El profesor del departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Sergio Amat, ha sido elegido miembro del consejo de la European Mathematical Society. Esta sociedad científica representa a los matemáticos de toda Europa.

European Mathematical Society promueve el desarrollo de todos los aspectos de las matemáticas en Europa, la investigación matemática y la relación de las matemáticas con la sociedad, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Amat, profesor del departamento de Matemática Aplicada y Estadística y adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica, imparte docencia UPCT desde el año 2000  y es especialista en Análisis Numérico.

En el año 2008, una resolución del Parlamento Europeo pedía a las Instituciones Europeas la declaración de un Día Europeo por la Igualdad Salarial en toda la UE, algo que aún no se ha conseguido. Desde el año 2010, en España se viene conmemorando el Día por la Igualdad Salarial el 22 de febrero, desde que se acordara promover su reconocimiento en Consejo de Ministros a instancias de las organizaciones sindicales más representativas y algunas asociaciones de mujeres. Coincide, además, que en España la diferencia salarial entre hombres y mujeres se mantiene en torno al 22% en los últimos años, frente al 16% de la UE: las mujeres en nuestro país tiene que trabajar 82 días más que los hombres para poder percibir la misma retribución media anual.

Los datos que UGT ha plasmado en su Informe se han sacado de la última Encuesta de Estructura Salarial cuatrienal, publicada por el INE en diciembre de 2012 y la publicada por EUROSTAT en enero de 2013, ambas respecto a salarios de 2010. Es evidente pensar que con el agravamiento de la situación económica y social que vivimos, estas diferencias serán sensiblemente mayores.

En lo que afecta a nuestra región, el estudio de estos datos denota que una trabajadora murciana necesita trabajar 87 días más que un hombre para cobrar el mismo salario. Traducido a euros, una trabajadora en la Región de Murcia –a igual puesto y escala–, cobra 5.644 euros menos al año de media.

Conviene aclarar que estas cifras son fruto de una constante desigualdad, que viene desde hace décadas. Ya en el año 1951 la OIT publicó un convenio relativo la igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor. Innumerables disposiciones y normas europeas y españolas en los últimos 60 años han hablado de abordar este problema, pero la realidad actual es la evidencia del fracaso de estas políticas.

Si a este mal endémico de nuestro mercado de trabajo, sumamos la situación de la Región de Murcia, con el abundante número de datos negativos relativos al empleo, al salario y a la igualdad, desde UGT afirman que esto sólo es la punta del iceberg, y temen que cuando conozcamos los datos de 2011 y 2012 estas cifras se vean rápidamente incrementadas.

El Gobierno del PP, sólo en 2012, ha hecho 14 anuncios en materia de desigualdad salarial. Pero no sólo no ha puesto en marcha ninguna medida para luchar contra ello, sino que ha legislado a favor de incrementar estas diferencias, y ha eliminado herramientas útiles como el Plan de la Inspección de Trabajo para vigilar la igualdad de trato y oportunidades, además del bloqueo casi total de la negociación colectiva, fruto de su nefasta reforma laboral, lo que perpetúa la situación de desigualdad y hace más difícil afrontar cualquier mejora en este tema.

La aldea india de Sanevaripalli contará en octubre con una escuela gracias a la colaboración de Bomberos Murcia, que donó los más de 4.000 euros obtenidos en la carrera solidaria organizada el pasado mes de abril, con la Fundación Vicente Ferrer.

Según las previsiones, el próximo mes de octubre abrirá sus puertas este centro que beneficiará a 252 personas entre alumnos de preescolar, primaria, secundaria, participantes en el programa nutricional (madres gestantes y lactantes, niños de hasta cuatro años, ancianos y enfermos crónicos) y personas con discapacidad.

La Fundación Vicente Ferrer ha decidido que el centro se llame Bomberos Murcia como muestra de gratitud a los integrantes del servicio que han hecho posible esta donación.

La escuela, de más de 85 metros cuadrados, cuenta con dos estancias: la clase de 55,82 metros cuadrados y el aula del profesor, de 18,61 metros cuadrados. Las instalaciones también se usarán como centro comunitario.

Con este proyecto se pretende facilitar a las comunidades dálits el acceso a una educación de calidad para sus hijos de 6 a 16 años, tomando siempre como fundamento la participación activa de la comunidad y la gestión comunitaria.

La Fundación Vicente Ferrer trabaja en la creación de escuelas complementarias en distintas aldeas indias, en las que se imparte el programa escolar gubernamental como refuerzo y apoyo necesario para asegurar que los niños de las comunidades más desfavorecidas pueden seguir sus estudios en las escuelas primarias gubernamentales.

A medida que los niños avanzan en sus estudios, refuerzan sus conocimientos en las escuelas de la Fundación, a fin de que después puedan acceder a los internados públicos de enseñanza secundaria, proporcionándoles igualdad de oportunidades en este sentido y fomentando su integración social.

La Guardia Civil de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz y en el marco de la denominada operación 'Corseros', ha detenido a dos individuos, de 24 y 26 años y procedentes de Albania, a los que se les imputan presuntamente una veintena de robos en bares y restaurantes del Noroeste, llegando a sustraer y causar daños por un valor superior a los 60.000 euros.

La investigación de la Benemérita se inició tras tener conocimiento de la comisión de varios robos en bares y restaurantes y que presentaban similitudes en cuanto a su 'modus operandi', ya que empleaban la fuerza para acceder a los locales y la posterior sustracción de las máquinas recreativas existentes en su interior.

En la madrugada del 16 de febrero, las dos personas investigadas fueron sorprendidas por agentes de la Policía Local de Caravaca de la Cruz cuando supuestamente se encontraban perpetrando un robo en el interior de un bar de dicha localidad, por lo que se procedió a su detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Igualmente, se procedió a la entrada y registro de un inmueble alquilado por los dos detenidos, donde residían desde finales de noviembre de 2012, interviniendo un vehículo utilizado para desplazamientos en la comisión de los hechos delictivos y útiles empleados en la comisión de la actividad delictiva, como un martillo tipo maceta, una linterna, guantes y diversas prendas de vestir para no ser identificados.

Los detenidos, A.H. y A.D., de 24 y 26 años, respectivamente, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Caravaca de la Cruz, que tras las diligencias oportunas decretó su ingreso en prisión.

El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha propuesto la implantación de un tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que se ubiquen los yacimientos.

En la propuesta de resolución en materia energética del debate sobre el estado de la nación, el PP aclara que ese impuesto estaría condicionado “a que el volumen extraído represente un porcentaje relevante respecto de la demanda nacional de crudo”.

La recaudación, que se aplicaría sobre yacimientos del territorio nacional o las aguas territoriales, se obtendría a través del sistema de financiación autonómico y se podría destinar “a aquellas comunidades autónomas y entidades locales de la región donde se produzca la extracción”.

El pasado lunes, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno no tiene “ningún complejo” a la hora autorizar prospecciones para buscar yacimientos de petróleo y gas en España, porque esto permitiría mejorar la balanza comercial.

Soria apuntó que “allí donde haya una oportunidad de ver si podemos o no podemos hacer investigaciones o prospecciones” de hidrocarburos “debemos autorizarlas”, siempre que se respete la legislación medioambiental española y europea.

La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Universidad de Murcia ha creado la Plataforma de Acción Social, una alianza público-privada con la Comunidad Autónoma y el sector empresarial de la Región para coordinar una red regional de voluntariado y acción social.

La citada Plataforma, que pretende dinamizar la acción social en la Región de Murcia, gestionará productos (excedentes de empresas o donaciones de particulares), tiempo (voluntariado corporativo, prácticas de alumnado o voluntariado civil) y dinero (donaciones, patrocinios, etc.).

El proyecto está financiado por la Fundación Cajamurcia, cuyo gerente, Pascual Martínez, tras suscribir el convenio de colaboración con el rector de la Universidad, José Antonio Cobacho, afirmó que la plataforma pretende ser “espacio de encuentro entre propuestas de ONGs que necesitan ayuda, por un lado, y por otro, ciudadanos, empresas y administraciones que puedan y quieran ayudar”.

El director de la Cátedra de RSC, el profesor Longinos Marín, señala que “la difícil situación que atraviesan ONGs y administraciones públicas, unido al interés de la Cátedra por ayudar a la sociedad, como valor añadido a los objetivos fundacionales de investigación, formación y sensibilización relacionadas con la RSC, es el motor que nos ha impulsado a plantear este proyecto”.

Maribel Sánchez-Mora, vicerrectora de Estudiantes y Empleo, destacó, por su parte, la posibilidad que ofrece la red de trabajar con gente externa a la Universidad, “que nos va a dar otra visión de las cosas y nos van a ayudar a cumplir con uno de los fines del Vicerrectorado, como es la formación integral de los alumnos”.

El proyecto estará coordinado por los miembros de la Cátedra Sylvia López Davis y Víctor Meseguer Sánchez, quien indicó que “la sociedad necesita ejemplos en unos momentos como los actuales, de gran incertidumbre”.

En el acto también intervino la diputada del PP en la Asamblea Regional Violante Tomás, que recordó que el proyecto fue un “flechazo”, pues “va a llegar a la gente más vulnerable”, al tiempo que tuvo palabras de elogio para Cajamurcia por ser receptiva y financiar esta iniciativa solidaria.

Para finalizar, José Antonio Cobacho expresó la satisfacción que le produce como rector la labor que realiza la Cátedra y alabó a Cajamurcia por “lo que ha supuesto para el desarrollo de la Región y la Universidad de Murcia”.

Conceptos como "empleo verde", "ecoturismo" o "desarrollo sostenible" empiezan a ser ya más que conocidos por la sociedad. ¿Qué impacto real tienen en la economía?

Estudios internacionales y organismos como el Observatorio de la Sostenibilidad (OSE), la Escuela de Organización Industrial (EOI) han concluido que España es uno de los países con mayor potencial para generar empleo verde en sectores como el de las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la gestión de residuos y el transporte. Destaca el crecimiento de hasta 531.00 empleos entre 1998 y 2009, especialmente en el sector de las energías renovables, que pasó de 3.522 a 109.368 empleos.

¿Qué papel juega la pequeña empresa en este sector? Según la encuesta ‘Pymes, eficiencia energética y mercados verdes’ de la Comisión Europea, las pymes europeas, que aglutinan al 99% del tejido empresarial de la Unión Europea, crearán dos millones de empleos verdes hasta 2014.

Cabe destacar el hecho de que sólo el 25% de empresas se dedican en exclusiva a la producción de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente. El 7% de las pequeñas y medianas empresas de la UE cuenta con, al menos, un puesto de trabajo dedicado a la producción de bienes y servicios relacionados con el medio ambiente.

Teniendo en cuenta todos estos números, puede concluirse, al menos, que la economía verde no es una moda pasajera, sino que tiene un impacto real y cuantificado en nuestra economía. Casi cuesta creer que pueda existir un sector donde se está generando empleo. ¿Apostar por el empleo verde podría ser una vía para salir de esta crisis?

Un ejemplo. Según datos del OSE, un aumento de la eficiencia energética del 1% al año durante una década crearía más de dos millones de empleos al año sólo en el sector de la rehabilitación de edificios y evitaría la emisión de entre 8 y 13 millones de toneladas de CO2 en tres años.

En España, la economía verde representa un 2,2% del empleo total. Con seis millones de parados, una elevada dependencia energética y el final del "boom" de la construcción, ¿hacia dónde nos dirigimos? En 2010 el tejido industrial representaba el 23% de la actividad económica en España. Después de tres años de descensos, el empleo fue el mayor perjudicado: entre 2008 y 2011 se perdieron 627.000 empleos.

La construcción ha tenido un peso muy importante en la economía española, pero hay quienes creen que ya es un modelo caduco, insostenible por el fuerte impacto que ha tenido en la crisis económica. Supuso el 12% del PIB español y el empleo de 2,87 millones de personas en 2010. Tres años más tarde, el sector perdió un millón de puestos de trabajo, además de la destrucción de empleo de ramas asociadas dentro de la industria.

Reconducir esta pérdida de empleo y nuestra dependencia del petróleo y otros combustiles fósiles en España hacia actividades industriales más sostenibles son las medidas por las que apuesta el modelo "verde".

Con respecto a las energías renovables, Brasil, China, Alemania, India, Japón y Estados Unidos lideran el desarrollo de este sector. También en España se ha experimentado un sorprendente crecimiento, en especial las tecnologías eólica e hidroeléctrica, que supusieron más del 86% de la producción.

En 2010, el Instituto de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) estimó que una penetración de las energías renovables del 20% en 2020 crearía 124.265 empleos directos y una penetración del 30% de renovables generaría 200.000 empleos directos.

La realidad, como siempre, se impone a todo tipo de estimaciones. El momento político actual de medidas de ajuste económico puede llevar a un retroceso e incluso a la destrucción del llamado empleo verde. Así, el Real Decreto-Ley 1/2012 suprimió los incentivos económicos para nuevas instalaciones de renovables y ya ha tenido un impacto, llevando a empresas nacionales a abandonar el mercado español. Otras, sin embargo, han desaparecido.

Vivimos un momento de transición política, industrial y económica, en el que se constata la existencia una confrontación entre dos modelos económicos: uno que apuesta por una economía social y solidaria y otro, el convencional, que impera actualmente en Europa y el resto del mundo.

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso que presentó una vecina de Cartagena contra la sentencia que la condenó a veinte días de multa por acosar a un hombre al que había conocido al darle unas sesiones de fisioterapia para que se convirtiera en su novio.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que un Juzgado de Instrucción de Cartagena, en la resolución confirmada ahora por la Audiencia Provincial, declaró como hechos probados que denunciante y denunciada "iniciaron una relación de amistad con ocasión de ofrecerse ésta a realizarle un tratamiento para la curación de la lesión que aquél presentaba en un brazo.

"La mencionada relación –añadía el juez– discurrió por cauces de normalidad hasta el momento en que ella, con la finalidad de doblegar la voluntad del denunciante, y ante la negativa de éste a mantener una relación sentimental, comenzó a desplegar una actividad de acoso sobre el mismo, materializada en reiteradas e insistentes llamadas y envío de mensajes a su móvil".

Ante la negativa a atender sus llamadas y mensajes, el día 17 de julio de 2012 se presentó en su centro de trabajo para entregarle una carta manuscrita, "y, al no hallarle en el lugar, se la dio a una compañera para que se la hiciera llegar". La visita se repitió unos días después, con la misma pretensión de hablar con él, que "ignoró su presencia", aunque ella se mantuvo en el lugar hasta que la víctima de estos hechos "bajó la persiana y se marchó, sin hablar con ella".

La sentencia, confirmada ahora por la Audiencia Provincial, declaró que los hechos eran constitutivos de una falta de coacciones y la condenó a la pena de veinte días de multa, con una cuota diaria de seis euros, y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de él durante seis meses.