La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) reconoció ayer que acogería con "desahogo" que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, presentara voluntariamente su dimisión para acabar con la "crispación" desatada a causa de la polémica suscitada por los gastos de sus viajes de largos fines de semana cargados al presupuesto del Consejo.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM Pablo Llarena explicó que la asociación no pide explícitamente el cese de Dívar por la "trascendencia" que tendría en el exterior de España y que da libertad a sus vocales para tomar la decisión que consideren oportuna en el Pleno extraordinario que el Consejo celebrará este sábado para estudiar la petición de varios vocales de solicitar la salida de su presidente.

Llarena ha explicado que en el comportamiento del máximo responsable del Poder Judicial se debaten "cuestiones morales" y que la solución que más se ajustaría a las razones legales para que finalizara el mandato de Dívar sería que presentara voluntariamente su dimisión. "El problema de la actuación del presidente es de ética. No tiene proyección en las causas sobre la extinción de su mandato. No hay moción de censura, por lo que sólo puede salir por su propia decisión", remarcó.

El portavoz de la asociación mayoritaria tildó de "éticamente reprobable" el comportamiento de Dívar en relación con sus gastos. Con todo, mostró que la APM es consciente de la trascendencia que podría tener esta decisión en el exterior. La asociación es así consciente de que la "desestabilización" de las instituciones en un momento en el que España ha solicitado un préstamo de 100.000 millones de euros puede tener "trascendencia" en el extranjero.

"Ese miedo a comprometer la imagen del país es el que nos lleva a no pedir explícitamente la dimisión", argumentó Llarena, para concluir que los vocales propuestos por su asociación ejercen su mandato con "responsabilidad" e "independencia", por lo que podría haber posiciones divergentes entre ellos.