El expresidente de Cajamadrid Miguel Blesa abandonó en torno a las 18.25 horas de este viernes la cárcel madrileña de Soto del Real después de que sus abogados depositaran la fianza de 2,5 millones de euros que el juez le impuso para eludir la cárcel por su responsabilidad en la compra del City National Bank en 2008. Ni 24 horas tardó el amigo del expresidente Aznar en conseguir esa considerable suma de dinero.

La defensa de Blesa llegó a bordo de un vehículo azul oscuro a las 18.15 horas a la prisión madrileña, a cuyas puertas le esperaba un grupo de cámaras y reporteros. Los dos letrados accedieron al interior del centro penitenciario, donde aguardaba su cliente. Minutos después, uno de los abogados movió el turismo para que su representado accediera con mayor facilidad. Acto seguido, el banquero, ataviado con un jersey verde y pantalones de sport, salió de prisión, observó a los informadores y, sin hacer declaraciones, se adentró en el coche por la puerta del copiloto.

El vehículo, con Blesa sentado en su asiento trasero, abandonó el recinto penitenciario después de haber reunido en menos de 24 horas la millonaria caución que el juez Elpidio José Silva le impuso en la noche del jueves.

Su defensa acudió ayer tarde al Juzgado número 53 de Madrid, en funciones de guardia, para depositar la fianza después de que el entorno del que fuera el máximo responsable de la caja de ahorros se movilizara desde el momento mismo en que tuvo noticia de su ingreso en prisión. La fianza puede ser abonada por aval solidario, aportando una garantía hipotecaria, a través de un fiador personal o por medio de un pago en metálico, según informaron fuentes jurídicas.

El ex presidente de Cajamadrid pasó su primera noche en prisión después de haber permanecido el jueves durante más de siete horas en el Juzgado de Instrucción número 9 hasta que le fue notificado el auto por el que se decretaba su ingreso en la cárcel.

Blesa, con semblante serio y aspecto preocupado durante el tiempo que permaneció en dependencias judiciales, fue citado a las 13.40 horas para declarar por la compra del City National Bank de Florida por parte de Cajamadrid emprendida en abril de 2008. Su comparecencia comenzó con retraso y se prolongó por espacio de casi tres horas.

Tras ella, Blesa aguardó en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla acompañado por su abogado y el resto de letrados personados en la causa que investiga el juez Silva sobre esta operación y sobre un crédito de 26,6 millones de euros concedido a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad.

Blesa, con fecha reservada para contraer matrimonio en breve, recibió múltiples llamadas de familiares y amigos interesándose por su situación tras conocer la noticia de su ingreso en prisión provisional.

Durante las siete horas de espera, el expresidente de la caja madrileña permaneció sentado en los bancos de madera situados en el pasillo donde se encuentra el Juzgado de Silva. Dio continuos paseos ante la puerta del mismo, del que no se separó en las siete horas de espera, ni siquiera para ir a comer.

Pasadas las 20 horas, Blesa accedía al interior del Juzgado para que le fuera notificado el auto de ingreso en prisión provisional. A su salida, les esperaban dos agentes de la Guardia Civil con la orden de trasladarle a la prisión de Soto del Real, donde durmió una noche.

El juez cree que en su conducta concurren "muy relevantes" indicios de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto dos diligencias de investigación penal, por un lado, para analizar las posibles causas del accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 julio de 2006 causó la muerte de 43 personas y provocó heridas a otras 47 y, por otro, para investigar un posible delito contra las instituciones del Estado a raíz de las comparecencias de testigos en la Comisión de investigación celebrada en las Cortes valencianas.

Así lo comunicó la Fiscalía Provincial, en una nota de prensa, en la que señala que la decisión se ha adoptado tras recibir escritos de denuncia, uno presentado por la diputada socialista en las Cortes Ana Barceló, y otros dos interpuestos por Antonio Marín Segovia, portavoz de Cercle Obert de Benicalap y por otra persona.

Ante la denuncia presentada por el grupo parlamentario socialista, a través de la diputada Ana Barceló, sobre las "actuaciones de testigos" en la Comisión de Investigación celebrada en las Cortes tras el accidente, el ministerio público ha decidido abrir la investigación "por un posible delito contra las instituciones del Estado del artículo 502.3 del Código Penal".

En segundo lugar, las otras diligencias abiertas son consecuencia de dos escritos presentados ante Fiscalía, uno de ellos por el portavoz de la entidad Cercle Obert, Antonio Marín, y el otro por otra persona, quienes solicitaron la reapertura de las investigaciones sobre el accidente en sí mismo y para que se analizaran las posibles causas del siniestro.

Los socialistas presentaron el pasado 6 de mayo su denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, cuyo responsable, Ricard Cabedo, abrió un día después diligencias, que cerró al no citarse a ninguna persona concreta y no aparecer ningún aforado en los hechos descritos. Por ello, decidió enviar la documentación que le habían aportado a la Fiscalía Provincial para que actuara "en consecuencia".

El PSPV denunciaba que, a raíz del accidente de metro, "se constituyó una Comisión de investigación en las Corts el 17 de julio de 2006 y que es posible que testigos que testificaron ante ella hayan faltado a la realidad inducidos por otros", lo que podía constituir un delito recogido en el Código Penal.

El PSPV consideraba que algunos comparecientes en las Cortes pudieron incurrir en un presunto delito de falso testimonio. En la denuncia adjuntaron una copia del programa 'Salvados' sobre el accidente, el "argumentario" que la consultora H&M Sanchis elaboró sobre el siniestro y las actas de la comisión de investigación.

Barceló recordó en el momento de presentar la denuncia que el artículo 502 del Código Penal contempla penas de entre seis meses y un año de prisión y recalcó que cuando se citó a las personas que intervinieron en la Comisión de las Cortes acerca del metro se advertía de la obligación de decir la verdad. Esta documentación llegó a última hora del lunes a la Fiscalía Provincial, que se pronunció este viernes con la decisión de abrir la investigación.

Campaña ciudadana

Por su parte, Cercle Obert lanzó una campaña ciudadana para que la Fiscalía reabriera la investigación sobre el accidente del metro. A su juicio, a raíz de la emisión del programa 'Salvados' se apreciaba "claramente" indicios de delito en la actuación de determinadas personas por lo que solicitaban nuevas investigaciones "ante el profundo dolor y malestar de los familiares de las víctimas" y "la indignación que han provocado estos hechos a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".

Asimismo, solicitaba que el ministerio público identificase a "los responsables intelectuales, que supuestamente tejieron una trama de mentiras y falsedades en torno a la instrucción judicial", ya que, según dijo en un comunicado en ese momento, se afirmó que la unidad siniestrada del metro "no había descarrilado previamente, cuando existe numeroso material fotográfico publicado que confirma la existencia de dos descarrilamientos previos al accidente del 3 de julio de 2006".

La entidad reclama en su escrito que Fiscalía analizara "todas y cada una de las posibles causas del accidente" y que aclarara por qué la comisión de investigación, celebrada durante cuatro días, "no tuvo a bien recabar investigaciones y análisis científicos contrastados a expertos independientes y solventes, basando única y exclusivamente sus conclusiones en opiniones vertidas sin apoyo, respaldo, ni rigor científico".

Del mismo modo, la asociación pidió la depuración de "las responsabilidades oportunas de los gestores públicos de FGV que han participado, supuestamente, de forma directa o indirecta, en la manipulación, ocultación y falsificación de pruebas, informes o soborno de testimonios".

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha rechazado el pacto por el empleo que reclaman sindicatos y oposición alegando que el Gobierno "tiene un rumbo fijado" y "sabe lo que hay que hacer", aunque "eso le suponga sufrir un desgaste". Sin embargo, pone en valor que haya acuerdo con los agentes sociales en aspectos relacionados con Europa o moderación salarial y de beneficios empresariales, así como que vayan a dialogar sobre pensiones o medidas de protección social para los más desfavorecidos.

Así lo aseguró en una rueda de prensa en la Moncloa tras la entrevista de tres horas que mantuvo con los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CCOO) y Cándido Méndez (UGT); el presidente de la CEOE, Juan Rosell; el presidente de la Cepyme, Jesús Terciado; y la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Previamente, en otra comparecencia ante los medios, Méndez y Toxo lamentaron que el jefe del Ejecutivo no quiera "adentrarse" en este momento en el camino del pacto nacional cuando, según el secretario general de UGT, "la crisis de empleo y la temperatura social" en España piden "a gritos" un consenso en el ámbito social, parlamentario e institucional. Por su parte, Toxo ha pedido al presidente "altura de miras y liderazgo", ya que, según insiste, España necesita ese gran consenso.

El presidente en persona

En su comparecencia pública ante los medios, Rajoy enumeró los aspectos en los que hay coincidencia con los agentes sociales, como el esfuerzo de limitación de salarios y beneficios empresariales o la apertura de un "espacio de diálogo" para estudiar medidas de protección social para los sectores más desfavorecidos.

Rajoy dijo que se ha acordado constituir un grupo de trabajo sobre la estrategia de emprendimiento y empleo joven, y puso en valor que se apueste "por la flexibilidad interna" en la negociación colectiva. Además, añadió que el Gobierno se ha comprometido a analizar el informe de evaluación de la reforma laboral.

En cuanto a las pensiones, el jefe del Ejecutivo recordó que el informe del comité de expertos se enviará en breve a la Comisión del Pacto de Toledo y pidió a los agentes sociales "su máxima colaboración" en un tema "tan sensible" para la sociedad española.

Aspectos concretos solamente

Al ser preguntado por qué no ve posible ese gran pacto de Estado que reclaman sindicatos y oposición, el jefe del Ejecutivo pidió no dar "tanta importancia a las palabras" y dijo que hay que fijarse "objetivos realistas".

En este punto, puso el acento en el hecho de que ahora sean capaces de llegar a "entendimientos" en aspectos concretos relacionados con la UE, el "compromiso" de moderación salarial, el control de precios o la mejora de la liquidez para pymes y familias. "Desde ese punto de vista yo estoy contento", dijo.

Rajoy explicó que en la reunión, que calificó de "positiva", han hablado de las grandes reformas que tiene pendientes la sociedad española e insistió en que si avanzan en algunos temas, se dará "por satisfecho". "Hay entendimiento en tema europeo, precios públicos y moderación de salarios y beneficios. Que avancemos en todo lo demás, me parece que es fijarse objetivos realistas y de una enorme trascendencia".

A renglón seguido, reconoció que hay asuntos en los que no están de acuerdo. "No pasa nada, el Gobierno tiene que asumir sus responsabilidades", subrayó, para poner como ejemplo la reducción de déficit público de 20.000 millones que llevó a cabo el Gobierno el año pasado. Según recalcó, es "lógico" que no se apoyen ese tipo de medidas, que suponen un "desgaste".

“No hay dinero”

Ante la insistencia de los periodistas de por qué se opone a ese gran pacto de Estado, el jefe del Ejecutivo defendió su política actual, que incluye la reducción del déficit público. "El Gobierno tiene un rumbo fijado, sabe lo que hay que hacer", proclamó.

A preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno criticó el plan económico que le ha enviado el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, un documento que, según dijo, implica subir el gasto en todas las partidas. "Es imposible, eso a lo mejor se puede plantear desde la oposición", subrayó, para añadir que "no hay dinero" y él debe hacer "políticas realistas y equilibradas".

Una vez más, el presidente del Gobierno recriminó a Rubalcaba que no apoyase en el Parlamento la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma del sistema financiero, la reforma laboral o las medidas relativas a desahucios o preferentes.  "Es que no hemos encontrado el apoyo en nada", se quejó.

Rajoy, que confesó que ha hablado "en muchas ocasiones" con el líder del PSOE, conversaciones que "no han sido malas" pero no han terminado en acuerdo, dijo que hay "un rumbo marcado" y volvió a ofrecer al PSOE acuerdos en reformas concretas. En su opinión, la política económica que se está haciendo "es la importante".

"No voy a negarle a nadie la posibilidad de llegar a un entendimiento, pero lo que no debo hacer es no tomar aquellas decisiones que son las que necesite la economía española", resaltó, para añadir que él está dispuesto a "asumir el coste y el desgaste", aunque a "otros" les resulte "probablemente más incómodo".

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha ordenado el ingreso en prisión provisional del expresidente de Cajamadrid Miguel Blesa, amigo del expresidente José María Aznar, por supuestas irregularidades en la compra del City National Bank of Florida, según fuentes jurídicas.

El magistrado, que instruye la causa en la que investiga la concesión de un crédito fallido a Marsans de 26,6 millones de euros por parte de la caja madrileña, tomó ayer esta decisión en un auto tras citar de urgencia a Blesa e interrogarle por la compra del City National Bank of Florida.

El titular del Juzgado ha impuesto una fianza de 2,5 millones de euros al ex presidente de Cajamadrid para eludir su ingreso en prisión provisional.

En la resolución en la que Blesa era citado y notificada ayer mismo, el juez sostenía que, aunque "obviamente" no se desprenden "evidencias e indicios tan prolijamente" en esta compra como en la de la concesión del crédito a Marsans, "el Banco de España sí que ha visto conexidad" en un informe que le ha remitido recientemente, fechado el pasado 19 de abril.

De esta forma, el supervisor apuntaba en su documento a que la adquisición del banco se hizo de manera que "pueda eludirse el preceptivo control de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid" y que su precio excedió al que abonaron el Banco Popular y el Banco Sabadell en la compra de otras entidades en Miami.

Además, la OCC (Office of the Comtroller of the Currency), departamento independiente del Tesoro de Estados Unidos, ha reseñado "déficit muy relevantes en la supervisión del equipo directivo de la entidad, de cara a la debilidad económica general, sin que esté implantada estrategia viable de negocio".

La oficina americana también ponía de manifiesto el "alto y creciente riesgo estratégico", es decir, explica el juez, "la escasa o nula capacidad de reacción", de manera que la previsión de crecimiento propuesta por Cajamadrid para los años 2000-2014 "está seriamente desorientada, e ignora manifiestamente la atonía económica imperante".

Cajamadrid, aún con Blesa en su presidencia, anunció en 2008 la compra del 83% del City National Bank of Florida por 927 millones de dólares (unos 618 millones de euros en aquel momento) y posteriormente se hizo con el 100% de la entidad aportando otros 190 millones de dólares (unos 127 millones de euros).

Para el juez, la compra del banco norteamericano por parte de Cajamadrid se hizo prácticamente por el valor en libros de la entidad, unos 1.121 millones de dólares, pero teniendo en cuenta el deterioro del fondo de comercio del banco, la operación pudo acarrear a la caja unas pérdidas de 500 millones de euros.

El portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) en la Plataforma Estatal en Defensa de la Educación Pública, José Luis Pazos, ha anunciado que enviará una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instándole a "la paralización definitiva de la Lomce". Además, le instará al relevo "de todos los interlocutores educativos de su Ejecutivo, empezando por el ministro, José Ignacio Wert", y a reunirse con "todos los integrantes" de la denominada 'marea verde'.

En una rueda de prensa junto al presidente y la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Ceuta, Mustafa Mohamed y Nuria Buscató, Pazos explicó que cumpliendo estas reivindicaciones "se volvería al punto de partida que nunca se debió abandonar" para diseñar una reforma educativa "a partir del diálogo y el consenso".

"Los padres estamos cansados de que cada partido imponga una nueva Ley de Educación al llegar al Gobierno y queremos estabilidad, como también acaba de reclamar el Consejo de Estado, que no es sospechoso de nada", apunto el miembro del Consejo Escolar del Estado, quien recordó que "prácticamente nadie" apoya el anteproyecto de la 'Ley Wert'.

"Hay muchos españoles que en 2011 votaron al PP y que hoy no volverían a hacerlo, entre otras cosas por su gestión de la educación", subrayó Pazos, quien dejó claro que si el Gobierno de Rajoy desoye sus peticiones "CEAPa y otras entidades recurriremos al Tribunal Constitucional para que, si se aprueba la LOMCE, no se aplique porque vulnera al menos siete artículos de Carta Magna y una o dos disposiciones adicionales".

En el mismo sentido, Pazos adelantó que la Confederación de Asociaciones de Padres pedirá "a los partidos de la oposición y a la Defensora del Pueblo" que "se pronuncien y actúen en el ámbito de sus competencias" sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, "que pretende exportar un modelo educativo, el de la LOCE y la Comunidad de Madrid, cuyos indicadores demuestran que es un fracaso".

"Nos rebelamos contra la involución que supone frenar el avance en materia educativa que hemos logrado durante los últimos años para desmontar el sistema que nos ha costado 30 años construir porque está en juego el futuro de nuestros hijos y porque nada se puede cimentar sobre el ataque a lo público y al derecho a la educación", resumió.

La ley, al Consejo de Ministros

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, confirmó que llevará este viernes al Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOMCE), pero rechazó dar detalles sobre el contenido de la reforma ni si modificará algunos de sus puntos más polémicos ni tampoco la fecha en la que la llevará al Congreso para su aprobación.

"Son preguntas que todas van a tener una respuesta clara y determinante mañana", explicó el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas, donde participa en una reunión con sus homólogos de la UE.

El ministro respondió con un escueto "sí" a la pregunta de cuándo llevará el proyecto de reforma educativa al Consejo de Ministros y avanzó que este viernes dará "información abundante" sobre la remisión de la reforma educativa al Congreso, así como "sobre el contenido".

Wert dijo que está dispuesto al diálogo con la comunidad educativa y la sociedad civil, pero rechazó en todo caso "la posibilidad de que no haya una reforma" ni dejar las cosas como están. Preguntado si aceptará cambios en el proyecto de reforma ante la fuerte contestación en las calles que suscita la reforma, ironizó: "Que yo sepa hoy no está saliendo nadie a la calle".

Wert rechazó responder a la pregunta de si dimitiría si continúan las movilizaciones en la calle contra la reforma educativa.

Unas cuarenta o cincuenta personas con camisetas verdes y rojas se dieron cita el miércoles ante la oficina de Cajamurcia en la confluencia entre las calles Miguel Hernández y Gabriel Miró, en Elche, para reclamar que la entidad atendiera las peticiones de dos familias que temen ser desahuciadas próximamente, según reveló ayer el diario Información. 

Mercedes Fernández dice que llevaba desde enero esperando una llamada del banco para negociar la condonación de su deuda y un alquiler social. Josefa Calderón sostiene que había intentado en varias ocasiones en los últimos cinco meses que la atendieran con el mismo objetivo. Las dos salieron contentas de la oficina, con un documento firmado por la dirección en el que el banco se comprometía a negociar.

De momento solo eso, aunque es un paso adelante que ellas interpretan que no habrían logrado dar de no ser por el apoyo de la Plataforma Stop Desahucios de Elche y Santa Pola, que les ha dado visibilidad. Precisamente anteayer los escaparates se llenaron de pegatinas y la entrada a la oficina de carteles y pancartas en los que se leía "Sí se puede pero no quieren" o "Tu banco te roba".

Mercedes Fernández no pudo seguir pagando la hipoteca cuando le quedaban 180.000 euros por saldar. El banco se quedó su casa por el 60% de su valor (137.000 euros de 220.000 euros) y ella mantiene la deuda por ese 40% restante, 47.000 euros de costas judiciales y 20.000 de intereses de demora. "La ruina para toda la vida", resume. Ayer aprovechó para animar a las personas que estén en situación similar a que se pongan en contacto con la plataforma, pues sabe que la primera sensación es de vergüenza pero después se siente querida y apoyada y percibe "que sí se puede".

La plataforma pide para ella, para Josefa (madre soltera con dos menores a su cargo) y para todos los afectados la condonación de la deuda y un alquiler social que les permita permanecer en sus casas manteniendo una vivienda digna (un derecho amparado por la Constitución).

Alicia Orgiles, miembro de Stop Desahucios de Elche y Santa Pola señaló con satisfacción que "al menos hemos conseguido que las atiendan, porque cuando vienes solo no te toman en serio e incluso te hacen sentir culpable". Para hacerse fotos ante el banco, en vez de decir "patata", los congregados coreaban "estafa".

Mala educación en Cajamurcia

Días atrás, una empleada de Cajamurcia, de una sucursal ubicada en la Avenida del Mediterráneo de la ciudad de Almería, hizo gala de su mala educación con la clientela. 

Según Ausbanc, uno de sus asociados presentó en la oficina una carta tipo que ha elaborado la asociación para lograr la aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la clausula suelo en los contratos hipotecarios, y la referida empleada le espetó: "Me limpio el culo con esta sentencia. El que ha escrito este papel es un analfabeto. Lo único que busca Ausbanc es aprovecharse de la gente que lo está pasando mal para sacarles el dinero". 

La asociación afirma que tiene el nombre y apellidos de esta trabajadora, y se queja del nerviosismo y la desconsideración con que han sido recibidas sus reclamaciones en algunas sucursales.

El abogado García Carrellán señala que la consecuencia directa de la sentencia, dirigida contra las cláusulas suelo de las hipotecas es la nulidad de las mismas; es decir, que los contratos siguen vigentes pero sin el tope fijado por las entidades que perjudicaba al cliente en momentos, como el presente, en que el euribor está marcando mínimos históricos.
"Empleadas como ésta deben saber que su comportamiento, más allá de lo puramente rechazable por maleducado, puede estar ya traspasando la frontera de las coacciones y pueden ser objeto de denuncia penal y tener que acudir a las comisarías de policía y cuarteles de la Guardia Civil para responder de su conducta", concluye Ausbanc.

Según la publicación Mercado del Dinero, "Ausbanc ha demostrado claramente su compromiso para defender los legítimos intereses y derechos de los clientes bancarios ante las malas prácticas de las entidades o la comercialización de sus productos tóxicos a través de los medios legalmente establecidos para ello en el Estado de Derecho. La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2013 declarando abusiva la cláusula suelo de los préstamos hipotecarios está poniendo de manifestó la distinta actitud de unos y otros a la hora de respetar las reglas de juego.

Desde el mismo momento que se conoció el fallo de la sentencia, la banca, bien directamente bien a través de medios de comunicación adecuadamente adiestrados, transmitieron el mensaje de que esa sentencia era un mero recurso ornamental, “papel mojado” como llegó a citar un periódico salmón que ya no está en expansión. Se trataba de una lucha desesperada para desmovilizar a los millones de afectados por la cláusula suelo que quedaban legitimados para reclamar la eliminación de la cláusula y la devolución de las cantidades pagadas en exceso.

Pero esta labor gobbeliana de alterar la realidad por medio de la propaganda y sus tentáculos mediáticos está siendo superada por la actitud grotesca y totalmente intolerable de algunos de los empleados de entidades financieras cuando reciben la fundamentada reclamación de sus clientes de que se elimine la cláusula suelo de sus préstamos bancarios".

Y termina diciendo: "Algunos bancos no están dispuestos a aceptar la ejecución plena de las sentencias de los tribunales de justicia. Esto puede llevar a algunos empleados de banca a llevar a cabo conductas tipificadas en el Código Penal y, por tanto, pueden acabar con sus huesos en la cárcel sin evitar por ello que los clientes reciban su dinero".

Los diputados de Compromís en las Corts mostraron este miércoles en el pleno folios donde se podía leer 720.000, la cifra de parados que hay en la Comunitat Valenciana. A continuación, la parlamentaria del grupo popular Carmen Amorós se preguntó en Twitter si se trataba del número del Gordo de Navidad.

Durante el debate de una proposición no de ley presentada por el PP en la que expresaba su rechazo a la denominación País Valencià y reclamaba que el valenciano es "un idioma diferenciado", los diputados de Compromís exhibieron desde sus escaños papeles con la cifra 720.000, en el marco de la crítica que han hecho los tres grupos de la oposición al PP por no ocuparse de los "problemas reales". En la comunidad, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), hay 727.500 desempleados, un 29,19%, por encima de la media nacional (27,16%). 

"Como siempre, Compromís haciendo el numerito, carteles con números, apuntémoslo, igual es el Gordo de Navidad", escribió Carmen Amorós en su cuenta de Twitter, lo que provocó numerosas críticas e incluso descalificaciones en la red social. Asimismo, el parlamentario de Compromís Fran Ferri apuntó: "Lo de Carmen Amorós haciendo este tuit sobre el número de parados y paradas no tiene nombre".

Ana María Tejeiro Losada, esposa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, ha pedido el mismo trato que a la infanta Cristina y ser "desimputada" en el caso que instruye el juez de Palma José Castro por un supuesto caso de corrupción mediante el desvío de fondos públicos en el Instituto Nóos.

El abogado de Diego Torres y Ana María Tejeiro, Manuel González Peeters, ha presentado esta petición al magistrado en un escrito acompañado de copia de correos electrónicos relacionados con el Instituto Nóos.

El letrado solicita el archivo de la causa respecto a Ana María Tejeiro, al margen de que sostiene que los hechos investigados en este asunto "no constituyen infracción". Recuerda que Ana María Tejeiro prestó declaración como imputada el pasado 16 de febrero.

Fundamenta que una de las razones por las que en su día el Juzgado decidió que no fuera "orillada" del caso fue precisamente que no prestara declaración como imputada, "cosa que no ha sido determinante por lo que se refiere a otra parte", en referencia a la infanta Cristina.

Asegura que Ana María Tejeiro no ha intervenido ni de forma directa ni indirecta en la gestión, dirección o administración de ninguna de las entidades del Instituto Nóos. Agrega que tampoco ha ostentado funciones de representación del mismo, "lo que no cabe predicar por ejemplo de la esposa de Iñaki Urdangarín”, apunta.

Manuel González Peeters cita el auto dictado por la Audiencia de Palma el pasado día 7, que explica que supone la "desimputación" de la infanta Cristina.

El letrado de Ana María Tejeiro señala que dicho auto no hace referencia a que "a pesar del aparente apartamiento del Instituto Nóos el 20 de marzo de 2006 por parte de Iñaki Urdangarín y de su esposa" no fue el caso y en enero de 2007 "se seguían ejecutando por parte de ambos consortes tareas de representación y demás en el Instituto Nóos”, que mantiene que su representada no tuvo. Agrega que dicha resolución "tampoco se hace eco a la operativa representatividad y quehaceres para el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y su esposa hasta bien entrado 2008".

González Peeters señala que Ana María Tejeiro ni siquiera estaba al corriente de la operativa del Instituto Nóos.

En cualquier caso explica que el referido auto de la Audiencia afirma para apartar a la infanta Cristina de su condición de imputada que "aunque tuviera conocimiento del quehacer de su esposo, cosa probable y lógica, en modo alguno ello empece a su exclusión como imputada".

"Si ello es así para la una o para los unos, es evidente que también habrá de serlo para la otra o para los otros o ¿acaso se pretende que no todos los españoles somos iguales ante la ley?", argumenta la representación de la mujer de Torres.

Al respecto, abunda: "Eso dice el artículo 14 de la Constitución, que somos iguales, aunque unos más que otros, pero claro a veces de lo dicho al hecho hay un trecho para algunos inalcanzable, dependiendo naturalmente de lo que se es o se deja de ser".

El letrado comenta además que Ana María Tejeiro "no forma parte de entorno social alguno con capacidad de influencia en nada".