Los pleitos de los particulares contra las administraciones públicas se han reducido un 60% en algunas comunidades –el 65% en la Región de Murcia– porque los ciudadanos no pueden hacer frente a las tasas judiciales, según un estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española.

Su presidente, Carlos Carnicer, ha explicado que los abogados han realizado un informe, con los datos de los 83 colegios de abogados de toda España, en el que detallan un centenar de casos de ciudadanos que no han interpuesto procedimientos porque no disponen del dinero que se les reclama en concepto de tasas.

Carnicer alerta de que podrían "criminalizarse" los procedimientos, ya que "muchos ciudadanos interpondrán querellas criminales porque en la jurisdicción penal no existen tasas".

"El informe incluye cien casos concretos en los que se vulnera el derecho fundamental al acceso de la justicia por la ley de tasas", ha dicho Carnicer, quien explica que un pleito puede costarle a un particular al menos tres mil o cuatro mil euros si tiene que llegar hasta el Alto Tribunal.

Durante su intervención en un desayuno informativo de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, organizado por el Colegio de Registradores, el presidente de los abogados ha anunciado que llevarán el estudio a esa institución, pero también al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado.

Según Carnicer, en los servicios de orientación jurídica los ciudadanos están señalando que no disponen "en estos momentos" de las cantidades que se les exigen para presentar las acciones judiciales, por ejemplo, por multas de ayuntamientos o casos de expropiaciones.

"La ley hace advertir al cliente que tiene que acopiar ese dinero para los recursos, si se produce en primera o en segunda instancia hay que depositar la tasa, si no, se pierde el derecho", ha indicado.

El presidente de los abogados asegura que la media de reducción del número de pleitos con la nueva ley de tasas podría situarse en tono al 40%, aunque en algunas zonas, como Murcia, podría superar el 65%, sobre todo en las demandas contra las administraciones públicas, "que son la garantía del ciudadano frente a la arbitrariedad de la administración". "Se lo vamos a presentar a todos aquellos que tengan competencia para reformar una ley de tasas que evidentemente se aleja mucho de las normas constitucionales", opinó.

Según los abogados, la reducción de las tasas sólo beneficia a las empresas y a personas jurídicas, pero no a los particulares para los que mantiene las cuotas fijas.

Por su parte, el juez decano de Madrid, Jose Luis González Armengol, se declara partidario de las tasas en el servicio público, aunque considera que "es un error la cuantía" que establece la ley. "Habría que hacer tramos", señala el juez, quien  propone que se establezca una tasa de 20 o 30 euros por procedimiento y se "carguen más las cuantías" en los recursos de apelación.

El juez alerta de que las "tasas altas" pueden potenciar los incumplimientos de las administraciones y de particulares que intuyan que su "contraparte" no va a poder acudir a los tribunales.

El Partido Popular ha sacado adelante en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el proyecto de ley que reforma el modelo y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lo ha hecho con el voto en contra de todos los grupos de la oposición.

Esta reforma, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, se elevará ahora al próximo Pleno del Congreso para después remitirse al Senado con la previsión de que el nuevo sistema de elección de los vocales sea puesto en práctica en la renovación que corresponde acometer en septiembre.

Los grupos presentaron 273 enmiendas al articulado, de las cuales los 'populares' han aceptado una decena de las iniciativas. Entre las transaccionadas por el PP y el PSOE, se incluye la que recoge el deber "inexcusable" de los vocales de asistir, participar y emitir voto válido sobre las cuestiones a decidir por el Pleno y las Comisiones, limitando las abstenciones a supuestos en los que concurra causa legal para ello.

Esta iniciativa propone que solo puedan emitir voto en blanco cuando la naturaleza del acuerdo lo permita y, en ningún caso, cuando se trate de materia disciplinaria y decisiones sobre recursos.

Se han introducido las enmiendas propuestas por CiU que amplían las competencias del Consejo para que pueda emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de justicia, así como recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia, las cuales en ningún caso darán derecho a la incoación de un procedimiento.

El órgano de gobierno de los jueces tendrá entre sus atribuciones la de cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.

El PP también ha pactado con el PNV que el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), con sede en San Sebastián, colabore con el Consejo en la armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los juzgados. El director del CENDOJ deberá acreditar el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos 15 años.

Consejo débil ante jueces "beligerantes"

La oposición ha sido unánime al advertir de los riesgos que tiene en la neutralidad y en la necesaria independencia de los vocales el hecho de que compaginen su cargo con su función jurisdiccional o su profesión. Advierten de que el "debilitamiento" de este órgano constitucional se produce en un momento en el que los jueces son "beligerantes" contra "determinadas políticas del Gobierno".

Para el portavoz del PSOE en Justicia, Julio Villarrubia, el modelo diseñado por el Gobierno conlleva un inédito "ataque" a la independencia y una "ocupación política" del Poder Judicial, así como un "notable desapoderamiento" en sus funciones. "Es una grave contrarreforma que ha conseguido poner por primera vez a todos los operadores jurídicos del país en contra", explicó el socialista, quien advirtió que la vigencia de esta ley se acotará al tiempo en el que los 'populares' permanezcan en el Gobierno.

Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares ha tildado de "involución" la reforma del Consejo del Poder Judicial y ha responsabilizado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón de no dialogar con la oposición. "La asunción de las enmiendas ha sido mínima, la deliberación prácticamente nula y el consenso inexistente", ha resumido.

Los nacionalistas de ERC y el PNV han lamentado que el Gobierno haya desperdiciado la oportunidad "histórica" de regular la creación de los consejos autonómicos de justicia o de valorar como un mérito preferente el conocimiento de las lengua cooficial. La diputada del PP Sara Cobos ha respondido que este asunto no afecta al Consejo y que deberá abordarse en el resto del articulado de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial.

El reparto bipartidista de los miembros del órgano de gobierno de los jueces ha sido criticado por grupos como Unión Progreso y Democracia (UPyD) o Izquierda Plural, que ven que este "reparto de la tarta" polariza las decisiones del Consejo y aumenta el descrédito en las instituciones. "Los desmanes han sido posibles por la impunidad de los delincuentes, que actúan en un cortijo particular por una Justicia que ellos mismos deciden por quién va a ser impartida", ha dicho Toni Cantó.

Desde el PNV, Emilio Olabarría también ha deslizado que el debilitamiento del Consejo se produce en un momento en el que la Administración de Justicia comienza a ser "beligerante" con determinadas políticas del Gobierno.

Un informe del órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha detectado que son 798 los juzgados y tribunales españoles que investigan los 1.661 casos de corrupción abiertos actualmente, y señala que muchos de estos juzgados necesitan un refuerzo. A estas investigaciones relacionadas con la corrupción se suman otras no directamente relacionadas con delitos como prevaricación, cohecho o malversación (los propios de la corrupción), pero sí de especial complejidad, hasta sumar un total de 2.173 causas de este tipo. Todas ellas están en manos de los 798 juzgados.

Para investigar todos estos asuntos, el servicio de inspección del CGPJ ha identificado provisionalmente la necesidad de 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios de otros tipos. Así lo explicó ayer la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa sobre el informe. Bravo concretó que el CGPJ, en todo caso, "nunca va a imponer ninguna medida de refuerzo", sino que esta propuesta deberá aplicarse en su día de manera individualizada y a través de las peticiones de cada tribunal.

Junto a estas necesidades de los tribunales, el servicio de inspección del CGPJ ha detectado que una parte importante en la responsabilidad de los retrasos en investigaciones de la corrupción podría corresponder a las unidades policiales especializadas (Unidad de Delitos Económicos y Financieros y Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) y a la Agencia Tributaria.

En este mismo sentido, entre las peticiones que propone la inspección están la creación de una unidad permanente de peritos en la Audiencia Nacional (que se ocupa de 91 causas complejas en sus seis juzgados centrales, 14 relacionadas con la corrupción), similar a la que ya trabaja en la Fiscalía Anticorrupción.

Andalucía, a la cabeza

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, presentó el informe en la reunión que el pleno de este órgano celebró ayer con este asunto en el orden del día. "Se trata de un informe del Servicio de Inspección, realizado en colaboración y con información de audiencias, decanatos y tribunales superiores de justicia que ha detectado 798 órganos jurisdiccionales de distintas categorías que tramitan estos asuntos de especial complejidad, todos los cuales representan el 0,03% del total de asuntos penales actualmente en tramitación", señaló Bravo.

Los casos vinculados con la corrupción son los relativos a delitos como prevaricación, blanqueo o receptación de capitales, malversación, cohecho o tráfico de influencias, entre otros. A estos se suman otros, de especial complejidad. Así, hay un total de 302 macroprocesos relativos a la corrupción y otros 512 macroprocesos que no están directamente relacionados con ella pero son complejos (como serían casos de narcotráfico a gran escala o la investigación de casos como el Madrid Arena y otros similares).

Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista de las más afectadas por estos casos, con 656 sumarios de este tipo o vistos para juicio. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 280; Cataluña, con 215; y Madrid, con 110. Se trata de asuntos que, en su mayoría, están siendo investigados judicialmente, es decir, están en trámite, aunque una minoría está ya pendiente de juicio. La estadística no incluye al Tribunal Supremo.

El informe, que deberá ser completado, persigue, según Bravo, que los ciudadanos vean que las causas contra la corrupción "no mueren en un limbo" sino que acaban en un porcentaje importante en sentencias condenatorias.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó ayer que el actual sistema de plazos presente en la Ley de Interrupción del Embarazo se sustituirá por un "sistema de indicaciones", en cual se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. "No será una mera declaración, sino una constatación", añadió.

En el Foro del diario progubernamental La Razón, Gallardón expresó su malestar con la actual ley del aborto y adelantó que "muy pronto" se presentará la nueva normativa para resolver un "asunto de esta gravedad" habida cuenta de que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados.  

Según recordó, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la interrupción del embarazo y estableció que el 'nasciturus' es un bien protegido, que la vida humana tiene relevancia desde su concepción y que su protección no es absoluta cuando entra en conflicto con otros derechos. "Es un sistema de indicaciones, no de plazos", dijo.

En esta línea, avanzó que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un "pretexto" y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se "cumpla y acredite". "En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea solo una mera declaración, sino una auténtica constatación", remachó.

Aludió a los mecanismos de información de los que dispondrá la mujer a la hora de decidir sobre la interrupción de su embarazo y adelantó que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es "incompatible" con el proyecto del Gobierno y la posición de las Naciones Unidas.

"La vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad", señaló.

El Ejecutivo también se muestra contrario a que los menores de edad puedan interrumpir su estado de gestación, mientras defiende la necesidad de regular la objeción de conciencia de los médicos.

Así se pronunció durante su intervención en el foro, donde estuvo arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

Entre los asistentes, se encontraban varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska o el magistrado Alfonso Guevara.

La Plataforma 'Pro juez Ferrín Calamita' ha abierto una cuestación popular a favor del magistrado, que fue condenado en 2009 por el Tribunal Supremo a 10 años de inhabilitación por retrasar el trámite de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la pequeña.

La plataforma lamenta que se trata de una sentencia "injusta" y explica que la situación en la que ahora queda el juez inhabilitado y su familia "es de absoluta desprotección, pues se le ha apartado por algo más de dos años de la carrera judicial, por lo que se le suspende de empleo y sueldo".

La plataforma explica que "se le siguen aplicando las incompatibilidades propias por su condición de juez, por lo que tiene prohibido durante este tiempo realizar cualquier trabajo remunerado", según fuentes de la Plataforma consultadas por Europa Press.

Por ello, la Plataforma 'Pro Juez Ferrín Calamita', insta a la sociedad española "a realizar una ayuda económica para el pago de la indemnización a las lesbianas y las costas del procedimiento, así como para que el Juez condenado por actuar justamente pueda mantener a su familia".

El Tribunal Constitucional (TC), a propuesta de su Sala Segunda, ha acordado que sea el pleno del mismo el que conozca del recurso de amparo presentado por once magistrados de aquél –entre ellos, su expresidente, Manuel Jiménez de Parga– contra la sentencia del Tribunal Supremo que los condenó a indemnizar al letrado murciano José Luis Mazón.

La resolución, a la que ha tenido acceso Efe, indica que serán todos los magistrados del TC los que resuelvan el recurso que los exintegrantes del mismo formularon en el año 2004 contra la sentencia del Supremo que condenó a cada uno de ellos a pagar 500 euros de indemnización a Mazón por no admitir, sin motivación, un recurso de amparo que éste había presentado.

El Tribunal Supremo entendió que los magistrados del Constitucional estaban obligados a explicar los motivos en los que se basaron para no admitir a trámite el recurso del letrado.

La reforma del Registro Civil prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá como primera consecuencia que las bodas civiles oficiadas hasta ahora por los jueces de manera gratuita, pasarán a ser competencia de los notarios y los cónyuges deberán pagar al notario por la misma, según explicó ayer el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez. Aunque no precisó la cantidad, indicó que será inferior a los 90 o 100 euros, tasas que cobran algunos ayuntamientos que celebran bodas.

En un desayuno informativo, organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), el director general de los Registros y el Notariado abordó el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con el que trabaja el Ministerio de Justicia, todavía objeto de debate.

Rodríguez concretó novedades del texto como es la autorización con la que contará el notariado para celebrar bodas, algo que ahora es gratuito ante el juez. En el caso de las bodas oficiadas por los alcaldes, seguirá siendo cada territorio el que fije la cuantía a pagar.

Nacimiento y defunción gratis

Los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo gratuitas en el nuevo Registro Civil, que quedará encomendado a registradores de la Propiedad y Mercantiles. Estos actos suponen entre el 80 y el 90% de la actividad de estas oficinas, según Rodríguez.

El borrador también contempla un aumento de los hechos inscribibles en el Registro, como es la inscripción de poderes o el domicilio. El ciudadano tendrá la posibilidad de comprobar que el poder no ha sido revocado, mientras que voluntariamente podrá inscribir su domicilio para recibir notificaciones.

Estos trámites voluntarios tendrán un coste –inferior al mantenimiento de este servicio– y que, en el caso de los poderes "en ningún caso será superior" al que ahora tiene en el Registro Mercantil. Rodríguez se pregunta hasta qué punto actos que son tramitados voluntariamente por un interés particular, como es un cambio de nombre, tengan que ser "pagados por todos".

450 millones

El director de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia defendió que el nuevo modelo dotará de una mayor eficiencia al Registro Civil al incrementar la interoperabilidad informática y supondrá un "importante ahorro" a la Administración, ya que ahora este servicio conlleva costes directos e indirectos que suman los cerca de 450 millones de euros.

La interoperabilidad de las bases de datos, donde constan la información de los ciudadanos y que algunos critican por hacerlos disponibles para el Cuerpo de Registradores, supondrá una ayuda para luchar contra el fraude o la corrupción. "Por ejemplo, ahora no se controla si con un poder de una persona fallecida se está disponiendo de dinero en una cuenta bancaria o si se pagan pensiones a una persona que haya fallecido", señala Rodríguez.

El director general descarta entregar los registros civiles a funcionarios públicos como secretarios judiciales porque "tienen bastante trabajo" y sería necesario ofertar más plazas y dedicar más medios.

Respecto a las críticas de privatización, aludió a que Izquierda Unida presentó una enmienda a la anterior reforma del Registro Civil –que no entra en vigor hasta 2014 al tener una 'vacatio legis' de tres años– proponiendo encomendarlo a los registradores. "No creo que quepa pensar que Izquierda Unida quiera privatizar el Registro Civil", ha concluido.

Así que Valcárcel estaba cansado de la “guerra del agua”. Al parecer disponía de información adelantada y vino a ponerse la venda antes de recibir públicamente el descalabro. El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que derogó el trasvase del Ebro. La sentencia data del pasado 28 de febrero, aunque no fue hasta ayer cuando se dio a conocer.

La sentencia señala que el Ejecutivo murciano "no ha aportado ninguna razón" que justifique que el Gobierno central utilizó indebidamente esta vía legislativa o que incurriera en un caso de arbitrariedad de los poderes públicos.

Para el Gobierno murciano, ese decreto-ley vulneraba la Constitución porque no existían razones de urgencia para aprobarlo e infringía el principio de interdicción de la arbitrariedad de la administración pública.

Murcia expuso también que "se había vulnerado el derecho de participación desde la perspectiva del principio de lealtad institucional", al considerar que el PHN "funciona como un todo unitario interrelacionado que afecta a todo el territorio nacional".