El Consejo de Estado se ha quejado, en el dictamen que emitió la semana pasada sobre la reforma educativa que impulsa el Gobierno, de la desaparición completa del currículo de cualquier rastro de asignaturas "de formación ético-cívica", hasta ahora englobadas dentro de la polémica área de Educación para la Ciudadanía, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto.

Asimismo, respecto al polémico apartado de la enseñanza en las lenguas cooficiales en comunidades bilingües, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban "determinar la 'proporción razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación [...], no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular", señala el dictamen.

El pasado agosto el Consejo de Ministros aprobó el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.

Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Wert llegó a hablar de "materias que distraen" para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras como Educación para la Ciudadanía. La Iglesia había mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico".

El Consejo de Estado llega hablar de discriminación en su dictamen para los alumnos que se queden sin formación ético cívica por elegir Religión. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la “Religión” la materia de “Valores Culturales y Sociales”, o “Valores éticos”, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”.

Laberinto judicial

Otra de las grandes polémicas del proyecto de ley impulsado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es sin duda el de las lenguas cooficiales, en concreto, en torno a Cataluña, donde el modelo de inmersión lingüística consiste en dar la inmensa mayoría de las clases en catalán. El ministro, que ha sembrado polémica sobre este asunto al hablar de "españolizar" a los niños catalanes, por ejemplo, siempre ha dicho que su intención es trasladar a la ley las sentencias de los tribunales Constitucional, Supremo y Superior de Cataluña, que dicen que la inmersión es perfectamente legal, pero la Generalitat debe garantizar una "proporción razonable" de enseñanza en catalán y castellano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado –aplicando la doctrina del Supremo– cómo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un alumno lo pide, habrá que dárselas a él y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la Generalitat decida cómo hacerlo y este ha informado que recurrirá la sentencia del TSJC. Argumenta que con la atención individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Ello supone que el docente atienda en castellano al alumno que se lo pida aunque la clase es en catalán. La tensión con el Gobierno llegó a ser tal que la consejera Irene Rigau llegó a abandonar una reunión con Wert.

Educación separada por sexos

También responde a resoluciónes judiciales el punto del proyecto de ley que garantiza que los colegios que separan por sexo puedan tener subvenciones públicas, conciertos. Pero, en este caso, lo que la justicia había dicho es que estas subvenciones no son posibles porque contravienen el principio de no discriminación que contiene la ley educativa (LOE, de 2006). Así, la Lomce dice expresamente que pueden ser concertados porque no discriminan, según una convención de la UNESCO.

Sin embargo, tras un repaso a la legislación internacional, el Consejo de Estado concluye que la norma "debe establecer en su articulado para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad [...]. De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución", señala el dictamen, que hace, además, una defensa de la educación mixta "para promover desde la escuela la igualdad de género, pues a través de la convivencia en la escuela se enseña desde la más temprana edad a conocer, respetar y tratar igual la diferencia".

Decidido a no cejar en su empeño en que se pida cuentas a quienes formaron parte del consejo de administración de la CAM por aprobar créditos a altos cargos de la caja sin que supuestamente se controlaran ni garantías ni viabilidad, el abogado Diego de Ramón, acusador particular en el proceso que se sigue por la gestión de la entidad en la Audiencia Nacional, ha recurrido la decisión del magistrado Javier Gómez Bermúdez de no ampliar la querella a los exconsejeros, tal y como el letrado había planteado, al no apreciar dolo en su actuación.

La resolución del juez, en la que sí se acuerda requerir al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) los acuerdos de todos los préstamos que se concedieron a altos cargos de la caja y de sus participadas Gesfinmed y Tenedora de Inversiones y Participaciones, así como solicitar al Banco de España el listado de créditos fallidos (a cuyo cobro se acabó renunciando) de la CAM, se dictó la semana pasada dentro de la investigación abierta por el supuesto trato de favor al expresidente de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés, en la concesión de alrededor de veinte millones en préstamos y en el cobro de unos 300.000 euros en concepto de dietas que supuestamente multiplicaban por veinte la cantidad que en realidad tenía que haber percibido.

De Ramón, que en este procedimiento representa a más de medio millar de afectados por la compra de preferentes y cuotas participativas, ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que recuerda al magistrado el expediente administrativo sancionador abierto por el Banco de España a prácticamente la totalidad de los consejeros por "actuaciones muy graves en el desempeño de sus funciones". Y recalca al mismo tiempo que los entonces consejeros "nunca" reclamaran información de las operaciones crediticias que aprobaban, de las que aseguraron ante el juez que desconocían hasta el nombre de los altos cargos a los que se les concedían unos préstamos que venían ya cribados por cerca de una veintena de directivos, "pero sí cobraban dietas y gastos" por la asistencia a las reuniones del consejo "y eran gratificados con viajes a extranjero", en relación a los consejos que se celebraron en India, China, Las Vegas o Chicago, entre otros destinos.

Como ejemplo de lo que nunca se tenía que haber hecho pero que la práctica demuestra que se hizo, cita el letrado la actuación del vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal, quien también declaró como testigo ante su señoría en la misma línea que el resto de sus excompañeros "cuando se trata de un profesional en materia económica" que "ni votó en contra ni se abstuvo" en ninguna de las operaciones que se llevaron al consejo mientras que él era miembro de éste órgano de supuesto control.

Patronal y sindicatos han logrado alcanzar un principio de acuerdo en la negociación del VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada gracias al acercamiento de las posturas, según han adelantado las organizaciones patronales EyG, CECE, APSEC y FED-ACES.

El documento firmado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) sienta las bases para llegar al texto definitivo del Convenio "con la mayor brevedad posible" en lo que respecta a tres temas fundamentales: salarios del personal docente en pago delegado, paga extraordinaria por antigüedad en la empresa y complemento a la Incapacidad Temporal.

La patronal señala que en todo momento han mantenido "una postura abierta al diálogo y ajena a medidas que puedan perturbarlo", se congratulan por el principio de acuerdo alcanzado y aseguran que seguirán trabajando para conseguir un acuerdo definitivo.

Las patronales del sector celebran que se ha logrado desbloqueado la negociación del convenio y expresan su compromiso por "seguir trabajando con sentido de la responsabilidad, voluntad negociadora y ajenos a medidas que puedan perturbar el diálogo".

Cerca de 1.400 agentes antidisturbios protegerán mañana el edificio del Congreso de los Diputados con motivo de la concentración convocada por la plataforma ¡En Pie!, que llama a asediar de forma indefinida el edificio hasta que dimita el Gobierno, han informado a Europa Press fuentes policiales conocedoras de este dispositivo.

Estas mismas fuentes han precisado que el despliegue policial para ese día lo formarán hasta 28 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional. Cada grupo está compuesto por 50 agentes antidisturbios. El dispositivo, como en ocasiones anteriores, precisará el desplazamiento a Madrid de grupos de la UIP con sede en otras ciudades.

Las dietas para cada uno de los agentes que vienen de fuera de Madrid oscilan entre los 80 y los 120 euros diarios, dependiendo de las escalas policiales. A partir de ahí, para calcular el gasto total asumido por la Policía habría que añadir otras partidas como la referente al desplazamiento de todas estas unidades. Cada grupo de la UIP mueve cerca de siete furgones policiales. A esto hay que sumar otros gastos como el uso de un helicóptero policial durante horas.

Las fuentes consultadas esperan un nivel de asistencia inferior al de otras convocatorias en torno al Congreso de los Diputados, pero no obvian que en este caso los asistentes podrían responder a perfiles más radicalizados.

La Plataforma ¡En Pie! anima a los manifestantes a "dar un paso más" y "transgredir el cordón policial" para acercarse "hasta las puertas" de la Cámara Baja. En un documento publicado en su página web en el que actualizan la "estrategia" a desarrollar durante la concentración a raíz de la decisión del Congreso de no celebrar Pleno este jueves, la Plataforma explica que "en el caso de que el Congreso se vaciara", los manifestantes podrían interpretar "que el castillo ha sido abandonado" y pasar a la "fase de acercamiento".

El 15M no acudirá

Gran parte de los colectivos y movimientos ligados al 15M han decidido desmarcarse de la protesta convocada por la Plataforma ¡En Pie! para "asediar" el Congreso de forma "indefinida" a partir del próximo jueves 25 de abril hasta que dimita el Gobierno.

Fuentes de la vertiente madrileña del 15M conocida como 'Acampada Sol' explicaron a Europa Press que no van a apoyar la acción porque no comparten ni la metodología que está empleando la Plataforma para organizar la protesta ni "las formas" con las que pretenden llevar a cabo la acción.

El plan de seguridad previsto es ligeramente inferior al desplegado en la última concentración que finalizó a escasos metros del Congreso que tuvo lugar el pasado 23 de febrero para protestar contra los recortes del Gobierno. En esa ocasión se dispusieron en Madrid una treintena de grupos de la UIP.

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura que el dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas hallado en varias cuentas de Suiza "le da la razón" cuando decidió interceptar las comunicaciones entre imputados y abogados de la red Gürtel, una decisión sancionada por el Tribunal Supremo con su inhabilitación como juez durante once años.

"La interceptación se ordenó para impedir la continuación del hecho delictivo de blanqueo de capital y de los movimientos de los fondos ilegales de los que yo ya tenía indicio, en el exterior", explica Garzón en una entrevista en el diario colombiano 'El Espectador'.

"Cuatro años después", continúa Garzón, "se me ha dado la razón cuando se encontraron 22 millones de euros en una cuenta del señor Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Las comunicaciones que estaban interceptadas eran las de los líderes máximos de la red delictiva con cualquier persona, entre otros, sus abogados, que también estaban imputados en la misma causa".

El juez español asegura en la entrevista que adoptó aquella medida respaldado por los fiscales y la Policía, y se muestra muy crítico con la decisión del Tribunal Supremo en su contra, algo que califica de "aberración jurídica". "El Tribunal Supremo tuvo que crear el delito inexistente hasta el momento", detalla.

Al ser preguntado si podría volver a ejercer como juez, Garzón responde que "podría regresar dentro de siete años". El juez asegura que entonces lo sopesará teniendo en cuenta si sigue teniendo "muchas energías", y bromea: "No me gustaría negarles a muchos ese dolor de cabeza en caso de que lo volviera a tomar".

Garzón asegura que se encuentra feliz con su trabajo en la fundación internacional que lleva su nombre y dice que "lo peor para algunos, dentro y fuera de España, es que querían una especie de muerte civil" contra él. "Sin embargo, sigo trabajando, opinando y analizando los temas que me interesan", enfatiza.

Declara un testaferro de Correa y Crespo

Antonio Villaverde, presunto testaferro de los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que trasladó un total de 1,7 millones de euros "opacos al fisco español" a cuentas radicadas en bancos de Suiza, aunque nunca tuvo constancia de que procedieran de "actividades delictivas", informaron fuentes jurídicas.

Villaverde, que fue corredor de seguros del presunto líder de la red Gürtel durante cuatro años, declaró ayer como imputado por un delito de blanqueo de capitales y un delito fiscal que habría cometido entre los años 1999 y 2004 por realizar movimientos de capitales sospechosos por valor de 1.519.000 euros y 302.944 dólares (232.136 euros).

Además de las cuentas de Correa, que reconoció en la declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que realizó en octubre de 2011, el imputado admitió ayer que movió dinero del exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo; y del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del que nunca supo, según dijo, que tuviera un cargo público.

A  este respecto, subrayó que la directiva europea por la cual se exigía un cuestionario a los titulares de cuentas bancarias no entró en vigor hasta el año 2006. Además, señaló que nunca gestionó fondos de otros imputados en esta causa, entre ellos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.

Un 0,5% de comisión

El compareciente explicó, según fuentes de la acusación personadas en la causa, que las cuentas de los responsables de 'Gürtel' eran una pequeña parte de los cientos de millones de euros que gestionaba cada año. En conjunto, estaba al cargo de 400 depósitos, 19 de ellos en Suiza,  por cada uno de los cuales solía cobrar una comisión del 0,5% del saldo medio.    

El mecanismo de blanqueo consistía, según los investigadores, en expatriar fondos a cuentas en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos que después repatriaba a España a través de la ampliación de capital de sociedades vinculadas a la trama, sobre todo a través de inversiones inmobiliarias en Madrid, Ibiza y Sotogrande (Cádiz).

El juez Ruz cree que para trasladar el dinero a Estados Unidos y Suiza el imputado presuntamente utilizaba "un sistema de compensación" que consistía en recibir dinero en efectivo a través de una cartera de clientes y transferirlo a varias cuentas en Suiza vinculadas a Correa y Crespo.

Fondos del exalcalde de Majadahonda

Con un procedimiento parecido habría transferido a entidades bancarias helvéticas fondos del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega correspondientes a las sociedades Tranquil Sea Inc y Midcourt Ltd, radicadas en el paraíso fiscal de la isla de Nevis. Entre las operaciones que habría realizado, además, se encontraría la compra de un piso en la avenida de la Oliva de la localidad que en 2004 vendió a Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Correa.  

Además, Villaverde aparece como apoderado de una cuenta vinculada a Pablo Crespo que en 2000 estaba a nombre de la sociedad Midcourt Ldt en el Banque Cial de Suiza. El testaferro, según el juez, "transmitía la mayoría de las instrucciones relacionadas con esa cuenta", que dejó de funcionar en septiembre de 2007.

El juez también interrogó a José Luis Lapita Gallardo, miembro del Consejo de Administración de la sociedad Vancuver, que realizó una transacción de 446.000 euros a Teconsa, una de las empresas investigadas por su relación con la trama Gürtel. Según las citadas fuentes, el testigo dijo no conocer esa operación ni la razón por la que se giró esa factura.

La Fiscalía ha decidido investigar la campaña ‘¡Qué no te líen!’ de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de la provincia de Castellón en la que instan a los estudiantes a denunciar “el adoctrinamiento” de los profesores. La apertura de diligencias y la designación de un fiscal instructor se produce después de que el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) presentase una denuncia el pasado 27 de marzo.

NNGG de Castellón mantiene desde el pasado mes de marzo una campaña “en contra del adoctrinamiento en las aulas” e insta a los estudiantes a que “hagan llegar sus quejas de forma totalmente anónima a través del correo electrónico”. Según las juventudes del Partido Popular de Castellón, la campaña obedece a la preocupación porque “haya adoctrinamiento en las aulas”. “Puesto que creemos que el alumno debe ser educado para que pueda sacar sus propias conclusiones. Nos oponemos a la imposición de ideas e ideologías”, señalan en su web.

El STEPV presentó la denuncia por considerar que la campaña de NNGG es una “caza de brujas contra el profesorado y atenta contra la libertad de expresión, además de constituir un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, incitar al odio y a la violencia contra el profesorado”. El sindicato mayoritario en la enseñanza no universitaria también cree que la campaña popular induce a la comisión de actuaciones irregulares, “desvela situaciones amparadas por la ley de protección de datos de carácter personal y coacciona la libertad del profesorado”.

El sindicato ha instado a NNGG de Castellón a retirar la campaña y a dejar en paz al profesorado, en un momento en el que se ve sometido a unas condiciones laborales muy duras, con recortes de todo tipo.

Los jóvenes populares han insistido en que mantendrán su polémica campaña contra el profesorado.

Fue todo un atracón de ladrillo. La CAM, Bancaja (incluida su filial, el Banco de Valencia) y el Banco Popular tuvieron que "comerse" nada menos que 1.170 millones de euros en activos inmobiliarios –muchos de ellos terrenos sin urbanizar– cuando la conocida promotora Polaris World tuvo que reestructurarse ante el hundimiento del mercado de la vivienda. El grupo murciano, un auténtico icono de los años del boom de la construcción, supuso la mayor inversión inmobiliaria realizada por la caja alicantina y todo un ejemplo de la desastrosa gestión de sus anteriores responsables, según se afirma en el informe que acompaña al expediente abierto por el Banco de España contra 49 ejecutivos y consejeros de la entidad.

En dicho documento se ponen de manifiesto las supuestas irregularidades cometidas bajo los mandatos de los exdirectores generales de la caja, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre las que destacarían la concesión de créditos sin el debido control de riesgos para beneficiar a algunos socios de la entidad, o el uso de artimañas legales para ocultar el aumento de la morosidad y, por tanto, las pérdidas.

Buena parte de las operaciones concretas señaladas con el dedo por el supervisor se realizaron a través de la filial de la CAM denominada Tenedora de Inversiones y Participaciones S.L., pero la magnitud de lo ocurrido con Polaris World le ha valido su propio capítulo dentro del informe.

Tras llegar a convertirse en uno de los grupos inmobiliarios más importantes del país, gracias a sus agresivas campañas publicitarias en todas las televisiones nacionales y a su red de 22 oficinas y más de 5.000 agentes de venta, a finales de 2008 la situación de Polaris se hizo insostenible y la entrega de activos a cambio de la condonación de deuda se vio como la única salida posible.

Cuando las entidades que financiaban a la promotora vieron la que se les avecinaba y el impacto que podían tener todos aquellos terrenos y viviendas sobre sus balances, decidieron crear una sociedad "instrumental", Inversiones en Resorts Mediterráneos S.L. (IRM), que se dedicó a adquirir los citados activos para que el grupo pudiera cancelar los préstamos.

Cada entidad tomó una participación en función del dinero que les debía Polaris y a la CAM le correspondió el 29,49%, según el Banco de España. En total, tras varias operaciones, en junio de 2010 el volumen de los activos asumidos por la nueva mercantil ascendía a 1.170 millones de euros, según las citadas fuentes.

Sin embargo, este traspaso de propiedades y la consiguiente cancelación de deuda no bastaron para que Polaris encontrara la viabilidad y la CAM y sus socios, a través de IRM, continuaron engullendo nuevos activos. Así, el informe refleja que en mayo de 2011 se produjo un nuevo intercambio que permitió a la promotora murciana dejar de pagar un préstamo de 22 millones a cambio de entregar activos que estaban tasados en "sólo 15 millones de euros" y, además, eran "ilíquidos".

Lo intentaron con Paramount

Entre los activos asumidos por IRM hay promociones en curso, campos de golf y, sobre todo, hectáreas y hectáreas de terrenos sin urbanizar. La CAM y sus socios en este desastroso negocio estuvieron a punto de tener un gran golpe de suerte cuando la multinacional Paramount anunció la construcción de un parque temático en Murcia y se barajaron sus propiedades como posible ubicación del complejo. Al final, sin embargo, fue otra promotora murciana, Intersa, la que consiguió el negocio al ofrecer unos terrenos mejor ubicados.

El expediente está en la Audiencia Nacional

El expediente abierto por el Banco de España contra los anteriores responsables de la CAM no sólo ha llegado ya a los 49 afectados, que podrían ser sancionados por el supervisor y el Ministerio de Economía con hasta 500.000 euros de multa, sino que también está ya en poder del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional. Allí se están investigando las posibles consecuencias penales de la gestión de la anterior cúpula de la entidad.

Los dueños retiraban los dividendos

Los inspectores del Banco de España ponen de relieve el carácter especialmente arriesgado que suponía el modelo de negocio de Polaris dentro del sector de la contrucción. El riesgo asumido por los propietarios de Polaris –con su máximo accionista, Pedro García Meroño, a la cabeza– era mínimo, y en algunos momentos, el capital aportado apenas equivalía al 1,46% de los activos del grupo. El resto se financió con deuda.

Uno de esos momentos fue en diciembre de 2006, cuando los dueños del grupo promotor se repartieron 84 millones de euros en dividendos y dejaron reducido a sólo 20 millones el patrimonio de la compañía. Ante esta situación, algunas entidades financieras exigieron una recapitalización. Para ello, en vez de devolver los dividendos, los accionistas pidieron un préstamo de 60 millones.

La Dirección General de Policía, que dirige Ignacio Cosidó, ha remitido a todas las comisarías y dependencias policiales una orden en la que pide a los agentes que dejen de utilizar el término "escrache" cuando hablen de este tipo de acciones contra representantes políticos y se refieran a ellas como "acosos, amenazas y coacciones".

Según reza el texto de la orden, difundido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en "todas las comunicaciones, escritos y diligencias en las que se notifique que se han producido acosos, amenazas y coacciones a representantes políticos, dejará de utilizarse el término escrache".

De este modo, tal y como señala la orden que con carácter "urgente" ha emitido la Policía, los "escraches" deberán ser denominados por los agentes a partir de ahora "con la acepción castellana correspondiente", entre las que propone "acoso, amenazas o coacciones".

Este tipo de acción ha sido utilizada durante las últimas semanas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para pedirle a los diputados del PP que apoyaran la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, son algunos de los políticos que han sido objeto de un escrache.

“Criminalización masiva”

Por su parte, el SUP considera que "en un escrache, seguimiento o manifestación pacífica, puede haber o no coacciones, amenazas o acoso", y por ello, piden a los agentes que "no imputen ningún acto delictivo sin poder demostrar que se ha cometido", es decir, que esperen a que "el acosado, amenazado o coaccionado" presente la denuncia, porque no hay "garantía de protección jurídica" para actuar antes.

"Después sumamos los datos policiales, no antes", señala el comunicado emitido por el SUP tras la orden de la Dirección General de Policía, mediante la cual, según asegura el sindicato policial, se está instando a los agentes a imputar delitos de acoso, amenazas y coacciones "en todos los escraches", lo que les obliga a "hacer una comunicación al juzgado" y a "identificar a las personas a las que vamos a acusar".

Según advierte el SUP, puede ocurrir "con esta criminalización masiva" que un agente haga una denuncia, que "el acosado, amenazado o coaccionado" no la ratifique y que "los denunciados" denuncien por su parte a la Policía por "denuncia falsa". "Los responsables penales de ello serán los policías que firmen la nota, no el  ministro ni el director general", avisan.

Protesta en la Ciudad de la Justicia

Un centenar de 'yayoflautas' irrumpieron ayer en la Ciudad de la Justicia de Barcelona en protesta contra la "criminalización" de las manifestaciones ciudadanas que consideran se está llevando a cabo desde algunos partidos políticos y sectores sociales.

El veterano colectivo, vinculado al movimiento 15M, entró ayer mañana al grito de 'Sí se puede' –eslogan contra los desahucios– y otras consignas de protesta en el vestíbulo del complejo judicial donde hubo momentos de tensión entre algunos manifestantes y el servicio de seguridad privada al impedirles filmar la protesta en el interior del edificio.

Ya fuera del recinto, entre gritos de 'sí se puede' por parte de un centenar de manifestantes, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, tomó el megáfono y la palabra para agradecer a los 'yayoflautas' su apoyo contra los desahucios.

"Sabemos que somos mayoría y no estamos solos. Pese a que nos llamen terroristas", dijo Colau en referencia implícita a las declaraciones de delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que la acusó de haber apoyado a grupos proetarras y de emprender una estrategia política radical a partir del movimiento antidesahucios.

También se dirigió a los manifestantes un portavoz de los 'yayoflautas' que clamó contra "la injusticia de la Justicia" y contra lo que considera una criminalización de las protestas ciudadanas.

Representantes del colectivo y de la comisión de defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona subieron también al decanato para explicar a los representantes del mundo judicial sus reivindicaciones y el sentido de esta acción de protesta. A la manifestación convocada por los 'yayoflautas' se sumaron miembros de la PAH y también algunos trabajadores de la misma Ciudad de la Justicia.

Un desahucio sangrante

Agentes policiales y la autoridad judicial llevaron ayer a cabo el desahucio de una mujer y sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, de la casa en la que residían en Albacete. El desahucio se realizó pese a la concentración de alrededor de medio centenar de personas que, convocadas por la Plataforma Stop Desahucios Albacete y el Movimiento 15M, se congregaron a las puertas del edificio desde las 8 horas.

Meylen, la mujer afectada por este desahucio, abandonó primero su domicilio, poco antes de las 10 horas, y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital porque "sufre desde hace meses ataques de ansiedad", según señaló a los medios María García, una de los miembros de la plataforma ciudadana. A continuación, sobre las diez y media, salieron los hijos de la casa.

Javier Marcellán, otro de los representantes de Stop Desahucios, explicó que los dos niños menores "se han quedado con su tía" mientras que el mayor se quedó con los integrantes de la plataforma. Marcellán añadió que no entienden este desahucio "porque Meylen tiene el uso y disfrute de la vivienda hasta que los hijos sean mayores de edad y el más pequeño todavía tiene cinco años".

En un comunicado previo al desahucio, y en el que la plataforma hacía un llamamiento a la ciudadanía para que acudiera a evitar este lanzamiento, se explicaba que Meylen está divorciada desde el año 2007, "con sentencia de malos tratos de por medio" y tiene reconocido el uso y disfrute de la vivienda hasta la mayoría de edad de los hijos. Sin embargo, el desahucio se produce porque la familia del exmarido, que es la propietaria de la vivienda, habría denunciado a Meylen "por okupa" y no pagar el alquiler.

Según la Plataforma, la afectada por este nuevo desahucio "no ha recibido en estos seis años ni una sola mensualidad de la manutención de sus hijos y, a pesar de haberlo denunciado en varias ocasiones, aún nadie ha hecho nada aparte de ponerle una orden de desahucio", comentó Marcellán, concretando que el exmarido le adeuda "58.000 euros de la pensión alimenticia de estos años".