La asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha ampliado su querella  contra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para añadir la información que publicaron ayer varios medios impresos y que elevan a un total de 32 los viajes realizados por éste en fines de semana largos, de hasta cuatro días, parte de los cuales cargó al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces (ver http://politica.elpais.com/politica/2012/06/12/actualidad/1339491168_936509.html).

En un breve escrito remitido al a Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyo Pleno tiene previsto reunirse hoy para estudiar si admite esta querella, la asociación señala que amplía los hechos con la información aportada por el diario El País en la que se señala la existencia de cargos por valor de 15.185 euros en viajes a Barcelona, Bilbao, A Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, Valencia y Palma de Mallorca.

Según esta información, los datos habían sido solicitados por el vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue quien denunció ante la Fiscalía la existencia de una primera tanda de viajes, un total de 20, realizados por Dívar a Marbella (Málaga) por un valor cercano a los 13.000 euros. De momento se desconoce si la ampliación de la querella cambiará los planes de la Sala de lo Penal, que ya había señalado para hoy la decisión sobre la posible admisión a trámite de la querella presentada por la asociación de juristas.

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El Pleno de la Sala de lo Penal que se reunirá este jueves está integrado por 15 magistrados, aunque la decisión sobre este asunto la adoptarán tan sólo 14. Se quedará fuera Francisco Monterde para sortear una eventual 'contaminación' de todo el tribunal en el caso de que la querella fuera admitida a trámite y hubiera que buscar un instructor imparcial.

Los magistrados han tenido sobre la mesa el informe dado a conocer el pasado viernes por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opone la admisión de la querella interpuesta. Según ha podido conocerse, durante la reunión de la Sala de Admisiones de ayer no existió unanimidad para rechazar de plano la querella, por lo que lo más probable es que las disensiones se trasladen al Pleno de hoy.

El Ministerio Público no ve delito porque Dívar pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose "caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar".

Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivada y posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año. A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.

El PP empieza a rectificar

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite la última petición de Iquierda Plural (IU-ICV-CHA) para que Dívar explique en el Congreso sus gastos en viajes privados. Después de ver cómo se le rechazaban sus peticiones anteriores, el portavoz de Justicia de IU-ICV-CHA, Gaspar Llamazares, justificó su nueva solicitud al objeto de que detalle los contenidos de la Memoria de 2011 del CGPJ, relativos a la Presidencia, actividades de acuerdo con el Artículo 109.2 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

Con esta nueva redacción, IU-ICV-CHA buscaba sortear la Mesa del Congreso, puesto que las únicas comparecencias del presidente del CGPJ que siempre se admiten son las relativas a la presentación de la memoria anual de la institución. Este martes logró su propósito y el órgano de gobierno de la Cámara permitió que el escrito se remitiera a la Comisión de Justicia.

Lo que sí ha rechazado la Mesa del Congreso es la petición de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para citar en el Congreso a los vocales del CGPJ que han pedido informar de sus gastos, en contraste con la actuación de Dívar. El PP, pese al voto en contra del PSOE y la abstención de CiU, ha rechazado tramitar esa solicitud por la misma razón que vetó las anteriores peticiones de comparecencia de Carlos Dívar: entre las competencias del Congreso de los Diputados no está la de controlar al órgano de gobierno de los jueces, que es un poder independiente.

Lo que no ha podido parar es la petición de esos vocales (Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Felix Azón) para dar cuenta 'motu proprio' de sus gastos de viajes, ya que se trata de una carta dirigida a la Comisión de Justicia y será ésta la que decida si la acepta o no. El criterio del PP sigue siendo el mismo: no se puede fiscalizar desde el Congreso la gestión de las cuentas internas del CGPJ, y si no es precedente que el presidente del Consejo lo explique ante el Parlamento, tampoco lo es que lo hagan tres de los vocales, por mucho que sean ellos quienes quieran acudir. Otra cosa es, según apuntan desde el partido que sustenta al Gobierno, que ellos ofrezcan esas explicaciones públicas en otros ámbitos.

El PP y el PSOE habían rechazado juntos las dos primeras peticiones de comparecencia de Dívar, presentadas por IU-ICV-CHA, pero la semana pasada discreparon. Ese último veto fue criticado por los socialistas, que no entendían que el PP no aceptara su solicitud de comparecencia del presidente del CGPJ cuando iba acompañada de una sentencia del Tribunal Constitucional avalando la posibilidad de citar al máximo representante del Poder Judicial para cuestiones de su competencia.