“Es una fórmula de dación en pago, pero a lo bestia”. La afirmación es de un ingeniero de caminos que hace 15 años participó en el proceso de articulación de la fórmula de concesiones a empresas privadas para la construcción de las llamadas autopistas radiales. Ahora, cuando una buena parte de estas infraestructuras está en quiebra, se echa las manos a la cabeza ante el plan del “mal llamado rescate” por el que el Gobierno y el Ministerio de Fomento proponen la creación de un “banco malo de las autopistas” que “tomará en prenda las radiales que están quebradas” y liberará a promotores y bancos de las obligaciones de financiación y explotación que contrajeron.
Para colmo, les compensará con diversas fórmulas. “Lo peor es que todo es legal”, se lamenta, ya que en el diseño de los proyectos de financiación de las autopistas “se establecía la responsabilidad patrimonial de la Administración”.
El debate sobre la creación del “banco malo de las autopistas” es uno de los asuntos que, entre otros, se ha suscitado durante la reciente ‘Cumbre de la Ingeniería española 2013’ celebrada la pasada semana en Madrid. Precisamente la ministra de Fomento, Ana Pastor, clausuró el encuentro, aunque en su discurso no hizo mención al tema.
Los ingenieros más críticos muestran su indignación por el agravio comparativo que se establece entre “la bendición que el Gobierno hace de esta fórmula de reversión de activos” (en referencia a las autopistas radiales), y su negativa a articular una formula de dación en pago para las familias propietarias de pisos que se han visto pilladas por la recesión económica y no pueden hacer frente a sus hipotecas.
Nacionalizar las pérdidas
La drástica reducción de la circulación de automóviles como consecuencia de la crisis económica, la fórmula con la que se abordó la expropiación de los terrenos para construir las autopistas y “la falta de rigor de las previsiones de los tráficos que podrían atraer cada una de ellas” son las causas que, según los ingenieros, provocaron la situación crítica a la que se enfrentan las radiales de Madrid, la autopista de circunvalación de Alicante, o los tramos Alicante-Cartagena o Cartagena-Vera. De hecho las concesiones de Madrid-Toledo, la R-4, Accesos de Madrid y Autocosta están en concurso de acreedores. La pelota de sus deudas se aproxima a los 4.000 millones de euros, y a esta cifra hay que sumar otros 1.800 del sobrecoste por las expropiaciones.
Entre las empresas constructoras responsables de las radiales en dificultades se encuentran Abertis, Cintra, Acciona, ACS, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Glbalvía. Hay también algunas entidades financieras como Bankia, BMN (las antiguas cajas del Levante) o Unicaja, en el capital de las concesionarias.
Para atajar una situación que amenaza con volverse contra las constructoras, bancos y Gobierno, el Ministerio de Fomento está poniendo a punto un plan para crear el que ya se conoce como “banco malo de las autopistas”. Será una empresa pública que tomará en prenda una decena de carreteras de alta capacidad.
El departamento que encabeza Ana Pastor acepta la reversión de las autopistas, pero exige a bancos y concesionarias un descuento de entre el 20% y el 50% de las cantidades que han gastado los promotores en la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras.
Activos tóxicos
Pero es que ¿además de quedarse con activos tóxicos como son unas radiales que nadie quiere utilizar, el llamado banco malo de las autopistas va a tener que resarcir con fondos públicos a las empresas y bancos responsables del desastre? Los ingenieros aseguran que la figura ideada en el modelo concesional que dio vida en su día, y en plena burbuja del cemento, a las radiales, establecía la "responsabilidad patrimonial de la Administración".
De este modo si, como finalmente ha ocurrido, las autopistas de concesión privada no captaban el tráfico y el volumen de peajes que las hacía viables y entraban en quiebra, sus promotores podrían acogerse a una fórmula de dación en pago de manera que se liberaban de sus responsabilidades entregando la carretera en prenda a los bancos que les habían prestado el dinero para construirla. Pero ¿qué pueden hacer los bancos con una infraestructura que durante una década ha mostrado su completa inutilidad, más allá de engordar un negocio pura y simplemente especulativo?
Como la banca no está dispuesta a explotar autopistas ruinosas, por un lado presiona a las constructoras para que devuelvan los créditos y, por otro, a Fomento para que defina de una vez la figura de la sociedad pública. Así se pone en marcha la “responsabilidad patrimonial de la Administración” que obliga al Estado a hacerse cargo en última instancia de unos activos tóxicos, con lo que de nuevo se nacionalizan las pérdidas de las empresas privadas. Además, y esta es la parte que retrasa la puesta en marcha del plan, resarcirá a las concesionarias morosas con unas cantidades de dinero público que podrían oscilar entre 2.500 y 3.500 millones.
