El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, confirmó ayer que el Gobierno trabaja en una subida del IVA, pero que este incremento no se estaría debatiendo si el impuesto lo pagaran todos los que tienen que pagarlo. Así lo señaló Montoro en un curso de verano de la Universidad Complutense, donde también recordó que España tiene una tasa de IVA baja en comparación con otros países. Sin embargo, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas dijo a que el Gobierno aún no tiene cerrada una fecha para realizar este cambio.

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"Estamos hablando", dijo Montoro, tras asegurar que el Gobierno va a cumplir las conclusiones del Consejo Europeo, como deben hacer todos los gobiernos y las instituciones europeas para salir cuanto antes de la crisis. En cualquier caso, aclaró que las recomendaciones europeas pasan por apoyar más la recaudación en los impuestos indirectos frente a los que gravan el empleo y que éste es el "camino" por el que avanza el Gobierno.

Otro de los objetivos es, según Montoro, avanzar en la lucha contra fraude fiscal con un proyecto de ley que insiste en la importancia de evitar el fraude en todos los impuestos y, "de manera especial", en el IVA. En este sentido, resaltó la importancia de "erradicar" las prácticas de economía sumergida "impropias" de un país desarrollado porque se puede seguir haciendo la pregunta "¿con IVA o sin IVA?".

Montoro también avanzó que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado y dijo que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se "tiene todo hecho", ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que "cumplir todos los días".

"Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función publica a el régimen existente en el sector privado, ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer”. En cambio, el ministro no quiso decir si el Gobierno se plantea también eliminar los ‘moscosos’, los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, e insistió en que su idea es avanzar en el número de horas semanas que trabajan.

Por otro lado, admitió que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con "más peso" para que ver cuáles son productivos y para que la función pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios.

Rechazo sindical

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, criticó que el Gobierno haya situado a los empleados públicos "en el punto de mira", y respondó al ministro Montoro que ningún empleado público se va a negar a que se evalúe su trabajo o productividad.

Borra, en declaraciones a Europa Press, lamentó que cada vez que se anuncian noticias negativas para la economía española salgan a colación los empleados públicos, ahora con la posible eliminación de una de sus pagas extraordinarias, más horas de trabajo y mecanismos para evaluar su desempeño.

El dirigente sindical recordó que en 2007, en el Estatuto Básico del Empleado Público que firmó el Gobierno socialista con los sindicatos, ya se contemplaban estos mecanismos de evaluación. Sin embargo, este tema aún está pendiente de desarrollo.

Borra recordó que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, "no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos", que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.

Sobre la afirmación de Montoro de que no conviene tener la idea de que con aprobar una oposición "se tiene todo hecho", Borra declaró que lo que se gana al superar un proceso selectivo es el derecho a un trabajo. "A lo mejor habría que pasar oposiciones para ser político", replicó.

Desde CSI-F se ha vuelto a lanzar la oferta de alcanzar un gran pacto para luchar contra la crisis porque, según Borra, la situación es "tan dramática" que ha superado lo que puede hacer un partido o un Gobierno. "Se necesita el acuerdo de todos", ha precisado.

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO calificó de "intolerable" que el Gobierno pretenda hacer caja a costa de los empleados públicos. "De ser cierta la información que publican algunos medios, el Gobierno de Rajoy estaría preparando una nueva oleada de recortes por valor de 30.000 millones de euros, a ejecutar de aquí a final de año, que socavaría definitivamente las bases del Estado de bienestar español. Entre las medidas anunciadas figura un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a miles de empleados públicos", avisa CCOO.

A este "multitudinario" ERE, se uniría una profunda reforma de la Administración Pública que el Gobierno presentará en los próximos días y que, según denuncia CCOO, afectaría al Estatuto Básico del Empleo Publico (EBEP). "Ello supondría la quiebra definitiva del consenso social y político que se alcanzó para la aprobación de una ley que los empleados públicos habían demandado durante años", alega el sindicato. Y todo, denuncia CCOO, "para pagar el precio exigido por el FMI y Berlín a cambio de que España no sea degradada al mismo escalón que Grecia".

Entrando en las medidas que se barajan desde el Gobierno, el sindicato avisa de que la supresión de una paga extra a todos los empleados públicos "sería un atentando sin precedentes" sobre el colectivo, que ha necesitado años de lucha y negociaciones para conseguir equiparar sus pagas extra a sus salarios y que sufriría así un nuevo recorte de su poder adquisitivo.

Por otro lado, la posible aplicación de un ERE en las administraciones públicas es, para CCOO, la culminación de un plan ya aplicado por algunas comunidades autónomas y que ha supuesto la pérdida de 60.000 empleos públicos en el ultimo semestre. "Estas medidas no contribuyen al crecimiento económico. Simplemente hacen recaer las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de los más débiles, en este caso el personal de las administraciones públicas españolas. Eso sí, el personal de confianza y alta dirección sigue aumentando y no se ha visto afectado por los recortes en la mayor parte de las administraciones", denuncia la federación sindical.

“Un gran error”

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, aseguró ayer que las nuevas medidas económicas que baraja el Gobierno, entre ellas la subida del IVA, son "un gran error" que, además de resultar injusto, está llevando al país a una "situación sin salida".

"Un gran error" porque, a su juicio, la política del Gobierno se sigue basando en "recortes claramente injustos que perjudican a las clases trabajadoras". Pero también aprecia "una gran ineficiencia económica" porque, después de siete meses tomando medidas basadas sólo en el ajuste, "se ha conseguido empeorar la situación de la economía, que ha entrado en recesión".  Para Soraya Rodríguez, el Gobierno debe rectificar porque esta política está generando un "bucle" de menos crecimiento, más incremento del gasto y más medidas para reducir el gasto, lo que  lleva al país a una situación sin salida. "Si sigue así, el Gobierno se equivocará de nuevo", sostiene.

“Subida injusta”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, criticó por "injusta" la subida del IVA y avisó de que "los mayores defraudadores son los ladrones de cuello blanco", que son contra quienes debería dirigirse la acción del Estado. Lara recordó que subir el IVA es precisamente "lo contrario" de lo que decía el PP y el propio ministro Cristóbal Montoro en la oposición.