El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha decidido priorizar los cursos de inmersión lingüística en España porque ofrecen mejor resultado que las becas de estudio de idiomas en el extranjero para el presente curso 2013-2014. Así se desprende de una respuesta del Gobierno, dirigida a los diputados de IU Caridad García Álvarez y de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, preocupados por el "recorte" emprendido en estas ayudas al estudio.

Según justifica el Ejecutivo, durante algunos años el Ministerio de Educación ofreció a sus becarios ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras exclusivamente mediante la estancia en los países correspondientes, fundamentalmente Inglaterra y Francia. Sin embargo, y a medida en que la modalidad de inmersión ha ido implantándose en España, el Gobierno recuerda que el Ministerio ofertó también a estos estudiantes esta posibilidad de mejora en el uso de las lenguas extranjeras.

"En este año 2013, y a la vista de que la modalidad de cursos de inmersión estaba ofreciendo mejores resultados, contando con un buen aprovechamiento por parte de los alumnos y resultaban un instrumento más eficiente, el Gobierno ha optado por priorizar esta modalidad", explica, al mismo tiempo que puntualiza que la modalidad de ayudas para el estudio de habla inglesa, por tanto, se concentra en los cursos de inmersión lingüística.

Es más, argumenta que estos cursos de inmersión, por su carácter de intensivos, permiten una mayor flexibilidad y compatibilidad con el calendario escolar. Por otro lado, cree que, en la comparación de la evaluación de los resultados de ambas modalidades que han hecho los propios estudiantes, "pone de manifiesto que su satisfacción con la modalidad de inmersión es más elevada".

Cubiertas todas las expectativas en España

Así, precisa que en el pasado curso, de los 14.000 estudiantes universitarios y de Formación Profesional de Grado Superior que disfrutaron de una ayuda del Ministerio de Educación para seguir un curso de inmersión, el 85,9% manifiesta que el curso ha cubierto todas sus expectativas de aprendizaje y mejora en el manejo de la lengua y el 91,2% asegura que desearía repetir la experiencia.

Por lo que se refiere a los 2.000 estudiantes de Bachillerato que participaron en el programa de pueblo inglés, Educación precisa que el 98% ha confirmado que el programa ha respondido a sus expectativas y el 97% que proporciona un grado de inmersión alto.

Por todo ello, el Gobierno considera que esta decisión no trunca las expectativas de los estudiantes, ni supone un impacto negativo, sino que potencia la modalidad que mayor aprovechamiento ha demostrado entre los alumnos. "El Gobierno no ha suprimido las becas de idiomas en verano, sino que ha priorizado las becas de inmersión. En el año 2012 el número de becarios de idiomas en el extranjero ascendió a 12.892", sentencia el Ejecutivo.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no sólo no servirá para conseguir esa mejora y elevar los niveles educativos sino que además acarreará más desigualdad. Es lo que opinan reputados expertos críticos con el proyecto cuyo borrador podría quedar aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha defendido la LOMCE como la norma que fomentará la "excelencia y la calidad para todos" y el marco legal que pondrá freno a las actuales altas tasas de abandono temprano y la "pérdida de exigencia" en la escuelas. No es lo que sostienen sindicatos, partidos de la oposición y buena parte de la comunidad educativa, que el próximo jueves está llamada de nuevo a la huelga contra esta ley y los tijeretazos que viene sufriendo el sector con la excusa de la crisis económica.

Uno de los aspectos más criticados de la reforma es su concepción segregadora, pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar. Rafael Feito, profesor de Sociología de la Educación en la Complutense, señala que en los países que segregan a edades tempranas –como, por ejemplo, Alemania– hay una relación más estrecha entre la situación socioeconómica de la familia y el rendimiento en la escuela, lo que se traduce en un aumento de la desigualdad. 

Otro caso que vendría a cuestionar el éxito del adelantamiento de la elección de itinerarios es el de Polonia, que con una una inversión modesta en educación está logrando resultados similares a los de países más acomodados como EEUU o Noruega. Feito y otros expertos críticos consideran que el hecho de haber retrasado un año la elección entre FP y bachillerato es una de las razones del reciente éxito educativo polaco, que ha promovido también otras reformas estructurales. Aunque hay países que ocupan las primeras posiciones en los informes PISA que separan en una red académica y otra profesional a los 14 años, un informe sobre equidad y calidad en la escuela publicado por la OCDE en febrero de 2012 señala que hay otros como Australia, Canadá, Finlandia o Nueva Zelanda que tienen a sus alumnos en un tronco común hasta los 16 años y consiguen muy buenos resultados. 

Asociaciones como Soy Pública denuncian que adelantar en un año la elección entre la vía académica y la profesional hace que "los alumnos de familias con menor renta" se inclinen por la última opción y sean menos los estudiantes de familias con peores niveles socioeconómicos los que acceden a estudios superiores. 

Tampoco existen evidencias de que la implantación de "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa", tal y como propone la 'ley Wert', mejore los estándares educativos. De hecho, los países con mejores resultados académicos en las estadísticas internacionales, como Finlandia, pasan pocas pruebas externas. Y otros con resultados más mediocres, como EEUU, tienen evaluaciones externas todos los años de escolarización. "Lo que se acaba haciendo es preprarar a los alumnos para esos exámenes, lo que acarrea una perversión del sistema", analiza Feito. 

Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidade da Coruña, critica, además, la "obsesión" del proyecto por avanzar hacia un sistema educativo "al servicio de las necesidades de la economía productiva". En este sentido, censura el hecho de que "las escasas revisiones e innovaciones que se plantea la Administración educativa sobre los contenidos y competencias obligatorias de los currículos se centren en este tipo de dimensiones economicistas". "Pasamos de formar ciudadanos a formar empresarios de sí mismos que en vez de crear relaciones cívicas establecerán vínculos mercantiles", añade.. 

Torres recuerda que países con un notable Estado del bienestar y con exitosos resultados en los informes de la OCDE –de nuevo Finlandia, Suecia, Noruega o Dinamarca– han decidido no participar en la evaluación de destrezas en temas financieros que incluye la edición de 2012 del informe PISA. 

"Esta no es una reforma más. Rompe con la idea de igualdad para defender la del talento individual", resume Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga e impulsora del Foro de Sevilla, un grupo de docentes opositores a la LOMCE de todo el país. Para Rodríguez, el proyecto del ministro José Ignacio Wert pone en juego la cohesión social porque promueve "el retroceso del sistema público".

El varapalo del Consejo de Estado 

En un informe hecho público a finales del pasado abril, el Consejo de Estado enmendó buena parte las propuestas de la 'ley Wert'. Así, reclamó el mantenimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía y censuró que las autonomías con lengua cooficial tengan que pagar un centro privado en el caso de que un alumno demande clases en castellano como prevé el borrador. 

No obstante, este informe no vinculante no es muy claro con la protección a los conciertos de los colegios que separan por sexo –promovidos fundamentalmente por organizaciones ultraconservadoras–que consagra el proyecto y pasa de puntillas por la posible colisión con la Constitución que supone legislar en contra de un principio fundamental. En este sentido, se limita a pedir “medidas académicas a favor de la igualdad”. Este aspecto ha sido también muy criticado por los docentes agrupados en el Foro de Sevilla, que consideran que "la escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género". 

El ejemplo de la Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid es el laboratorio en el que el PP ha ensayado buena parte de las medidas que recoge la llamada 'ley Wert'. A saber: pruebas externas similares a las tres reválidas que incluye el proyecto y que amenazarían con dejar atrás a alumnos con dificultades; conciertos que segregan por sexo como los que plantea prorrogar el borrador o apuesta sin matices por la escuela subvencionada en la línea que recoge la futura ley, que contempla garantizar la enseñanza concertada allá donde tenga demanda. Padres, docentes y alumnos llevan años rebelándose contra el espíritu privatizador que, según ellos, persiguen los conservadores para la educación en la región. El Foro de Sevilla viene denunciando que la madrileña es la comunidad "donde más ha retrocedido la escuela pública y dónde han caído de forma notoria los indicadores de calidad del sistema público". 

Según un informe de CCOO, Madrid, que presentaba hasta 2011 una reducción del abandono temprano, ha experimentado a partir de esa fecha un repunte porcentual de un 2,4%. Para Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, este dato "pone de manifiesto las consecuencias de las políticas en educación de las que fue pionera Madrid y que finalmente se están aplicando en toda España, un hecho que terminará haciendo mella en la escolarización en la ESO, el Bachillerato o la FP de los jóvenes sin formación postobligatoria". 

Una reforma que mima a la concertada 

A pesar de experiencias como la de Madrid y de que el panorama es oscuro –la previsión del Gobierno es reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015– los expertos consultados no creen que la educación en España vaya a sufrir un proceso de privatización tan claro como el que experimenta la sanidad, aunque sí creen que existe un riesgo "muy alto" de degradación de la pública. "Detrás de estas políticas hay un intento de crear nuevas formas sociales de separación, de segregar a la gente y de crear escuelas de varias categorías", señala Rodríguez. 

De hecho, el borrador de la LOMCE sí recoge alguna de las reclamaciones tradicionales de la escuela concertada. Entre ellas, prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la pública o abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. No es ningún secreto que la privada subvencionada, a la que asiste el 25% de los alumnos, recurre a barreras económicas (complementos de formación, seguros médicos, actividades extraescolares, gabinete psicopedagógico...) para, de alguna forma, cribar a los alumnos a través de la capacidad adquisitiva de sus familias. De hecho, según un informe de la OCU, el 91% de los colegios concertados obliga al pago de cuotas a pesar de que la educación en estos centros debe ser totalmente gratuita porque reciben fondos públicos. 

"En España, la clase media es defensora de lo público. Pero si ve que hay un exceso de población deprimida en las aulas, comenzará a escapar. De hecho, ahora estamos viendo cómo regresan a la pública los que se marcharon en tiempo de bonanza y ahora tienen problemas económicos", concluye Jurjo Torres. 

El Gobierno defiende que las medidas adoptadas en el decreto ley de julio de 2012 y que, por ejemplo, establecen una tasa de reposición de los profesores del 10% son "excepcionales" y han sido aplicadas de "urgencia" como consecuencia de la crisis económica para poder sostener la calidad del sistema educativo. Con ese 10%, en Murcia sólo se podrían convocar 53 plazas de maestros en las oposiciones, en vez de las 200 anunciadas.

Así ha respondido el Gobierno en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, al 'número dos' de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, que preguntaba al Gobierno si consideraba que limitar las tasas de reposición del personal docente bajo criterios económicos era una forma eficaz de contener el déficit. Igualmente, le cuestionaba sobre si pensaba modificar el límite máximo de tasa de reposición para permitir una mejor cobertura de la demanda de docentes en los centros escolares.

De hecho, el Ejecutivo insiste en que se trata de "medidas urgentes", que no forman parte de la reforma educativa en la que trabaja el Gobierno, sino "simplemente" elementos para "sostener un sistema educativo que las comunidades autónomas reconocen que "eran incapaces de seguir manteniendo".

"Se trata de medidas extraordinarias en una situación extraordinaria, cuyo objetivo es proporcionar a las administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto público y en la oferta del empleo público", detalla el Gobierno.

Es más, defiende que las medidas propuestas afectan a todos los niveles educativos y combinan medidas de carácter excepcional, cuya aplicación se justifica por la actual coyuntura económica, con otras de carácter estructural que introducen novedades que "contribuirán decisivamente a mejorar de forma permanente" la eficiencia del sistema educativo.

Procesos de selección del profesorado

Según recuerda la formación magenta, el decreto del Gobierno estipula que a lo largo del 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de ejercicios anteriores, limitación que también alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Eso sí, recuerda que la norma establece que la congelación de la oferta de empleo público no será de aplicación en determinados sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fija en el 10%, encontrándose dentro de estos sectores el educativo. A su juicio, esta es la razón por la que diferentes comunidades autónomas han convocado un número de plazas mínimo para reponer a los docentes que se jubilan.

Por ejemplo, cita a Andalucía, donde se han convocado 250 plazas para cubrir las más de 2.500 que quedan vacantes en su sistema educativo por jubilaciones de docentes.

No obstante, avisa de que la disminución del número de profesores, con el aumento de la carga lectiva de los profesores restantes que conlleva, no es el único problema, puesto que el resto de las plazas que se deban cubrir deberán reponerse mediante interinidades o contratos temporales.

Según la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (OFEDAMPA), esta práctica puede ocasionar que en algunos casos exista una discontinuidad en la formación de los alumnos, ya que los centros puede que no desarrollen programas especiales por no contar con docentes fijos y que existan deficiencias en el apoyo de ciertas clases.

Es más, UPyD defiende que el problema no sólo existe en Andalucía sino que asociaciones de profesores de otras partes de España han señalado que estas limitaciones impiden garantizar que los alumnos reciban una educación personalizada y acorde a unos criterios mínimos de calidad al masificar las clases.

Desde el Gobierno reiteran finalmente que en la actual coyuntura económica "se hace necesario" mejorar la eficiencia de las administraciones públicas en el uso de los recursos públicos, con el objeto de contribuir a la consecución del "inexcusable" objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la UE.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) considera que en el Ministerio de Educación han hecho una "lectura interesada" del dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) porque de otra forma no se entiende, a su juicio, que este departamento no haya retirado la iniciativa normativa.

Así lo ha expresado en rueda de prensa el presidente de la organización, Jesús María Sánchez, quien plantea que el titular de Educación, José Ignacio Wert, "tiene un problema de comprensión lectora", porque ha ofrecido cambios en lo relativo a la inmersión lingüística en Cataluña y a la separación por sexos en la educación concertada, en lugar de "paralizar la LOMCE y retirar el anteproyecto, que es lo que pide el Consejo de Estado".

"El ministro nos ha tachado de antisistema. Si Wert desoye al Consejo de Estado, el antisistema será él", añade el presidente de CEAPA, para incidir en que el ministro "puede presumir de haber unido a la comunidad educativa" porque todos, "desde el ANPA de un colegio de primaria de un lugar remoto hasta la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)", están en contra de la LOMCE.

La organización denuncia que, sin embargo, el Consejo de Estado no ha tenido acceso a las razones de esta oposición ya que el Ministerio de Educación retiró del expediente de la LOMCE que envió al órgano consultivo "cualquier documento contrario a sus tesis".

Sobre el dictamen en sí, Sánchez pone el acento en el hecho de que el Consejo de Estado haya reflejado que la LOMCE no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa en su conjunto. Para CEAPA, esto significa que la legislación volverá a cambiar en cuanto se produzca un cambio de gobierno, "utilizándose así la ley como un medio revanchista", en lugar de encontrar una norma duradera y de consenso.

"No nos tiene en cuenta"

En este sentido, denuncia que pese a los encierros que se han producido en colegios e institutos públicos en los últimos días, Wert no ha contactado con CEAPA. "No se nos tiene en cuenta para nada. Las familias somos las más interesadas en que tengamos un sistema educativo estable y aceptable", añade.

Además, critica que se haya fijado para el 10 de mayo la aprobación del proyecto de LOMCE en Consejo de Ministros, un día después de la convocatoria de huelga general en el sector educativo. En su opinión, esto se debe a que "Wert sabe que la huelga va a ser un éxito" y quiere desanimar la participación. CEAPA opina que esta es una muestra más de la "soberbia y desconsideración" del ministro frente a la comunidad educativa.

Por otra parte, respecto al uso del catalán en las escuelas de Cataluña, la organización considera que es un debate que no le corresponde, aunque se muestra defensora del sistema actual, que "está bien como está", y expresa su desacuerdo con la posibilidad de "pagar centros privados para que las familias puedan elegir" la educación en castellano.

Según CEAPA, Educación "está tratando de evitar la soledad parlamentaria" consiguiendo "algún socio que, por lo menos, no vote en contra de la ley" y por eso, vaticina que habrá "cambios de cromos" con los partidos nacionalistas a cuenta del modelo de inmersión lingüística.

Sobre Educación para la Ciudadanía, Sánchez considera que eliminar la asignatura es una victoria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), institución que, según ha dicho, "ha logrado además, que se ponga una alternativa dura a Religión, con el único fin de llevar más alumnos hacia esta asignatura". A su juicio, con el planteamiento de la LOMCE el Gobierno "desoye a la Comisión Europea y las distintas sentencias de diversos tribunales superiores de justicia" sobre el tema.

Ante la perspectiva de que el 10 de mayo la LOMCE sea remitida al Congreso para el inicio de su tramitación parlamentaria, CEAPA va a solicitar comparecer ante la Comisión de Educación a fin de expresar su oposición al texto.

El secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha llamado a movilizarse el próximo 9 de mayo durante la primera huelga en la educación pública convocada en todos los niveles y de forma simultánea por alumnos, padres y docentes, y advierte de que "en el futuro que plantea el Partido Popular sobran licenciados".

En este sentido, Delgado califica el hecho de aprobar el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el día 10 de mayo en Consejo de Ministros –sólo un día después de la huelga educativa– como "insulto" a la comunidad educativa, ya que supone "seguir adelante a pesar del rechazo mayoritario a esta ley".

En cualquier caso, afirma que "por mucha prisa que se den, no va a poder estar aprobada antes del inicio del curso 2013-2014 y eso ya es una primera victoria". Por ello, insiste en la importancia de secundar la huelga y acudir a las manifestaciones convocadas para esa tarde en las diferentes provincias españolas.

Delgado señala que "se ha vivido un curso de movilizaciones de la juventud sin precedentes en el ámbito educativo" y añade que "el apoyo de los padres y profesores han dado un impulso fundamental a las movilizaciones". El Sindicato de Estudiantes considera que, a causa de esta "presión", el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "ha desaparecido de la escena pública".

Entre las medidas que incluye el anteproyecto de ley, Delgado denuncia "los itinerarios segregadores y clasistas", así como las "reválidas franquistas". En este último punto, advierte de que "de tener una selectividad los alumnos pasan a tener tres" y, por lo tanto, "no busca la mejora del sistema sino poner barreras para que los jóvenes no puedan evolucionar".

También se refirió a los datos del paro, que suponen –según el secretario general del sindicato– una "condena" para los jóvenes, con porcentajes de desempleo de hasta el 57%. "A ésto se suma una subida de tasas universitarias de hasta un 66%, una barbaridad que provoca que cada vez más jóvenes se vean obligados a abandonar el país", apostilla.

Por otra parte, Delgado ha instado a "poner en pie de guerra" a toda la comunidad educativa desde el inicio del próximo curso. "Hay que dar continuidad a la huelga del 9 de mayo", dijo. En este sentido, añadió que "todas las organizaciones son responsables" y cree que no estarán solos en las huelgas, encierros, concentraciones y movilizaciones que prevén para el próximo mes de septiembre.

Asimismo, resta valor al dictamen del Consejo de Estado respecto al articulado de la LOMCE, presentado el pasado miércoles 24 de abril, al entender que como órgano consultivo "está al servicio del Gobierno del PP".

Al ser preguntado por las detenciones llevadas a cabo la semana pasada en el Campus de Somosaguas, mostró su "solidaridad" con los once detenidos y afirmó que se encontraban "en un encierro "pacífico y democrático en defensa por la educación pública". Así, denunció que se trata de una "campaña de criminalización orquestada desde la Delegación del Gobierno".

Por último, adelantó que el próximo 7 de mayo a las 13 horas llevarán a cabo un acto de apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la Universidad Complutense de Madrid.

El Consejo de Estado se ha quejado, en el dictamen que emitió la semana pasada sobre la reforma educativa que impulsa el Gobierno, de la desaparición completa del currículo de cualquier rastro de asignaturas "de formación ético-cívica", hasta ahora englobadas dentro de la polémica área de Educación para la Ciudadanía, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto.

Asimismo, respecto al polémico apartado de la enseñanza en las lenguas cooficiales en comunidades bilingües, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban "determinar la 'proporción razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación [...], no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular", señala el dictamen.

El pasado agosto el Consejo de Ministros aprobó el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.

Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Wert llegó a hablar de "materias que distraen" para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras como Educación para la Ciudadanía. La Iglesia había mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico".

El Consejo de Estado llega hablar de discriminación en su dictamen para los alumnos que se queden sin formación ético cívica por elegir Religión. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la “Religión” la materia de “Valores Culturales y Sociales”, o “Valores éticos”, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”.

Laberinto judicial

Otra de las grandes polémicas del proyecto de ley impulsado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es sin duda el de las lenguas cooficiales, en concreto, en torno a Cataluña, donde el modelo de inmersión lingüística consiste en dar la inmensa mayoría de las clases en catalán. El ministro, que ha sembrado polémica sobre este asunto al hablar de "españolizar" a los niños catalanes, por ejemplo, siempre ha dicho que su intención es trasladar a la ley las sentencias de los tribunales Constitucional, Supremo y Superior de Cataluña, que dicen que la inmersión es perfectamente legal, pero la Generalitat debe garantizar una "proporción razonable" de enseñanza en catalán y castellano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado –aplicando la doctrina del Supremo– cómo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un alumno lo pide, habrá que dárselas a él y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la Generalitat decida cómo hacerlo y este ha informado que recurrirá la sentencia del TSJC. Argumenta que con la atención individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Ello supone que el docente atienda en castellano al alumno que se lo pida aunque la clase es en catalán. La tensión con el Gobierno llegó a ser tal que la consejera Irene Rigau llegó a abandonar una reunión con Wert.

Educación separada por sexos

También responde a resoluciónes judiciales el punto del proyecto de ley que garantiza que los colegios que separan por sexo puedan tener subvenciones públicas, conciertos. Pero, en este caso, lo que la justicia había dicho es que estas subvenciones no son posibles porque contravienen el principio de no discriminación que contiene la ley educativa (LOE, de 2006). Así, la Lomce dice expresamente que pueden ser concertados porque no discriminan, según una convención de la UNESCO.

Sin embargo, tras un repaso a la legislación internacional, el Consejo de Estado concluye que la norma "debe establecer en su articulado para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad [...]. De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución", señala el dictamen, que hace, además, una defensa de la educación mixta "para promover desde la escuela la igualdad de género, pues a través de la convivencia en la escuela se enseña desde la más temprana edad a conocer, respetar y tratar igual la diferencia".

El sangrado de aulas rurales existe desde los sesenta. Es una selección natural: hay nuevos colegios donde hay gente nueva. Lo que no se contemplaba antes es que la podadora llegase a Madrid y Cataluña. “Las nuevas generaciones ocupan barrios en un anillo periférico al de sus padres. Allí se necesitan colegios, mientras otros barrios envejecidos se vacían. En el centro de las ciudades, los inmigrantes en la pública han evitado que cayese más el número, pero ahora llegan menos o se van. Se terminarán cerrando muchos. Ojalá tuviesen luego una finalidad social”, confía el sociólogo Mariano Fernández Enguita. A falta de fondos públicos, caer en la tentación de ceder terrenos a la enseñanza concertada es sumamente tentador. La Comunidad Valenciana y Madrid lo saben bien.

Desde 2010-2011 se han cerrado 168 colegios e institutos públicos (de cerca de 14.500), mientras se inauguraban más de 320. Se ha aumentado un 20% la ratio de alumnos por docente. Ello permite reducir profesorado, cerrar clases y la tumba de centros. La ratio media –13 en infantil y primaria y 9,9 en secundaria–, según Indicadores de la OCDE 2012, es mucho más baja en España que el máximo estipulado. “Para cerrar hay que ir centro por centro viendo la situación. Hay que tener en cuenta el número de alumnos, la orografía, el clima o la proximidad a una gran urbe”, diferencia Fernández Enguita.

Educación en Madrid truncará 12 centros, mientras abre otros 23. En los últimos tres años la región ha perdido 24 centros y ha ganado 49. La consejería prefiere hablar de “fusiones” –un eufemismo de todas comunidades– y alega que se hace por falta de demanda y no para ahorrar. Los afectados piden que no se pierdan proyectos educativos labrados durante años. Finalmente, la Comunidad ha reculado y el colegio Vasco Núñez de Balboa, con más del 70% de alumnado gitano, seguirá abierto. “Si llevas a estos menores a otro centro, perderás a algunos por el camino. La etnia gitana sólo se siente segura en su territorio. Por eso las madres se acercan al recreo a ver a sus hijos”, opina Fernández Enguita. Así lo expresan los informes de la Inspección y Madrid ha hecho un “gran esfuerzo”, según su consejera Lucía Figar, por mantenerlo.

En Cataluña, en especial en Tarragona, tras el bum del ladrillo escolar y el parón de inmigrantes, los cierres empezaron en 2012. La Generalitat pone fin a 17 entre este curso y el próximo. Se escuda en el descenso de demografía para clausurar, prioritariamente, los que no tienen todos los cursos. “Todo el mundo admite que la demografía ha bajado, pero nadie quiere que sea su escuela la que se suprima. Hay que tener el coraje de planificar con seriedad”, explicó su consejera de Enseñanza, Irene Rigau, quien ha anunciado que no hay fondos para construir en una década. El tapón en los cursos superiores se mantendrá hasta el 2023-24. Por eso algunas escuelas serán institutos.

Ceder terrenos a la concertada

Si en el ratio de alumnos en las zonas rurales no se llegaba al mínimo –diferente en cada región– ni se preveía en dos años, las administraciones miraban hacia otro lado. Ya no. En Castilla y León la Junta ha dado marcha atrás la pasada semana y ha informado de que seguirá habiendo las 106 aulas de los dos primeros cursos de ESO en los centros rurales, en contra de lo anunciado poco antes. La medida había provocado las protestas de las zonas aisladas afectadas. Como en el caso de Riaño (León), donde según sus vecinos los niños tendrían que viajar hora y media por puertos para acudir a clase.

En Castilla-La Mancha la ley ya no obliga a mantener centros rurales con 4 alumnos, así que los niños de 61 escuelas se han mudado de colegio. Con el tijeretazo la Junta dice pretender “una enseñanza de mayor calidad con un profesorado fijo”. Desde 2006 en la envejecida y dispersa Galicia ha dejado de haber clase en 134 escuelas unitarias y empeoran las condiciones. En la escuela de Avia (Ourense), por ejemplo, han pasado de ocho a cuatro profesores para 52 alumnos. A su derecha, en Asturias, de demografía y orografía similar, han cerrado seis escuelas y nueve en Cantabria. “La escuela no es sólo aprendizaje, es sociabilización y afectividad y los niños de primaria tienen que estudiar cerca de su entorno familiar”, piensa el sociólogo Leopoldo Cabrera. “En secundaria me parece un mal menor. Si se cierran para reducir gastos y optimizar la situación de otros centros es legítimo”.

Aulas rurales: ya no se hace la ‘vista gorda’

“Vamos a volver a las escuelas hogar. Los políticos hablan de fijar la población de las áreas rurales y de su importancia económica, pero luego toman medidas en la dirección contraria”, se lamenta Jesús María Sánchez, presidente de la asociación de padres CEAPA. Juntar niños de distintas edades en un aula fue auspiciado por los profesores hace décadas y hoy los políticos lo consideran antipedagógico, lo que refuerza la idea de cerrar. Como en la desértica Aragón. “Hay nueve aulas menos. Siempre porque sólo había uno o dos niños. Tenemos 100 aulas rurales con menos de diez”, sostienen desde Educación.

Un pacto político aplacó el cierre en Canarias hace una década. Ahora un inventario ha dado sepultura a 22 centros. Andalucía, que cuenta con 23 centros públicos más que hace tres años, también ha interrumpido 12, tres de ellos institutos, algo inusual. Baleares, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco no han echado el cerrojo, Extremadura solo a uno, mientras que la Comunidad Valenciana niega el desmantelamiento de cinco escuelitas en Marina Alta del que hablaba Esquerra Unida. En Valencia, Andalucía, Madrid y Cataluña se mantienen aún niños estudiando en barracones. Suman casi 2.500 y Valencia ya ha anunciado que allí habrá hasta 2015.

Desde 2009 la tasa de fecundidad no deja de descender en España, así que todo indica que las tijeras van a seguir haciendo su trabajo. ¿Selección natural o falta de fondos?

El 24,9% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años no cursaban ningún tipo de ciclo educativo ni de formación en 2012, lo que coloca a España a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar y con un porcentaje que dobla el 12,8% de la media europea, según los datos publicados ayer por la Oficina europea de estadística Eurostat.

Tras España, los países con peores resultados son Malta (22,6%) y Portugal (20,8%), mientras que Eslovenia (4,4%), Eslovaquia (5,3%), República Checa (5,5%) y Polonia (5,7%) ofrecen las mejores marcas.

La Unión Europea tiene por objetivo reducir al 10% la cifra de abandono escolar en el horizonte de 2020 y fija para esa fecha objetivos nacionales que van del 4,5% de Polonia al 15% que se espera de España e Italia. Nueve Estados miembros han conseguido ya mejorar sus objetivos nacionales de 2020 (República Checa, Dinamarca, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Austria, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia).

En el caso de España, el 24,9% de abandono escolar (frente al 15% que debe tener en 2020) afecta más a la población masculina que femenina. El 28,8% de los hombres de entre 18 y 24 años dejaron prematuramente sus estudios en España en 2012, mientras que ese problema afectó a un 20,8% de las mujeres en el mismo tramo de edad.

Eurostat también ha examinado el número de titulados superiores entre los jóvenes de entre 30 y 34 años de edad en la Unión Europea, en donde España (con un 40,1%) sí se sitúa por encima de la media europea (35,8%) y se acerca a su objetivo nacional del 44% en 2020.

A la cabeza de titulados superiores están Irlanda (51,1%), Chipre (49,9%) y Luxemburgo (49,6%), mientras que el peor registro es para Italia (21,7%), seguido de Rumanía (21,8%) y Malta (22,4%).

La comisaria de Educación y Juventud, Androulla Vassiliou, ha celebrado los buenos resultados que ofrece la Unión Europea en general, pero ha instado a "redoblar esfuerzos" a aquellos países que, como España, están lejos de sus marcas comprometidas en abandono escolar. "Los empleos de mañana necesitan cualificaciones más altas", ha advertido la comisaria.