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Murcia lidera el número de investigaciones judiciales por corrupción

Gobernada desde hace dos décadas por el Partido Popular, la Región de Murcia no suele ocupar grandes titulares en la prensa nacional, aunque es también el ejemplo paradigmático de los efectos colaterales de la burbuja inmobiliaria. Urbanizaciones y campos de golf inundaron de dinero fácil esta Comunidad Autónoma y ya es sabido que junto a la burbuja inmobiliaria se desató una grave corrupción política y administrativa. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, evita meterse en líos internos del PP y evita el protagonismo nacional. Solo durante el Gobierno Zapatero hizo una alianza con el expresidente valenciano, Francisco Camps, para lanzar toda una ‘guerra del agua’ y exigir que se hiciera el trasvase del Ebro. Con Rajoy en la Moncloa, Valcárcel se ha olvidado del trasvase. Sin embargo, las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción vinculados al urbanismo salpican prácticamente a todos los municipios murcianos, gobernados en su inmensa mayoría por el PP.

De los 40 asuntos que están en los tribunales por presunta corrupción, 28 afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular en varios municipios. Concretamente hay investigaciones abiertas en los municipios de Águilas, Alcantarilla, Alguazas, Puerto Lumbreras, Fortuna, Totana, Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Blanca, Fortuna, Totana, Caravaca de la Cruz y Murcia. En algunos casos un solo ayuntamiento tiene varias denuncias, como es el caso de Puerto Lumbreras, que tiene tres procedimientos judiciales abiertos. En dos de ellos, por prevaricación urbanística y prevaricación administrativa, está imputado el alcalde Pedro Antonio Sánchez (PP). Este ayuntamiento tiene otras tres causas abiertas, al igual que Murcia capital, donde está imputado el alcalde por el caso Umbra.

Frente a las 28 denuncias que pesan sobre cargos del PP hay siete procedimientos que afectan al Partido Socialista. Curiosamente en el municipio de Lorca se registra uno de los pocos casos que se han cerrado en la Región de Murcia con una condena. Dos ex concejales socialistas y el ex gerente de la empresa municipal de limpieza fueron condenados. Al contrario, los casos que afectan al PP se dilatan años en los tribunales y la mayoría se cierran sin condenas. Un ejemplo es el municipio Alcantarilla, donde Izquierda Unida denunció al equipo de gobierno del PP por contaminación del río Segura en 1999 y aún no hay sentencia. Este caso tiene el ‘honor’ de ser el más antiguo en curso en los tribunales.

64 casos contra el PP desestimados

Si la cifra de 40 investigaciones por presunta corrupción en una región que tiene 45 municipios resulta escandalosa, lo es aún más si se tiene en cuenta que los juzgados murcianos han visto 64 denuncias más contra cargos del PP que han desestimado. La última polémica se desató a principios de este mes cuando un juzgado sobreseyó una causa contra el alcalde del PP en Cieza, Antonio Tamayo, por prevaricación y delito contra el medio ambiente interpuesta por el PSOE. El portavoz socialista en el Parlamento regional, Juan Carlos Ruiz, manifestó públicamente que no dejaba ser llamativo que los tribunales murcianos sumaran ya 64 casos contra dirigentes del PP archivados.

Condenas: el PP también se lleva la palma

Si el Partido Popular acumula el mayor número de denuncias, el mayor número de casos sobreseídos y el mayor número de investigaciones, es lógico que acumule el mayor número de condenas. La más importante es la que recayó sobre el ex alcalde de Totana, Juan Morales (PP) que actualmente está en la cárcel condenado por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad. El sucesor de Morales en la alcaldía de Totana, el popular José Martínez Andreo, fue denunciado por tomar represalias contra el denunciante que llevó a la cárcel al alcalde anterior. El fiscal pide una pena de tres años y cuatro meses de cárcel por coacciones y obstrucción a la Justicia.

En el municipio de Fortuna el ex alcalde del PP Matías Carrillo fue inhabilitado para ocupar cargo público por el Tribunal Supremo por haber cometido un delito electoral consistente en la compra de votos y prevaricación.

Cargos autonómicos bajo sospecha

No son solo alcalde y concejales los investigados y/o imputados. Hay cinco cargos del Gobierno regional investigados por los fiscales, entre ellos el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, imputado por la Fiscalía por recalificar como suelo urbanizable un espacio natural protegido.

Un caso más conocido es el que afectó a un yacimiento arqueológico árabe en Murcia capital. Sobre dicho yacimiento se pretendía hacer un aparcamiento y fue la movilización ciudadana la que paralizó el atropello cultural. Como consecuencia de este caso fue imputado el actual director del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón, para el que el fiscal pide ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, dado que cuando era director general de Patrimonio autorizó la destrucción del yacimiento arqueológico para construir el aparcamiento.

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