El fiscal general del Estado,e, considera que fue un error traspasar las competencias en materia de Justicia a las comunidades autónomas y asegura que "si es posible" desearía que regresaran al Estado. "Creo que muchas comunidades autónomas estarían de acuerdo, aunque lo dirían con la boca chica", añadió Torres-Dulce en la inauguración de uno de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, en Aranjuez (Madrid).
El fiscal general pidió también una mayor dotación económica para poder ofrecer a los ciudadanos una Justicia "eficiente y moderna". "Si ustedes quieren una justicia eficiente y moderna, vayan rascándose el bolsillo como contribuyentes, porque esto es caro. Si lo que queremos es hacer un maquillaje, será un desastre", señaló tras admitir que los costes de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal son una de sus "obsesiones desde hace años". Así, alertó de la necesidad de un presupuesto "singularizado" para el Ministerio Fiscal, lo que en su opinión garantizaría una mayor independencia de la Fiscalía del Poder Ejecutivo.
Torres Dulce instó además a no hacer reformas legislativas o crear nuevas leyes "con mucha alegría", sin que con ellas haya una memoria económica que permita saber cuánto costará su introducción en el sistema. Por otra parte, defendió que hay que subir los sueldos a jueces y fiscales, ya que a su juicio son "bajos" en comparación con la responsabilidad y dedicación que exige su trabajo. "No digo que se haga ahora con la crisis, pero si queremos jueces y fiscales de excelencia hay que pagarlos", dijo.
También se sorprendió de que nadie audite el coste de los procesos, algo que tildó de "irregular y caótico" y aseguró que la "justicia de coste cero para todos ha de cambiar". De la misma manera, alertó sobre el "caos tecnológico" que hay en los juzgados al no haber existido un plan nacional de tecnología para la administración de justicia, que ha hecho que los sistemas informáticos del Estado y las comunidades autónomas sean "incompatibles entre sí".
Por ello, pidió un plan tecnológico único para la Fiscalía, encargado a profesionales externos, y que se mejoren las conexiones entre jueces y fiscales para un mejor trabajo conjunto. También apostó por que los procesos por delitos flagrantes y semiflagrantes sean solucionados en un periodo de entre 24 y 48 horas y que las faltas sean expulsadas de la jurisdicción penal.
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Torres Dulce finalizó su intervención diciendo que "la sociedad nos exige un sistema judicial eficiente, pero nadie nos da esas herramientas para ofrecérselas a los ciudadanos".
“Visión centralista”
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, aseguró que la propuesta del fiscal general del Estado de devolver las competencias de Justicia al Estado "es incompatible con el modelo de Estado autonómico que consagra la Constitución". "Estoy en desacuerdo con estas valoraciones. Consideramos que parten de una visión uniformizadora y centralista que es incompatible con el modelo de Estado autonómico que consagra la Constitución", manifestó a Europa Press.
Bosch dijo que "una gestión adecuada de las comunidades autónomas en materia de Justicia acerca el servicio público a los ciudadanos". Desde su punto de vista, el haber traspasado estas competencias a las comunidades autónomas no puede considerarse un error y precisó que, a su juicio, el "error puede existir en que hay algunas comunidades que no creen en el principio de autogobierno en algunas materias, entre ellas, la Justicia". "El problema no es el diseño general sino la falta de voluntad política, de autonomías que gestionen mal sus competencias y en el ámbito de la Justicia no la consideran una prioridad y, por tanto, es una gestión concreta la que causa perjuicio a los ciudadanos", precisó.
Finalmente, advirtió que "no es por causalidad que hayan sido algunas comunidades, como Madrid o Valencia, con poca voluntad de prestar un servicio público eficiente, las que se hayan mostrado en sintonía con esa propuesta".
“Dinámicas políticas”
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, considera "muy díficil" que las comunidades autónomas puedan devolver las competencias en materia de Justicia porque, según dijo, "las dinámicas políticas raras veces se encauzan en sentido inverso al que se ha tomado".
Desde la APM, de orientación conservadora, se considera que las "disfunciones" en la Administración de Justicia se producen por la "multiplicidad" de organismos que intervienen en la misma, en referencia no sólo a las comunidades autónomas sino también al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, Llarena defiende la necesidad de "una correcta ordenación de todas las administraciones implicadas" y un modelo en el que el órgano de gobierno de los jueces asuma la gestión de los medios tecnológicos de la Justicia. "Las comunidades autónomas han asumido los medios en materia de Justicia y no se ha producido duplicidad, no hay dos sectores de la Administración abarcando el mismo espacio", dijo.
“Anclados en el siglo XIX”
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, señaló que Torres-Dulce ha hecho "un diagnóstico de algo que es problemático" porque la asunción de las competencias en materia de Justicia por parte de las comunidades autónomas crea "disfunciones", como "la existencia de múltiples registros o la falta de un sistema que unifique los procedimientos".
Tras señalar que la única ventaja que ofrece el actual sistema es "una gestión más próxima", Roma indicó que la Justicia española continúa "anclada en el siglo XIX" tanto en lo que se refiere a la organización territorial como al hecho de que los procedimientos se siguen haciendo "en papel".
