La patronal de grandes constructoras Seopan descarta que el Estado tenga que rescatar a la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según indicó el presidente de la asociación, Julián Núñez.

Núñez indicó que el sector "dialoga" actualmente con el Gobierno sobre las "alternativas" que el Ejecutivo ha planteado para solventar la situación que atraviesan estas vías. "No hay que rescatar a las autopistas. El Gobierno anterior implementó unas medidas de viabilidad para mantener estas vías y, en las circunstancias actuales, el Gobierno está reconsiderando otras alternativas y estamos dialogando sobre ellas", detalló Núñez en declaraciones a TVE.

Según distintas fuentes del sector, el Ministerio de Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública que se encargará de la decena de vías en problemas. Las actuales concesionarias de estas infraestructuras de pago tomarían un 20% del capital de la sociedad, que el departamento que dirige Ana Pastor valora en 608 millones de euros.

Entre estas vías, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.

El presidente de Seopan achaca su situación fundamentalmente al sobrecoste por expropiaciones que afrontaron durante su construcción. Según detalló, las radiales de Madrid contaban con un presupuesto de 400 millones para hacerse con estos terrenos, que posteriormente se multiplicó por seis, hasta sumar 1.800 millones, por resoluciones judiciales que otorgaban un mayor valor a los suelos.

Ofertas a la baja

Por otro lado, Julián Núñez achacó al actual sistema de contratación de obras públicas, que fomenta que las empresas compitan presentando ofertas económicas a la baja, los sobrecostes que posteriormente registra la construcción de determinadas infraestructuras, como ha sido el caso del AVE a Barcelona.

Según sus datos, las ofertas que se presentan a concursos de obras presentan una baja media del 26% sobre el presupuesto de licitación. "Cuando se contrata una obra por debajo del presupuesto estimado por la Administración se da lugar a que, posteriormente, durante la ejecución del proyecto, se tenga que modificar", explicó. "Nadie hace una obra a la mitad del precio que estima la Administración", añadió.

Asimismo, el presidente de Seopan rechazó que en España se hayan construido muchas infraestructuras "accesorias". Núñez estima en unos 1.500 millones la inversión empleada en este tipo de dotaciones, "el dos por mil de los 600.000 millones de euros invertidos en infraestructuras en el país durante los veinte últimos años". "Decir lo contrario es anteponer una anécdota sobre la relevancia de un sector de trayectoria ejemplar", aseveró el presidente de Seopan.

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de España para criticar al Gobierno y al sistema financiero coincidiendo con el segundo aniversario de la manifestación originaria del 15M en Madrid. Las más multitudinarias fueron las de Madrid, epicentro del movimiento, Barcelona y Valencia.

En Madrid, los indignados aumentaron en número conforme pasaba la tarde, hasta prácticamente llenar la Puerta del Sol, símbolo del 15M. La jornada se inició con diferentes marchas que arrancaron desde Atocha, plaza de Cibeles y el Templo de Debod.

A las ocho de la tarde repitieron uno de los gestos habituales, realizando en la plaza madrileña un 'grito mudo' de protesta. Mostrando ambas manos, los manifestantes permanecieron en silencio durante un minuto, que luego rompieron con un aplauso unánime y con gritos como "sí, se puede", "dimisión" y "no nos representan", una de las consignas, esta última, más coreadas hace dos años en los inicios de la protesta ciudadana.  

Acto seguido, se celebraron diferentes asambleas enmarcadas en la iniciativa #Tomatuágora, que fue anunciada con la colocación de una enorme pancarta que cubría parcialmente la cúpula de cristal del Metro de Sol que se encuentra en el centro de la plaza.

Los miembros de los diferentes grupos de trabajo y agrupaciones de barrios pasaron a explicar lo conseguido en estos dos años de movilizaciones y también debatieron sobre los objetivos con vistas al futuro.

Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando desde la megafonía se mencionó a la viuda del escritor José Luis Sampedro, Olga Lucas, que participó en la manifestación y posterior asamblea, y que fue la encargada de leer los resultados de la consulta popular a favor de la sanidad pública.

Los manifestantes portaron banderas republicanas y mostraron pancartas a favor de la sanidad y la educación públicas, así como de Anonymous y de Palestina. Tanto en Madrid como en el resto de ciudades españolas, la indignación movilizó a personas de diferentes edades, incluyendo a los 'yayoflautas' y a colectivos antidesahucios o afectados por las preferentes bancarias.

En un ambiente festivo, uno de los escasos momentos de tensión se vivió en Madrid cuando un grupo de agentes de la Policía, algunos con cámaras de vídeo, se incrustó entre los 'indignados', que respondieron de forma unánime con gritos de "fuera, fuera" y silbidos. Ante esta reacción, los agentes desistieron y volvieron a sus puestos de vigilancia desde el perímetro de la concentración.

Otras ciudades

Barcelona fue una de las ciudades con mayor afluencia de manifestantes. Miles de miembros del colectivo del 15M celebraron el segundo aniversario de su nacimiento con una marcha bajo el lema 'Paremos el genocidio financiero, juntos podemos'.

La manifestación, que partió a las 18 horas de la plaza Catalunya y acabó unas dos horas después en el Arc de Triomf, contó con la presencia de colectivos como los 'iaioflautas', la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y asociaciones de apoyo a la educación pública, entre otras entidades.

Una multitudinaria manifestación recorrió las principales calles del centro de Valencia al grito de consignas como "lo llaman democracia y no lo es" o "no nos representan" en el segundo aniversario del movimiento 15-M, que "sigue muy vivo hoy en día", según los asistentes, porque los ciudadanos están "más indignados que nunca".

Cinco columnas salieron a las 18 horas desde las torres de Quart y Serranos, el Hospital General, el puente de Aragón y el CIE de Zapadores para confluir una hora después frente a la Estación del Norte, desde donde partió la manifestación unitaria bajo el lema 'Todos juntos, más indignados que nunca'.

Los asistentes coreraron cánticos contra el sistema, los políticos y los recortes o la troika, aunque este año destacaron las referencias a los desahucios y el paro. Así, una gran pancarta mostraba las 727.500 razones para el cambio, coincidiendo con el número de parados en la Comunitat, mientras que algunos participantes pedían que "el próximo desahucio sea en la Moncloa".

En Andalucía, miles de personas salieron a la calle en Sevilla, Málaga y Jaén.

En Bilbao, el segundo aniversario del 15M sirvió para denunciar que los "beneficios de algunos son la miseria del resto". La marcha, que partió del Sagrado Corazón pasadas las 18 horas, recorrió las principales calles de la capital vizcaína y contó con la presencia de miembros de diferentes colectivos y movimientos sociales, entre ellos la plataforma antidesahucios.

Durante la manifestación, que contó con el apoyo de Ezker Batua y otras formaciones, se corearon gritos como "no es una crisis, es una estafa" o "la ley de extranjería contra la monarquía" y los participantes mostraron carteles con los lemas "roban salud" y "toma la calle".

Un total de 39.167 viviendas fueron entregadas a los bancos en 2012 en España como resultado de procedimientos de ejecución hipotecaria, según los datos de una encuesta del Banco de España, que revela que en el 83% de los casos (32.490) se trataba de la vivienda habitual.

Los resultados de la encuesta reflejan también que algo más de la mitad de las entregas (20.972) fueron voluntarias, y que de ellas el 75% (15.826) se produjeron bajo la forma de daciones en pago, fórmula que conlleva la extinción de la deuda mediante la entrega de la vivienda, que en el 89,5% de los casos era el domicilio habitual.

En los otros 18.195 casos fue necesario acudir a la vía judicial para que los bancos tomaran posesión de las viviendas, de las que el 16% (2.968) estaban ocupadas y el resto vacías. Las entregas judiciales de viviendas ocupadas requirieron la intervención de la fuerza pública en 355 casos en viviendas habituales y en 109 casos en otras viviendas, según el Banco de España.

El supervisor informa también de que, el pasado 31 de diciembre, el número de hipotecas en vigor en España era de 6.770.083, de modo que las entregas de viviendas suponen un 0,58% sobre esa cifra (0,53% de viviendas habituales). Además, el 85% de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales fueron firmadas en 2007 o antes de ese año.

Esta es la primera vez que el Banco de España hace públicos datos de este tipo, recabados mediante una encuesta dirigida a un conjunto de entidades bancarias que gestionan más del 85% del total del crédito hipotecario vivo concedido a hogares para la compra de viviendas. Para ello, ha preguntado a los bancos sobre la financiación hipotecaria a clientes minoristas sin finalidad empresarial o profesional y sin incluir otro tipo de inmuebles distintos de la vivienda como pueden ser garajes o trasteros.

La Plataforma por la Escuela Pública –UGT, CCOO, STES-I, CEAPA y Sindicato de Estudiantes–, considera un "éxito" que el Gobierno haya aplazado la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y afirman que la decisión refleja "la soledad" de su promotor, el ministro José Ignacio Wert, dentro del Ejecutivo.

Fuentes del Ministerio de Educación consultadas desvinculan esta decisión de la jornada de huelga y movilizaciones e inciden en que el aplazamiento se ha debido a la necesidad de ultimar ciertos "detalles técnicos" relacionados principalmente con la memoria económica de la ley.

Sin embargo, para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, el hecho de posponer la aprobación de la LOMCE "es una desautorización en toda regla al ministro de Educación" y "demuestra que el Gobierno está aislado en el Parlamento y en la calle". "Ayer contribuimos de forma importante a que el Gobierno se tome un tiempo, es un éxito de la movilización", ha apostillado.

García ha reclamado al Ejecutivo que, ante el "nuevo panorama", abra un proceso de diálogo con las fuerzas sociales "en la línea que ha marcado el Consejo de Estado". En este sentido, aunque "quedan muchas dudas" al respecto, considera que el Gobierno aún puede tomar "una buena decisión".

De la misma forma, el secretario general de FETE-UGT, Carlos López,  ha señalado que "las movilizaciones de ayer cumplieron dos objetivos: poner en tensión a la comunidad educativa para reaccionar ante la LOMCE y retrasar el trámite parlamentario de la ley en su conjunto". "Da igual el pretexto que quiera buscar el Gobierno, pero la realidad es que la afluencia a las manifestaciones y la huelga coloca a las organizaciones sociales en una posición mejor que la del ministerio", ha sentenciado.

En cualquier caso, ha advertido de que hasta que la LOMCE salga del Parlamento van a seguir movilizándose y pide al Gobierno que sea "sensible" a lo que está pasando. Así, concluye que Wert "tendría que retirar la LOMCE y volver a buscar unas bases de consenso, tal y como recomienda el propio Consejo de Estado" en su dictamen sobre el anteproyecto.

Por su parte, el portavoz de STES-i, Augusto Serrano, afirma que la decisión de no llevar el texto al Consejo de Ministros "desacredita" a Wert y "pone de manifiesto que su ley no la quiere ni el propio Gobierno". Por ello, ha pedido su dimisión y sustitución "por una persona con más capacidad de diálogo".

Más cautela ha mostrado el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), Jesús María Sánchez. Considera que ha sido un "cúmulo de circunstancias" lo que ha determinado el aplazamiento e interpreta esta decisión como que "por fin alguien ha sido capaz de rectificar y ver que no tiene el apoyo absolutamente de nadie". Sin embargo, dice que no se puede hablar de "victoria" y pide "prudencia" ante la "incertidumbre" sobre el futuro de la norma.

"No nos atribuimos ningún tipo de triunfo porque no sabemos qué va a pasar, si el ministro va a seguir siéndolo, si nos va a convocar. Somos prudentes, aunque el mero hecho de que hoy no se haya llevado al Consejo ya es un éxito. Ahora toca prudencia, esperar y mantenernos dispuestos al diálogo, como siempre, para construir entre todos una ley que dé estabilidad a nuestro sistema", ha señalado Sánchez.

Decenas de miles de personas salieron este jueves a la calle en más de 30 ciudades de todo el país para exigir la retirada del anteproyecto de LOMCE y la dimisión de su promotor, convocados por la Plataforma por la Escuela Pública como colofón a la primera jornada de huelga nacional convocada a la par por padres, profesores y estudiantes en todos los niveles de la educación pública y concertada en España.

Juan José Pérez Macián, concejal delegado del Área de Gobierno de Hacienda del Ayuntamiento de Castellón (PP), tiene un pequeño problema con el 15-M y así quiso plasmarlo el pasado 24 de marzo en un artículo en el diario digital Castellón Información con un texto que comienza de esta forma: "Híbridos de hiena y rata. Sí, os digo a vosotros: ¿Se os ha tragado la tierra? ¿Os han comido los gusanos? ¿Dónde estáis? ¿Debajo de qué piedras os escondéis ahora? ¿Por qué no se os ven ahora las rastras? [sic]. ¿No sabéis dónde está la calle de Ferraz? ¿Ni la dirección de la Junta de Andalucía?".

Al responsable de Economía del consistorio no le sentó bien que en junio de 2011, durante la investidura del nuevo Gobierno local, hubiera una concentración del 15-M increpando a los ediles del Partido Popular y dando muestras de que lo tenía guardado muy dentro, dos años después, de buenas a primeras, decidió disparar toda su artillería contra esos que él considera "unos falsos, unos parias, unos farsantes, unos fascistas y unos malnacidos" y les amenace con que "si se os ocurre volveros a encarar conmigo como lo hicisteis en junio de 2011, os diré uno a uno, que sé de quién eres".

Son, según Pérez Macián, de los sindicatos, CCOO y UGT, y del PSOE y parece que también culpables de los ERE en Andalucía, a juzgar por el texto. "¿Por qué no se os ve ahora con perros y flautas ante las sedes socialistas? ¿No tenéis nada que decir a los de CCOO y UGT? ¿No? ¿No habéis sido capaces de autoorganizaros en tantos días que han transcurrido ya desde que la juez Alaya desenredó el repugnante escándalo de los ERES de Andalucía? ¿Habéis perdido todos el smartphone? ¿Os habéis quedado sin whatshapp? ¿Os lo ha desactivado el PSOE? ¿O es que os parecen pocos millones de euros los 50 robados de las arcas públicas andaluzas a parados y necesitados? ¿Que un sindicalista andaluz se haya embolsado cuatro millones y medio de euros a costa de los parados, ya no merece vuestra protesta airada y alimentada de insultos y agresiones con ese estilazo que os caracteriza cuando incendiáis la calle Génova? ¿O es que estos chorizos de la izquierda sí os representan?".

El concejal está convencido de que sí: "Ah, claro!…éstos son de los vuestros. Eso lo explica todo. Cuando ellos gobiernan hay que perdonarles todo, incluso que dejen a España en la más miserable de las ruinas. Incluso que la desplumen enterita. Movilizaciones, ninguna. Alboroto, ninguno. Protesta, ninguna. Altercado, ni uno". Y aunque parecía imposible, saca más conclusiones. "Por eso aquel mismo día de junio de 2011 en que se constituyeron los Ayuntamientos en toda España, las corporaciones gobernadas por el PP recibimos vuestra maloliente visita. Por eso tuvimos que aguantar vuestros insultos, agresiones y escupitajos. Por eso no habéis dado tregua al gobierno de Rajoy y habéis generado contra el PP la mayor revuelta y crispación social de nuestra democracia. ¡Bonito lema el de “no, no, no nos representan” en vuestra sucias y sectarias bocas!.

Sólo se tranquilizará Pérez si "os veo dónde ahora España entera está esperando veros, retiraré las palabras con las que a continuación terminaré este artículo". Si le quedan nervios, porque parece que ya los ha perdido todos.

"La Comunidad garantiza que ningún profesor que suspenda las oposiciones impartirá clases". Con esta "falsa" premisa –como la califican los sindicatos–, el Ejecutivo que preside Ignacio González informó, vía Twitter, durante el transcurso de la huelga general de Educación, de que el Consejo de Gobierno había aprobado la nueva regulación de las listas de interinos. 

El decreto, impulsado por la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, modifica los baremos de contratación de profesores en las escuelas públicas. En la nueva reordenación, la experiencia y los méritos adquiridos durante años de trabajo quedan relegados a un segundo plano, mientras que la nota obtenida en el examen de oposición contará un 80%.

Además, sólo "se tendrá en cuenta la nota de la última oposición y la anterior", informa el Gobierno regional en un comunicado. Por ello, los sindicatos CCOO y UGT denuncian que el decreto esconde "un ERE encubierto en el sistema público de Educación".

"Para empezar, parten de una falsa premisa porque todo el mundo que está ahora mismo en las listas ha aprobado ya la oposición", reclama la secretaria general de FREM-CCOO, Isabel Galvín. "Y, aproximadamente el 70% de los que ocupan esas listas son gente con experiencia, por lo que todo apunta a una más que previsible rotatividad de las listas para que la Consejería no tenga que pagar antigüedad y pueda cuadrar sus cuentas", añade. 

En la misma línea se manifiesta también Emilia Sánchez, responsable de interinos de FETE-UGT Madrid. "Teniendo en cuenta que casi el 80% de las listas de interinos están llenas de profesores con experiencia y/o que han aprobado las oposiciones en años anteriores, podemos estimar que unas 8.000 personas se irán a la calle", calcula. "Eso, sumado a los casi 7.000 que ya se han quedado sin trabajo en los últimos años, supondrá un auténtico ERE del sistema de educación pública", añade.

Por todo ello, los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, ANPE, CSIF, UGT Y STEM) han convocado una huelga de profesores interinos que tendrá lugar los próximos 14, 16, 21, 22 y 23 de mayo.

Como quiera que la movilización El Gobierno ha decidido aplazar la aprobación del proyecto de la reforma educativa, que el Consejo de Ministros tenía previsto, en principio, aprobar hoy, debido a que faltan por cerrar detalles de la memoria económica, según informaron a Efe fuentes gubernamentales. A su vez, fuentes del Ministerio de Educación argumentaron que es una ley de relevancia que tiene que ir al Consejo con todos los detalles cerrados.

Hasta ahora, el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha suscitado la oposición de Cataluña, País Vasco y las comunidades que gobierna el PSOE y amplios sectores educativos, fundamentalmente de la enseñanza pública –padres, alumnos y profesores de todas las escalas de la enseñanza–.

Miles de personas participaron ayer en manifestaciones en todo el país contra la LOMCE durante una jornada de huelga general educativa convocada por los sindicatos, padres y estudiantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.

Los integrantes de la plataforma atribuyeron al "éxito" de esta movilización que el Gobierno pudiera decidir finalmente no aprobar el proyecto legislativo este viernes.

Clamor en la calle, repercusión en las aulas

Miles de personas convocadas por la Plataforma Regional por la Escuela Pública, unas 10.000 según la organización, se manifestaron en Murcia contra los recortes en educación y la 'Ley Wert' y tras una jornada de huelga que los sindicatos calificaron de "éxito total". De hecho, según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Pedro Manuel Vicente, el 60% de trabajadores de la educación pública no universitaria secundó la huelga y más del 80% del alumnado no acudió a las aulas.

También en el ámbito universitario, "donde los números son aún más aplastantes", ya que "entorno al 90 por ciento de los profesores, personal docente investigador, ni alumnado asistieron a clase".

Este, señaló Vicente, "ha sido un rechazo del conjunto de la comunidad educativa a un proyecto que busca romper la igualdad de oportunidades de acceso a la formación", y que además, añadió, "supone un retroceso en las condiciones de trabajo de los profesionales de la enseñanza".

Los manifestantes salieron desde la plaza de la Fuensanta de Murcia pasadas las 19 horas y recorrieron la Gran Vía tras una gran pancarta en la que podía leerse: 'Frente a los recortes y la LOMCE, defendemos la escuela pública. Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de la Región'.

Los participantes completaron el trayecto al grito de "la solución, la revolución"; "menos policía y más educación"; "universidad, pública y de calidad"; "Sotoca, la escuela no se toca"; "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra"; y "que no queremos pagar su deuda con la sanidad y la educación".

"No vamos a permitir que Wert ni cualquier otro ministro pretenda retroceder en la calidad con la reforma de la educación", apuntó el sindicalista, "y así lo señalan en sus informes el Consejo de Estado o la OCDE", según Pedro Manuel Vicente.

Las prioridades de la educación española "deben ir orientadas a la mejora de la oferta de la formación profesional, a ofrecer programas equilibrados de atención a la diversidad, al fortalecimiento e incremento de las partidas presupuestarias en los centros educativos" pues, insistió, "no podemos replantearnos un retroceso en los porcentajes del PIB que vamos a dedicar a la educación pública".

Ahora "se nos ofrece una reforma que lo único que pretende es revitalizar la educación privada y olvidar la atención a la diversidad" por lo que "nos oponemos frontalmente", y, a juicio de Vicente, "el ministro tiene que retomar el diálogo social". De no hacerlo, CCOO, le pide que "dimita y deje el puesto a otra persona competente para hacerlo".

"El mensaje de esta jornada y la manifestación es que el Gobierno debe retirar este anteproyecto de ley y abordar con todos los agentes sociales y especialmente con padres, estudiantes y profesorado, una reforma educativa que surja del consenso y fruto del diálogo entre todos", señaló por su parte el secretario general de FETE-UGT, Antonio Francisco Ferrández.

“A los políticos se les llena la boca al decir que la educación es el motor para salir de la situación económica en la que nos encontramos”, dijo, "pero a los primeros a los que se les recorta son a la generación del futuro y a lo que representa la escuela pública".

Los datos de la Consejería

La jornada de huelga general en el sector educativo de la Región se desarrolló con "total normalidad" en los centros, según el director general de RRHH y Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, Joaquín Buendía, que precisó que "el control de las faltas de asistencia de los alumnos refleja que, a las 12 horas, se tenía un porcentaje del 10,93%". Si nos ceñimos a los alumnos mayores de 14 años, "ese porcentaje se eleva hasta el 17,84% de faltas de asistencia", precisó Buendía.

En lo que respecta al conjunto de trabajadores que secundó la huelga en los centros educativos de la Región, tanto en Primaria como en Secundaria, tanto docentes como personal de administración y servicios, supone el 15,49% hasta las 12 horas. Un porcentaje, recalcó Buendía, que "a lo largo de la jornada se incrementará en algunos puntos con la incorporación de los trabajadores de los turnos de tarde y tarde noche".

En cuanto al conjunto de docentes que secundaron esta convocatoria hasta mitad de la mañana "es del 16,84% del total de docentes de la Región", dijo Buendía.

La Universidad de Murcia aseguró que la huelga tuvo un seguimiento desigual en su seno, que cifró en un 15% entre el personal de administración y servicios, mientras que entre los alumnos se dio una mayor incidencia en el campus de Espinardo, “debido a las dificultades de acceso derivadas de la acción de piquetes, que también han afectado a los transportes y, en concreto, al tranvía”.

El gerente de la institución docente, Pedro Gálvez, aseguró que se suspendieron "bastantes clases", aunque dijo que no hay datos fiables sobre el seguimiento.

En cambio, fuentes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) confirmaron que la jornada transcurrió con "normalidad absoluta" y los servicios administrativos funcionaron como habitualmente.

En el campus de Espinardo, la presencia de piquetes informativos impidió el acceso a vehículos y el normal funcionamiento del tranvía en el anillo universitario. Tranvimur se vio obligada a establecer como última parada la de Los Rectores.

La Policía Local confirmó las retenciones en el tráfico que se produjeron como consecuencia del piquete a la hora de acceder al Campus.

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha obligado a la banca a advertir expresamente a los clientes de que si firman una hipoteca con cláusula suelo no podrán beneficiarse de determinadas bajadas del euríbor.

Así lo ha establecido el alto tribunal en una sentencia en la que, sentando jurisprudencia, declara la nulidad de estas cláusulas en los casos en los que se produzca una falta de transparencia y en la que establece que no es suficiente con que sean comprensibles de forma aislada.

También señala que, de acuerdo con ese requisito, los clientes deben ser informados de otros productos para que puedan realizar una comparación con datos suficientes y recibir de forma clara y destacada información sobre las cláusulas, sin que pasen inadvertidas entre otras en el mismo contrato.