el inicio del curso universitario, programado para 2014, "rondan" los 600 estudiantes, puesto que se prevén diez grupos de 60 alumnos cada uno, a razón de un grupo por cada una de las titulaciones que se impartirán en el centro.

Pese a la polémica y las denuncias del PP, el Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante), gobernado por el PSPV-PSOE, ha autorizado la velada de boxeo programada para este próximo sábado en el único colegio público de la localidad. El gobierno municipal argumenta que no existe ninguna normativa que impida su celebración, según la primera teniente de alcalde, Ana Belén Juárez, quien recuerda que la responsabilidad del evento es de la empresa organizadora, que ha solicitado todos los permisos "necesarios" y ha aportado la documentación correspondiente.

La teniente de alcalde también ha recordado que el consistorio decide la actividad de los centros escolares de titularidad municipal fuera del horario lectivo, y ha subrayado que la jornada deportiva "atraerá a la localidad" a visitantes de otros puntos de la provincia, así como a ciudadanos británicos, un aspecto que, a su juicio, reportará beneficios económicos a la localidad a nivel de hostelería y restauración.

Igualmente, ha puntualizado que el Ayuntamiento ha contactado con la Consejería de Educación, que ha trasladado que "no haría" el acto, aunque Juárez recalca que la decisión corresponde al Consistorio, así como que no hay ninguna normativa contraria.

La Consejería, según Europa Press, ha "desaconsejado totalmente" el desarrollo de la actividad, si bien destaca que la decisión final corresponde al Ayuntamiento. No obstante, apuntó que "vigilará" que cuando se recupere el horario lectivo en el centro la actividad sea la propia del colegio.

Juárez ha recordado que el boxeo es un deporte olímpico, y ha hecho hincapié en que la velada del próximo sábado no incluye competición de menores. Y preguntada sobre el acceso de menores al evento, ha matizado que el reglamento de la disciplina deportiva establece las condiciones de entrada y los precios para este colectivo.

Sobre la postura del PP de Los Montesinos, que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la Consejería, la concejal ha incidido en que "como oposición, y ante la falta de propuestas y alternativas, sólo les queda destruir el municipio".

La Fiscalía ha decidido investigar la campaña ‘¡Qué no te líen!’ de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de la provincia de Castellón en la que instan a los estudiantes a denunciar “el adoctrinamiento” de los profesores. La apertura de diligencias y la designación de un fiscal instructor se produce después de que el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) presentase una denuncia el pasado 27 de marzo.

NNGG de Castellón mantiene desde el pasado mes de marzo una campaña “en contra del adoctrinamiento en las aulas” e insta a los estudiantes a que “hagan llegar sus quejas de forma totalmente anónima a través del correo electrónico”. Según las juventudes del Partido Popular de Castellón, la campaña obedece a la preocupación porque “haya adoctrinamiento en las aulas”. “Puesto que creemos que el alumno debe ser educado para que pueda sacar sus propias conclusiones. Nos oponemos a la imposición de ideas e ideologías”, señalan en su web.

El STEPV presentó la denuncia por considerar que la campaña de NNGG es una “caza de brujas contra el profesorado y atenta contra la libertad de expresión, además de constituir un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, incitar al odio y a la violencia contra el profesorado”. El sindicato mayoritario en la enseñanza no universitaria también cree que la campaña popular induce a la comisión de actuaciones irregulares, “desvela situaciones amparadas por la ley de protección de datos de carácter personal y coacciona la libertad del profesorado”.

El sindicato ha instado a NNGG de Castellón a retirar la campaña y a dejar en paz al profesorado, en un momento en el que se ve sometido a unas condiciones laborales muy duras, con recortes de todo tipo.

Los jóvenes populares han insistido en que mantendrán su polémica campaña contra el profesorado.

La Región de Murcia, con un descenso del 53,6%, es, tras Galicia, la comunidad autónoma con una mayor caída acumulada del precio del suelo en 2012. El precio del suelo urbano en España se situó en 182,2 euros por metro cuadrado en 2012, una cifra que representa una caída del 34,6% respecto a los máximos de 2007, cuando alcanzaba los 278,6 euros, de acuerdo con un estudio elaborado por la sociedad de tasación Euroval.

Por comunidades autónomas, los mayores descensos acumulados en estos cinco años se registraron en Galicia (57,6%), Murcia (53,6%), Castilla y León (48%), Canarias (44,2%), Comunidad Valenciana, (43,7%), La Rioja (43,5%) y Asturias (41,8%).

La caída más moderada se experimentó en Extremadura (18%), en tanto que Navarra contabilizó un incremento del 6,6% en el precio del suelo urbano.

En los municipios de más de 50.000 habitantes la bajada acumulada en el periodo fue del 43,2%. Más de la mitad de los españoles vive en 145 municipios que tienen más de 50.000 habitantes; este porcentaje sube a casi un 80% cuando se rebaja hasta los 10.000 habitantes.

Por el contrario, un 60% de los 8.116 municipios que hay en España tienen menos de 1.000 habitantes y representan sólo el 3,15% de la población, de acuerdo con el estudio.

El Gobierno de Mariano Rajoy va a estudiar el encaje legal de la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, pero avanzó que la respuesta a este drama social ha de ser "nacional".

Así lo manifestó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre si el Gobierno se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional esa medida.

Gallardón comenzó aclarando que aún no se tiene todavía conocimiento oficial de la propuesta andaluza y que, por lo tanto, hasta que no esté "formalmente" aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, "lógicamente" el Ejecutivo sólo podrá tener "una actitud de estudio", que es en lo que está ahora.

"El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles son sus hipotéticos efectos –dijo el ministro–. Y lo vamos a hacer con toda la seriedad que merece el asunto y desde la consideración que es importante".

En todo caso, Gallardón recordó que en estos momentos el Gobierno y todos los grupos parlamentarios están "dando respuestas" a un problema "que viene de antiguo", pero que afecta a "muchos" españoles y que se ha "agravado" como consecuencia de la situación económica.

Según Gallardón, el Ejecutivo cree que la solución que se adopte para hacer frente a esta cuestión deben ser medidas con una cobertura legal y que afectan "a todos los ciudadanos españoles".

"No creemos que éste sea una problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde sólo aquellas comunidades que puedan o quieran abordarlo, sino que la respuesta debe ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al margen de la autonomía en la que vivan", recalcó.

En el caso de que la iniciativa andaluza fuese legal, se le preguntó al titular de Justicia si el Gobierno se plantearía extenderla a todas las comunidades. Gallardón respondió en que el Congreso está tramitando una respuesta "de carácter nacional, que afecte a todos". "Todos los españoles deben tener los mismos derechos y, por tanto, la respuesta que se dé a un problema que es nacional tiene que ser nacional", concluyó.