Juan Pablo Wert, hermano del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, impartirá clase en la calle el próximo 7 de mayo para protestar por los recortes en el sector educativo como parte de un movimiento organizado en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) bautizado como 'Unienlacalle'.

Según informa el movimiento en su página web, Wert, profesor de Historia del Arte en la UCLM, saldrá a la calle el próximo martes a de 11 a 12.15 horas para impartir una sesión titulada "Clases en la calle" en pleno centro de Ciudad Real, en la calle de El Pilar, que analizará la importancia de este tipo de gestos "como forma de visibilizar y reivindicar la importancia de la función de la Enseñanza Superior".

Su lección abordará la importancia de este movimiento que denuncia muchas de las medidas adoptadas directamente por su hermano, como el incremento de la jornada de trabajo de los profesionales de la educación, la subida de tasas de matriculación en la Universidad o el aumento de la jornada lectiva del profesorado y de la dedicación docente del personal investigador, iniciativas que para Unienlacalle suponen un "empeoramiento generalizado de las condiciones en que se debe trabajar en los centros".

Estas medidas, según la declaración de intenciones del movimiento manchego "comprometen seriamente el tiempo y la calidad de la atención que se puede dedicar a cada alumno y, por tanto, un tratamiento adecuado de la diversidad o de atención individualizada, reduciendo las posibilidades de éxito académico".

Según denuncian, además, "en caso de ausencia del profesorado, los centros no pueden garantizar una atención adecuada porque ya no disponen del personal necesario para sustituirlos", lo que "está suponiendo la pérdida de miles de puestos de trabajo en todo el país".

"La consolidación de los recortes provoca pérdidas de equidad y peores resultados educativos. Un ejemplo claro lo estamos viendo este curso con la subida de las tasas universitarias, especialmente en los másteres universitarios, y el recorte en becas", denuncian los convocantes de esta protesta en la que participa el hermano del ministro.

A su juicio, "ambas medidas están impidiendo la incorporación a la universidad de los estudiantes con menos recursos económicos y tampoco están mejorando la financiación de las universidades" y, mientras, se paralizan nuevas infraestructuras en todos los niveles y se reduce de forma "drástica" el presupuesto de los centros para atender a las necesidades ordinarias de funcionamiento y mantenimiento.

"El principal problema de las Universidades Públicas está siendo su insuficiente financiación, agravada con los recortes de los últimos años, que está provocando despidos de personal docente e investigador y personal de administración y servicios, deterioro de la calidad del sistema y disminución de la oferta educativa. Se están planteando suprimir titulaciones y fusionar centros y departamentos en función de los recortes", denuncian los convocantes.

Junto a Juan Pablo Wert, ofrecerán clase en la calle otros profesores de la UCLM: Juan José Pastor, sobre "La enseñanza artística en el sistema educativo"; Alberto Muñoz, que hablará de "Contabilidad"; y Pedro Oliver, sobre "Burorrepresión: la sanción administrativa contra la protesta social".

Asimismo, los alumnos podrán asistir a las clases 'callejeras' de Rafael Ubaldo Gosalvez, sobre "Crisis y medio ambiente: ¿qué hacías tú cuando yo me oponía a los megaproyectos del desarrollo de Ciudad Real?”; Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra, sobre "Políticas públicas de empleo para personas con discapacidad y para mujeres víctimas de violencia de género"; y Jorge García, que hablará de "Crisis, neoliberalismo y Ciencias Sociales".

Por último, ya en horario de tarde, Francisco Trillo ofrecerá una ponencia sobre "El despido de empleados públicos: régimen jurídico y afectación constitucional"; Nunzia Castelli hablará de "La huelga en España: desfases entre su reconocimiento constitucional y la regulación legal" e Ignacio García Borrego abordará "La segmentación del mercado de trabajo en España", conforme el plan difundido por Unienlacalle.

El peor valorado

En una escala de 0 a 10, los ciudadanos encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro de abril han dado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, una calificación de 1,76, un suspenso y la nota más baja de las cosechadas por los ministros del Gobierno de Rajoy.

Wert se encuentra inmerso en la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) cuyo proyecto será previsiblemente refrendado por el Consejo de Ministros el próximo viernes, un día después de que se celebre en España la primera huelga general de todos los niveles de la educación, desde la primaria hasta la universidad, en contra de su contenido.

La Plataforma CAM, que agrupa a afectados por los productos "tóxicos" de esta entidad, exigió ayer que "los 80 millones de euros" correspondientes a la tesorería de la Obra Social de la caja se destinen para pagar a los cuotapartícipes que invirtieron entre 3.000 y 6.000 euros.

Así lo expuso a los periodistas el asesor de la plataforma, Carlos Pena, con motivo de una nueva concentración de los afectados en Alicante ante la sede operativa de la Generalitat y luego frente a la oficina central del Banco de España, presidida por una pancarta con el lema: "Afectados por el engaño de la CAM y Banco de España. ¡Exigimos la devolución!".

Pena asegura que, según el último balance del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 2012, la Obra Social de la antigua CAM tenía en tesorería unos 80 millones de euros, por lo que la plataforma demanda que ese fondo sirva para que los pequeños cuotapartícipes –los que invirtieron entre 3.000 y 6.000 euros– puedan recuperar sus ahorros.

También señaló que la Obra Social de la caja se convertirá ahora en fundación y que los "siete consejeros" de este nuevo organismo son los que "tienen la potestad para decidir qué hacer con esos millones" de tesorería.

Pena argumenta la "inviabilidad" de los pequeños cuotapartícipes, que podrían ser unas 18.000 personas, para solicitar la devolución de sus ahorros por la vía judicial, dado que carecen de los ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de las tasas, de los abogados y de los procuradores.

"No queremos que se vendan los edificios de la fundación, sino que se usen los 80 millones de euros correspondientes al fondo de tesorería de la Obra Social de la antigua caja para pagar a los afectados que invirtieron entre 3.000 y 6.000 euros en cuotas participativas", explicó el portavoz.

Proponen, por otra parte, que los grandes cuotapartícipes reclamen la devolución de sus ahorros por la vía judicial.

Los afectados por los llamados productos "tóxicos" de Caja Mediterráneo (CAM), la mayoría de ellos personas de edad avanzada, afirman que su situación de desamparo y de pérdidas económicas es "más grave" que la de los ahorradores del Banco de Chipre. La devaluación de los depósitos del Banco de Chipre alcanza el 40%, mientras que, en el caso de las cuotas participativas de la CAM, las "pérdidas" serían "del cien por cien" porque se le quiere dar un valor de cero euros, sostienen los afectados.

Según este colectivo, la Generalitat tenía representación en el Consejo de Administración de Caja Mediterráneo cuando se emitieron las cuotas participativas y la seguirá teniendo en la futura Fundación CAM, entidad que sustituirá a la Obra Social de CAM.

Según Pena, el número total de cuotapartícipes de CAM asciende a 55.000 personas, de las cuales entre el 30 y el 40% ha canjeado o cambiado sus cuotas por otros productos o acciones del Banco Sabadell, mientras que el 70 o 60% restante son personas muy mayores, muchas de las cuales no tiene ahora, en plena crisis económica, ningún ahorro al haber pedido su dinero.

La plataforma considera que los afectados fueron presuntamente estafados porque "los balances presentados en el folleto de emisión de las cuotas estaban manipulados y la información sobre la situación de la CAM era irreal y falsa".

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia los importantes recortes salariales y las pérdidas de derechos que afectan a los trabajadores y trabajadoras que integran el colectivo de la enseñanza concertada y muestra su temor ante los efectos de la LOMCE y la posible expiración del convenio.

La Federación de Enseñanza del sindicato convoca a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada a sumarse a la huelga general de enseñanza del próximo 9 de mayo, en protesta por los recortes, contra la LOMCE y en defensa del convenio. Asimismo, les anima a respaldar las acciones que se llevarán a cabo a partir de esa fecha.

Los recortes de financiación educativa y laborales derivados de los sucesivos Real Decretos-Ley, que se iniciaron en mayo de 2010 con el PSOE y han continuado con el actual Gobierno del PP, han supuesto para todos los trabajadores de la enseñanza concertada importantes recortes salariales en todas las comunidades autónomas y pérdidas de otros derechos en muchas de ellas. “Estos recortes están poniendo en peligro la pervivencia del convenio colectivo del sector, entre otras cuestiones por el auténtico caos de condiciones salariales y laborales que van apareciendo entre ellas”, indica el sindicato.

Durante el debate del actual borrador de la LOMCE, la Federación de Enseñanza de CCOO ha presentado propuestas sobre los módulos de concierto –art. 117 de la LOE–, en un intento de resolver la actual situación, que han sido despreciadas por el Ministerio de Educación.

Según el sindicato, la LOMCE, además de otras cuestiones rechazables, contiene disposiciones que perjudican a los trabajadores de la enseñanza concertada:

– Sus poco meditados cambios curriculares, que afectan a todos los niveles educativos; la indefinición de horarios para las nuevas asignaturas troncales y de optatividad; la creación de centros especializados de Educación Secundaria, etc. Todo esto puede tener repercusiones negativas sobre el empleo en el sector.

– Implica un enorme retroceso en la participación del profesorado y liquida las señas de identidad de los centros concertados.

– Supone un gran desprecio a la profesionalidad de los trabajadores, al quedar sometidos a la presión de reválidas externas y rankings entre centros de la misma y distinta red.

“A dos meses de que expire de forma definitiva el convenio de la enseñanza concertada y con él todos los derechos adquiridos durante decenios –jornada laboral, vacaciones, etc.–, nos encontramos en una situación límite que exige nuestra respuesta”, añade CCOO.

El dictamen del Consejo de Estado coincide con muchas de las propuestas de mejora de la LOMCE presentadas por ANPE hasta ahora, según el sindicato de enseñanza. Puesto que el Ministerio abrió hace unos días el cauce de la negociación, es imperativo valorar y perfilar las propuestas de los representantes del profesorado antes de llevar la LOMCE al Consejo de Ministros, en aras del consenso que el propio Consejo de Estado recomienda como fundamento de la reforma educativa, afirma ANPE.

En un somero resumen, las principales recomendaciones del Consejo de Estado para mejorar el anteproyecto de la LOMCE que coinciden con las propuestas de ANPE son:

– La insuficiente memoria económica.

– La indefinición entre materias troncales y específicas y la competencia de las administraciones educativas. Siguiendo los mismos criterios expresados por ANPE, advierte sobre la indefinición de esta distinción entre materias y la dificultad de establecer quiénes tienen competencia sobre ellas. ANPE advierte también de la dificultad de configurar la organización de los centros ante esta ambigüedad en el establecimiento del diseño curricular.

– La distribución de materias. El Consejo advierte sobre la posibilidad de que algunos alumnos no cursen determinadas materias que son fundamentales para el aprendizaje –Educación Artística, Cultura clásica, Música, Educación Artística, Cultura clásica, Música, Tecnología…– en todo su proceso de escolarización. Este punto ya fue denunciado por ANPE. 

– Las evaluaciones externas. Dictamina que sean funcionarios públicos quienes las realicen y que se valoren con criterios objetivos y en el mismo curso o nivel educativo. Fue una exigencia de ANPE desde el principio.

– La promoción. Al igual que ANPE, el Consejo califica como incoherente que se pueda acceder a la prueba final de ESO con tres materias suspensas y exige al Ministerio el replanteamiento de esta medida.

– El bachillerato. El Consejo de Estado critica la distribución de modalidades de bachillerato y que sean las universidades quienes puedan realizar pruebas propias diferentes a la Selectividad para seleccionar a sus alumnos.

– La formación profesional de grado medio. El Consejo exige mayor flexibilidad en el acceso a estas enseñanzas y, al igual que ANPE, denuncia buena parte de las incoherencias del anteproyecto en el diseño de las pasarelas entre estas enseñanzas.

– Los nuevos criterios de escolarización. El Consejo pone en duda que garanticen la equidad y cohesión del sistema educativo. Entre líneas, sugiere que se perjudica a la enseñanza pública, tal como hemos denunciado en ANPE.

– La educación diferenciada. El Consejo advierte que la educación diferenciada debe garantizar la igualdad de oportunidades y obedecer a proyectos de mejora educativa que deben estar previamente justificados y motivados como medida excepcional a la coeducación. ANPE se opuso a esta medida, que no responde a una demanda social.

– La autonomía de los centros y la selección de directores. El Consejo critica el exceso de atribuciones otorgadas al director y pide la devolución de algunas competencias tanto al claustro como al Consejo Escolar. Como ANPE, el Consejo pide mantener el peso del claustro en el proceso de selección del director.

– Sobre la enseñanza del castellano. El Consejo critica que la oferta del castellano se derive hacia los centros privados. El ministro acaba de anunciar la rectificación de esta medida. 

El Consejo de Estado, máximo órgano asesor del Gobierno, ha advertido de que esta nueva reforma educativa, la quinta en los últimos 40 años, corre el peligro de nacer sin el consenso adecuado. En este sentido, se hace una clara admonición para que se procure este clima de consenso, tantas veces demandado por ANPE, si de verdad se persigue una mejora de la calidad educativa. 

ANPE, a la vista de estas aportaciones del Consejo de Estado, que considera beneficiosas para la mejora de la calidad y para la protección de la enseñanza pública, emplaza al Gobierno a convocar una nueva mesa de negociación para valorar e incluir éstas y otras medidas antes de la aprobación de la LOMCE por el Consejo de Ministros. 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputados, entre los próximos días 27 y 29 de mayo, a nueve supuestos donantes del Partido Popular (PP) que aparecen en la contabilidad B atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, entre los que se encuentran el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el murciano expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero, informaron fuentes jurídicas.

Los imputados son Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que comparecerán el 27 de mayo; Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), que lo harán al día siguiente; y José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel'), que están citados el día 29.

Testigos

En una providencia notificada este martes en el marco de la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investigan los 'papeles de Bárcenas', Ruz también cita a declarar como testigos a seis cargos 'populares' que admitieron haber cobrado dinero reflejado en los 'papeles de Bárcenas', entre los que se encuentran el presidente del Senado, Pío García Escudero, y el expresidente de Baleares Jaume Matas.

García Escudero, que admitó haber percibido un préstamo de cinco millones de pesetas (30.000 euros) en 2000 tras sufrir un atentado en su vivienda de Madrid, declarará el próximo 20 de mayo en su despacho oficial del Senado. Ese mismo día el juez interrogará al diputado nacional Eugenio Nasarre, que reconoció haber recibido en 2003 dos donativos de 30.000 y 40.000 euros del PP a la Fundación Humanismo y Democracia, de la que era patrono.

Al día siguiente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tiene previsto tomar declaración como testigos al exdiputado nacional Jaime Ignacio del Burgo, que habría recibido medio millón de euros en 2001 que había solicitado para una víctima del terrorismo, y el dirigente del PP de Navarra Calixto Ayesa, que en 1991 y 1992 habría cobrado 3,9 millones de pesetas (23.439 euros) como compensación por cerrar su consulta dermatológica.

También interrogará ese mismo día a Santiago Abascal, exdirigente del PP vasco y presidente de la Fundación por la Defensa de la Nación Española (DENAES) que dijo haber recibido en 1999 un total de 12.000 euros para reparar los daños que sufrió su comercio tras ser atacado con cócteles molotov; y al expresidente de Baleares Jaume Matas, que, según los apuntes de Bárcenas, habría cobrado 8.400 euros en 2003 bajo el concepto "piso".

El 22 de mayo comparecerán en la Audiencia Nacional, también bajo la condición de testigos, el exdiputado del PP y antiguo abogado de Bárcenas, Jorge Trías, así como los inspectores jefes del Cuerpo Nacional de Policía que elaboraron el informe pericial que concluía que la letra de los manuscritos, publicados por el diario El País el pasado 31 de enero, corresponde al extesorero 'popular'.

Los dos últimos testigos que declararán en el marco de esta causa serán Luis Molero, al que se ha identificado como "cajero" de la formación cuando se produjeron los pagos investigados; y Milagros Puente, al que se atribuye en las actuaciones el cargo de jefa del departamento de contabilidad del PP.

En su providencia, además, el juez Ruz da traslado a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado del contenido del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sobre el "análisis preliminar" de los 'papeles de Bárcenas' para que elaboren "la correspondiente propuesta de actuaciones".

También pregunta al fiscal Anticorrupción Antonio Romeral qué documentación deben trasladar al juzgado algunas de las sociedades que aparecen en los papeles, al tiempo que adelanta en diez días el plazo que había dado a estas empresas y a las entidades bancarias Santander y Banesto para que le remitan la documentación que les había solicitado.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) considera que en el Ministerio de Educación han hecho una "lectura interesada" del dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) porque de otra forma no se entiende, a su juicio, que este departamento no haya retirado la iniciativa normativa.

Así lo ha expresado en rueda de prensa el presidente de la organización, Jesús María Sánchez, quien plantea que el titular de Educación, José Ignacio Wert, "tiene un problema de comprensión lectora", porque ha ofrecido cambios en lo relativo a la inmersión lingüística en Cataluña y a la separación por sexos en la educación concertada, en lugar de "paralizar la LOMCE y retirar el anteproyecto, que es lo que pide el Consejo de Estado".

"El ministro nos ha tachado de antisistema. Si Wert desoye al Consejo de Estado, el antisistema será él", añade el presidente de CEAPA, para incidir en que el ministro "puede presumir de haber unido a la comunidad educativa" porque todos, "desde el ANPA de un colegio de primaria de un lugar remoto hasta la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)", están en contra de la LOMCE.

La organización denuncia que, sin embargo, el Consejo de Estado no ha tenido acceso a las razones de esta oposición ya que el Ministerio de Educación retiró del expediente de la LOMCE que envió al órgano consultivo "cualquier documento contrario a sus tesis".

Sobre el dictamen en sí, Sánchez pone el acento en el hecho de que el Consejo de Estado haya reflejado que la LOMCE no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa en su conjunto. Para CEAPA, esto significa que la legislación volverá a cambiar en cuanto se produzca un cambio de gobierno, "utilizándose así la ley como un medio revanchista", en lugar de encontrar una norma duradera y de consenso.

"No nos tiene en cuenta"

En este sentido, denuncia que pese a los encierros que se han producido en colegios e institutos públicos en los últimos días, Wert no ha contactado con CEAPA. "No se nos tiene en cuenta para nada. Las familias somos las más interesadas en que tengamos un sistema educativo estable y aceptable", añade.

Además, critica que se haya fijado para el 10 de mayo la aprobación del proyecto de LOMCE en Consejo de Ministros, un día después de la convocatoria de huelga general en el sector educativo. En su opinión, esto se debe a que "Wert sabe que la huelga va a ser un éxito" y quiere desanimar la participación. CEAPA opina que esta es una muestra más de la "soberbia y desconsideración" del ministro frente a la comunidad educativa.

Por otra parte, respecto al uso del catalán en las escuelas de Cataluña, la organización considera que es un debate que no le corresponde, aunque se muestra defensora del sistema actual, que "está bien como está", y expresa su desacuerdo con la posibilidad de "pagar centros privados para que las familias puedan elegir" la educación en castellano.

Según CEAPA, Educación "está tratando de evitar la soledad parlamentaria" consiguiendo "algún socio que, por lo menos, no vote en contra de la ley" y por eso, vaticina que habrá "cambios de cromos" con los partidos nacionalistas a cuenta del modelo de inmersión lingüística.

Sobre Educación para la Ciudadanía, Sánchez considera que eliminar la asignatura es una victoria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), institución que, según ha dicho, "ha logrado además, que se ponga una alternativa dura a Religión, con el único fin de llevar más alumnos hacia esta asignatura". A su juicio, con el planteamiento de la LOMCE el Gobierno "desoye a la Comisión Europea y las distintas sentencias de diversos tribunales superiores de justicia" sobre el tema.

Ante la perspectiva de que el 10 de mayo la LOMCE sea remitida al Congreso para el inicio de su tramitación parlamentaria, CEAPA va a solicitar comparecer ante la Comisión de Educación a fin de expresar su oposición al texto.

Los recortes en las pensiones ya han llegado a los jubilados y prejubilados de las empresas públicas. Miles de jubilados de Navantia, Naval de Sestao, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Manises, Babcock Borsig, Altos Hornos de Vizcaya y Hunosa vieron desaparecer en marzo la compensación por la subida del IPC, que sin embargo sí se les había abonado los dos meses anteriores. También 7.000 prejubilados de la minería asturiana han dejado de percibir los complementos que la empresa les paga hasta que alcanzan la edad legal de jubilación.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) justifica la medida en el artículo 22.3 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ordena a las empresas públicas cancelar las aportaciones a los planes de pensiones y seguros colectivos que cubren la jubilación.

Fuera de la SEPI, la dirección de Paradores del Estado ha propuesto ya a los sindicatos, con los que acaba de sentarse a negociar la renovación del convenio colectivo, la supresión de los premios de jubilación. Además, pretenden cambiar el plan de pensiones de la plantilla, al que la empresa lleva ya tres años sin hacer aportaciones, según asegura el presidente el comité, Enrique Sánchez.

Protestas, mediación, demanda judicial

Un mes de protestas contra el recorte llevan ya los trabajadores de Hunosa, que presentarán una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras fracasar las reuniones con la empresa y un intento de mediación en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

Los 7.000 prejubilados del carbón están sufriendo mermas de entre 100 y 600 euros mensuales que, sumadas a la falta de compensación por la subida del IPC y al aumento del IRPF, equivalen a un recorte sustancial de poder adquisitivo en una región especialmente castigada por el paro, destaca Jaime Martínez Caliero, responsable de Minería de la Federación de Industria de CCOO en Asturias.

Según explica, las prestaciones de los prejubilados no deberían resultar afectadas por el artículo 22 de la Ley de Presupuestos, puesto que el complemento suprimido se suma primero a la prestación, luego al subsidio de desempleo, hasta que el trabajador cumple los 65 años; por tanto, no tiene nada que ver con la pensión de jubilación, que comienza a cobrarse a partir de esa edad. Ese complemento llevaba abonándose desde 1998.

Ofensiva contra los beneficios sociales del convenio

En el caso de Navantia, por ejemplo, la merma en la pensión se une al recorte de beneficios sociales que la empresa ha planteado al comité en la negociación del convenio colectivo. Más allá de la congelación salarial –la plantilla lleva cuatros años sin subidas de sueldo–, la dirección pretende aumentar la jornada, suprimir la antigüedad a los nuevos contratados, eliminar becas de estudios para los hijos de los trabajadores, también el economato y el comedor, e incluso reducir a sólo cinco días el plazo de aviso a los empleados a quienes se quiera trasladar. Una cuestión lejos de ser menor, destaca Manuel Grandal, responsable de la CIG en Ferrol: las factorías de Navantia se encuentran en Ferrol, Cádiz y Cartagena.

En Paradores, la propuesta de la empresa llega después de un ERE que se cerró en enero con la salida de 350 personas. Entonces los trabajadores ya acordaron reducciones salariales, por lo que para el nuevo convenio colectivo, cuya negociación lleva bloqueada desde diciembre de 2009, las propuestas van en la dirección, también aquí, de los recortes sociales, asegura el representante de UGT, César Galiano. De momento –sólo han mantenido dos reuniones con la empresa– los sindicatos han señalado como una de sus líneas rojas los llamados premios de vinculación, que perciben sus 4.000 trabajadores en función de su antigüedad y que Paradores considera un coste inasumible.

En 2013 la economía española caerá aún más y el mercado laboral seguirá deteriorándose, según han dicho las autoridades del país en sus previsiones. Está previsto el respectivo tijeretazo para todas las áreas menos la Iglesia católica, subraya la asociación Europa Laica, según informa RT Actualidad.

De acuerdo con cifras de la organización, la inversión en ciencia por parte de un Estado español en crisis supone aproximadamente la mitad del dinero destinado a financiar la Iglesia. Esto, a pesar de que el artículo 16.3 de la Constitución de 1978 estipula que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". En teoría, la financiación de la Conferencia Episcopal Española se basa en los Acuerdos económicos de 1979 firmados entre Madrid y la Santa Sede. El documento prevé una autofinanciación progresiva de la Iglesia católica española. "El pacto no solo no se ha cumplido, sino que el Gobierno del PSOE lo incrementó en 2008", puntualiza Europa Laica.

La asociación precisa que mientras la iglesia está libre de pagar la mayoría de los impuestos, el Estado inyecta en la Iglesia unos 7.000 millones de euros anuales. A esta cifra se suma una financiación indirecta, a través de salarios de los maestros y profesores de religión católica, así como los capellanes castrenses y los sacerdotes que prestan servicio en los hospitales (seleccionados por la Iglesia de forma directa), presupuestos educativos, sanitarios y sociales, lo que eleva el montante a un total de 11.337 millones de euros anuales. En otras palabras, a cada ciudadano que reside en el país, sea o no católico, la Iglesia le cuesta unos 260 euros al año.

La inversión científica, a menos

Mientras tanto, la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE) informa de que los niveles actuales de inversión en ciencia no superan los 6.000 millones de euros y parece que seguirán reduciéndose. Otro aspecto del problema son los retrasos en los programas de becas y apoyo a la investigación. Madrid impulsa abiertamente a los investigadores a solicitar financiación en organizaciones paneuropeas, argumentando que no tiene capacidad propia suficiente.

Pero las deudas e impagos que acumula España con entidades extranjeras como la Organización Europea para la Investigación Nuclear (el CERN, por sus siglas en francés) o la Fundación Europea de la Ciencia (FEC) lo hacen imposible. Al CERN, por ejemplo, España le debe unos 55 millones de euros. A la FEC mucho menos, pero debido a los impagos por parte de organizaciones españolas miembros de la entidad, la Fundación suspendió temporalmente todo apoyo financiero a las iniciativas vinculadas con instituciones o especialistas españoles. "Estamos viendo amenazadas las colaboraciones con otros grupos de investigación extranjeros, lo que supone una pérdida enorme de oportunidades", insiste Carlos Andradas, presidente de la COSCE.