Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han respondido a la petición del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que haya "altura de miras" para negociar el reparto del déficit y han pedido que se recompense a las regiones que más esfuerzos han hecho para reducirlo.

Los presidentes de Galicia, Madrid, Extremadura y la Comunidad Valenciana se han hecho eco del reclamo que hizo Rajoy cuando pidió a las comunidades "inteligencia y grandeza", así como sensatez, altura de miras y generosidad" para lograr un acuerdo entre todos sobre el reparto autonómico del objetivo de déficit.

Las mismas palabras que el presidente del Gobierno ha utilizado el Gobierno extremeño de José Antonio Monago para subrayar que actuará con "generosidad, sensatez, sentido común y altura de miras", pero también ha advertido de que no permitirá que se beneficie a Cataluña a costa de las comunidades cumplidoras. "Ahora Hacienda quiere flexibilizar a quien dice no a la Constitución y también a Hacienda", señala la Junta de Extremadura en un comunicado, en el que también insta al Gobierno a que por encima de la flexibilización del déficit "priorice las políticas de crecimiento".

También directo ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien acepta que haya "generosidad" con las comunidades que no cumplen aunque al tiempo reclama "discriminación positiva" para las que sí lo hacen. Feijóo también advierte de que si el Gobierno pide generosidad también debe mostrarla para que "en determinados fondos estatales tengan prioridad" las comunidades cumplidoras que, como Galicia, no están suponiendo "un problema" para el cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, va más allá y pide que sea el Estado el que asuma las "medidas correctoras" del déficit y que éstas no sean a costa de las comunidades que más esfuerzos han hecho para reducirlo. González, que rechaza el déficit diferenciado para las comunidades y cree que debe ser conjunto porque se trata de un "objetivo de país", insiste en que "todos deben cumplir el mismo" compromiso. Y si por "circunstancias excepcionales" en alguna comunidad se debe tomar alguna medida, reclama que sea "a costa del déficit del Estado y no del fijado para las comunidades autónomas".

Desde Aragón, el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, recuerda que su comunidad no ha variado "un ápice" su postura y sigue reclamando déficit igual para todos. "Es una línea roja", insiste.

Los apoyos

Por el contrario, el presidente valenciano, Alberto Fabra, vuelve a reclamar un "reparto asimétrico" de los objetivos de déficit y que los esfuerzos hechos hasta ahora se midan "desde el punto de partida" de cada comunidad. En su comunidad, ewxiesñi, el año pasado se hizo un gran esfuerzo a pesar del cual se quedó "lejos" de alcanzar el objetivo, y aunque se ha comprometido a seguir reduciendo el déficit pide "ayuda" para lograrlo.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, dice que ve más importante el reparto de la financiación autonómica que el del déficit, y le preocupa mucho más que en el reparto de fondos del futuro sistema de financiación autonómica puedan recibir más dinero aquellas comunidades que tengan más déficit, pues "tendría que ser a la inversa".

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de España para criticar al Gobierno y al sistema financiero coincidiendo con el segundo aniversario de la manifestación originaria del 15M en Madrid. Las más multitudinarias fueron las de Madrid, epicentro del movimiento, Barcelona y Valencia.

En Madrid, los indignados aumentaron en número conforme pasaba la tarde, hasta prácticamente llenar la Puerta del Sol, símbolo del 15M. La jornada se inició con diferentes marchas que arrancaron desde Atocha, plaza de Cibeles y el Templo de Debod.

A las ocho de la tarde repitieron uno de los gestos habituales, realizando en la plaza madrileña un 'grito mudo' de protesta. Mostrando ambas manos, los manifestantes permanecieron en silencio durante un minuto, que luego rompieron con un aplauso unánime y con gritos como "sí, se puede", "dimisión" y "no nos representan", una de las consignas, esta última, más coreadas hace dos años en los inicios de la protesta ciudadana.  

Acto seguido, se celebraron diferentes asambleas enmarcadas en la iniciativa #Tomatuágora, que fue anunciada con la colocación de una enorme pancarta que cubría parcialmente la cúpula de cristal del Metro de Sol que se encuentra en el centro de la plaza.

Los miembros de los diferentes grupos de trabajo y agrupaciones de barrios pasaron a explicar lo conseguido en estos dos años de movilizaciones y también debatieron sobre los objetivos con vistas al futuro.

Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando desde la megafonía se mencionó a la viuda del escritor José Luis Sampedro, Olga Lucas, que participó en la manifestación y posterior asamblea, y que fue la encargada de leer los resultados de la consulta popular a favor de la sanidad pública.

Los manifestantes portaron banderas republicanas y mostraron pancartas a favor de la sanidad y la educación públicas, así como de Anonymous y de Palestina. Tanto en Madrid como en el resto de ciudades españolas, la indignación movilizó a personas de diferentes edades, incluyendo a los 'yayoflautas' y a colectivos antidesahucios o afectados por las preferentes bancarias.

En un ambiente festivo, uno de los escasos momentos de tensión se vivió en Madrid cuando un grupo de agentes de la Policía, algunos con cámaras de vídeo, se incrustó entre los 'indignados', que respondieron de forma unánime con gritos de "fuera, fuera" y silbidos. Ante esta reacción, los agentes desistieron y volvieron a sus puestos de vigilancia desde el perímetro de la concentración.

Otras ciudades

Barcelona fue una de las ciudades con mayor afluencia de manifestantes. Miles de miembros del colectivo del 15M celebraron el segundo aniversario de su nacimiento con una marcha bajo el lema 'Paremos el genocidio financiero, juntos podemos'.

La manifestación, que partió a las 18 horas de la plaza Catalunya y acabó unas dos horas después en el Arc de Triomf, contó con la presencia de colectivos como los 'iaioflautas', la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y asociaciones de apoyo a la educación pública, entre otras entidades.

Una multitudinaria manifestación recorrió las principales calles del centro de Valencia al grito de consignas como "lo llaman democracia y no lo es" o "no nos representan" en el segundo aniversario del movimiento 15-M, que "sigue muy vivo hoy en día", según los asistentes, porque los ciudadanos están "más indignados que nunca".

Cinco columnas salieron a las 18 horas desde las torres de Quart y Serranos, el Hospital General, el puente de Aragón y el CIE de Zapadores para confluir una hora después frente a la Estación del Norte, desde donde partió la manifestación unitaria bajo el lema 'Todos juntos, más indignados que nunca'.

Los asistentes coreraron cánticos contra el sistema, los políticos y los recortes o la troika, aunque este año destacaron las referencias a los desahucios y el paro. Así, una gran pancarta mostraba las 727.500 razones para el cambio, coincidiendo con el número de parados en la Comunitat, mientras que algunos participantes pedían que "el próximo desahucio sea en la Moncloa".

En Andalucía, miles de personas salieron a la calle en Sevilla, Málaga y Jaén.

En Bilbao, el segundo aniversario del 15M sirvió para denunciar que los "beneficios de algunos son la miseria del resto". La marcha, que partió del Sagrado Corazón pasadas las 18 horas, recorrió las principales calles de la capital vizcaína y contó con la presencia de miembros de diferentes colectivos y movimientos sociales, entre ellos la plataforma antidesahucios.

Durante la manifestación, que contó con el apoyo de Ezker Batua y otras formaciones, se corearon gritos como "no es una crisis, es una estafa" o "la ley de extranjería contra la monarquía" y los participantes mostraron carteles con los lemas "roban salud" y "toma la calle".

Juan José Pérez Macián, concejal delegado del Área de Gobierno de Hacienda del Ayuntamiento de Castellón (PP), tiene un pequeño problema con el 15-M y así quiso plasmarlo el pasado 24 de marzo en un artículo en el diario digital Castellón Información con un texto que comienza de esta forma: "Híbridos de hiena y rata. Sí, os digo a vosotros: ¿Se os ha tragado la tierra? ¿Os han comido los gusanos? ¿Dónde estáis? ¿Debajo de qué piedras os escondéis ahora? ¿Por qué no se os ven ahora las rastras? [sic]. ¿No sabéis dónde está la calle de Ferraz? ¿Ni la dirección de la Junta de Andalucía?".

Al responsable de Economía del consistorio no le sentó bien que en junio de 2011, durante la investidura del nuevo Gobierno local, hubiera una concentración del 15-M increpando a los ediles del Partido Popular y dando muestras de que lo tenía guardado muy dentro, dos años después, de buenas a primeras, decidió disparar toda su artillería contra esos que él considera "unos falsos, unos parias, unos farsantes, unos fascistas y unos malnacidos" y les amenace con que "si se os ocurre volveros a encarar conmigo como lo hicisteis en junio de 2011, os diré uno a uno, que sé de quién eres".

Son, según Pérez Macián, de los sindicatos, CCOO y UGT, y del PSOE y parece que también culpables de los ERE en Andalucía, a juzgar por el texto. "¿Por qué no se os ve ahora con perros y flautas ante las sedes socialistas? ¿No tenéis nada que decir a los de CCOO y UGT? ¿No? ¿No habéis sido capaces de autoorganizaros en tantos días que han transcurrido ya desde que la juez Alaya desenredó el repugnante escándalo de los ERES de Andalucía? ¿Habéis perdido todos el smartphone? ¿Os habéis quedado sin whatshapp? ¿Os lo ha desactivado el PSOE? ¿O es que os parecen pocos millones de euros los 50 robados de las arcas públicas andaluzas a parados y necesitados? ¿Que un sindicalista andaluz se haya embolsado cuatro millones y medio de euros a costa de los parados, ya no merece vuestra protesta airada y alimentada de insultos y agresiones con ese estilazo que os caracteriza cuando incendiáis la calle Génova? ¿O es que estos chorizos de la izquierda sí os representan?".

El concejal está convencido de que sí: "Ah, claro!…éstos son de los vuestros. Eso lo explica todo. Cuando ellos gobiernan hay que perdonarles todo, incluso que dejen a España en la más miserable de las ruinas. Incluso que la desplumen enterita. Movilizaciones, ninguna. Alboroto, ninguno. Protesta, ninguna. Altercado, ni uno". Y aunque parecía imposible, saca más conclusiones. "Por eso aquel mismo día de junio de 2011 en que se constituyeron los Ayuntamientos en toda España, las corporaciones gobernadas por el PP recibimos vuestra maloliente visita. Por eso tuvimos que aguantar vuestros insultos, agresiones y escupitajos. Por eso no habéis dado tregua al gobierno de Rajoy y habéis generado contra el PP la mayor revuelta y crispación social de nuestra democracia. ¡Bonito lema el de “no, no, no nos representan” en vuestra sucias y sectarias bocas!.

Sólo se tranquilizará Pérez si "os veo dónde ahora España entera está esperando veros, retiraré las palabras con las que a continuación terminaré este artículo". Si le quedan nervios, porque parece que ya los ha perdido todos.

Franco sigue impune. Las declaraciones de víctimas del franquismo ante la Justicia argentina, que debían comenzar ayer en el marco de la causa contra la dictadura abierta en Argentina, han sido suspendidas por orden de la juez María Servini instantes antes de que dieran comienzo. Según ha podido saber Público, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido una nota verbal al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, mostrando su rechazo a la toma de declaración de las víctimas al no respetar el “tratado bilateral de extradicción y asistencia judicial en materia penal de 1987” que, a juicio del Gobierno español, obliga a Argentina a cursar una solicitud mediante comisión rogatoria para poder realizar las videoconferencias.

La nota, firmada por el director de Asuntos Consulares del Gobierno español, ha surtido el efecto deseado en el embajador argentino, Carlos Bettini, quien ha telefoneado de manera inmediata a la juez argentina María Servini, que se encontraba en esos instantes en su despacho de Buenos Aires con “todo dispuesto para tomar declaración” mediante videoconferencia.

Según ha podido saber Público, a lo largo de esta conversación telefónica el embajador ha trasladado a la juez “el descontento y el malestar que causaba en las autoridades” españolas el método utilizado por la juez para tomar declaración a las víctimas del franquismo al encontrarse “fuera del tratado bilateral suscrito por ambos países”. Asimismo, el embajador ha señalado a la juez que si las videoconferencias se realizaban “podrían resultar nulas” y “afectar a los derechos de ciudadanos españoles”. Finalmente, el embajador también ha trasladado a la juez que el Ministerio de Asuntos Exteriores español presentará una queja formal por este hecho.

La suspensión de las videoconferencias ha sido recibida por las tres víctimas que debían declarar este miércoles cuando se encontraban en el propio Consulado argentino, junto a sus abogados, dispuestos a declarar. Las víctimas que tenían que declarar este miércoles eran Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales. Sin embargo, la cita fue aplazada, en un primer momento, por unos supuestos “problemas técnicos”. Finalmente, se ha conocido que estos problemas técnicos han sido las presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Garcia-Margallo, para que las videoconferencias no se produzcan.

“Es un argumento absolutamente pueril”

La reacción del abogado de las víctimas del franquismo en la querella presentada en Argentina, Carlos Slepoy, no se ha hecho esperar. El letrado, en conversación telefónica con Público, ha calificado el argumento del Ministerio de Exteriores como “pueril”.

“No tiene sentido de ninguna manera. El Gobierno argentino no tiene por qué comunicar absolutamente nada al Gobierno español”, señaló Slepoy, que añadió que al tratarse de unas videoconferencias realizadas en suelo argentino (el Consulado) en una causa abierta en Argentina el permiso o la autorización del Gobierno español no es necesario.

“Lo grave es que el Gobierno español haya querido parar esto y que haya planteado una especie de queja o conflicto diplomático y que, por otra parte, el embajador de Argentina en Madrid haya sido sensible a las presiones del Gobierno español. Esto es lo grave”, añadió el abogado.

Finalmente, Slepoy también quiso remarcar que si se avanza en el proceso judicial abierto en Argentina y finalmente se pide la extradicción de los exministros, jueces y torturadores del franquismo que aún siguen vivos y que han sido reclamados por los querellantes, es entonces cuando entra en vigor el tratado bilateral suscrito por ambos países y cuando debe realizarse la comisión rogatoria. "Ahí se van a terminar las excusas para tratar paralizar esto”, agregó Slepoy.

Declaración en Argentina

La maniobra del Gobierno español ha conseguido suspender las declaraciones que debían producirse ayer. No obstante, según los abogados, el “Gobierno español no podrá evitar” que las víctimas del franquismo testifiquen ante la Justicia argentina a finales del mes de mayo cuando una delegación de las víctimas y querellantes viajará a Argentina para continuar con los trámites del proceso.

Los testimonios de las víctimas (la juez había citado a doce de ellos) tratan de demostrar la existencia de un plan determinado de genocidio o crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y la posterior represión; el sometimiento de los vencidos a trabajos forzados; el robo de niños durante la dictadura; y la necesidad de imputar como responsables de asesinatos y torturas a exministros como Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria, y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich.

Los españoles pueden acudir desde el pasado domingo a Naciones Unidas si consideran que son vulnerados por el Estado sus derechos económicos, sociales y culturales.

Esto es así por la entrada en vigor en España el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por Naciones Unidas en 2008 y que han suscrito varias decenas de países.

España lo ratificó en 2010, y con su entrada en vigor de acuerdo con los plazos fijados en la normativa, se compromete a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para recibir y examinar comunicaciones de ciudadanos o grupos de ciudadanos que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de sus derechos económicos, sociales y culturales.

El citado comité no examinará una denuncia sin antes haberse cerciorado de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción de cada país, pero no aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente.

Los recursos a este comité deberán presentarse en el plazo de un año tras haberse agotado los de carácter interno y no podrán plantearse hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor de este protocolo.

No aceptará tampoco recursos que no estén suficientemente fundamentados o que se basen de forma exclusiva en informes difundidos por los medios de comunicación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó ayer ante la cúpula del PP la subida de impuestos realizada por su Ejecutivo en contra de su promesa electoral recalcando que el año pasado España estuvo "a punto del crac" y era necesario una política de mayores ingresos. También señaló que en cuanto pueda bajará los impuestos, con el 2015 como tope.

Así lo expuso Rajoy durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrada en Génova, en la que precisamente la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió a Rajoy que aproveche que la UE ha relajado el déficit hasta el 6,3% del PIB para utilizar esa "holgura" en un rebaja del IRPF. Ella misma dijo después a los periodistas que Rajoy comunicó que no será más allá del año 2015, lo que ella interpreta como que no se descarta una bajada en 2014.

La intervención de la expresidenta de la Comunidad de Madrid provocó la inmediata réplica del ministro Cristóbal Montoro, que recordó que cuando el PP ganó las elecciones en 1996, el Ejecutivo de José María Aznar del que la propia Aguirre formó parte, tardó tres años en bajar los impuestos. Según añadió, ahora son los mismos los que están gobernando y mantienen los mismos criterios sobre política fiscal, por lo que acabará bajando los impuestos en cuanto puedan.

Incremento fiscal ante el riesgo de rescate

En su intervención a puerta cerrada, Rajoy subrayó que el Gobierno bajará los impuestos cuando pueda, pero recalcó que la prioridad del año pasado y del presente era evitar la intervención. "Cuando sea posible con el 2015 como tope, los impuestos volverán a la situación anterior, al menos los más importantes", según relató la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

Así, Rajoy insistió en que el riesgo de rescate que el año pasado padeció la economía española le obligó a una política de mayores ingresos para ahorrar 22.000 millones de euros: 20.000 procedentes de la reducción del gasto y 2.000 por la subida de impuestos.

Al hilo de este asunto, el responsable de Política Municipal del PP Manuel Cobo, tomó la palabra para aclarar que esa subida de impuestos no ha significado solo 2.000 millones, ya que, si no se hubieran subido se estaría hablando de unos 10.000 millones de ingresos, un dato que el propio Mariano Rajoy corroboró, según informaron a Europa Press fuentes 'populares'.

Sorpresiva propuesta del PSOE

Rajoy indicó que está abierto a acuerdos con los grupos parlamentarios "siempre" que no supongan volver a políticas económicas que no han funcionado. En este punto, dijo que dará la bienvenida a las propuestas encaminadas a crear empleo y crecimiento económico, pero indicó que lo que no se puede permitir es que se solicite a través de pactar medidas "de mayor gasto y de mayor endeudamiento" que van en "la misma dirección" de las políticas económicas que llevaron a España a la actual situación, según resumió Cospedal.

Tras recordar que el PSOE ha votado en contra de importantes reformas del Gobierno en el Parlamento, Rajoy dijo que los socialistas aún tienen posibilidad de demostrar su voluntad de llegar a acuerdos en la negociación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones o en la reforma de las administraciones públicas. "Lo que no se puede es hablar de pedir pactos y luego hacer exactamente todo lo contrario, porque se queda en un titular de un día en el periódico o en un papel mojado", advirtió Cospedal.

A renglón seguido, la secretaria general del los 'populares' criticó la propuesta de Pérez Rubalcaba reclamando una fuerte intervención del Estado contra la crisis ya que en su día, dijo, los socialistas criticaron que se pidiera dinero a Europa para sanear la banca.

"Ha sorprendido enormemente que el PSOE ahora pida 40.000 millones cuando antes le parecía mal que se diera 100.000 millones para todo el sistema financiero. Ha supuesto una gran sorpresa en el PP que algo que se criticaba antes para el sistema financiero con carácter general ahora se pida y se pida menos", declaró.

Igualmente, dijo que a su partido le llama "la atención" que Rubalcaba defienda ahora que los trabajadores y empresarios puedan pactar modificar sus condiciones de trabajo para garantizar el empleo cuando, según subrayó, "ese es uno de los fundamentos" de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo. "Y ese aspecto ha sido altamente criticado por el PSOE", dijo, para insistir en que causa "extrañeza" en el PP que "lo que antes han criticado, ahora lo planteen como propuesta".

Después de que el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, haya anunciado este lunes una bajada de impuestos, Cospedal no quiso valorar esa decisión alegando que aún no la conocía pero añadió que ella, como presidenta de Castilla-La Mancha, tiene "muy complicado" bajar ahora los impuestos teniendo en cuenta la cifra de déficit con la que se encontró al llegar al Gobierno regional.

Al ser preguntada por las palabras del Rey animando a Rajoy y Rubalcaba a consensuar políticas de empleo, la secretaria general del PP señaló que el Monarca "siempre" ha abogado por el consenso y agregó que es una de sus misiones abogar por eso. También se remitió a las "matizaciones" que ha realizado sobre este asunto la Casa Real, hablando de consenso y no de pactos de Estado.

La “credibilidad” según Cospedal

En una intervención marcada por la economía, el jefe del Ejecutivo recordó a la plana mayor del PP que desde el primer día el objetivo capital de la legislatura fue el crecimiento económico y la creación de empleo, pero señaló que la economía española tenía "unos obstáculos" que había que superar: el elevado déficit, la inflación, el endeudamiento exterior y el saneamiento del sector financiero.

"Hace apenas un año todo el mundo hablaba de la intervención española", dijo Cospedal, que subrayó el hecho de que hoy "nadie" le esté diciendo al Gobierno de España qué medidas tiene que tomar, sino que es un país que "sabe gobernarse a sí mismo" y sabe "realizar sus propios ajustes" para salir de la crisis.

En este punto, Cospedal resaltó que "la credibilidad" que ofrece el Ejecutivo de Rajoy ha hecho que la UE dé "dos años más a España para conseguir los objetivos de déficit", algo que, según recalcó, supone que se ha evitado tener que realizar ajustes por importe de hasta 18.000 millones de euros. "La senda emprendida demuestra que somos un país que hoy genera confianza, donde vuelven las inversiones y donde se han puesto las bases para garantizar crecimiento económico y la futura creación de empleo", subrayó.

El movimiento 15-M ha convocado diversas acciones a lo largo de este mes bajo el lema 'De la indignación a la rebelión: Escrache al sistema' para conmemorar su segundo aniversario y para denunciar que los problemas que hace dos años llevaron a los denominados 'indignados' a acampar en decenas de ciudades españolas siguen presentes hoy en día.

"Este mayo demostraremos que no nos vamos, que no nos rendimos, que seguimos construyendo", asegura en su web el colectivo 'Acampada Sol', surgido del campamento que durante más de un mes permaneció en la emblemática plaza madrileña de la Puerta del Sol, y que dos años después sigue siendo uno de los ejes principales del movimiento también conocido como el de los 'indignados'.

En este sentido, los 'indignados' madrileños han anunciado "un mes lleno de acciones que atacan a los responsables directos de la creciente precariedad y pérdida de derechos" que, a su juicio, siguen sufriendo los ciudadanos. "Este 'Mayo Global' se propone como un escrache al sistema para presionar y hacer visible que el problema no es que no se pueda, sino que no quieren. Que es una cuestión de voluntad política", aseguran.

Sin permiso de Cifuentes

El movimiento 15-M ya ha anunciado que, como en anteriores ocasiones, no tienen intención de comunicar oficialmente la Delegación del Gobierno en Madrid las fechas y recorridos de las acciones, al considerar que la difusión pública de los detalles es suficiente para que la institución tome las medidas oportunas para la circulación y los derechos de los manifestantes.

De hecho, 'Acampada Sol' ya se lo ha trasladado a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, mediante un mensaje en la red social Twitter. "Hola @ccifuentes, pa que luego no digas que no te contamos nada, que tenemos mani el #12M y todo esto en #MayoGlobal", reza el mensaje enviado a la delegada, al que no ha contestado.

Marcha en Madrid

El acto central de las acciones convocadas consistirá en una manifestación el próximo domingo 12 de mayo, que tendrá como punto de partida el Templo de Debod, Colón y Atocha. Desde allí partirán a las 17.00 horas tres columnas que confluirán en la Puerta del Sol para realizar a las 20.00 horas el habitual 'grito mudo', consistente en permanecer en silencio durante un minuto con las manos en alto, mostrando las palmas.

Tras el 'grito mudo', se llevarán a cabo en plazas cercanas a la Puerta del Sol diversas asambleas bajo el lema 'Toma tu ágora' en las que "se pondrán en común los logros, experiencias y cauces de participación de las asambleas de barrio y grupos de trabajo que llevan dos años en activo".

Con carácter previo a esta marcha, el 15-M tiene previsto llevar a cabo entre el 10 y el 11 de mayo "permanencias en espacios significativos", es decir, asambleas nocturnas y encierros que se organizarán en torno a cinco ejes temáticos: cultura y comunicación, sanidad y educación, democracia, laboral/precariedad y vivienda.

Acciones diversas

Por ejemplo, en el caso de las acciones relacionadas con cultura y comunicación, los convocantes llaman a llevar a cabo un "encierro" en el Museo Reina Sofía, que será, según aclararon a Europa Press fuentes del 15-M, una acción simbólica consistente en permanecer en los alrededores, sin intención en ningún caso de provocar desperfectos ni en las instalaciones ni en las obras de arte.

Por su parte, los organizadores de las acciones relacionadas con el eje temático de educación y sanidad, llevarán a cabo, por un lado, la 'noche de los pijamas blancos', consistente en permanecer frente al Ministerio de Sanidad la noche del 10 al 11 de mayo, y por otro, una "vigilia de los servicios sociales" en el Ayuntamiento, también la misma noche.

Además de estas acciones, el 15-M también tiene previsto participar en la consulta ciudadana que ha puesto en marcha la Marea Blanca para conocer la opinión de la ciudadanía acerca de la gestión pública de la sanidad. Asimismo, los 'indignados' llevarán a cabo el 9 de mayo la iniciativa denominada 'Toque a Bankia', con la que pretenden "paralizar" la actividad de la entidad bancaria durante toda la mañana.

Por último, el 15-M celebrará su propio 'San Isidro Indignado' el 15 de mayo, y entre los días 18 y 19 volverá a "tomar las plazas" con asambleas temáticas en diferentes enclaves del centro de Madrid en las que, además de poner en común los problemas de la ciudadanía y buscar soluciones, se llevarán a cabo talleres, comidas populares, charlas, teatros y conciertos de la Orquesta Solfónica.

Reducir el abandono escolar temprano desde un 26,5% a un 15%. Ese es el objetivo que, siguiendo las directrices europeas, debe cumplir el Gobierno español para el año 2020. Y esa cifra es, precisamente, la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy prometió conseguir a la Unión Europea (UE) el pasado martes, cuando presentó ante Bruselas el Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2013, informó ayer el diario publico.es.

El documento da por hecho los beneficios que supondrá la aprobación de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), propuesta por el ministro José Ignacio Wert, en la consecución de dicho propósito, a pesar de que los directores de institutos públicos advirtieron al titular de Educación de que las reválidas que impondrá la reforma al final de cada etapa sólo provocarán el aumento del fracaso escolar. Pero, es más, el Gobierno considera que, con seguridad, tanto el Congreso como el Senado darán luz verde a la nueva normativa, a pesar de que aún es un proyecto en pleno proceso de tramitación. "Esta futura reforma, que empezará a aplicarse durante el curso 2014-2015, tiene como principal objetivo la reducción de la tasa de abandono educativo temprano hasta el 15% en 2020", reza el documento. Lo que no dice el Gobierno ante Bruselas, en cambio, es el coste que tendrá la implantación de la LOMCE para las arcas españolas: 408 millones de euros.

Al margen de la ya conocida como Ley Wert, el Ejecutivo presume de las medidas que ya se han llevado a cabo para contribuir al ahorro del Estado y también al objetivo citado. "En la política de educación los ajustes que se han realizado se concentran en mejorar la eficiencia de los recursos materiales y humanos, al mismo tiempo que se han iniciado reformas de carácter estructural que persiguen mejorar la calidad educativa y la excelencia académica", cita el plan de reformas.

Lo que no cuenta España ante la UE es que considera como "eficiencia de recursos humanos" el gran número de docentes que se han quedado en paro desde que comenzaron los recortes de Wert. Aunque no existen cifras oficiales (el Gobierno no lo ha contabilizado), los sindicatos aseguran que 62.000 trabajadores han sido despedidos, y eso sin haber podido recoger los datos de Euskadi y Catalunya. El secretario general de FE-CCOO, Francisco García, aseguró, el pasado 7 de abril, que "la reducción media y a nivel estatal en un 11,5% de los gastos de personal en 2013 y el recorte de 2.600 millones de euros se ha traducido en la práctica desaparición de 62.000 efectivos". "A todo ello se suma el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado en todos los niveles educativos", apostilló entonces. Además, el nuevo Bachillerato previsto en la Lomce elimina horas de docencia que hoy en día imparten 2.530 profesores. Aunque el departamento de Wert asegura que esta cuestión no supondrá el despido de profesionales, la realidad hace prever que esta promesa no se vaya a cumplir.

En un informe anterior de CCOO, publicado en septiembre del año pasado, la organización sindical estimaba que en el curso 2012-2013 habría 20.000 profesores menos que en el 2011-2012. Según esta misma fuente, las comunidades más afectadas serían Andalucía y Madrid. De hecho, en otro análisis realizado por UGT se pone de manifiesto que, en los últimos cuatro años (la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre comenzó a recortar en Educación antes de que lo hiciera Wert), la escuela pública ha perdido el 14% de profesores, mientras ha visto aumentar el alumnado en un 17,18%. A nivel nacional, este mismo sindicato estimaba en 36.000 la pérdida de docentes para este curso.

En Madrid, además, la marea verde ha convocado una huelga continuada que comenzará después del 9 de mayo, día de huelga general de toda la comunidad educativa en todo el país. ¿El motivo? Los profesores de la comunidad aseguran que la consejera Lucía Figar esconde una privatización tras la nueva regulación de listas de interinos anunciada por su departamento, con el consecuente despido de personal público.

El Ejecutivo prevé destinar 60 millones de euros al Plan de Refuerzo, pero el número de interinos que se encargaban de las clases de apoyo ha disminuido.

Sin embargo, a pesar de las denuncias de los docentes –que aseguran que el tijeretazo en personal ha supuesto la eliminación de clases de atención a la diversidad, entre otras cuestiones–, el Ejecutivo promete destinar 60 millones de euros al Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA).

Otros 40 millones de euros se destinarán, según el Programa de Reformas, al Plan para la disminución del abandono escolar tremprano, que incluye "medidas de sensibilización", preventivas, y otras dirigidas a "recuperar el alumnado que ha abandonado el sistema".

En este sentido, el Gobierno asegura haber tomado medidas ya en 2012. "Se han puesto en marcha dos planes de actuación específicos: uno dirigido con carácter general a la prevención del abandono escolar y a promover el retorno al sistema educativo; y otro dirigido a atender a las necesidades educativas asociadas al entorno sociocultural que tienen incidencia en el abandono escolar", presume.

Una de estas reformas se refiere a la aprobación de un nuevo sistema de Formación Profesional denominado FP Dual, que vincula más la educación a las empresas con el fin de que se mejoren las cifras de paro juvenil y los trabajadores sin cualificación puedan volver a entrar en el sistema. Los sindicatos, sin embargo, denunciaron que este nuevo modelo sólo generará mano de obra barata, al más puro estilo de los ‘minijobs’ alemanes.