La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su homóloga alemana, Ursula Von der Leyen, firmaron ayer un memorando de entendimiento para dar empleo en el país germano a 5.000 jóvenes españoles al año a través de la formación profesional dual –que combina trabajo y formación– y de puestos estables para personal cualificado. En cualquier caso, Empleo no aclara si las plazas están reservadas solo a jóvenes o si son en competencia con aspirantes de otros países ni cómo llega a la cifra de los 5.000 puestos.

"Este acuerdo permitirá promover el empleo juvenil y la movilidad profesional de los jóvenes, permitiendo el acceso al empleo a en torno a 5.000 jóvenes al año a través de la formación profesional dual alemana o del acceso a un puesto de trabajo para personal cualificado en Alemania", afirma el comunicado del departamento en el que se ha dado a conocer el acuerdo sin más detalles.

Tras el encuentro, Báñez agradeció la "sensibilidad y compromiso" de Alemania con los jóvenes españoles y aseguró que este memorando es "un espacio de muchas oportunidades para muchos jóvenes españoles que hoy, por la crisis, no las tienen en nuestro país y, sin embargo, pueden tenerlas temporalmente en otro país de la UE".

Según Empleo, de esta forma se permitirá promover el empleo juvenil, dada la tasa de paro que del 57% que alcanza este colectivo en España, así como la "movilidad" profesional de los jóvenes.

Además, en un momento en el que 43.548 trabajadores se encuentran dados de alta en la Seguridad Social alemana, el acuerdo persigue que los españoles que deseen desplazarse a trabajar o formarse a Alemania "lo hagan con todas las garantías".

Acuerdo de dos direcciones

Pero el acuerdo es además de dos direcciones, pues está basado en el impulso del intercambio y la cooperación en materia laboral, con el objetivo también de servir de cauce para que los jóvenes alemanes vengan a trabajar a España. De hecho, ya hay 37.797 trabajadores germanos dados de alta en la Seguridad Social española.

Las líneas básicas de colaboración entre ambos países en materia laboral se resumen básicamente en el intercambio de información y experiencias sobre las iniciativas que se están llevando a cabo en estos países y el establecimiento de cauces de colaboración. En este punto, Báñez ha concretado que la coordinación entre los servicios de empleo de España y Alemania "ya están dando frutos".

Un tercer pilar será el mantenimiento de una "posición común" sobre las iniciativas comunitarias que existen actualmente para reducir el desempleo juvenil, así como su financiación en el marco de las perspectivas financieras 2014-2020. En este contexto, se han comprometido además a preparar conjuntamente y con el resto de los países europeos asistentes a la reunión del G-20 de ministros del próximo mes de julio.

Más medidas

"Esta cooperación entre España y Alemania muy próximamente se irá materializando en medidas adicionales que harán posible que se pueda dar a nuestros jóvenes un futuro mejor", indicaron ambas ministras.

Por su parte, la ministra alemana de Trabajo mostró su "respeto" ante las reformas emprendidas en España y llamó a tener "aguante", dado que se trata de medidas de "gran recorrido". Además, señaló que "Alemania hace 10 años era el enfermo de Europa, con una alta tasa de desempleo", por lo que "saben cuáles son las medidas que funcionan". Dicho eso, indicó que "en la medida de lo posible Alemania estará dispuesta a echar una mano desde su experiencia para ayudar en el camino (de la reducción del paro)".

Los obispos españoles defienden la "igualdad académica" para la asignatura de Religión que recoge el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa –Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria– serán evaluables y que la nota contará para la media del curso "a todos los efectos".

"Los profesores deben ser conscientes de que la enseñanza religiosa escolar ha de hacer presente en la escuela el saber científico, orgánico y estructurado de la fe, en igualdad académica con el resto de los demás saberes", señalan los prelados en el documento 'Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe', redactado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y aprobado la XCVII Asamblea Plenaria y por la última Comisión Permanente.

Además, los obispos piden una formación en principios y valores éticos o morales no solo dentro sino también "fuera de la asignatura de Religión" de forma que la cultura religiosa católica se integre "en el conjunto de las ciencias humanas" sin que llegue a confundirse con la catequesis.

Sin embargo, dicen haber constatado que en la sociedad actual la aportación de los centros de enseñanza al desarrollo personal de sus alumnos se ve "muy limitada y condicionada por otras influencias" y se encuentra con "dificultades legislativas y administrativas", con "indiferencia e infravaloración por parte de padres y alumnos" y con "menosprecio" hacia la enseñanza religiosa frente a los conocimientos científicos y sociales.

En este sentido, apuntan que, a pesar de "algunas voces discordantes sobre la presencia de la religión en la escuela", hay motivos que la autorizan como el hecho de que su aprendizaje es "necesario para comprender la civilización europea" y para discernir "adecuadamente, asimilando lo positivo y declinando lo negativo".

"Sin un conocimiento adecuado de la religión es misión imposible comprender nuestra civilización. Para conocer la filosofía, la literatura, el arte, las costumbres populares, las fiestas y los valores morales de la civilización que hemos heredado no hace falta creer en la religión católica, pero sí es preciso comprender la religión", subrayan.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha denunciado la progresiva externalización a consultoras tecnológicas de los servicios ‘on line’ de la Seguridad Social para la gestión de la afiliación, las prestaciones, la vida laboral o las pensiones.

Según el sindicato, este es un ejemplo del cambio de modelo soterrado que está impulsando el Gobierno en las administraciones públicas, por la vía del adelgazamiento de las plantillas y la externalización de servicios que hasta ahora habían sido estructurales al sector privado.

Los ciudadanos y las empresas, según datos oficiales, realizaron el año pasado 345,2 millones de trámites administrativos a través de Internet, especialmente para el cobro de pensiones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer mismo señaló que la Administración Electrónica será “parte esencial” en la reforma del sector que llevará a cabo el Ejecutivo.

Pues bien, CSI-F considera que los empleados públicos se encuentran una vez más “en la cuerda floja”. “¿Acaso no tiene la Seguridad Social un organismo de informática denominado Gerencia de Informática que está especializado en este tipo de servicios? La respuesta es en efecto sí y desde el 2006 los concursos que se han convocado de este tipo, han sido gestionados por el cuerpo de funcionarios informáticos”, indica el sindicato.

Pero ahora el Gobierno ha decidido arrebatar esta función a los especialistas del propio organismo y lo han externalizado de una manera doble: en primer lugar porque lo gestiona una empresa privada y en segundo porque los funcionarios que atienden en las Oficinas Integrales de atención al público, tienen como función primordial rellenar formularios informáticos que dan soporte a los servicios que están externalizados.

Esta vía de la externalización de los servicios informáticos que se está produciendo en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, que entre los contratos del presente ejercicio y el de 2009 asciende a 531 millones, ha hecho que el propio Tribunal de Cuentas en su informe denuncie la instauración de un sistema de cautividad tecnológica como consecuencia de un alto grado de concentración de contratos de servicios informáticos en un reducido número de empresas.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, proponen una subida "temporal" de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en la cuota de las empresas como en la de los trabajadores, para evitar tener que recurrir otra vez al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones o a "modificaciones de envergadura" en el sistema.

Durante unas jornadas de difusión del Servicio de Intermediación y Arbitraje (SIMA), Toxo recordó que el 97% de los casi 63.500 millones de euros –más del 6% del PIB– con los que cuenta la llamada 'hucha de las pensiones' está invertido en deuda pública española, con lo que si se vaciara, este "soporte" desaparecería y España tendría que salir fuera a colocar su deuda, con el consiguiente sobrecoste.

Toxo admite que esta subida de cuotas tendría una afectación sobre los márgenes de las empresas y sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero asegura que sería "mínima" y en todo caso inferior al efecto que tendría el recurso al Fondo de Reserva sobre la deuda pública. Además, asegura que se podrían establecer "compensaciones" fiscales a través de otras figuras impositivas.

El Gobierno sacó del Fondo de Reserva hasta 7.000 millones de euros para hacer frente al pago de pensiones. Por el momento, en el primer trimestre no ha sido necesario recurrir a la 'hucha' y a 31 de marzo los rendimientos netos del Fondo alcanzaban los 460 millones de euros, lo que, junto con 2.970 millones obtenidos en 2012, supone que ya se han recuperado el 49% de las disposiciones realizadas el pasado año.

El factor de sostenibilidad

Sobre las posibles modificaciones en el sistema, insisten en que el diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones puede realizarse ya, pero que debe entrar en vigor en 2027, como establece le Ley de Pensiones, y con el mayor consenso posible.

Asimismo, los sindicatos han reivindicado el papel del Pacto de Toledo y han lanzado un mensaje, especialmente dirigido a las fuerzas políticas, para revalidarlo. Se trata, a su entender, de un pacto de Estado "con mayúsculas", que sería un error que desapareciera durante el proceso de aprobación del factor de sostenibilidad.

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que percibió sobresueldos de 700.000 pesetas mensuales (unos 4.200 euros) entre los años 1999 y 2003 por las funciones que desempeñaba en el grupo popular en la Cámara Alta, informaron fuentes jurídicas.

García-Escudero, que fue interrogado en el Senado como testigo de la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP atribuida al extesorero Luis Bárcenas, aseguró que, además de su sueldo, cobraba un total de 14 pagas de 550.000 pesetas (unos 3.400 euros) que le abonaba el grupo parlamentario y otras 14 de 150.000 (unos 900 euros) que le transfería el partido como "gastos de representación".

En todos los casos, asegura que el partido le realizaba las correspondientes retenciones y que tributó a Hacienda por todos estos ingresos, por lo que en ningún caso se produjeron irregularidades.

También admitió el préstamo que la dirección del PP le hizo en el año 2000 para afrontar las obras de rehabilitación de su vivienda de Madrid, en la que sufrió un atentado, aunque dijo que ascendió a 24.000 euros y no a 30.000, como se recogía en los 'papeles de Bárcenas'.

Según su declaración, las condiciones de la entrega las negoció con el entonces secretario general, Javier Arenas, y el dinero supone que se lo entregaron el que era tesorero Álvaro Lapuerta y su número dos, Luis Bárcenas, aunque dijo no recordar con claridad los detalles de la operación.

El dirigente 'popular', que declaró durante algo más de 45 minutos y se mostró muy tranquilo durante todo el interrogatorio, según fuentes presentes en el mismo, explicó que la devolución del préstamo la realizó a través de cuatro talones del Santander o del BBVA –las dos entidades en las que tenía cuentas– que entregó en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

No reconoce dos ingresos

En los denominados 'papeles de Bárcenas', que fueron publicados por el diario El País el pasado 31 de enero, aparecen cuatro pagos de un millón de pesetas (24.000 euros) con la inscripción 'devol. antic. Atentado'.

Sin embargo, García-Escudero asegura no reconocer dos de esos ingresos, fechados en diciembre de 2001 y julio de 2003. En la contabilidad oficial del PP, sin embargo, aparecían dos pagos en talones al actual presidente del Senado y otros dos en efectivo, según explicó al término de la declaración el abogado de Izquierda Unida (IU), Enrique de Santiago.

Antes del presidente de la Cámara Alta declaró en la Audiencia Nacional el diputado Eugenio Nasarre, quien señaló que la Secretaría General del PP "estandarizó pagos complementarios" a los dirigentes de la formación que en su caso fueron de 1.800 euros mensuales entre los años 2000 y 2004, el tiempo en el que compatibilizó su cargo de diputado con  el de secretario de Estudios y Programas y posteriormente de Asuntos Sociales en el PP.

Declaración de los constructores

En esta causa están imputados, además de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, nueve supuestos donantes del PP que aparecían en los manuscritos publicados por el diario El País el pasado 31 de enero, ocho de los cuales son empresarios de la construcción.

Los imputados son Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que comparecerán el 27 de mayo; el murciano Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), que lo harán al día siguiente; y José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel'), que están citados el día 29.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez citó a declarar a los supuestos donantes del PP el pasado 11 de marzo tras admitir a trámite una querella presentada por Izquierda Unida (IU) en la que estaban imputados Bárcenas y Lapuerta. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal anuló las declaraciones de los extesoreros el pasado 21 de marzo y Ruz aplazó el resto tras asumir la causa, en detrimento de Gómez Bermúdez, por orden de la Sección Tercera de este órgano judicial.

“Es una fórmula de dación en pago, pero a lo bestia”. La afirmación es de un ingeniero de caminos que hace 15 años participó en el proceso de articulación de la fórmula de concesiones a empresas privadas para la construcción de las llamadas autopistas radiales. Ahora, cuando una buena parte de estas infraestructuras está en quiebra, se echa las manos a la cabeza ante el plan del “mal llamado rescate” por el que el Gobierno y el Ministerio de Fomento proponen la creación de un “banco malo de las autopistas” que “tomará en prenda las radiales que están quebradas” y liberará a promotores y bancos de las obligaciones de financiación y explotación que contrajeron.

Para colmo, les compensará con diversas fórmulas. “Lo peor es que todo es legal”, se lamenta, ya que en el diseño de los proyectos de financiación de las autopistas “se establecía la responsabilidad patrimonial de la Administración”.

El debate sobre la creación del “banco malo de las autopistas” es uno de los asuntos que, entre otros, se ha suscitado durante la reciente ‘Cumbre de la Ingeniería española 2013’ celebrada la pasada semana en Madrid. Precisamente la ministra de Fomento, Ana Pastor, clausuró el encuentro, aunque en su discurso no hizo mención al tema.

Los ingenieros más críticos muestran su indignación por el agravio comparativo que se establece entre “la bendición que el Gobierno hace de esta fórmula de reversión de activos” (en referencia a las autopistas radiales), y su negativa a articular una formula de dación en pago para las familias propietarias de pisos que se han visto pilladas por la recesión económica y no pueden hacer frente a sus hipotecas.

Nacionalizar las pérdidas

La drástica reducción de la circulación de automóviles como consecuencia de la crisis económica, la fórmula con la que se abordó la expropiación de los terrenos para construir las autopistas y “la falta de rigor de las previsiones de los tráficos que podrían atraer cada una de ellas” son las causas que, según los ingenieros, provocaron la situación crítica a la que se enfrentan las radiales de Madrid, la autopista de circunvalación de Alicante, o los tramos Alicante-Cartagena o Cartagena-Vera. De hecho las concesiones de Madrid-Toledo, la R-4, Accesos de Madrid y Autocosta están en concurso de acreedores. La pelota de sus deudas se aproxima a los 4.000 millones de euros, y a esta cifra hay que sumar otros 1.800 del sobrecoste por las expropiaciones.

Entre las empresas constructoras responsables de las radiales en dificultades se encuentran Abertis, Cintra, Acciona, ACS, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Glbalvía. Hay también algunas entidades financieras como Bankia, BMN (las antiguas cajas del Levante) o Unicaja, en el capital de las concesionarias.

Para atajar una situación que amenaza con volverse contra las constructoras, bancos y Gobierno, el Ministerio de Fomento está poniendo a punto un plan para crear el que ya se conoce como “banco malo de las autopistas”. Será una empresa pública que tomará en prenda una decena de carreteras de alta capacidad.

El departamento que encabeza Ana Pastor acepta la reversión de las autopistas, pero exige a bancos y concesionarias un descuento de entre el 20% y el 50% de las cantidades que han gastado los promotores en la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras.

Activos tóxicos

Pero es que ¿además de quedarse con activos tóxicos como son unas radiales que nadie quiere utilizar, el llamado banco malo de las autopistas va a tener que resarcir con fondos públicos a las empresas y bancos responsables del desastre? Los ingenieros aseguran que la figura ideada en el modelo concesional que dio vida en su día, y en plena burbuja del cemento, a las radiales, establecía la "responsabilidad patrimonial de la Administración".

De este modo si, como finalmente ha ocurrido, las autopistas de concesión privada no captaban el tráfico y el volumen de peajes que las hacía viables y entraban en quiebra, sus promotores podrían acogerse a una fórmula de dación en pago de manera que se liberaban de sus responsabilidades entregando la carretera en prenda a los bancos que les habían prestado el dinero para construirla. Pero ¿qué pueden hacer los bancos con una infraestructura que durante una década ha mostrado su completa inutilidad, más allá de engordar un negocio pura y simplemente especulativo?

Como la banca no está dispuesta a explotar autopistas ruinosas, por un lado presiona a las constructoras para que devuelvan los créditos y, por otro, a Fomento para que defina de una vez la figura de la sociedad pública. Así se pone en marcha la “responsabilidad patrimonial de la Administración” que obliga al Estado a hacerse cargo en última instancia de unos activos tóxicos, con lo que de nuevo se nacionalizan las pérdidas de las empresas privadas. Además, y esta es la parte que retrasa la puesta en marcha del plan, resarcirá a las concesionarias morosas con unas cantidades de dinero público que podrían oscilar entre 2.500 y 3.500 millones.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha decidido priorizar los cursos de inmersión lingüística en España porque ofrecen mejor resultado que las becas de estudio de idiomas en el extranjero para el presente curso 2013-2014. Así se desprende de una respuesta del Gobierno, dirigida a los diputados de IU Caridad García Álvarez y de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, preocupados por el "recorte" emprendido en estas ayudas al estudio.

Según justifica el Ejecutivo, durante algunos años el Ministerio de Educación ofreció a sus becarios ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras exclusivamente mediante la estancia en los países correspondientes, fundamentalmente Inglaterra y Francia. Sin embargo, y a medida en que la modalidad de inmersión ha ido implantándose en España, el Gobierno recuerda que el Ministerio ofertó también a estos estudiantes esta posibilidad de mejora en el uso de las lenguas extranjeras.

"En este año 2013, y a la vista de que la modalidad de cursos de inmersión estaba ofreciendo mejores resultados, contando con un buen aprovechamiento por parte de los alumnos y resultaban un instrumento más eficiente, el Gobierno ha optado por priorizar esta modalidad", explica, al mismo tiempo que puntualiza que la modalidad de ayudas para el estudio de habla inglesa, por tanto, se concentra en los cursos de inmersión lingüística.

Es más, argumenta que estos cursos de inmersión, por su carácter de intensivos, permiten una mayor flexibilidad y compatibilidad con el calendario escolar. Por otro lado, cree que, en la comparación de la evaluación de los resultados de ambas modalidades que han hecho los propios estudiantes, "pone de manifiesto que su satisfacción con la modalidad de inmersión es más elevada".

Cubiertas todas las expectativas en España

Así, precisa que en el pasado curso, de los 14.000 estudiantes universitarios y de Formación Profesional de Grado Superior que disfrutaron de una ayuda del Ministerio de Educación para seguir un curso de inmersión, el 85,9% manifiesta que el curso ha cubierto todas sus expectativas de aprendizaje y mejora en el manejo de la lengua y el 91,2% asegura que desearía repetir la experiencia.

Por lo que se refiere a los 2.000 estudiantes de Bachillerato que participaron en el programa de pueblo inglés, Educación precisa que el 98% ha confirmado que el programa ha respondido a sus expectativas y el 97% que proporciona un grado de inmersión alto.

Por todo ello, el Gobierno considera que esta decisión no trunca las expectativas de los estudiantes, ni supone un impacto negativo, sino que potencia la modalidad que mayor aprovechamiento ha demostrado entre los alumnos. "El Gobierno no ha suprimido las becas de idiomas en verano, sino que ha priorizado las becas de inmersión. En el año 2012 el número de becarios de idiomas en el extranjero ascendió a 12.892", sentencia el Ejecutivo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima norma educativa en 37 años de democracia, para su remisión inmediata al Congreso de los Diputados, donde se buscará "un consenso más amplio" en torno a la reforma, según anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El texto que ha aprobado el Consejo de Ministros recoge varias novedades respecto del anteproyecto que manejaba el Gobierno, entre las que destaca la nueva concepción de la asignatura de Religión, que, al igual que su 'asignatura espejo', será evaluable con una nota que contará para la media del curso a todos los efectos, aunque no será materia de examen en las evaluaciones nacionales. Ambas materias se ofrecerán además, como optativas para facilitar que, quien quiera, curse las dos.

Por otra parte, se cambia el sistema de promoción, de manera que no se podrá pasar con más de dos suspensos y tampoco si las dos materias que no se han aprobado son matemáticas y lengua o lengua cooficial, extremo que confirmó el ministro, que también se refirió a la elección del castellano como lengua vehicular en las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial para afirmar que la obligación del Estado es garantizar el derecho de los padres a elegir el idioma en que se educa a sus hijos.

Para ello, se contempla que el Ejecutivo pague el coste de escolarizar al alumno en un colegio privado donde pueda estudiar en castellano y luego detraiga el importe de la factura del presupuesto que corresponda a la comunidad autónoma en el marco de la financiación autonómica. Educación estima que el coste de la medida sería de 5 millones de euros para un millar de alumnos e incide en que, en todo caso, sería una medida "transitoria" en tanto la autonomía le da solución. "Hablamos de algo muy excepcional y de un mecanismo que en la disposición adicional (de la LOMCE) se plantea como subsidiario", dijo el ministro.

En comparecencia junto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, Saénz de Santamaría afirmó que se trata de "la ley más importante de la Legislatura" y "una de las reformas fundamentales" del Ejecutivo, pues tiene "un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes".

Wert, interpelado sobre la falta de acuerdo en torno a la reforma y las protestas que suscita en la comunidad educativa, afirmó que el Ejecutivo va a "intentar todo lo que esté en su mano" para "conseguir un consenso más amplio, no sólo político, sino también social", aunque advirtió de que se hará "sin desvirtuar" los planteamientos esenciales. Además, recordó que la Ley Orgánica de Educación vigente "se aprobó con algo menos del 52 por ciento de los votos" en el Parlamento y "nadie ha objetado su falta de legitimación democrática".

El ministro afirma que "la razón por la cual esta reforma es inaplazable" es la tasa de abandono y de fracaso escolar que hay en España porque, según dice, "es lo que más compromete no sólo el futuro de los jóvenes, sino de la economía y la sociedad". "Si se estabiliza una tasa como la que tenemos o teníamos en años anteriores, el 32% en 2008, no sólo hablamos ya de la dificultad de los jóvenes hoy para conseguir un empleo, sino de que cuando no sean tan jóvenes puedan insertarse en la sociedad", señaló.

El ministro destacó que la LOMCE supone un "cambio en la filosofía" de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, en tanto que se dividen las asignaturas en "troncales, específicas y de libre configuración autonómica" para "poder definir, utilizando las competencias del Estado, un núcleo básico homogéneo" que a su vez garantice uniformidad en los contenidos educativos en todo el país.

Además, puso el acento en "la nueva concepción, impulso y modernización de la Formación Profesional", con la creación de la Formación Profesional Básica, porque a su juicio este tramo es "la mayor debilidad desde el punto de vista de titulación" del sistema español. Por ello, se introducen medidas que a su juicio cambian "radicalmente el planteamiento" para hacer este tramo "más digno y mejor enfocado a la empleabilidad" y lograr que sea "más transitable y flexible" para los alumnos. Según ha dicho, dará a "los jóvenes con dificultades para completar de forma normal la ESO" la posibilidad de "seguir un itinerario formativo que no está cerrado", sino desde el que se puede "seguir avanzando".

Otro de los aspectos que destacó es la introducción de evaluaciones externas al término de cada etapa en todo el territorio nacional, que servirán para "mejorar el conocimiento de las áreas instrumentales" y "conseguir que los aprendizajes sean objeto de una señalización clara". "Había desaparecido por completo la cultura de la evaluación", dijo Wert, para incidir en que la prueba de Primaria "no tendrá efectos académicos" porque no sirve para titular, mientras las de ESO y Bachillerato sí tendrán consecuencias aunque "se conciben con mucha flexibilidad".