
El grupo del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia pidió ayer que se celebre un pleno monográfico en la Cámara dedicado a la Ley de Dependencia ante la "preocupante situación" en la que se encuentra su aplicación en la Comunidad Autónoma, con cerca de 13.900 personas con derecho a prestación que no la están cobrando aún.
Según considera la responsable de Política Social del grupo, Teresa Rosique, la actuación del Gobierno regional en materia de dependencia es "tremendamente injusta", ya que a los recortes en ese campo hay que sumar que aumenta el número de dependientes con derecho a prestación que no la están percibiendo a la vez que disminuyen las personas que reciben ayudas y se incumplen los plazos para abonar las que están pendientes.
En concreto, según los datos aportados por la propia Consejería de Sanidad, con fecha de 1 de abril de 2013 en la Región había un total de 13.898 personas que no estaban recibiendo prestaciones económicas a pesar de tener reconocido el derecho a percibirlas. En la misma fecha, 28.606 dependientes cobraban ayudas económicas, 1.210 personas menos que hace tres meses, el 1 de enero de 2013.
Además, unas 8.000 personas que tienen reconocido el grado de dependencia "moderado" no comenzarán a cobrar las ayudas que les corresponden hasta 2015.
Rosique denuncia también que la Consejería está incumpliendo el plazo anual establecido para pagar las deudas que mantiene con los dependientes, que deben abonarse en el mes de marzo de cada año. En la Región, señala, hay más de 9.000 afectados por esos impagos, y a unos 7.000 de ellos la Comunidad les adeuda los pagos de marzo de 2012 y de marzo de 2013.
Por todo ello, el grupo socialista reivindica que se abra un debate monográfico sobre este asunto que lleve al Gobierno regional a aprobar "las resoluciones necesarias para garantizar el acceso de las personas en situación de dependencia a las prestaciones a las que tienen derecho".
La diputada recuerda que desde la aprobación de la ley de Dependencia se han beneficiado de sus prestaciones más de 46.000 personas en la Región, y unas 7.000 personas se dieron de alta en la Seguridad Social como cuidadores en el entorno familiar.
No obstante, lamenta, los recortes de la financiación estatal para esa norma han supuesto una merma de unos 600 millones de euros para las comunidades autónomas en los últimos dos años.
A ello se suma el decreto aprobado en julio de 2012 que supuso, entre otras medidas, un recorte de las prestaciones económicas, el incremento del copago, la incompatibilidad de prestaciones, la suspensión por 30 meses de las ayudas económicas en el entorno familiar, la eliminación del derecho de los herederos a cobrar las ayudas no pagadas en caso de fallecimiento del dependiente y la eliminación de la cobertura por parte de la Administración del alta en la Seguridad Social del cuidador familiar.