La Universidad de Murcia y Down España (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down) han firmado un convenio para la puesta en marcha de una iniciativa pionera en España, consistente en la formación de agentes que ayuden a personas con discapacidad intelectual a hacer una vida independiente.

Esta formación específica, destinada a alumnos y profesionales, la llevará a cabo el Centro de Estudios de Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal de la Universidad, cuya directora e iniciadora del convenio, la profesora Nuria Illán, señala que el proyecto responde a un encargo de la Federación.

“La iniciativa es innovadora en el ámbito nacional”, en el extranjero se está ensayando en Argentina, “además de tener un valor añadido, en unos momentos en que la ley de la dependencia está en peligro por la crisis económica”, agrega Illán.

El convenio fue suscrito en Convalecencia, la sede del Rectorado, con el presidente de Down España, José Fabián Cámara, quien manifestó que la Universidad de Murcia va a ayudar para que el movimiento de padres y familias que constituye la Federación realice su objetivo, que es la independencia de las personas con síndrome de Down.

El otro firmante, el rector de la Universidad, José Antonio Cobacho, calificó de extraordinaria la labor que realiza el Centro de Estudios de Discapacidad en aras de cumplir con una de las funciones que tienen las universidades en tanto servicio público que son, como es la sensibilidad social y la formación de personas.

En este sentido, recordó el convenio, también promovido por Nuria Illán, que permite que personas con discapacidad trabajen en el campus de Espinardo.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) la existencia de numerosos vertederos ilegales en la Sierra Minera de La Unión, en los que se pueden encontrar todo tipo de residuos, incluidos algunos peligrosos.

Según indica la organización en un comunicado, la sierra se encuentra en una "lamentable situación" desde hace años, ya que se vierten en ella de forma incontrolada residuos de todo tipo "sin que se hayan adoptado medidas para poner fin a esa situación" ni por parte de los ayuntamientos de La Unión y de Cartagena, ni de la Administración regional.

La situación "se ha ido agravando con el paso del tiempo", ya que la inacción de las administraciones contra esos "basureros ilegales" ha provocado que el vertido de residuos en ciertas zonas vaya a más, e incluso en algunos casos se acumulen en el interior de los pozos mineros que recorren la sierra y que, además, "se encuentran sin ningún tipo de cerramiento".

Según la ONG, la sierra está sirviendo de vertedero para todo tipo de sustancias, desde escombros de obras menores, hasta residuos peligrosos como fragmentos de placas de amianto, aceites de motor o restos de pinturas, pasando por restos de automóviles, maderas, enseres domésticos, pilas, residuos electrónicos, cartuchos de caza, cristales, ropa o plásticos, entre otros.

Ecologistas en Acción recuerda que la Sierra Minera está declarada Bien de Interés Cultural, y lamenta que los vertidos están afectando a minas y lavaderos como el denominado "Villa Brunita".

Además, denuncia la degradación paisajística y ambiental de una zona que está próxima al Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y que alberga especies de flora silvestre autóctona amenazadas como el cornical, el arto o el palmito.

Por último, destaca los riesgos sanitarios y de incendios que producen estos vertederos ilegales, que en muchos casos se encuentran a escasa distancia de viviendas y repartidos por toda la sierra en pequeños núcleos, lo que acentúa el riesgo de que un fuego se propague por toda la zona.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia ha declarado nula una resolución de la Consejería de Educación por la que se equiparan los derechos de los niños ya nacidos con los que están en periodo de gestación para lograr una plaza en un centro escolar. El magistrado entiende que esta regulación no corresponde a la comunidad autónoma, sino al Estado, según consta en una sentencia, contra la que cabe recurso, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

De esta forma, el juez ha estimado el recurso interpuesto por la Administración del Estado contra la Consejería de Educación, por la resolución de fecha 8 de marzo de 2011 que fija el calendario de inscripciones y procedimientos de admisión del alumnado en centros escolares de educación infantil, primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional en centros públicos y privados concertados no universitarios para el curso 2011-2012.

El Estado alegó que la resolución de Educación acerca de los sujetos en estado de gestación como nacidos a los efectos de preferencias en admisión a centros educativos vulneraba las competencias estatales en materia educativa y, por tanto, consideraba que era "ilegal".

Frente a ello, la Consejería defendió que era competencia suya la regulación en materia de protección de la familia, y señaló que las condiciones de preferencia en materia de familias numerosas no vulneraban las competencias estatales al no estar prohibidas en la normativa básica de Educación.

Al respecto, el magistrado, lo primero que hace en la resolución es aclarar que si la Administración reputa esta norma como invasiva de sus competencias, "lo lógico es que recurra la misma directamente ante el Tribunal Constitucional, y no la normativa reglamentaria de desarrollo, que no tiene más remedio que acatarse".

Dicha esta consideración, indica, respecto al fondo de la cuestión, que cualquiera que sea el ámbito en que se pretenda regular la eficacia de la existencia del concebido y no nacido, la competencia del Estado será "exclusiva" sobre esta cuestión, "aun cuando la competencia de la materia haya sido transferencia a las administraciones autonómicas o locales, puesto que se trata de un concepto previo y básico que solo el Estado puede determinar".

Así, resume: "la Administración que recibe la competencia por disposición constitucional o transferencia puede determinar qué derechos y deberes corresponden a los sujetos que actúan en dicho ámbito, pero no puede definir quiénes son esos sujetos en cuanto a su existencia misma, por corresponder esta cuestión exclusivamente al Estado".

Sobre esta premisa, el magistrado indica que la resolución impugnada establece los efectos que la existencia de un concebido no nacido debe desplegar en un ámbito determinado, y entiende que esto es "manifiestamente contrario" a la distribución de competencias constitucional, "al no corresponder a la comunidad esta decisión", ya que no es posible ni lógico que, dependiendo de la normativa autonómica, existan o no los mismos sujetos del derecho en una parte del Estado o en otra.

La Comunidad, a través de las consejerías de Presidencia y de Educación, Formación y Empleo, celebró ayer las ‘I Jornadas de atención educativa al alumnado con medidas judiciales’, cuyo objetivo es promover una actuación educativa orientada a la diversidad para ofrecer a estos menores las oportunidades necesarias para su integración social.

Se trata de marcar una estrategia ajustada a las posibilidades y perspectivas educativas, que favorezca la atención al alumnado en centros juveniles, contribuya a la igualdad de oportunidades e impulse su proceso educativo para lograr el éxito escolar y la reincorporación social.

Las jornadas son un espacio de encuentro, difusión, sensibilización y reflexión entre profesionales sobre el valor terapéutico de la actuación educativa, entendiendo la medida judicial como “un derecho individual del menor a recibir la ayuda necesaria para su integración, proceso en el que el joven pueda aprender a aprender, reflexionar sobre su vida y cultivar sus capacidades”, indicó el consejero de Presidencia, Manuel Campos.

“Los jóvenes con medidas judiciales “se encuentran en una situación de desventaja con respecto a los demás jóvenes, lo que obliga a tomar medidas y desarrollar actuaciones específicas que den respuestas a sus necesidades”. En esta etapa es “importante inculcar en los jóvenes características y valores como la solidaridad, la seguridad emocional, la autonomía, la confianza y los conocimientos que le ayuden a establecer una escala de prioridades, ser más flexible y desarrollar un pensamiento más eficaz en la resolución de sus conflictos o en la planificación de sus actividades”, subrayó Campos.

Por su parte, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, destacó la importancia de trabajar conjuntamente para garantizar el acceso y la permanencia de estos jóvenes en el sistema educativo". Los alumnos con medidas judiciales presentan un desfase curricular, además de dificultades de adaptación y atención educativa, “por ello nuestro objetivo es reincorporarles al proceso educativo y que adquieran las competencias suficientes para poder continuar con sus estudios".

Atención al alumnado con medidas judiciales

Sotoca recordó que en la Región de Murcia existen centros juveniles con aulas educativas “desde las que estamos intentado dar respuesta a las necesidades de estos jóvenes”, además de otras medidas como los Programas de Cualificación Profesional Inicial, "para facilitarles una formación profesional que les permita acceder al mercado de trabajo, a la vez que les ofrezca la posibilidad de obtener el título de ESO".

Las jornadas han reunido al profesorado, sobre todo al que desarrolla actuaciones en las Aulas Educativas de Centros Juveniles, así como a profesionales de Servicios Sociales y de Intervención Psicosocial, para poner en común los principios de la actuación educativa con el alumnado con medidas judiciales y planificar acciones que posibiliten una igualdad de oportunidades.

Con el fin de prestar un mejor apoyo y coordinación entre los diferentes actores implicados, se diseñarán propuestas prácticas y medidas de compensación educativa en las aulas educativas.

Una treintena de colectivos sociales, sindicatos y partidos políticos se han unido para formar la Coordinadora Social de Cartagena y Comarca, una plataforma que pretende ayudar a unificar las movilizaciones y actos de diversas plataformas que en los últimos meses han salido a la calle para reivindicar los derechos sociales y laborales.

La idea de crear esta organización surgió de la plataforma ciudadana Asamblea 15-M de Cartagena tras el éxito de participación de diversos ciudadanos y colectivos en una manifestación el pasado 23 de febrero en protesta contra la corrupción y los recortes, indica la organización en un comunicado.

El objetivo de la nueva coordinadoras es aunar las fuerzas de todos esos movimientos sociales y promover la solidaridad entre ellos, así como conseguir una mayor coordinación en su lucha por los derechos sociales, algo que se ha convertido en "un fenómeno generalizado y sostenido en el tiempo" y cuya fuerza la plataforma confía en que determinará "cambios reales en la vida socio-política actual.

El objetivo de la nueva agrupación es además "establecer un sistema de coordinación interna" de los distintos movimientos sociales para dinamizar la organización de manifestaciones y otras acciones reivindicativas para hacer de ellas instrumentos de presión a gran escala". En cualquier caso, la organización insiste en que esta unidad organizativa "no implica la renuncia de cada colectivo a su propia idiosincrasia e independencia".

Entre los colectivos que buscarán "respuestas conjuntas a los ataques del poder político" y reivindicarán "la dignidad, la solidaridad y la humanidad por encima de los intereses económicos", se encuentran plataformas como la Asamblea 15-M de Cartagena, Asamblea de Docentes, Asamblea Estudiantil de Cartagena, Colectivo Carmen Conde, Asociación de Vecinos José María de la Puerta, Comité Óscar Romero, Frente Cívico de Cartagena y Frente de Acción Estudiantil.

Además, forman parte del proyecto los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical y Sterm, y formaciones políticas como IU-V Cartagena, Juventudes Comunistas, Jóvenes de IU, Equo, Partido Red Social, Partido Comunista de Cartagena y Socialistas por Cartagena. También integran el movimiento asociaciones como ATTAC Cartagena, Ecologistas en Acción, Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, AIDMUR, Colectivo Galactyco, Plataforma de Unionenses por lo Público, La Botica del Libro, La Huertecica, Marcha de Mareas, Memoria Histórica de Cartagena, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Plataforma 8 de marzo, Rascasa y Plataforma Proempleo de Cartagena, entre otros.

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado las penas impuestas a un conductor que atacó a otro con una barra de hierro en el transcurso de unos incidentes ocurridos por una discusión de tráfico ocurrida el 12 de agosto de 2008 en Molina de Segura.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Juzgado de lo Penal número 2 de Murcia, en su resolución de enero de 2008, declaró como hechos probados que el acusado conducía un vehículo en dirección a Murcia, "procediendo a efectuar un adelantamiento en línea continua y en una curva sin visibilidad alguna, al otro turismo".

El hecho obligó al conductor de este último "a dar un volantazo a la derecha para evitar una posible colisión con el primero, continuando su marcha el acusado, dedicándose a frenar de forma brusca y realizar "eses" con el turismo durante varios metros".

Finalmente, el denunciante consiguió que el denunciado detuviera su marcha, y cuando le pidió explicaciones por su comportamiento al volante, el segundo "se dirigió hacia él portando una barra de hierro de unos 50 centímetros, diciéndole: 'tú te vas a enterar', intentando agredirle con dicho objeto, sin conseguirlo, al introducirse el denunciante rápidamente en su vehículo".

Este último "cerró inmediatemente la puerta, llegando a golpear el cristal delantero izquierdo, dejando una marca, sin llegar a romperlo".

La sentencia, confirmado ahora por la Audiencia Provincial, condenó al acusado a doce meses de prisión y retirada del carné de conducir durante tres años por un delito contra la seguridad vial, y 20 días de multa, con una cuota diaria de seis euros, por una falta de amenazas.

Tras años de incremento sostenido, los centros concertados andaluces perderán plazas escolares. Estos colegios e institutos, la mayoría de ideario católico, tendrán 60 unidades menos sufragadas con fondos públicos el próximo curso. Detrás de este descenso hay motivos demográficos, pero también una cierta intencionalidad política de la Junta, gobernada por PSOE e IU. De hecho, la mayoría de la pérdida de plazas está motivada por una decisión claramente política: la supresión del concierto a los diez centros que segregan en la escolarización y que se han negado a convertirse en mixtos. Esta medida supondrá 39 unidades menos para los concertados de la región.

El descenso de alumnado por motivos demográficos también ha influido en la reducción de plazas concertadas. En concreto, 14 unidades no se han renovado por este motivo. En los colegios de titularidad pública también se perderán 11 clases de infantil de tres años por la caída de alumnos. Pero, en términos generales, la Consejería de Educación autorizará más unidades que el año pasado en las escuelas e institutos públicos.

La titular de este departamento, Mar Moreno, anunció a principios de este año que su departamento revisaría la política de conciertos. "Si se pierde población escolar no estamos dispuestos a que recaiga sobre los centros públicos", sostuvo Moreno.

Y eso es lo que ha intentando hacer la consejería en el proceso de renovación de conciertos. Según los datos de este departamento, siete de las unidades que no se han renovado en centros privados se corresponden a clases de infantil que, de haberse concertado, hubiese implicado el cierre de aulas en colegios públicos en la misma zona de escolarización.

Los recortes están haciendo que se tambalee el sistema educativo en todo el país. En mitad de este proceso, el Ministerio de Educación ha lanzado una reforma en la que se prima a la enseñanza concertada. El texto que está tramitando el equipo de José Ignacio Wert sitúa "la demanda social" como uno de los factores a tener en cuenta a la hora de programar la oferta de plazas, algo que beneficia a los colegios e institutos de titularidad privada que se sostienen con fondos públicos.

En este contexto es en el que se encuadra la revisión de conciertos que ha llevado a cabo la Administración andaluza. La pérdida de 60 unidades es casi irrelevante si se compara con las 11.800 clases concertadas que habrá el curso que viene en toda la comunidad. Pero supone un cambio de tendencia respecto a los últimos años. Este curso se concertaron 76 unidades más que el 2011-2012. Lo mismo ocurrió hace dos años, cuando hubo 50 clases más. El incremento de unidades concertadas fue de 126 en el curso 2009-2010.

La reducción ahora de 60 clases también es un mensaje frente a las políticas que aplican algunas comunidades gobernadas por el PP, donde la balanza se está inclinando en los últimos años hacia la concertada. Moreno ha asegurado en varias ocasiones que ese no es el camino que quiere seguir la Junta. La intención de la consejería es que el reparto siga como hasta ahora: el 80% de los alumnos matriculados en la pública y el 20%, en la concertada.

La incorporación de IU al Gobierno andaluz también ha sido determinante. La coalición ha presionado para que el impacto de los recortes y del descenso de alumnos no lo asumiera solo la escuela pública. Más complicado hubiera sido romper el equilibrio actual en favor de los públicos. La legislación establece una renovación de conciertos casi automática si los colegios mantienen un nivel mínimo de alumnos. Además, el diseño de la red de centros que se ha realizado en las últimas tres décadas ha provocado que, sobre todo en grandes ciudades, se haya reducido paulatinamente la oferta en los colegios e institutos públicos. Esto ha propiciado que ahora, en tiempo de recortes, sea imposible un trasvase de alumnos en muchas zonas.

Mireia Isabel García Ramírez, del IES Vega del Táder (Molina de Segura), ha obtenido el primer premio de la Olimpiada Regional de Biología, mientras que los segundos galardonados fueron Julia Araujo de Castro Peixoto, del IES Poeta Julián Andúgar (Santomera), y María del Mar Iglesias González, del IES Floridablanca (Murcia).

Las tres premiadas, que recibieron las medallas en la inauguración de la XXVI Semana de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, representarán a la Región en la fase nacional de la Olimpiada.

Durante el citado acto, también se entregaron accésits a los alumnos Miguel Hernández Hernández, IES Floridablanca; Isabel López Alacid, Colegio San Buenaventura-Capuchinos; José Meseguer Cabezas, Colegio CEU San Pablo, y Marta Segado Sánchez, Colegio Maristas-La Merced.

Las pruebas, en las que participaron estudiantes de diferentes centros de la Comunidad Autónoma, se celebraron el mes pasado en la citada Facultad y consistieron en un examen tipo test con preguntas que hacían referencia a los temarios oficiales de Biología de 1º y 2º de Bachillerato.

La actividad estuvo organizada por el centro universitario, el Colegio Oficial de Biólogos de la Región y la Consejería de Educación, Formación y Empleo.