Mar21052013

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Reforma laboral

Frenan la rebaja salarial en Unipost, que congeló sueldos dos meses antes

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado una demanda presentada por la empresa de distribución Unipost mediante la que pretendía imponer un convenio colectivo que contemplaba rebajas salariales cuando sólo dos meses antes había acordado otro con los trabajadores que suponía flexibilidad de jornada y congelación de sueldos.

En una sentencia notificada el pasado lunes, el tribunal resuelve, por primera vez desde la aprobación el año pasado de la reforma laboral, un recurso presentado contra una decisión de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CNCC), organismo formado por Administración, sindicatos y patronal.

Unipost, empresa de mensajería y distribución postal formada por 2.645 trabajadores, recurrió la decisión de la CNCC mediante la que se declaraba la improcedencia de su nuevo convenio colectivo, que establecía recortes salariales de entre el 5,49% y el 15,71%.

La resolución de la Sala de lo Social, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Poves, descarta incumplimientos formales en la decisión de la CNCC y recalca que en abril de 2012 empresa y sindicatos acordaron modificar las condiciones del tercer convenio colectivo de Unipost para el periodo 2011-2013, que recogía una mayor flexibilidad en la jornada de trabajo y congelación de salarios en 2012.

Tan sólo dos meses más tarde, en junio de 2012, Unipost notificó a los representantes de los trabajadores su decisión de "descolgarse" de las tablas salariales que habían sido acordadas.

“No hay emergencia”

Pese a considerar probadas las pérdidas de la empresa y concurrir causa económica, la Sala considera que no procede aplicar la medida puesto que "menos de dos meses antes se tomaron otras, amparadas también en causas económicas y productivas, no habiéndose probado por la empresa la emergencia de situaciones extraordinarias que justificaran una nueva modificación en un plazo tan breve".

La resolución añade que en este caso "no concurría una situación sobrevenida de tal entidad que justificara una nueva vuelta de tuerca, aunque se incrementaran las pérdidas, puesto que dicha circunstancia no estaba causada por los costes de personal, que se habían reducido significativamente respecto a los años anteriores, contribuyendo decisivamente los trabajadores en la superación de las crisis empresarial".

El Gobierno da vía libre al despido masivo de empleados públicos

Los entes, organismos y entidades del sector público que estén en situación de déficit o cuyos presupuestos se hayan reducido un 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los dos anteriores podrán aplicar despidos colectivos entre su personal laboral desde hoy. Así lo fija el real decreto ley 1483/2012, que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recoge el nuevo reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada.

De acuerdo con el texto, los funcionarios quedan excluidos de los despidos colectivos, mientras que el personal laboral fijo que hubiera adquirido esa condición a través de un proceso tendrá "prioridad de permanencia" para seguir en su puesto. Las regulaciones de empleo aplicables en las administraciones públicas podrán justificarse en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, tal y como están previstas en el sector privado.

Se entenderá por causas económicas una "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes". A esta situación se puede llegar por dos vías: porque en el ejercicio anterior la administración pública en la que se integra el departamento afectado hubiera presentado una situación de déficit presupuestario y porque los créditos, transferencias o aportaciones patrimoniales se hayan minorado en 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los dos anteriores. Para ello se tendrán en cuenta las minoraciones efectuadas en el presupuesto inicial y las realizadas en fase de ejecución presupuestaria.

Comunicación por escrito

El procedimiento del despido colectivo se iniciará con una comunicación por escrito a los representantes de los trabajadores, a la autoridad laboral y al órgano competente en materia de función pública. Será un despido colectivo si la medida afecta a diez trabajadores de un departamento de menos cien empleados, al 10% de la plantilla de un organismo de entre 100 y 300 asalariados, y a 30 personas de una entidad que emplee a más de 300.

Entre la documentación a aportar por el empleador estará la causa alegada para el despido y su relación con los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Además, deberá incluir los presupuestos de los dos últimos ejercicios (deberán constar los gastos de personal) y la plantilla laboral del departamento de que se trate, entre otros datos.

Si el despido es por causas técnicas u organizativas, las administraciones públicas deberán presentar una memoria explicativa que acredite la concurrencia de dichas causas. En el real decreto no se recoge la posibilidad de que se apliquen reducciones de jornada o de salario, medidas de flexibilidad que se potencian en la reforma laboral.

Ambas medidas sólo son posibles para las entidades de derecho público y otros organismos dependientes de una o varias administraciones públicas que obtengan más del 50% de sus ingresos del mercado. Los despidos colectivos de más de 50 personas deberán ir acompañados de un plan de recolocación externa, que elaborarán los correspondientes servicios públicos de empleo.

El proyecto de ley pasa al Senado con maquillaje mínimo

El despido podrá seguir siendo gratuito en los contratos de prueba a pesar de que mejore la situación del desempleo en España. Sólo dejará de estar dentro de la ley si la tasa desciende del 15%. Sin embargo, según las previsiones que maneja el Ejecutivo, la tasa de paro de 2015 será aún peor que la del año pasado. Dentro de tres años, el 22,3% de la población activa estará sin trabajo, frente al 21,64% de media con que se cerró el ejercicio 2011.

Esta es una de las principales novedades que se ha introducido a la reforma laboral del Gobierno durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. El PP ha pactado 46 enmiendas con los diferentes grupos parlamentarios, si bien la mayoría de ellas han sido acordadas con CiU. El proyecto de ley fue finalmente aprobado ayer con los 25 votos a favor de conservadores y convergentes. En contra se han pronunciado PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Geroa Bai y BNG (en total 17).

Tras su paso por la Cámara Baja, donde se habían registrado 656 enmiendas, ahora el proyecto de ley será enviado al Senado, que está previsto que nuevamente lo devuelva al Congreso en junio para su aprobación definitiva.

Una de las modificaciones incluidas es la que pone límite al despido gratis en el caso de los contratos indefinidos para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año. La misma limitación se aplicará a los contratos para la formación y el aprendizaje. Asimismo, PP y CiU han pactado que la caída de ingresos durante tres trimestres que justifica el despido por causas económicas se produzca en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Respecto al periodo de consultas que se debe abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo, PP y CiU han pactado que pueda ser sustituido en cualquier momento por un procedimiento de mediación o arbitraje. Lo que no varía es que la autoridad laboral deberá limitarse a constatar que han existido causas de fuerza mayor para los despidos. Otra enmienda destacada que se introduce, esta vez pactada con Foro, es que la ultraactividad –prórroga automática de los convenios una vez que han expirado y no hay acuerdo para su renovación– se limite a un año, en vez de a los dos que recogía el texto original.

Una enmienda limita a un año la prórroga automática de convenios colectivos También con el grupo catalán y con el BNG, el PP ha pactado que el empresario podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo de sus empleados, lo que deberá comunicar al afectado con un mínimo de cinco días. Además, con CiU se han negociado bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos. La bonificación equivaldrá al 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima de cotización durante los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de alta, así como para las empresas –excluidas las del sector público– dedicadas al turismo, comercio u hostelería que generen actividad en marzo y noviembre se crea una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y formación profesional. Además, se ha pactado que los "descuelgues" de un convenio de ámbito superior se produzcan si la empresa suma dos trimestres consecutivos de disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas respecto al mismo período del año anterior.

En lo que afecta a la jurisdicción social, PP y CiU han consensuado que las eventuales demandas contra decisiones empresariales vayan a juicio dentro de los 15 días siguientes a su admisión a trámite, en tanto que la sentencia se dictará en cinco días y será recurrible en casación ordinaria.

Con el PSOE el PP ha acordado que las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación cuando cuenten con la correspondente autorización y que los trabajadores discapacitados puedan ser trasladados por su empresa a otra localidad en que sea más accesible su tratamiento. Con UPyD el PP ha consensuado que la aportación que tienen que hacer al Tesoro Público las empresas de más de 100 trabajadores que hagan despidos colectivos que incluyan a personas de 50 sea exigible también si la regulación de empleo es temporal. Y con Izquierda Plural ha acordado que al contrato de formación y aprendizaje puedan acogerse los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo y que su prórroga no pueda ser inferior a seis meses.

Por su parte, el PP ha introducido en el texto enmiendas que concretan el papel de asesoramiento y consulta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y los despidos de personal laboral de los entes, organismos y entidades del sector público que tengan insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres consecutivos.

Las agresiones del Gobierno del PP revitalizan el Primero de Mayo

Miles de personas, entre 16.000 y 20.000 en Murcia según los organizadores, participaron ayer, Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en la marcha "más reivindicativa" de los últimos años a favor de los derechos laborales de los trabajadores. Los sindicatos UGT y CCOO coincidieron en que esta celebración era especialmente necesaria este año, debido a la "agresión" del Gobierno contra los trabajadores y sus derechos. A la cita se sumaron Izquierda Unida y el PSOE.

El secretario general de UGT en la Región, Antonio Jiménez, señaló que han querido aprovechar esta fecha para exigir al Gobierno "un cambio de rumbo en las políticas públicas que está desarrollando y que están generando división social, desigualdad y que están restando derechos a los trabajadores para ofrecérselos a los que han provocado la situación de crisis". A su juicio, "da igual las reformas estructurales que se hagan porque los mercados siguen siendo insaciables y sólo insisten en encontrar una Europa sometida a las políticas más conservadoras y neoliberales, una Europa sin identidad social".

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Esta situación va a llevar a que países como España, "que tiene un alto déficit industrial y tecnológico, sólo podrán competir con la reducción de condiciones de trabajo y salarios", aunque advirtió que "por esta senda no se remonta la situación de crisis" y abogó por "otra fórmula para remontar la situación".

Por su parte, el secretario general de CCOO en la Región de Murcia, Daniel Bueno, hizo mención al lema de la marcha, 'Trabajo, dignidad, derechos', para argumentar que es un momento en el que "hay que defender la dignidad del trabajo frente a los recortes sociales, laborales y de todo tipo que está aplicando el  Gobierno bajo el paraguas de la crisis". Considera que las medidas emprendidas por el Gobierno "no van a sacar al país de la crisis" porque a pesar de ellas España "está en recesión, hay más desempleo, sacan derechos de los trabajadores, de los funcionarios, de los jubilados, de los estudiantes, de los jóvenes, entre otros". "Lo que se está haciendo es el desmantelamiento del estado de bienestar", apuntó.

Frente a esta situación, señaló, "volvemos a reivindicar que hay alternativas, pero no quieren escucharlas". "Por contra nos amenaza con reformas Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros", se quejó, aunque advirtió que responderán "con una protesta tras otra a las reformas que ataquen derechos sociales o laborales".

Este año a la marcha reivindicativa se sumaron los partidos de la oposición. Así, encabezando a los socialistas estuvo la diputada María González Veracruz, en representación de la Ejecutiva Federal del PSOE, para apoyar la labor de los sindicatos y los derechos de los trabajadores y denunciar "el fraude electoral" cometido por Rajoy por "faltar a la verdad a los ciudadanos", ya que "todo lo que dijo que no haría lo ha hecho, y lo que ocultó y no respondió también lo ha hecho". "Dijo que iba a recortar por todas partes menos en educación, sanidad y pensiones, y lo han hecho; que no subirían el IVA y lo van a hacer", puso como ejemplos.  

González Veracruz recordó que "si el Primero de Mayo es importante con los tiempos que corren es fundamental, especialmente con la reforma laboral". Insistió en que los españoles no pueden consentir una reforma que "sólo plantea el contrato libre, un contrato de 365 para jóvenes sin ningún derecho como trabajadores y que lo único que va a traer es más paro y más despidos, como se está viendo".

Por ello, manifestó que el PSOE se compromete a que cuando vuelvan a gobernar, "que tal y como lo está haciendo el PP parece que más pronto que tarde, cambiaremos esta reforma que no se merecen los trabajadores de este país y que pone la crisis como excusa para abolir los derechos de los trabajadores".

De igual forma, el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, insistió en que este Primero de Mayo "tiene unas connotaciones especiales, tiene más sentido que nunca por la agresión que están sufriendo los trabajadores debido a la reforma laboral", a su juicio "equivocada". González Tovar coincide en que esta reforma va a llevar "a mucho más paro" y critica "las agresiones al trabajador a la hora de negociar con el empresario, ya que el Gobierno ha descompensado esa relación" y le da toda la ventaja al empresario.

Por último, el coordinador regional del Izquierda Unida, José Antonio Pujante, volvió a apoyar, un año más, la marcha del Primero de Mayo, pero resaltó que "más reivindicativo que nunca, frente a la obsesiva y enfermiza pretensión de llevar a cabo recortes y subidas de impuestos indirectos que afectan al conjunto de trabajadores, en contra de lo que se había anunciado".

Por contra, defendió como "absolutamente necesaria" una fuerte inversión pública para hacer frente al problema del paro, y un cambio de modelo productivo, "porque habrá que plantearse qué hacemos ahora cuando nos hemos dedicado mucho tiempo a la especulación urbanística y financiera".

En Madrid, los líderes sindicales también respondieron ayer a Rajoy, que e domingo anunció más recortes “hasta el fin de la legislatura, con una advertencia: las movilizaciones contra la reforma laboral no pararán. "El 29 no es el final, no es el final el Primero de Mayo, saldremos a las calles para que les moleste, para que esto cambie", proclamó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, tras la marcha en Madrid justo después de que su homólogo de UGT, Cándido Méndez, denunciara una reforma que "lleva a las condiciones laborales de China".

Cerca de 80 manifestaciones recorrieron a partir de las once de la mañana las calles de unas 60  ciudades.

‘Trabajo, dignidad y derechos’, lema del Primero de Mayo

Los sindicatos UGT y CCOO celebran el Primero de Mayo en la comunidad autónoma de Murcia con sendas manifestaciones organizadas por el centro de las ciudades de Murcia y de Cartagena que partirán a las 11:30 horas de la Circular y la plaza de España, respectivamente, bajo el lema "Trabajo, Dignidad, Derechos".

El 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se caracteriza en este año por la profundización de la crisis global tras casi cinco años del inicio de la crisis financiera, el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas es un hecho incuestionable y con efectos dramáticos al haber aumentado la destrucción de empleo, la pobreza y las desigualdades, según CCOO.

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La manifestación de hoy se enmarca en el calendario de protestas contra las diversos decisiones del Gobierno central para salir de la crisis, especialmente los recortes en sanidad y educación. A tenor de las últimas marchas de protesta, posiblemente se vean pancartas con los lemas "No a la reforma laboral", "Más empleo, menos precariedad", "Por la igualdad de derechos sociales" o "Más inversión y menos recortes".

Este Primero de Mayo es la continuación de la huelga general y las manifestaciones llevadas a cabo el pasado 29 de marzo contra la reforma laboral, y en un momento de unidad de acción "por una salida social a la crisis".

USO,  en San Basilio

La Unión Sindical Obrera (USO) de la Región llamó a sus afiliados a concentrarse hoy a partir de las 11.30 horas en la Pérgola de San Basilio de Murcia para participar en los actos reivindicativos, festivos y solidarios del 1 de mayo, bajo el lema 'Basta ya de recortes. Por el empleo y la justicia social. Más 1º de mayo que nunca'. Y es que, argumentan, "la crisis económica y social está provocando en nuestro país y nuestra Región unos intolerables y pavorosos efectos que se ciernen casi en exclusiva sobre las mayorías sociales trabajadoras, que afecta, según los últimos datos de la EPA, a más de cinco millones y medio de desempleados".

El PSOE se suma a las próximas movilizaciones sindicales

El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha trasladado su compromiso al secretario general de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, a que el partido se adhiera a las movilizaciones de los próximos días convocadas por los sindicatos, así como a una "mayor coordinación" entre el partido y UGT. Tras la reunión que mantuvieron ambos mandatarios en la sede sindical, González Tovar señaló que el partido "coincide con los objetivos" que persigue UGT, así como en el análisis que se hace de la situación y las medidas que son necesarias.

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Un análisis un tanto negativo que realizó Jiménez debido a la "oleada de recortes que se está produciendo y que parece no tener fin". En su opinión, "es inútil para remontar la situación y contentar a los mercados, además de que nos aleja de las posibilidades" para salir de la situación de recesión económica.

Tras hacer referencia a la "elevada" prima de riesgo, Jiménez insistió en que "estas reformas no resuelven la situación económica ni el diferencial de España con Europa, con tasas de desempleo en Murcia que están cuatro puntos por encima de la tasa de la media nacional".

Igualmente, analizó lo que considera el segundo plan de reequilibrio de la Comunidad que, advirtió, "es una muestra viva de que se trata de una agresión descomunal a los servicios públicos, prestaciones sociales y empleo público". Así, considera que este plan "no va a remontar la crisis y lo único que hace es tapar huecos vergonzantes de falta de administración". Al final, lamentó Jiménez, "vuelven a pagar el pato los trabajadores". "Este plan vislumbra mayor recesión y menor consumo y seguiremos siendo los campeones nacionales de la tasa de paro en el conjunto de España", criticó el secretario general de UGT en Murcia, para después alertar que en la Región "se superará el 30 por ciento del desempleo". Las medidas propuestas desde UGT pasan por "el empleo, inversión productiva, reducciones de gastos públicos innecesarios y un sistema tributario eficaz".

Respecto a la economía sumergida, Jiménez la cifra en un 40% en la Región de Murcia, lo que significa "10.000 millones de euros al año que escapan de la tributación".

Desde el PSRM, su secretario general, Rafael González Tovar, coincidió con Jiménez en el análisis de esta situación en la Región, al tiempo que manifestó su adhesión a las cuatro manifestaciones que se sucederán en los próximos días. En concreto, la de este viernes con motivo del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, la del domingo en defensa del estado del bienestar y las dos manifestaciones en Murcia y Cartagena por el 1 de Mayo.

En esta línea, González Tovar calificó de "ideológicas de un programa oculto del PP" las medidas que se han puesto en marcha y que "nada tienen que ver" con las realmente necesarias. "Sólo con recortes no se sale de la crisis", afirmó el líder de los socialistas murcianos, quien afirmó que la reforma laboral "nos retrotrae 30 años más en la etapa democrática al ser medidas inconstitucionales que rompen con la universalidad de la sanidad y los derechos laborales, que se ponen en manos de los empresarios".

De ahí que haya trasladado a UGT el compromiso del partido de "mayor coordinación", debido a la preocupación existente por el "deterioro de los servicios públicos, ya que no es de recibo que en momentos de dificultades se reduzcan en los PGE dotaciones para las políticas activas de empleo".

CCOO y UGT convocan manifestaciones para el 29 de abril

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, salieron de su reunión de dos horas con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, "con la misma sensación" con la que entraron, y explicaron que el Gobierno ha vuelto a rechazar abrir un proceso de diálogo con los sindicatos para corregir las políticas económicas.

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Tras el encuentro, Toxo lamentó que la ministra de Empleo haya "despreciado" la oferta de diálogo con los sindicatos tras un debate "vivo", especialmente sobre la reforma laboral. Por ello, aseguró que "no se puede hablar de una recomposición del diálogo social". "No sé si las relaciones con el Gobierno mejorarán, pero no hemos salido ni medianamente satisfechos", añadió. Dicho esto, Toxo recordó que el próximo 29 de abril hay manifestaciones convocadas en toda España contra las políticas económicas del Gobierno y aseguró que ahora "hay mayor necesidad de que tengan un seguimiento masivo".

Por su parte, Méndez aseguró que el Gobierno está "obcecado y desorientado", a lo que añadió que, en línea con las palabras de Toxo, los sindicatos no han encontrado eco en sus demandas en la reunión con la ministra de Empleo porque el Gobierno considera que la posibilidad de un gran pacto nacional "es una vía muerta".

Rebote general por el vídeo panfletario del Gobierno

El secretario de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, manifestó su "sorpresa y bochorno" por el vídeo promocional de la reforma laboral elaborado por el Ministerio de Empleo, en el que no se hace ninguna alusión al coste del despido y se asegura que se trata de una reforma "para el empleo".

Lezcano asegura que "el vídeo no es otra cosa que la expresión de la derrota del Gobierno en el debate social respecto del contenido de la reforma". "Es sorprendente que en un momento de tantos recortes que afectan al ciudadano de a pie en este país, el Gobierno encargue un video promocional de la reforma laboral", precisa, para añadir que se trata de "una sarta de mentiras para intentar enmascarar el verdadero contenido de la reforma".

"Hay que tener en cuenta, si se visiona con detenimiento, que no hay ninguna alusión a las causas del despido y a su coste, que es una de las cuestiones medulares de esta reforma", según el portavoz de CCOO, donde se considera que el vídeo de Empleo "intenta edulcorar el contenido de la reforma omitiendo lo fundamental de la misma" porque el Gobierno "es consciente de que la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, personas en paro, jóvenes, es contraria a la reforma laboral".

Por su parte, UGT califica de "lamentable" el vídeo elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para promocionar la reforma laboral y considera que "miente". El sindicato acusa al gabinete dirigido por Fátima Báñez de "hablar de respeto al diálogo social cuando lo ha despreciado, contestando a través de un mero acuse de recibo a una de las dos cartas que los secretarios generales de UGT y CCOO le han enviado para pedir la apertura del mismo".

Además, considera que utiliza de "forma irrespetuosa" las imágenes de la reunión que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, mantuvo con Mariano Rajoy antes de ser investido presidente, y asegura que "también falta a la verdad" cuando dice que han recogido las aportaciones de los interlocutores sociales en el segundo acuerdo sobre empleo y negociación colectiva. "Precisamente ésta es una de las solicitudes de las organizaciones sindicales, que respetara este acuerdo. Y no lo han hecho", puntualiza el sindicato.

UGT, que califica de "significativo" que este vídeo se haga público a tan solo ocho días de la convocatoria de la huelga general, cree que su contenido "manipula de forma obscena el contenido de la reforma laboral, intentando engañar a la opinión pública y a los trabajadores". "Parece que se avergüenzan, pero si hablan de empleo tienen que reconocer lo que han hecho", añade.

Asimismo, el sindicato afirma que es mentira que la reforma vaya dirigida a crear empleo, ya que es "la reforma del despido, elimina la tutela judicial en los despidos procedentes y la autorización administrativa en los colectivos; no es cierto que fomente el empleo estable, precariza el empleo y tampoco que contempla más derechos, al contrario, los recorta".

En plena campaña

El PSOE ha anunciado que va a denunciar ante la Junta Electoral Central el vídeo elaborado por el Gobierno para defender la reforma laboral al entender que hace propaganda en plena campaña de las elecciones andaluzas y asturianas. En un comunicado, el PSOE denuncia lo que entiende que es un "nuevo despilfarro" del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al desarrollar una campaña de publicidad "ilegal y engañosa" sobre la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El principal partido de la oposición ha especificado que la denuncia la interpondrá este mismo miércoles ante la Junta Electoral Central y que hará lo propio ante los organismos competentes de Andalucía y Asturias, al entender que la legislación electoral "prohíbe expresamente la difusión de este tipo de campañas publicitarias en periodos electorales". Para el PSOE, el vídeo vulnera la legislación vigente en periodos electorales al hacer "una encendida loa" de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. "El vídeo, mezcla de adulación y panegírico, introduce falsedades y datos inexactos con la intención de 'vender' la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP ocultando con todo descaro el abaratamiento general del despido", sostienen los socialistas.

El PSOE censura que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social utilice el "presupuesto público para hacer publicidad engañosa". En este sentido, recuerda que ya denunció "la utilización del dinero de las pensiones para enviar dos cartas a los pensionistas, una de ellas también claramente propagandística".

El PSOE concluye calificando de "intolerable la vuelta a estas prácticas de propaganda y autobombo realizadas ya en su día por los Gobiernos de José María Aznar". Asimismo, considera un "sarcasmo" que sea este mismo Ejecutivo de Rajoy el que ahora anuncie una ley de transparencia cuando "se dedica a gastar fondos públicos en este tipo de campañas y a ocultar los presupuestos del Estado".

Estupidez política y propagandística

Izquierda Unida preguntará en el Congreso de los Diputados al Gobierno por el coste, la forma de contratación y la urgencia del video del Ministerio de Empleo para defender la reforma laboral y recuerda que se ha hecho público "48 horas antes del cierre de campaña" de las elecciones andaluzas y asturianas. "Muy mal lo debe ver el Gobierno ante la huelga general del 29-M para atreverse a lanzar uno de los mayores ejemplos de estupidez política y propagandística que se recuerdan en democracia", recalca el secretario federal de Economía y Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio.

A través de su grupo parlamentario, IU preguntará "por el coste total, la forma de contratación de la empresa elegida para su realización, así como la urgencia política para lanzar a toda prisa" y se interesará por "las bondades de un asunto" como la reforma laboral "que aún está en fase de tramitación en el Congreso y supuestamente pendiente de enmiendas, como el propio Ejecutivo ha reconocido".

IU recuerda también que el Ejecutivo gastó 2 millones de euros en sendos envíos de cartas a millones de pensionistas "con una burda propaganda partidista" y critica que ahora recurra "a un bochornoso y maniqueo trabajo audiovisual a mayor gloria de Báñez, Rajoy y su reforma laboral".

Los sindicatos formalizan la convocatoria de huelga general el 29-M

Al igual que hicieron los líderes sindicales Toxo y Méndez ante el Ministerio de Empleo, los secretarios generales en Murcia de CCOO y UGT, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, respectivamente, presentaron ayer, en el Registro de la Comunidad Autónoma, la convocatoria formal de huelga contra la reforma laboral, esperando que ésta "sea un éxito y haga reflexionar al Gobierno".

Desde CCOO, Daniel Bueno explicó que es una convocatoria "que hemos tenido que formalizar ante la negativa del Ejecutivo a negociar y abrir un proceso de diálogo con los interlocutores sociales sobre una reforma laboral", a su juicio, que es "un vuelco profundo a los derechos laborales y al estatuto de los trabajadores". Máxime, dijo, en un contexto de "máxima preocupación", ya que la orientación del capítulo presupuestario que se espera para el día 30 será "un ajuste durísimo sobre derechos sociales, servicios públicos y supervivencia del conjunto de administraciones del país".

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