El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente con los únicos votos del PP la ley antidesahucios, que no tendrá que volver al Congreso de los Diputados después del rechazo a los tres vetos presentados por PSOE, PSC e ICV y de las 275 enmiendas parciales propuestas.

La ley antidesahucios llegó prácticamente cerrada de la Cámara Baja tras fusionarse la propuesta del Gobierno con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago y con medio centenar de cambios que introdujo el grupo popular para reflejar el espíritu de las enmiendas de la oposición. No obstante, ni los promotores de la ILP ni los parlamentarios que presentaron enmiendas ven reflejadas sus propuestas en la norma aprobada ayer.

La Comisión de Economía del Congreso aprobó entonces con competencia legislativa plena –es decir, sin necesidad de volver a debatir el texto en el Pleno– y por la vía de urgencia el proyecto de ley, que sólo contó con los votos favorables del PP frente al rechazo de toda la oposición. Ahora, en el Senado se ha repetido tanto el procedimiento como los argumentos y los posicionamientos, y finaliza su trámite parlamentario sin incluir ningún cambio más.

Así pues, la nueva norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en la ILP, aunque incluye como medida 'estrella' la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabiliad.

Entre ellos, se señala que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no podrán superar la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el equivalente a 19.000 euros anuales.

Por otro lado, la reforma de la Ley Hipotecaria incluye también quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo del cinco años y del 20% si lo hacen en 10 años.

La norma se adapta también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas, y amplía de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.

Desalojados

La veintena de activistas de la PAH que asistía al Pleno del Senado durante el debate de la ley antidesahucios fueron desalojados cuando, tras la votación que ha dado luz verde a la normativa, han comenzado a desplegar pancartas el lema 'No más muertes' y a gritar consignas contra los senadores del PP.

De este modo, una vez finalizadas las votaciones de las 275 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, todas ellas rechazadas con los votos del PP, y tras quedar aprobada definitivamente la norma, los activistas se pusieron sus características camisetas verdes, se giraron para darle la espalda al Pleno en señal de rechazo y comenzaron a lanzar consignas contra los senadores 'populares'.

"Asesinos", "a prisión vais a ir", "no tenéis vergüenza", "la gente se muere de hambre" o "criminales" son algunos de los mensajes que los activistas gritaron mientras eran desalojados del Senado por el personal de seguridad, sin ofrecer demasiada resistencia y sin producirse altercados. Los últimos en abandonar la tribuna corearon a su salida en ya conocido cántico "Lo llaman democracia y no lo es. Es una dictadura, eso es".

Durante las seis horas que duró el debate los activistas, que habían sido invitados a asistir al Pleno por algunos partidos de la oposición como el PSOE o IU, permanecieron en silencio y sólo realizando en alguna ocasión gestos de rechazo, conscientes de que si gritaban o aplaudían podían ser desalojados.

En declaraciones a los medios, el portavoz de la PAH, Rafael Mayoral, aseguró que "la movilización va a continuar", ya que, a su juicio, el texto aprobado "es una burla" a la ILP y "a la voluntad expresada por un millón cuatrocientas mil personas con sus firmas".

Profesores, estudiantes y organizaciones de padres de alumnos, constituidos en la llamada Plataforma por la Escuela Pública, han convocado para este jueves la primera huelga en todos los niveles educativos –desde Infantil y Primaria hasta la Universidad– que se produce en España, una protesta que según los organizadores, "va a tener un seguimiento masivo".

El presidente de la Confederación española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), José María Sánchez, ha explicado que los ejes de la huelga son la restitución inmediata de los fondos recortados a los presupuestos de Educación, la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. La FAPA regional también apoya esta jornada de huelga.

Sobre la LOMCE, Sánchez afirma que la iniciativa del Gobierno es "una contrarreforma" que devuelve a España a los años 70, supone una "imposición ideológica" influenciada por los intereses de la Conferencia Episcopal Española, y se ha diseñado "desoyendo absolutamente a todos" los sectores de la comunidad educativa. Por eso, en su opinión, el seguimiento de la huelga este jueves será "masivo".

"Hasta la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) está molesta con el cambio. Las familias, los trabajadores de la enseñanza, el alumnado y la sociedad en general es consciente de que esto es una imposición (...) Lucharemos con todas nuestras fuerzas para que el proyecto no vea la luz", asegura.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García, afirma que la huelga "va a interrumpir el normal funcionamiento de la práctica totalidad de los centros educativos del Estado" ya que "por primera vez", padres, profesores y alumnos "van de la mano" a una convocatoria de estas características, un "seguimiento conjunto" que a su juicio provocará "que el impacto sobre la normalidad de los centros sea grande".

Así, ha dicho que en CCOO se trabaja "con la hipótesis de que el paro se notará y que las manifestaciones que saldrán a la calle por la tarde para pedir el fin de los recortes y la retirada del anteproyecto serán ampliamente seguidas". "Queremos decirle al ministro que siga las recomendaciones del Consejo de Estado y que en lugar de sacar esta séptima ley de la democracia, tan sectaria y sesgada que será cambiada inmediatamente en cuanto el orden de fuerzas parlamentario cambie, consiga el consenso y si no es capaz, que deje paso a alguien que pueda", añadió.

Sobre este asunto, el presidente de CEAPA incide en que el ministro Wert ha "dado la espalda" a toda la comunidad educativa para elaborar su proyecto y afirma que, desde que tomó posesión de su cargo, su gestión en términos generales "ha sido nefasta". "Toca que en la comunidad educativa haya alguien capaz de sentarnos a todos a una mesa y abordar todos los asuntos que requiere una reforma".

La LOE no es “la panacea”

En este sentido, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, recuerda que para ninguno de los convocantes de la huelga el sistema tal y como está "es la panacea". "Pedimos que se abra un proceso en el que padres, profesores y estudiantes seamos escuchados sobre las necesidades y mejoras que habría que aplicar a la escuela pública para poder superar los elementos con los que no estamos de acuerdo y que hay que mejorar", puntualiza.

Según Delgado, el sector tampoco está satisfecho con la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) –el Sindicato de Estudiantes convocó huelgas y manifestaciones cuando fue aprobada–, pero el Gobierno "en lugar de afrontar los retos" que plantea, ha apostado "directamente por desmantelar la escuela pública" y por eso, en esta ocasión, la protesta es mucho más amplia y abarca a todos los niveles y a todos los actores implicados.

Con todo, afirma que "la LOE no tiene nada que ver con la LOMCE" ya que "no tiene itinerarios segregadores, ni reválidas artificiales para expulsar a decenas de miles de estudiantes de los institutos públicos, la religión no es evaluable, no se dan más facilidades para ampliar los conciertos educativos en centros de 4 a 6 años de edad aumentando el negocio de la concertada y no prevé que las tasas universitarias se incrementen".

Manifestaciones en toda España

La jornada de paro en centros de infantil, colegios de primaria y secundaria, institutos, universidades y demás centros tanto de enseñanzas especiales como del régimen general, se acompaña de la convocatoria de movilizaciones en más de una treintena de ciudades, que tendrán su buque insignia en Madrid, donde está la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lugar de destino de la manifestación que arrancará a las 18.30 horas de la Plaza de Neptuno.

No obstante, el Sindicato de Estudiantes ha confirmado ya convocatorias en las plazas principales de otras muchas ciudades con destino, en la mayoría de los casos, a las delegaciones del Gobierno en las mismas. Así, se esperan ya movilizaciones en Barcelona, Tarragona, Tenerife, A Coruña, Compostela, Lugo, Ferrol, Vigo, Bilbao, Vitoria, Guadalajara, Pamplona, Valencia, Alicante, Castellón, Granada, Murcia, Málaga, Sevilla, Oviedo, Zamora, Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

En la Región de Murcia, a las 11.00 horas se realizarán diversas actividades de protesta en los centros de enseñanza. A esa misma hora habrá una concentración frente a la Consejería de Educación. En Cartagena se celebrará una manifestación a las 11.30, que partirá desde la plaza de España. En Murcia, la manifestación será a las 17.00 horas y saldrá desde la plaza Fuensanta.

Las protestas no finalizan este jueves, ya que la Plataforma por la Escuela Pública mantiene convocadas marchas nocturnas en todas las grandes ciudades, con salida en el Ministerio de Educación, en el caso de Madrid, o en las delegaciones de Gobierno, "que tengan recorridos con puntos intermedios de especial significación" y culminen en la sede del Tribunal Constitucional "u organismos judiciales territoriales de similar significado" para la madrugada del sábado al domingo 12 de mayo.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tarda una media de 12 meses en tramitar los expedientes que deberían permitir cobrar salarios e indemnizaciones a los despedidos en empresas quebradas o con menos de 25 trabajadores. Su carga de trabajo pendiente hasta mayo, 153.000 expedientes, equivale a los que gestionó durante todo el año 2012. UGT y CCOO dicen que haría falta la incorporación inmediata de 240 personas para desatascar el trabajo atrasado.

La plantilla actual del organismo, 400 trabajadores en toda España, no puede hacer frente al aumento del número de solicitudes que les llegan por culpa de la crisis. El cuádruple que en 2007. Así, los sindicatos explican que el Fogasa es citado cada año en 90.000 procedimientos declarativos ante los juzgados de lo Social, lo que equivale a más de 670 juicios por letrado. Hace un mes UGT denunció la intención del Ministerio de resolver el atasco en el organismo privatizando su gestión.

De hecho, aludía a la existencia de un plan de viabilidad que incluía dos programas cuya puesta en funcionamiento está prevista para el 15 de septiembre: el Programa Greta (Gestión y Resolución de Expedientes Temporalmente Atrasados) y el Programa Fono, cuyo objetivo es privatizar el servicio de atención telefónica al beneficiario.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Empleo, 56.459 trabajadores recibieron prestaciones del Fogasa en el primer trimestre, un 14,8% menos que en el mismo periodo de 2012, cuando los beneficiarios ascendieron a 66.272 personas.

UGT y CCOO no ahorran adjetivos a la hora de calificar la situación en el organismo de “caótica” y “dramática” y las condiciones laborales de “insufribles”. Porque no sólo se ha multiplicado por cuatro la carga de trabajo sino que, al amortizarse las vacantes, la plantilla se ha reducido. Los sindicatos no sólo se oponen a privatizar la gestión del Fogasa como solución al atasco sino que, además, exigen un plan de choque: la incorporación inmediata de 240 personas y la cobertura con interinos de los 81 puestos actualmente vacantes.

El informe de la Policía Judicial que analiza las relaciones entre los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel identifica al empresario Ignacio Javier López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como uno de los presuntos donantes del partido conservador. El documento, que tiene fecha del 29 de abril, especifica que en 1997 y en 1998 el marido de Cospedal aportó un total de 114.192 euros al PP.

Una vez que la Policía Judicial ha identificado a López del Hierro como uno de los presuntos donantes del PP, los agentes le solicitan al juez que pida a la Agencia Tributaria que aporte toda la documentación relativa a las operaciones económicas realizadas por dos empresas vinculadas al empresario Ignacio Javier López del Hierro, marido de Cospedal. Estas dos sociedades son Metrovacesa, en la que López del Hierro fue consejero ejecutivo entre 2003 y 2012; y Constructora Continental, en la que el marido de Cospedal es, según la Policía, apoderado desde 1991. Entre 1991 y 1994 ocupó los puestos de vicepresidente y consejero.

Y la Policía pide al magistrado que instruye el caso Gürtel que requiera a las empresas de López del Hierro para que informen de todas las adjudicaciones públicas acordadas por las diferentes administraciones, a semejanza de las empresas relacionadas con los ocho empresarios imputados.

El 69% de los contratos menores adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre fueron fraccionados en cantidades menores de 12.020 euros "con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad", explica un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este documento considera que este fraccionamiento también trataba de impedir que se convocaran concursos. De esta forma, el Gobierno de Aguirre podía adjudicar a dedo los contratos. El informe ha sido incorporado recientemente al sumario del caso Gürtel, que instruye el juez Pablo Ruz.

De las 657 facturas del Gobierno de la Comunidad de Madrid analizadas por la Intervención General, por un importe de 5,3 millones de euros, "ha quedado acreditado que al menos 104" contratos fueron troceados de forma irregular, ascendiendo el importe total a los 3,1 millones de euros, lo que supone el 69% del total de contratos considerados menores.

Los funcionarios de la IGAE resaltan que muchas de estas facturas tienen conceptos genéricos: "Facturas cuya fecha de emisión es muy posterior a la celebración del acto".

Y los destinatarios de estos actos menores eran, en la mayoría de las ocasiones, las empresas relacionadas con el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa. Concretamente, más del 50% de estas adjudicaciones a dedo tuvieron como destino a la red Gürtel o empresas asociadas.

Franco sigue impune. Las declaraciones de víctimas del franquismo ante la Justicia argentina, que debían comenzar ayer en el marco de la causa contra la dictadura abierta en Argentina, han sido suspendidas por orden de la juez María Servini instantes antes de que dieran comienzo. Según ha podido saber Público, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido una nota verbal al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, mostrando su rechazo a la toma de declaración de las víctimas al no respetar el “tratado bilateral de extradicción y asistencia judicial en materia penal de 1987” que, a juicio del Gobierno español, obliga a Argentina a cursar una solicitud mediante comisión rogatoria para poder realizar las videoconferencias.

La nota, firmada por el director de Asuntos Consulares del Gobierno español, ha surtido el efecto deseado en el embajador argentino, Carlos Bettini, quien ha telefoneado de manera inmediata a la juez argentina María Servini, que se encontraba en esos instantes en su despacho de Buenos Aires con “todo dispuesto para tomar declaración” mediante videoconferencia.

Según ha podido saber Público, a lo largo de esta conversación telefónica el embajador ha trasladado a la juez “el descontento y el malestar que causaba en las autoridades” españolas el método utilizado por la juez para tomar declaración a las víctimas del franquismo al encontrarse “fuera del tratado bilateral suscrito por ambos países”. Asimismo, el embajador ha señalado a la juez que si las videoconferencias se realizaban “podrían resultar nulas” y “afectar a los derechos de ciudadanos españoles”. Finalmente, el embajador también ha trasladado a la juez que el Ministerio de Asuntos Exteriores español presentará una queja formal por este hecho.

La suspensión de las videoconferencias ha sido recibida por las tres víctimas que debían declarar este miércoles cuando se encontraban en el propio Consulado argentino, junto a sus abogados, dispuestos a declarar. Las víctimas que tenían que declarar este miércoles eran Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales. Sin embargo, la cita fue aplazada, en un primer momento, por unos supuestos “problemas técnicos”. Finalmente, se ha conocido que estos problemas técnicos han sido las presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Garcia-Margallo, para que las videoconferencias no se produzcan.

“Es un argumento absolutamente pueril”

La reacción del abogado de las víctimas del franquismo en la querella presentada en Argentina, Carlos Slepoy, no se ha hecho esperar. El letrado, en conversación telefónica con Público, ha calificado el argumento del Ministerio de Exteriores como “pueril”.

“No tiene sentido de ninguna manera. El Gobierno argentino no tiene por qué comunicar absolutamente nada al Gobierno español”, señaló Slepoy, que añadió que al tratarse de unas videoconferencias realizadas en suelo argentino (el Consulado) en una causa abierta en Argentina el permiso o la autorización del Gobierno español no es necesario.

“Lo grave es que el Gobierno español haya querido parar esto y que haya planteado una especie de queja o conflicto diplomático y que, por otra parte, el embajador de Argentina en Madrid haya sido sensible a las presiones del Gobierno español. Esto es lo grave”, añadió el abogado.

Finalmente, Slepoy también quiso remarcar que si se avanza en el proceso judicial abierto en Argentina y finalmente se pide la extradicción de los exministros, jueces y torturadores del franquismo que aún siguen vivos y que han sido reclamados por los querellantes, es entonces cuando entra en vigor el tratado bilateral suscrito por ambos países y cuando debe realizarse la comisión rogatoria. "Ahí se van a terminar las excusas para tratar paralizar esto”, agregó Slepoy.

Declaración en Argentina

La maniobra del Gobierno español ha conseguido suspender las declaraciones que debían producirse ayer. No obstante, según los abogados, el “Gobierno español no podrá evitar” que las víctimas del franquismo testifiquen ante la Justicia argentina a finales del mes de mayo cuando una delegación de las víctimas y querellantes viajará a Argentina para continuar con los trámites del proceso.

Los testimonios de las víctimas (la juez había citado a doce de ellos) tratan de demostrar la existencia de un plan determinado de genocidio o crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y la posterior represión; el sometimiento de los vencidos a trabajos forzados; el robo de niños durante la dictadura; y la necesidad de imputar como responsables de asesinatos y torturas a exministros como Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria, y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), CCOO y FSP-UGT han reclamado por escrito, en el registro del Ministerio de Hacienda, la apertura de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para recuperar la paga extra requisada el año pasado al conjunto de los empleados públicos.

Los sindicatos reclaman la apertura de la negociación, tras los diferentes pronunciamientos judiciales que están teniendo lugar en todo el Estado, y la admisión a trámite, al menos hasta la fecha, de un recurso por parte del Tribunal Constitucional, donde se cuestiona la aplicación retroactiva de la paga extra devengada de manera previa a la entrada en vigor del decreto de recortes. La Defensora del Pueblo también hizo una recomendación en el mismo sentido.

Las centrales sindicales ofrecen al Gobierno negociar la devolución, para evitar que los múltiples contenciosos iniciados en toda España colapsen el funcionamiento de la Justicia y supongan un coste añadido al Estado.
 
Por otra parte, CSI-F señaló ayer la necesidad de alcanzar un gran pacto en materia de administraciones públicas entre las diferentes fuerzas políticas. CSI-F lleva más de dos años reclamando este pacto, por lo que valora la oportunidad del debate político generado estos días sobre el pacto.

Pese a la polémica y las denuncias del PP, el Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante), gobernado por el PSPV-PSOE, ha autorizado la velada de boxeo programada para este próximo sábado en el único colegio público de la localidad. El gobierno municipal argumenta que no existe ninguna normativa que impida su celebración, según la primera teniente de alcalde, Ana Belén Juárez, quien recuerda que la responsabilidad del evento es de la empresa organizadora, que ha solicitado todos los permisos "necesarios" y ha aportado la documentación correspondiente.

La teniente de alcalde también ha recordado que el consistorio decide la actividad de los centros escolares de titularidad municipal fuera del horario lectivo, y ha subrayado que la jornada deportiva "atraerá a la localidad" a visitantes de otros puntos de la provincia, así como a ciudadanos británicos, un aspecto que, a su juicio, reportará beneficios económicos a la localidad a nivel de hostelería y restauración.

Igualmente, ha puntualizado que el Ayuntamiento ha contactado con la Consejería de Educación, que ha trasladado que "no haría" el acto, aunque Juárez recalca que la decisión corresponde al Consistorio, así como que no hay ninguna normativa contraria.

La Consejería, según Europa Press, ha "desaconsejado totalmente" el desarrollo de la actividad, si bien destaca que la decisión final corresponde al Ayuntamiento. No obstante, apuntó que "vigilará" que cuando se recupere el horario lectivo en el centro la actividad sea la propia del colegio.

Juárez ha recordado que el boxeo es un deporte olímpico, y ha hecho hincapié en que la velada del próximo sábado no incluye competición de menores. Y preguntada sobre el acceso de menores al evento, ha matizado que el reglamento de la disciplina deportiva establece las condiciones de entrada y los precios para este colectivo.

Sobre la postura del PP de Los Montesinos, que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la Consejería, la concejal ha incidido en que "como oposición, y ante la falta de propuestas y alternativas, sólo les queda destruir el municipio".